LAS CUATRO TRAGEDIAS DE CASAS VIEJAS.

LXX Aniversario (1933-2003).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 12 de enero de 2003, págs. 22-23. 

El original está ilustrado con seis fotografías en blanco y negro.

Los sucesos de 1933 conmocionaron a España y provocaron la caída de Azaña.

La proclamación de la II República supuso una gran esperanza e ilusión para buena parte de los españoles y mayor aún de gaditanos cuya provincia era de las más desfavorecidas de la nación. 

Pobreza económica, marginalidad social y explotación laboral fueron tres fuentes de abono para el anarquismo rural gaditano, el más fuerte de cuantas fuerzas revolucionarias estaban implantadas en la provincia.

La República aprobó la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 para dotar de tierras a los campesinos sin propiedad, pero su lenta ejecución por falta de fondos para indemnizar a los latifundistas motivó que junto a una más que centenaria historia de tremenda injusticia social, terminase por prender el 8 de enero de 1933 una trágica mecha de violentas convulsiones revolucionarias en el campo español que tuvo su trágica eclosión tres días después en Casa Viejas, una pequeña pedanía entonces de Medina Sidonia.

Los sangrientos sucesos de los que DIARIO DE CADIZ hizo un exhaustivo seguimiento y que ahora cumplen su LXX aniversario motivaron la publicación de numerosas obras y artículos. 

La brutal represión ejecutada por fuerzas de la Guardia de Asalto -creada por la República en enero de 1932- conmocionó al país entero y terminó por provocar la caída del gobierno de Azaña. Murieron 23 campesinos y 3 agentes del orden.

La controvertida declaración judicial del capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, quien estaba de servicio la noche del 11 de enero de 1933 en las dependencias del Ministerio de la Guerra cuyo titular era el propio Azaña y del que aseguró que recibió la orden directa de transmitir las instrucciones, pasaría a la historia negra: 

"Ahora diga usted al general de la división que esté prevenido y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles, porque luego resultan inocentes y hay que libertarlos. ¡Tiros a la barriga!. ¡A la barriga!".

No mucho mejor resultó el acta firmada por los capitanes del Ejército Felix Fernández Prieto, Gumersindo de la Gándara Marsella, José Hernández Labarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal, destinados en la Guardia de Asalto:

"Que por el prestigio y la dignidad del cuerpo al que se honran en pertenecer, manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el Gobierno no quería heridos, dándoles el sentido manifiesto de que únicamente entregáramos muertos a aquellos que se encontrasen haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas. Y para que conste firman por duplicado el presente. ¡Viva la República!".

Las cuatro tragedias.

Los sucesos de Casas Viejas se constituyeron sobre la base de tres tragedias que a su vez dieron lugar a una cuarta que sufrieron en silencio las familias de las víctimas y el propio pueblo que pasó a ser conocida como "la aldea del crimen".

La primera tragedia, y por cierto la más olvidada como siempre, fue la que sufrieron los guardias civiles del puesto de Casas Viejas cuando fueron atacados al amanecer del miércoles 11 de enero de 1933 por quienes acababan de proclamar el comunismo libertario, unos 200 campesinos armados de escopetas y hoces.

Su comandante era desde el mes anterior, el sargento Manuel García Alvarez, quien falleció dos días después en el hospital militar de Cádiz como consecuencia de los disparos recibidos. Los guardias eran Román García Chuecos -quien el 4 de febrero falleció también por idéntica causa en dicho hospital-, Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez, que resultaron heridos.

El 5 de abril, el Inspector General del benemérito Instituto Cecilio Bedia de la Cavallería, ordenó la apertura de juicio contradictorio para determinar si los citados guardias civiles eran acreedores a la cruz laureada de San Fernando "con motivo de su actuación en la defensa de la casa-cuartel al ser atacados por los revolucionarios con idea de apoderarse del inmueble y armas", encomendando su instrucción al capitán Pablo Incera Vidal, destinado en Jerez de la Frontera. 

Dos años después el expediente del suceso que había sido declarado por decreto de 18 de enero de 1933 "hecho de guerra", fue archivado con una ridícula excusa de defecto de forma si bien el 5 de junio se les ascendió al empleo superior.

La segunda tragedia la constituyó el cerco e incendio antes de amanecer el 12 de enero, por las fuerzas mandadas por el capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas Feingespán, de la choza en la que se refugiaron algunos de los anarquistas.

El telegrama que recibió decía: "Es orden terminante Ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho fuertes los revoltosos". Allí murieron tiroteados o carbonizados Francisco Cruz Gutiérrez "Seisdedos" y sus hijos Pedro y Francisco, Manuel Quijada Pino, Josefa Franca Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González, Manuela Lago Estudillo así como el guardia de asalto Ignacio Martín Díaz, resultando heridos otros cuatro guardias más.

La tercera tragedia aconteció poco más tarde durante los registros y detenciones posteriores de sospechosos. Comenzó con la muerte por disparos de los guardias de asalto del anciano Salvador Barberán Castellet que sólo le dio tiempo a gritar "¡No tiren, que no soy anarquista!" y terminó un rato después con el fusilamiento despiadado de Manuel Benítez Sánchez, Andrés Montiano Cruz, Juan García Franco, José Utrera Toro, Juan García Benítez, Juan Villanueva Garcés, Juan Silva González, Balbino Zumaquero Montiano, Manuel Pinto González, Juan Galindo González, Cristóbal Fernández Expósito, Manuel García Benítez, Rafael Mateo Vela y Fernando Lago Gutiérrez, siendo éste el único que realmente había participado en la intentona revolucionaria. Todos estaban desarmados y la mayor parte esposados.

La cuarta tragedia fue la leyenda negra que cayó sobre la pedanía así como el sufrimiento y soledad en silencio que padecieron los familiares de los guardias civiles y campesinos asesinados, todos ellos gente de condición muy humilde, que recibieron diversas ayudas económicas de suscripciones populares que se abrieron, una de ellas por DIARIO DE CADIZ.

Antes de abandonar Casas Viejas las fuerzas policiales recibieron la siguiente arenga del delegado gubernativo Fernando de Arruinaga Martín-Barbadillo: 

"Habéis cumplido con vuestro deber. El Gobierno por mi conducto os felicita. Gracias a vosotros, a vuestro valor, a vuestra energía y disciplina, a vuestra obediencia a las órdenes de vuestros jefes, la República ha podido vencer un grave peligro y puede seguir el camino triunfal y glorioso abierto el 14 de abril. Vuestra magnífica conducta merece bien de la Patria y de la República. ¡Viva la República!".

Conocida posteriormente la verdad de lo sucedido estalló el escándalo y se inició un proceso judicial. Por los 14 asesinatos cometidos contra los campesinos desarmados, el jurado de la audiencia provincial de Cádiz condenó el 28 de mayo de 1934 a su responsable directo, el capitán Rojas a la pena de 21 años de prisión mientras que Arturo Menéndez López, director general de seguridad, fue absuelto.

Han transcurrido siete décadas desde los luctuosos sucesos y hoy día Benalup-Casas Viejas es un próspero municipio que ha postergado para siempre aquella "aldea del crimen" como la bautizara en su novela Ramón J. Sender.