LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXC). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (9).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR el 25 de septiembre de 2023, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

Prosiguiendo con el informe remitido en enero de 1940 a la Inspección General de la Guardia Civil, por el teniente coronel Manuel Márquez González, jefe de la Comandancia de Cádiz, había otras referencias relativas a los dos puestos ubicados en el municipio de San Roque, además de las ya expuestas anteriormente sobre las plantillas de personal.

A éste efecto se debe significar que, habitualmente, el servicio diario de un guardia civil en 1940 era de unas doce horas diarias, salvo cuando prestaba el llamado “servicio de puertas”, que entonces era de veinticuatro horas seguidas. Dicho servicio consistía en vigilar la casa-cuartel y atender a los ciudadanos que acudían a realizar cualquier gestión. No había descanso semanal y como máximo se podía disfrutar de veinte días de licencia para “asuntos propios”. Eso de las “vacaciones” era un vocablo que por aquel entonces no se usaba. El sueldo mensual era de unas trescientas pesetas.

Pero antes de continuar con otros aspectos del informe, hay que destacar, en relación al reducido número de efectivos que se padecía en todos los puestos de la Comandancia, incluidos los de San Roque y Campamento, que también se exponía lo siguiente:

“Pues son muchos los puestos de esta Unidad, que en proporción al número de población, a lo extensa de su demarcación y a las vías de comunicación que cruzan por éstas, están insuficientemente dotadas de fuerza o no tienen la del Arma (Infantería o Caballería) que necesitan.

De otra parte, según se observa en la práctica, se deja sentir la falta de varios puestos de nueva creación, unos en pueblos o Aldeas que carecen de ellos y otros en despoblados, donde por ser muy extensas las demarcaciones que se limitan en algunos puntos, dada la mucha distancia a que se encuentran los puestos más próximos, no es posible atender a su vigilancia como fuera menester, y de aquí el que éstos sean sitios muy dados al refugio de gente maleante o huidos de la acción de la justicia”. 

Se estaba refiriendo concretamente a los que consideraba necesario crearse en las localidades de Castellar de la Frontera y Villaluenga del Rosario, donde no existía casa-cuartel de la Guardia Civil; en las “aldeas” de La Muela en Algodonales, Benamahoma en Grazalema, Zahara de los Atunes en Barbate y Casas Viejas en Medina Sidonia (la construcción del nuevo acuartelamiento previsto tras los trágicos sucesos de enero de 1933 había quedado paralizada por la guerra civil); así como en “despoblado”, en Casas del Castaño en Los Barrios, Campano en Chiclana de la Frontera y La Alcaria en Jerez de la Frontera. 

También hay que mencionar que en la localidad de Los Barrios se continuaba sin casa-cuartel desde antes de iniciarse la contienda ya que hubo que desalojar la existente por su mal estado de habitabilidad. Lo que sí había era un destacamento fijo, compuesto por un sargento y tres guardias 2º de infantería que vivían de alquiler en casas particulares.

Precisamente, el estado de todos los acuartelamientos del benemérito Instituto, uno de sus males arrastrado desde el periodo fundacional, era uno de los apartados específicos del informe del teniente coronel Márquez. 

De hecho, el propio duque de Ahumada, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, primer inspector general de la Guardia Civil, ya reconocía en una circular de 17 de diciembre de 1853 que la situación en esta materia no era precisamente satisfactoria. Instaba a que al finalizar el año siguiente, transcurrida ya una década de la creación del Cuerpo, el personal estuviera ya ocupando, “edificios salubres, bien situados sobre el mismo camino real o muy inmediatos a él, con las posibles condiciones de defensa capaces para la fuerza que en ellos se aloje, inclusas las familias de los individuos que las tengan, con la segregación decorosa para éstas, e independientemente de todo otro vecino, y muy especialmente de los que tengan tienda u otro establecimiento análogo”. Sin embargo, tan loable propósito nunca llegó a verlo.

De hecho, noventa años después de que la Guardia Civil se desplegase en la provincia de Cádiz, la situación era tan patética, que el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio (Málaga), con ocasión de la revista de inspección girada a todos los puestos de la comandancia gaditana, dejaría escrita el 6 de diciembre de 1935 la siguiente providencia:

“Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible promiscuidad las familias con grave detrimento del decoro y moralidad necesarios e imprescindibles. En la provincia existen casas-cuarteles en esas lamentables condiciones, entre ellas, las de los Puestos de Almoraima y Barbate; de todas ellas mandará instruir expediente y someterlo a la resolución de la Superioridad; es preciso velar por el prestigio y decoro de nuestros subordinados, evitando vivan como gitanos en inmoral mezcolanza”.

