LAS CASAS CUARTELES DE LA PROVINCIA DE CADIZ.

Especial Patrona de la Guardia Civil 2006.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 12 de octubre de 2006, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Durante los últimos años el estado de las casas-cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz ha ido mejorando progresivamente, tanto en cuanto a las dependencias oficiales donde sus componentes desarrollan sus actividades profesionales y se atiende al ciudadano, como respecto a sus viviendas, donde habitan con sus familias.

No obstante aún queda un largo camino por recorrer, si bien es cierto que el aumento de los presupuestos del Estado en los capítulos correspondientes así como los convenios de colaboración suscritos en dicha materia por el Ministerio del Interior con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, así como con algunos ayuntamientos, como por ejemplo los de Cádiz y Medina-Sidonia, permitirán que pueda recorrerse más rápidamente.

No obstante, el problema de los acuartelamientos de la provincia gaditana, al igual que los del resto de España, ha sido siempre una asignatura pendiente desde los orígenes del benemérito Instituto.

Concretamente, en su real decreto fundacional de 13 de mayo de 1844, y en nombre de la reina Isabel II, se estableció en su artículo 19º que “los ayuntamientos de los pueblos a que se destinen puestos fijos de la guardia civil les proporcionarán casas-cuarteles en que vivir con sus familias, si las tuviesen, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”.

Sin embargo, dado que hubo muchas corporaciones municipales que no disponían –en algunos casos incluso lo evitaban- de edificios adecuados para tal menester, sobre todo cuanto se trataba de una unidad numerosa, fue necesario introducir algunas soluciones con ocasión de la aprobación, el 9 de octubre siguiente, del “Reglamento para el servicio de la Guardia Civil”.

Así, según su artículo 3º, el nuevo Cuerpo pasaba a depender del Ministerio de la Gobernación en cuestiones de acuartelamiento y conforme a su artículo 50º, éste debía facilitar la casa-cuartel cuando se trataran de poblaciones grandes donde se reunieran más de 50 guardias civiles.

Respecto al resto de localidades, conforme al artículo siguiente, se disponía que hasta que los ayuntamientos pudieran facilitar las instalaciones correspondientes, “se proveerá esta falta por medio de alojamiento, en la forma establecida para las tropas del Ejército”, es decir, facilitarles “cama, agua, sal, vinagre y asiento a la lumbre”.

Donde no se entregaron edificios hubo que recurrir a acondicionar a los guardias civiles en domicilios particulares, facilitando el consistorio una pequeña oficina, o bien proceder a arrendar casas de propiedad privada, si bien ello tuvo, con frecuencia, graves complicaciones, pues al librarse con mucho retraso por el Ministerio de Hacienda los importes del alquiler, abundaron los expediente de desahucio por falta de pago.

Ello dio lugar, tal y como recogía en su obra el ya fallecido historiador y general del Cuerpo Francisco Aguado Sánchez, a que las autoridades judiciales ordenaran el abandono de las casas-cuarteles, “sufriendo guardias y familias directamente las incompetencias y descuidos de la Administración central”.

Parte del problema se solucionó con la desamortización de los bienes de la Iglesia, pasando numerosos edificios a ser habilitadas como casas-cuarteles, constando en Cádiz algún ejemplo de ello, pero al no recibirse a tiempo, o simplemente no recibirlos nunca, los libramientos necesarios para su reparación o reconstrucción, se tuvieron que terminar por abandonar.

En resumen, podría decirse que había buena voluntad política pero muy escasas dotaciones económicas para atender tan grave problema. Un buen ejemplo de lo primero fueron las palabras de quien fuera gobernador civil de Cádiz, entre otras provincias, y ministro de la Gobernación en 1852, Melchor Ordóñez y Viana: “He procurado siempre en las provincias que he mandado, que la benemérita Guardia Civil esté bien alojada, porque todo es poco para ella, que tanto se merece”.

Al año siguiente, el propio Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil e inspector general de la misma, reconocía en una circular de 17 de diciembre que la situación en esta materia no era precisamente satisfactoria, instando a que al finalizar 1854, el personal estuviera ya ocupando “edificios salubres, bien situados sobre el mismo camino real o muy inmediatos a él, con las posibles condiciones de defensa capaces para la fuerza que en ellos se aloje, inclusas las familias de los individuos que las tengan, con la segregación decorosa para éstas, e independientemente de todo otro vecino, y muy especialmente de los que tengan tienda u otro establecimiento análogo”.

Sin embargo tan loable intención no llegaría nunca a verla, continuando vigente dicha problemática durante las décadas siguientes, sin que los sucesivos cambios gobiernos e incluso de régimen político, supusieran apenas mejora alguna para la habitabilidad de los guardias y sus familias.

Así, noventa años después de que la Guardia Civil se implantara y desplegara en la provincia de Cádiz, la situación era tan patética, que el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio, con ocasión de la revista de inspección girada a todos los puestos de la comandancia gaditana, dejaría escrita el 6 de diciembre de 1935 la siguiente providencia:

“Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible promiscuidad las familias con grave detrimento del decoro y moralidad necesarios e imprescindibles. En la provincia existen casas-cuarteles en esas lamentables condiciones, entre ellas, las de los Puestos de Almoraima y Barbate; de todas ellas mandará instruir expediente y someterlo a la resolución de la Superioridad; es preciso velar por el prestigio y decoro de nuestros subordinados, evitando vivan como gitanos en inmoral mezcolanza”.

Tampoco este mando llegaría a ver resuelto el problema que denunciaba ya que al año siguiente comenzó la Guerra Civil y sería fusilado en Málaga, al igual que buena parte de sus oficiales.

En enero de 1940, el teniente coronel Manuel Márquez González, jefe de la Comandancia de Cádiz, confeccionó un minucioso informe relativo a la insostenible situación que se padecía. En la parte dedicada a las casas-cuarteles detalló que en su mayor parte, 36 de las 49 que entonces había, “no reúnen condiciones de seguridad, capacidad, salubridad ni aún las más elementales reglas de moralidad”.

Tras resaltar la penosa situación de la ubicada en La Línea de la Concepción, “punto fronterizo con Gibraltar, balcón de España pudiéramos llamarle, donde el extranjero nos mira y observa, es francamente bochornoso el estado en que se encuentra”, finalizaba afirmando que “el problema de acuartelamiento, por ser quizás el más importante que tiene planteado el Cuerpo, es asunto al que debe atenderse preferentemente, aparte de otras razones no despreciables, siquiera sea por decoro y humanidad”.

Afortunadamente hoy día, aquello sólo forma parte de la sacrificada, sufrida y desconocida historia del benemérito Instituto en nuestra provincia, habiendo desaparecido hace años aquellas viviendas que sólo tenían dos habitaciones y en las que las cocinas, lavaderos y el único cuarto de baño –por llamarlo de alguna forma y si siquiera existía- eran comunes para todos los habitantes de las casas-cuarteles.

Actualmente se construyen casas-cuarteles muy dignas, tanto para quienes las habitan como para los ciudadanos que acuden a las mismas, estando comprometidas, afortunadamente, todas las administraciones en ello, pues como dijo aquél gobernador civil de Cádiz a mediados del siglo XIX, “… que la benemérita Guardia Civil esté bien alojada, porque todo es poco para ella, que tanto se merece”. Pero esta vez de verdad.