Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de junio de 2021, pág. 13.
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.
Finalizaba el capítulo anterior refiriendo la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil, para explicar una de las razones por la cual los puestos ubicados dentro del mismo municipio, en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo, terminaron replegándose con sus familias sobre San Roque.
Hay que significar que dicho asunto, al desconocerse la existencia de esa normativa por historiadores e investigadores especializados en la guerra civil en el Campo de Gibraltar, ha dado lugar a que hayan hecho interpretaciones erróneas sobre la actitud y comportamiento de algunas de las pequeñas unidades del benemérito Instituto que quedaron aisladas.
De hecho, el desconocimiento afectó incluso a los propios mandos militares que encabezaron la sublevación de julio de 1936. Ello llegó a motivar, al replegarse la fuerza del puesto de alguna población gaditana en concreto y dejarla en manos de los “desafectos al Glorioso Movimiento Nacional”, la posterior detención, ingreso en prisión y procesamiento de su comandante por la jurisdicción militar.
Tal fue el caso del sargento José Cortés Camacho, comandante de puesto de Olvera. Dicha localidad era también la residencia de la cabecera de la línea de Olvera, de la cual dependían el mentado puesto de la residencia así como los de Alcalá del Valle, Torre Alháquime y Setenil de las Bodegas. Su jefe era el teniente Marcial Sánchez-Barcáiztegui Gil de Sola, ausente al no haberse incorporado todavía a su nuevo destino y que ya fue citado en un capítulo anterior al ser el primer oficial de la Guardia Civil que llegó, procedente de Ceuta, con tropas de regulares indígenas a la casa-cuartel de San Roque.
Resultó que no habiendo oficial al frente, el sargento Cortés tomó la decisión, por propia iniciativa, de replegarse el 27 de julio de 1936 con sus guardias y familias sobre el puesto limítrofe de Algodonales, “al tener conocimiento de que los marxistas en gran número y bien pertrechados se aproximaban”. Valoró que sus capacidades de defensa eran nulas, dado tanto la reducida plantilla de personal de su unidad como las características y emplazamiento del acuartelamiento de Olvera.
Posteriormente, al considerarse que había podido incurrir en el delito de abandono de destino, pues como consecuencia de dicha decisión acontecieron en dicha localidad hechos muy graves, incluido el saqueo de la casa-cuartel desalojada, fue detenido e ingresado el 18 de octubre siguiente en la prisión militar de la capital gaditana, ubicada en el Castillo de Santa Catalina. Allí permanecería como procesado en la causa núm. 346/1936 que se le instruyó por el juzgado militar eventual de Cádiz, hasta que terminó siendo puesto en libertad el 26 de enero de 1937, tras ser sobreseida sin responsabilidad.
Repuesto Cortés como comandante del puesto de Olvera y ascendido posteriormente a brigada, uno de los argumentos utilizados para dicho sobreseimiento fue precisamente que dicho sargento, “tuvo en cuenta las instrucciones que en copia se unen y en las que se preveen situaciones como aquella por la que atravesaba”.
El auto de sobreseimiento provisional, elevado posteriormente a definitivo, se refería a la mentada “Circular Muy Reservada”, núm. 278, en la que, entre otras cuestiones, se exponía que: “es preciso procurar por todos los medios que no se produzcan bajas en nuestra fuerza como consecuencia de las luchas desiguales que forzosamente se han producido y habrían de producirse manteniéndose los pequeños destacamentos en plan defensivo dentro de las Casas-Cuarteles al ser atacados a fondo por las grandes masas de perturbadores, en espera de auxilio, que al tratarse de un movimiento general y por infinidad de circunstancias pudieran tardar en llegar. Por ello, se impone la solución forzosa, de la concentración de los Puestos, de menor dotación o con peores vías de comunicación sobre aquellos otros de mayor contingente y con mayores medios de defensa.”
Al igual que el contenido de dicha circular contribuyó a que el comandante de puesto de Olvera tomase la decisión de replegarse sobre el de Algodonales, donde había un oficial jefe de línea, algo similar ocurrió con la fuerza de los tres puestos ubicados en el término municipal de Jimena de la Frontera para realizarlo sobre el de San Roque. No hay que olvidar que al frente de la línea de Jimena no había tampoco destinado oficial alguno y que el más cercano era precisamente el de la línea de San Roque, teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso, en cuya residencia había además guarnición del Ejército.
El 18 de julio de 1936 el comandante de puesto de Jimena era el brigada Salvador Carrasco Zurita, el de Buceite era el cabo Antonio Casablanca Romero y el de Tesorillo era el cabo José León Pineda. Los tres tuvieron que tomar una decisión sin poder consultar a su superior ni recibir órdenes del mismo, actuando por propia iniciativa, ya que no tuvieron oportunidad de enlazar telefónica ni telegráficamente con San Roque ni con Algeciras, residencia del jefe de su compañía, capitán Miguel Romero Macías. Tal y como se verá más adelante la conclusión a la que llegaron no fue la misma para todos y en uno de los casos no tardaría en producirse un trágico e inesperado desenlace.
Antes de proseguir en el ámbito general del Campo de Gibraltar y la vinculación específica de todo ello con San Roque hay que significar que los responsables de la conspiración en la provincia de Cádiz, al igual que en la mayor parte del país, no contaron en su fase de planeamiento con la Guardia Civil. Por una parte, existía una falta de confianza en sus cuadros de mando, dado su tradicional espíritu de lealtad al gobierno legalmente constituido, y por otra, los conspiradores tenían el convencimiento de que una vez iniciada la sublevación militar, las fuerzas del benemérito Instituto se sumarían al mismo, al igual que lo harían el resto de las guarniciones. Dicho propósito no se cumplió a nivel nacional y provocó una trágica contienda civil que duraría casi tres años y una muy dura represión sobre los vencidos.
Sin embargo, el planteamiento inicial dejaba en muy delicada situación, prácticamente a su suerte, a varias docenas de pequeños puestos desplegados por toda la provincia. Éstos no contaban con el respaldo y protección de guarnición militar alguna y realmente se trataban de un puñado de guardias civiles que vivían junto a sus familias en casas-cuarteles no aptas para la defensa. Todo ello sin olvidar además que la mayoría de los habitantes de las localidades en las que estaban enclavados eran manifiestamente afectos al gobierno de la República y por lo tanto contrarios a una sublevación militar.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que dichos puestos quedaron sin posibilidad siquiera de enlace telefónico o telegráfico con sus superiores para pedir o recibir instrucciones, fueron sus comandantes (suboficiales o cabos) los que tuvieron que tomar finalmente una decisión. Tal y como se verá en el próximo capítulo, las decisiones de los tres jefes de puesto existentes en el municipio limítrofe de Jimena fueron diferentes, al igual que lo fueron sus consecuencias.
(Continuará).