Cinco años más tarde, y con una guerra civil por medio, la situación no había hecho más que empeorar, razón por la cual, el teniente Márquez hizó constar en su informe que 36 de las 49 casas-cuarteles que entonces había en la provincia de Cádiz, “no reúnen condiciones de seguridad, capacidad, salubridad ni aún las más elementales reglas de moralidad”.

Tras resaltar la penosa situación de la ubicada en La Línea de la Concepción, “punto fronterizo con Gibraltar, balcón de España pudiéramos llamarle, donde el extranjero nos mira y observa, es francamente bochornoso el estado en que se encuentra”, proseguía en su informe afirmando que la mayoría de las viviendas, denominadas “pabellones” en el argot militar, eran reducidas en número de habitaciones y superficie, contando muchas de aquellas con tan sólo dos dormitorios. 

Pero el teniente coronel Márquez no se contentaba sólo con exponer ese grave problema, habida cuenta que muchos de los guardias civiles tenían familias numerosas. También exponía que, “las cocinas, lavaderos y retretes, además de insuficientes, por ser generalmente de uso común, son verdaderos semilleros de rencillas donde se fomentan frecuentes discordias entre las familias que las habitan, con el consiguiente quebranto de la buena armonía que por indispensable, debe existir en las casas-cuarteles del Cuerpo”.

Todo lo cual le hacía llegar a la conclusión de que, “el problema de acuartelamiento, por ser quizás el más importante que tiene planteado el Cuerpo, es asunto al que debe atenderse preferentemente, aparte de otras razones no despreciables, siquiera sea por decoro y humanidad”.

Respecto a las dos casas-cuarteles ubicadas en el municipio de San Roque, la calificación del estado de ambas era “malo”. La existente en la localidad se hallaba sita desde 1899 en el número 14 de la calle Herrería. Inicialmente el inmueble era propiedad de Manuel Caballero de Luna, representado por Manuel de Casas Paradas. Posteriormente pasó a ser propiedad de Francisco Emilio Rendón Delgado, y ya en la posguerra, a la titularidad de Ramona López Riquelme. Ésta era esposa del todavía, enero de 1940, comandante de Carabineros Ignacio Molina Pérez, jefe de la “Sección Especial en Algeciras del Alto Estado Mayor y Jefe de la Secretaría de Información del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar”.

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXXIX). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (8).

  

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de septiembre de 2023, pág. 8.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

Tras finalizar la guerra civil la Guardia Civil comenzó a reorganizarse. Para ello, previamente, era necesario conocer la situación, en todos sus aspectos, en que habían quedado las comandancias después de la contienda. 

A tal efecto, el general de brigada de la Guardia Civil Agustín Piñol Riera, 2º jefe de la Inspección General del Cuerpo, cargo que desempeñaba desde su ascenso en mayo de 1938, requirió a los jefes de cada una de aquellas, un minucioso informe. La razón de ello era que el recién nombrado inspector general de la Guardia Civil, general de división Eliseo Álvarez-Arenas Romero, tenía previsto girar revista de inspección a todas las comandancias para conocer su estado.

Piñol, nacido en Zaragoza el 15 de febrero de 1877, a diferencia de la inmensa mayoría de la oficialidad de la Benemérita no procedía ni de la Academia de Toledo ni por promoción interna. Era cabo del Batallón de Chiclana Peninsular núm. 5, del Distrito de Ultramar, cuando en diciembre de 1898 aprobó el ingreso como alumno en el Colegio para oficiales de la Guardia Civil, sito en Getafe (Madrid). Durante los dos años que cursó estudios allí, estuvo como supernumerario en el Regimiento de Infantería Luchana núm. 28, de guanición en Tarragona. Obtuvo el empleo de segundo teniente (alférez) en junio de 1901. 

Al iniciarse la sublevación militar en julio de 1936, a la cual se sumó, era el coronel jefe del 24º Tercio de la Guardia Civil en Canarias, con residencia en Santa Cruz de Tenerife. Sustituyó al de mismo empleo, José Osuna Pineda, autor de la letra del himno de la Benemérita. Hasta fin de marzo de 1936, Piñol había mandado el 8º Tercio (Granada) y anteriormente, la Comandancia de Granada, tras haber estado al frente de la de Ciudad Real. 

El 29 de septiembre de 1939, el general Piñol dirigió escrito al jefe de la Comandancia de Cádiz, todavía teniente coronel Vicente González García. Le solicitó un exhaustivo informe sobre muy diversos aspectos, incluidos los servicios peculiares "que se hubieran llevado a cabo durante la pasada campaña".

Trasladado el 9 de octubre siguiente a las diferentes unidades subordinadas, pudo confeccionarse finalmente en enero de 1940. En su parte inicial se exponía que se venían prestando los servicios peculiares u ordinarios de correrías; vigilancia de carreteras; escoltas de trenes; conducciones de presos; vigilancia permanente en las sucursales del Banco de España establecidas en Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras; los extraordinarios de ejecuciones de reos sentenciados a la última pena por consejos de guerra; controles de carreteras; vigilancia e investigación de campos de concentración de prisioneros de la guerra civil y varios depósitos municipales carcelarios; la elaboración de numerosos informes a las distintas autoridades; vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones que regulan la tenencia, venta y circulación en materias de abastos; censura militar de correspondencias; comandancias militares en aquellos puntos donde no existe otra autoridad militar superior al más caracterizado de la fuerza del Cuerpo; registros de todo el personal licenciado del Ejército; el extinguido del SIPM (Servicio de Información de Policía Militar); enlace de correspondencia oficial y cuantos auxilios requerían todas las autoridades constituidas y los particulares, junto “con los de vigilancia de vías férreas, carreteras, túneles, puentes y obras de fábricas, control de circulación y entrada y salida de militares en cada localidad, registros domiciliarios, persecución de elementos indeseables por desafección al glorioso Movimiento Nacional, vigilancia de frontera y orden público".

Dentro del extenso informe, mención especial merecía el apartado de estadísticas. Éstas, correspondían al periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1º de abril de 1939. Abarcaban todo tipo de actuaciones sobre detenciones, conducciones de detenidos y presos, armas intervenidas, denuncias formuladas y registros domiciliarios, materializadas por componentes de la Comandancia de Cádiz en su demarcación provincial. 

Como los datos estaban recopilados por compañías territoriales, no es posible conocer los relativos al municipio de San Roque, pero sí, al menos, los correspondientes a la 2ª Compañía (Campo de Gibraltar): 2.575 personas detenidas; 1.834 denuncias formuladas; 936 armas intervenidas, 6.569 personas conducidas a establecimientos penitenciarios o, a disposición de autoridades judiciales, gubernativas o militares; y 368 registros domiciliarios.

Hay que aclarar que dichas cifras comprendían todas las actuaciones de la Guardia Civil en nuestra Comarca durante esos tres años, tanto las peculiares y tradicionales del Cuerpo como las extraordinarias relacionadas con la contienda.

Respecto a la cuestión de recursos humanos, el informe detallaba el estado numérico que por puestos y empleos tenía asignado en enero de 1940 la Comandancia de Cádiz, según plantilla entonces vigente; de la fuerza realmente presente en esa fecha; y de la que verdaderamente debería tener para que sus efectivos estuvieran en relación con las necesidades del servicio.

La plantilla total asignada a la Comandancia de Cádiz en julio de 1936 era de 704 efectivos (1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 10 tenientes, 10 alféreces, 22 brigadas, 25 sargentos, 32 cabos, 6 cornetas, 53 guardias 1º y 520 guardias 2º. 

Sin embargo, la fuerza presente en enero de 1940 era tan solo de 579 efectivos (1 teniente coronel, 1 comandante, 6 capitanes, 15 tenientes y alféreces, 21 brigadas, 22 sargentos, 43 cabos, 14 cornetas y trompetas, 52 guardias 1º y 404 guardias 2º), debido a las numerosas bajas por diversas razones acaecidas durante los tres años y medio anteriores. Es decir, fallecimientos, inutilidades físicas, ascensos, cambios de destino, retiros por cumplir la edad reglamentaria, depuraciones, etc. Todo ello sin posibilidad de reponer al no haber habido nuevos ingresos desde julio de 1936.

Y la nueva plantilla de la Comandancia de Cádiz, que proponía el teniente coronel Manuel Márquez González, recien nombrado jefe de la misma tras ascenso del anterior, era de 781 efectivos (1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 20 tenientes y alféreces, 22 brigadas, 25 sargentos, 44 cabos, 11 cornetas y trompetas, 56 guardias 1º y 594 guardias 2º). 

Respecto a San Roque, la plantilla asignada en enero de 1940 al puesto de la residencia era la misma que tenía en julio de 1936, es decir, de 11 efectivos, de los que 8 eran de infantería (1 brigada, 1 guardia 1º y 6 guardias 2º) y 3 de caballería (1 cabo y 2 guardias 2º). La fuerza realmente presente en enero de 1940 era de 10 efectivos, siendo 8 de infantería (1 brigada y 7 guardias 2º) y 2 de caballería (1 cabo y 1 guardia 2º). Y la plantilla necesaria que se proponía era de 10 efectivos pero con una distribución diferente (1 brigada y 5 guardias 2º de infantería así como 1 cabo y 3 guardias 2º de caballería).

La plantilla asignada al puesto de Campamento era la misma que tenía en julio de 1936, es decir, de 7 efectivos de infantería (1 cabo y 6 guardias 2º). La fuerza presente en enero de 1940 era de 5 guardias 2º, mientras que la que se proponía era de 8 efectivos (1 cabo y 7 guardias 2º).

Analizadas las propuestas de incremento de personal en el caso de estos dos puestos eran realmente austeras, …

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXXVIII). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (7).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de septiembre de 2023, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

Al inicio de marzo de 1940, la 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras), mandada por el teniente coronel Joaquín Moreno Lara, estaba integrada por 5 compañías. La 1ª con cabecera en La Atunara, la 2ª en La Línea de la Concepción, la 3ª en Puente Mayorga, la 4ª en Algeciras y la 5ª en Tarifa, de las cuales dependían a su vez un total de 63 puestos. Mantenía la misma estructura orgánica y despliegue territorial que al comienzo de 1936, si bien con menos efectivos por las razones expuestas en capítulos anteriores.

La 3ª Compañía, cuyo capitán jefe tenía su residencia oficial en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga, estaba integrada a su vez por la 1ª Sección de Puente Mayorga (puestos de Guadarranque, Puente Mayorga-Aduanas, de Puente Mayorga-Marinos, de poblado de Puente Mayorga y de Río Guadarranque-Marinos), la 2ª Sección de Palmones (puestos de Palmones en playa, de poblado de Palmones, de Río de Palmones-Marinos, de Rinconcillo y de Toril), la 3ª Sección de Jimena de la Frontera (puestos de Castellar de la Frontera, de Jimena de la Frontera y de San Martín del Tesorillo) y la 4ª Sección de San Roque (puestos de Estación de Almoraima, de Estación de Los Barrios, de Estación de San Roque y de San Pablo de Buceite). Es decir, de 17 puestos que constituían dicha compañía, 7 de ellos estaban establecidos en el término municipal de San Roque.

Pero en dicho municipio había aún más puestos de Carabineros, si bien dependientes de otras unidades. Uno de ellos era el puesto de Cachón de Jimena, que a pesar de que su demarcación pertenecía casi íntegramente al término municipal sanroqueño, dependía del capitán jefe de la 2ª Compañía de La Línea de La Concepción, estando encuadrado en la 2ª Sección de San Felipe, junto a los puestos linenses de San Felipe y del Espigón.

También hay que destacar, por estar ubicados sus acuartelamientos en el municipio de San Roque, los puestos de Carboneras y Guadalquitón, que conformaban la 1ª Sección de Carboneras, dependiente de la 1ª Compañía de La Atunara, cuya cabecera estaba situada en la barriada linense que le da nombre. 

Finalmente, hay que mencionar otros tres puestos más de Carabineros situados dentro del término municipal de San Roque pero que dependían de la Fracción de Estepona, perteneciente a la 9ª Comandancia (Málaga). Por una parte, se trataban de los puestos de Torre Guadiaro y Casafuerte. Ambos estaban encuadrados en la 2ª Compañía (Estepona), dentro de la 1ª Sección de Torre Guadiaro junto al puesto malagueño de Chullera. Y por otra parte estaba el puesto de San Enrique de Guadiaro, que dependía, junto a los puestos malagueños de Casares y Manilva, de la 4ª Sección de Casares, perteneciente a la 1ª Compañía de Ronda.

Hay que recordar que, como consecuencia del intenso contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar, se había creado la Comandancia de Carabineros de Estepona, segregándola de la de Málaga, por real orden de 1º de agosto de 1889. Ello fue hecho a imagen y semejanza de la Comandancia de Algeciras, cuyo origen se debió a otra real orden de 10 de enero de 1878, que la segregó de la de Cádiz. 

Sin embargo, al entrar en vigor el decreto de 28 de septiembre de 1935, por el que se reorganizó drásticamente el Cuerpo de Carabineros, la Comandancia de Estepona se reconvirtió en Fracción de la mentada 9ª Comandancia malagueña. El río Guadiaro era la línea divisoria de las demarcaciones de las Comandancias de Algeciras y de Estepona.

El hecho de que puestos de Carabineros asentados en el municipio de San Roque dependieran de unidades tan diversas y mandos diferentes se debía a su singular filosofía de servicio de dicho Cuerpo, que era distinta de la Guardia Civil respecto a la articulación del despliegue territorial. 

Mientras en la Benemérita, el encuadramiento de las unidades territoriales seguía, con carácter general, un esquema provincial, comarcal y municipal, en el Cuerpo de Carabineros predominaba un encuadramiento basado en las prioridades derivadas de su misión principal que era la persecución del contrabando. Y el Campo de Gibraltar, en especial el municipio de San Roque, que contaba por tal razón con un total de 13 puestos de Carabineros, aunque dependiesen de diferentes unidades, sabía mucho de ello ya que padecía intensamente esa lacra dada su vecindad con el Peñón. 

Otro buen ejemplo de ello, en el otro extremo de la provincia gaditana, sucedía en el municipio de Sanlúcar de Barrameda. Además de la fuerza de Carabineros perteneciente a los puestos de la propia ciudad, Pólvora de Sanlúcar y Medialegua, dependiente de la 1ª Sección de Chipiona de la 1ª Compañía (Puerto de Santa María), encuadrada en la 11ª Comandacia de Cádiz, se hallaba desplegada en dicho municipio la 4ª Sección de Bonanza. Ésta pertenecía a su vez a la 2ª Compañía de Sevilla, encuadrada en la 12ª Comandancia (Sevilla). Dicha sección estaba integrada por los puestos sanluqueños de aduanas y marinos de Bonanza así como de Bajo de Guía, cuya función principal era la persecución del contrabando que penetraba en toda clase de embarcaciones que remontaban el río Guadalquivir.

En cambio, el despliegue territorial de la 2ª Compañía de Algeciras, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, era de mucho menor entidad. Dicha compañía, que tenía por demarcación el Campo de Gibraltar, estaba mandada desde noviembre de 1937 por el capitán Eduardo Comas Añino, procedente de la Comandancia de Marruecos y perteneciente a la promoción de 1920 de la Academia de Infantería de Toledo. Había nacido en Sevilla el 16 de junio de 1902 y era hijo del comandante de Infantería Augusto Comas Delicado y de Enriqueta Añino Ilzarbe.

En el empleo de teniente ya había estado destinado en la Comandancia de Cádiz, procedente de la de Gerona. Mandó la línea (sección) de Bornos, de la 3ª Compañía (Villamartín), entre marzo y septiembre de 1934, así como la de Chiclana de la Frontera, de la 1ª Compañía (San Fernando), entre octubre de dicho año y marzo de 1936, pasando seguidamente destinado a la Comandancia de Marruecos, donde posteriormente ascendería al empleo de capitán durante la guerra civil. Hay que destacar que previamente, entre enero y julio de 1935, mientras estaba destinado en Chiclana, “pasó en comisión a las órdenes del Excmo. Señor Alto Comisario de España en Marruecos, al objeto de formar parte de la ponencia encargada del estudio y redacción del Reglamento porque han de regirse las Mejaznías Armadas y otras fuerzas del Protectorado”. Dicha zona no le era desconocida ya que con anterioridad a su ingreso en la Guardia Civil había estado destinado en el Tercio de Extranjeros.

En julio de 1936 la 2ª Compañía estaba integrada por 4 líneas (secciones) con cabeceras en Jimena de la Frontera (puestos en Jimena, Buceite y Tesorillo), Tarifa (puestos en Tarifa y Facinas), La Línea de la Concepción (puestos en La Línea, La Atunara y Campamento) y en San Roque (puestos en San Roque, Algeciras y Almoraima). Por lo tanto, de 11 puestos, sólo habían 2 en el municipio sanroqueño

 

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXXVII). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (6).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de septiembre de 2023, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

 

Cuando el 9 de febrero de 1940, el teniente coronel Joaquín Moreno Lara se incorporó al mando de la 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras), quedaban tan sólo cinco semanas para que se dictase la ley de 15 de marzo. Conforme a la misma, se dispondría una extensa reorganización del Cuerpo de la Guardia Civil y la desapareción del de Carabineros. 

Las competencias legales y funcionales del segundo serían asumidas por el primero, que pasaría a integrar en sus filas al personal procedente de aquél, así como a hacerse cargo de sus acuartelamientos y demás medios materiales. 

La entrada en vigor de dicha ley y su posterior desarrollo tendría una gran importancia en el Campo de Gibraltar, ya que mientras la Guardia Civil en nuestra Comarca estaba constituida sólo por la 2ª Compañía de la Comandancia de Cádiz, integrada por 142 efectivos (1 capitán, 2 tenientes, 2 alféreces, 4 brigadas, 3 sargentos, 11 cabos, 1 corneta, 13 guardias de 1ª clase y 105 guardias de 2ª); la 10ª Comandancia de Carabineros estaba compuesta por 864 hombres (1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 13 tenientes, 7 alféreces, 1 subteniente, 55 brigadas y sargentos, 45 cabos, 18 cornetas, 42 carabineros de 1ª clase, 658 carabineros de 2ª y 16 matronas de 2ª clase). 

Se significa que estas referencias están tomadas sobre las plantillas vigentes en 1936, con anterioridad a la sublevación militar del mes de julio. Dichas cifras acreditaban que por cada guardia civil había seis carabineros, constituyendo estos la fuerza más numerosa y por lo tanto más potente del Campo de Gibraltar.

Si bien Carabineros, al contrario que la Guardia Civil, no tenía encomendado entre sus misiones principales, velar por el mantenimiento del orden público, las constantes trasgresiones que se dieron del mismo durante la Segunda República, motivaron que, con ocasión del decreto de 16 de septiembre de 1935, se regulase la debida coordinación entre ambos.

En primer lugar, se estableció la obligación que tenían los carabineros, además de la de denunciar delitos y detener delincuentes que se encontrasen durante su servicio, tenían la obligación de cooperar al mantenimiento del orden, con arreglo a su reglamento y a las normas que se citaban expresamente para ellos.

Las instrucciones que se les impartieran al respecto, debían ser siempre por conducto de los gobernadores civiles, los cuales se dirigirían a los respectivos jefes de Comandancia. Las informaciones que adquiriera el personal de Carabineros y las intervenciones que realizasen en materia de orden público, las debían poner en conocimiento de los jefes de las fuerzas de la Guardia Civil más próximas, quienes, sin perjuicio de adoptar las medidas procedentes, las debían transmitir al gobernador civil.

Caso de que el orden público fuera alterado en las localidades donde coincidiesen fuerzas de la Guardia Civil y de Carabineros, ambas deberían coordinar sus servicios y prestarlos con sujeción a sus reglamentos, Y siempre, bajo sus respectivos mandos, salvo que las circunstancias requirieran una acción militar conjunta, en cuyo momento tomaría el mando de toda la fuerza, el de mayor empleo de ambos Cuerpos, actuando con arreglo a los preceptos de la legislación militar entonces vigente.

En las localidades en que únicamente existieran fuerzas de Carabineros, éstas debían comunicar directamente al gobernador civil y al comandante de puesto de la Guardia Civil en cuya demarcación estuvieran, los partes y noticias relacionadas con el orden público. Todo ello sin perjuicio de adoptar aquellas medidas de carácter preventivo que considerasen convenientes. Caso de que el orden público se alterase, debían restablecerlo, cumpliendo sus deberes reglamentarios y dando cuenta también al gobernador civil. 

Por lo tanto, la 10ª Comandancia de Carabineros era la fuerza más potente que, caso necesario, podía llegar a actuar en el Campo de Gibraltar en materia de orden público, significándose que la mayoría de sus componentes, al igual que ocurría con los de la Guardia Civil, habían sido soldados en el Ejército.

Respecto a la presencia al comienzo de 1936 de la Policía gubernativa en nuestra Comarca, hay que significar que, sin perjuicio de sus importantes funciones para la seguridad del Estado, principalmente en materia de vigilancia de personas sospechosas de constituir una amenaza, así como de pasaportes y extranjería, su presencia numérica era muy reducida. Dicha fuerza policial estaba constituida, al amparo de la ley de 27 de febrero de 1908, por los Cuerpos de Investigación y Vigilancia (inicialmente denominado de Vigilancia) y Seguridad (posteriormente llamado de Seguridad y Asalto, si bien lo segundo no dejaba de ser realmente una especialidad de lo primero). 

Concretamente del primero, que prestaba servicio de paisano, dadas sus funciones “reservadas y secretas”, además de las administrativas, había sólo 29 funcionarios, de los que 14 estaban destinados en Algeciras (1 comisario de 2ª clase, 1 inspector de 1ª clase, 1 agente de 1ª clase, 4 agentes de 2ª clase, 5 agentes de 3ª clase, y 2 agentes auxiliares de 3ª clase) y 15 en La Línea de la Concepción (1 inspector de 2ª clase, 3 agentes de 2ª clase, 7 agentes de 3ª clase; y 4 agentes auxiliares de 3ª clase). Todos ellos dependían a su vez del comisario de 1ª clase, jefe provincial, que residía en la capital gaditana.

La fuerza del Cuerpo de Seguridad, que prestaba servicio de uniforme, era variable en función de las necesidades dispuestas por el gobernador civil de la provincia, pero nunca superior a una veintena de efectivos distribuidos entre las dos poblaciones citadas. Estaban mandados por un suboficial o cabo que dependían a su vez del capitán jefe de la compañía de Seguridad (y Asalto) que tenía también su residencia en la capital gaditana.  

Regresando a las plantillas descritas de Carabineros y Guardia Civil, hay que significar que en absoluto estaban completas en febrero de 1940. Tal y como se expuso en un capítulo anterior, al ordenarse al inicio de la guerra civil que no hubiera más ingresos en ambos Cuerpos, habían quedado sus plantillas muy mermadas como consecuencia de los fallecimientos derivados de la contienda, accidente o enfermedad, bajas por inutilidad física, pases a la situación de retiro por haber cumplido la edad reglamentaria o separación del servicio por condena judicial o depuración. 

Esta última causa fue la que más menguó la plantilla de Carabineros en el Campo de Gibraltar. No obstante, dada la relevancia que tenía la persecución del contrabando procedente de la colonia británica, se intentó paliar, destinando personal procedente de otras comandancias, si bien su número fue claramente insuficiente dada la escasa disponibilidad. 

Realmente la situación del Cuerpo de Carabineros en España tras la finalización de la guerra civil era muy precaria, careciendo de los medios o recursos humanos y materiales suficientes para ejercer eficaz y eficientemente las funciones encomendadas en la legislación entonces vigente, como eran la persecución del contrabando y la defraudación así como la correspondiente vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas.

Sin embargo, la imperiosa necesidad de la mentada vigilancia fronteriza, y más con una Europa en guerra desde septiembre de 1939, que pronto se extendería al norte de África, propiciaría que la Guardia Civil adquiriese en dicho ámbito un protagonismo trascendental.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXXVI). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (5).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de agosto de 2023, pág. 12.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro. 

 

Por orden ministerial del Ejército, de 27 de enero de 1940, el teniente coronel Joaquín Moreno Lara fue nombrado jefe de la 10ª Comandancia de Carabineros, con residencia en Algeciras y demarcación el Campo de Gibraltar. Procedía por ascenso de la 12ª Comandancia (Sevilla). Él todavía no lo sabía pero iba a ser el último mando de dicho Cuerpo en nuestra Comarca y el primer jefe de la nueva Comandancia de la Guardia Civil.

Había nacido en Toledo el 3 de noviembre de 1889, siendo hijo de Joaquín Moreno Escario, funcionario civil que sería conservador del catastro en Córdoba, y de Isabel Lara Martínez. Con 18 años de edad, y tras aprobar los correspondientes exámenes, obtuvo plaza como alumno en la Academia de Infantería de Toledo. 

Ingresaría el 1º de septiembre de 1908 y finalizarían sus estudios militares el 13 de julio de 1911, fecha en la que se le concedió el real despacho de segundo teniente (alférez), siendo destinado seguidamente al Regimiento de Infantería de la Reina núm. 2, de guarnición en Córdoba. Éste estaba mandado por el coronel Cayetano de Alvear Ramírez de Arellano que, en el periodo 1913-1914, sería general de brigada secretario de la Dirección General de Carabineros.

A principios de julio de 1913 su regimiento, ya bajo el mando del coronel Francisco Perales Vallejo, recibió la orden de dirigirse al puerto de Cádiz y embarcar con destino a Larache, en el Protectorado de España en Marruecos. Éste se había establecido por el acuerdo franco-español de 27 de noviembre de 1912, suscrito tras la firma del acuerdo franco-marroquí de 30 de marzo anterior que había dado lugar al establecimiento del Protectorado de Francia en Marruecos. 

A los pocos días de llegar a la región de Larache fue ascendido al empleo de primer teniente. Continuó destinado en su regimiento y fue participando activamente en las operaciones militares desarrolladas hasta principios de marzo de 1915, donde se le concedió el ingreso en el Instituto de Carabineros. Hasta entonces había entrado en combate en numerosas ocasiones, donde quedó acreditado su valor, haciéndose constar así en su hoja de servicios. Por todo ello además de la medalla militar de Marruecos con el pasador de Larache, se le concedió la cruz de 1ª clase del mérito militar con distintivo rojo.

A finales del referido mes de marzo de 1915 fue destinado a la Comandancia de Carabineros de Huelva, donde permanecería hasta su ascenso al empleo de capitán en enero de 1924. Seguidamente fue destinado a la Comandancia de Zamora donde se le asignó el mando de la 3ª Comapañía, con residencia en Bermillo de Sayago, si bien apenas estuvo cinco meses ya que en la revista julio se le otorgó la jefatura de la 1ª Compañía, con cabecera en Puebla de Sanabria.

En noviembre del año siguiente volvió a serle concedido el mando de la 3ª Compañía, si bien en abril de 1926 se le destinó nuevamente a la Comandancia de Huelva. Tampoco prestó servicio mucho tiempo en ella ya que en enero del año siguiente pasó a la situación de excedente, quedando afecto, a efectos administrativos, a la Comandancia de Salamanca. La razón de ello fue que se integró en la “Delegación Regia para la represión del contrabando y defraudación” de la 1ª Zona.

En mayo de 1927 presentó su renuncia al cargo ostentado, siéndole inmediatamente aceptada. En la revista del mes siguiente pasó como excedente a la Comandancia de Huelva y el 4 de julio contrajo matrimonio en la localidad onubense de Cartaya con María Teresa Vides Berges, natural de Trigueros, población de dicha provincia.

En mayo de 1928 fue destinado a la Comandancia de Cáceres, siéndole asignado el cometido de habilitado-cajero si bien apenas llegó a estar un mes ya que a fin de junio pasó a la situación de supernumerario sin sueldo. Quedó afecto administrativamente a la Comandancia de Huelva y fijó su residencia en Cartaya.

En dicha situación, desempeñando actividades particulares, continuó hasta el mes de julio de 1935. Sin embargo, ello no fue óbice para que tras la proclamación de la Segunda República, y en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de 22 de abril de 1931, dimanante del gobierno provisional, prometiese cinco días más tarde, “por su honor, servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas”. Para debida constancia de ello firmó el pliego correspondiente ante el coronel gobernador militar de Huelva.

Durante ese periodo también se dio cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de 19 de julio de 1934, sobre informe individual relativo a su no pertenencia, ni afiliado ni adherido, a ningún partido, agrupación o sociedad que revistiese carácter político, así como a ninguna organización o entidad de carácter sindical.

En la revista de julio de 1935 cesó en la situación de supernumerario y pasó a la de disponible forzoso, al objeto de completar los requisitos exigidos en la normativa entonces vigente para su ascenso al empleo de comandante. Siendo todavía capitán fue destinado a principios de agosto a la Comandancia de Navarra, si bien apenas estuvo un par de semanas ya que a fin de dicho mes pasó, una vez más, a la Comandancia de Huelva.

Allí le soprendería la reorganización dispuesta en las instrucciones de 2 de noviembre siguiente, dimanante del Ministerio de Hacienda, de zonas y comandancias del Cuerpo de Carabineros, que supuso la supresión de la Comandancia de Huelva, pasando sus unidades y efectivos a depender de la de Sevilla. 

Al iniciarse la sublevación militar en julio de 1936 se sumó a la misma, siendo ascendido al empleo de comandante en enero del año siguiente. El 13 febrero de 1937 fue destinado a la 9ª Comandancia (Málaga), al objeto de ejercer el mando accidental de la misma, incorporándose al día siguiente y tan sólo seis días después de la ocupación de la ciudad. Apenas estuvo allí dos semanas ya que le sustituyó el comandante José Toledo Iradier, procedente de la 10ª Comandancia (Algeciras).

Moreno a su vez pasó a ocupar la vacante dejada por aquél, como jefe del detall en la comandancia campogibraltareña, a la que perteneció hasta el mes de mayo de 1938. Durante ese periodo se le instruyó un procedimiento previo, “para averiguar la actuación de las fuerzas de Carabineros de la 12ª Comandancia, destacadas en Huelva, durante el periodo rojo”. Fue resuelta sin declaración de responsabilidad, “por no deducirse de lo actuado indicio racional de criminalidad”.

En la revista de junio siguiente volvió a ser destinado a la comandancia hispalense, donde se hizo cargo de la jefatura de servicios. Casi cuatro meses más tarde fue enviado a Huelva con el mismo cometido pero en dicha provincia y siempre dependiente de la 12ª Comandancia de Sevilla.

A fin de año fue promovido al empleo de teniente coronel y casi un mes más tarde, tal y como se ha expuesto inicialmente, se le concedió el mando de la 10ª Comandancia (Algeciras). El 1º de febrero siguiente causaba alta en la misma y se incorporaba a ella ocho días más tarde. Todavía era de Carabineros.

(Continuará).