Prólogo escrito por Jesús Núñez y publicado en el libro "La Guardia Civil en la Guerra de España (1936-1939)", de Juan Blázquez Miguel, editado por Ediciones Barbarroja en 2012, págs. 7-13.
Juan
Blazquez Miguel, el autor de esta obra que el lector tiene en sus manos, me ha
vuelto a requerir para que se la prologue, al igual que ocurrió con su
antecesora inmediata, “La Guardia Civil
durante la Segunda República y el 18 de Julio”.
Prologar
no es fácil tarea, por grata que sea, pero como además el tema y el libro que
nos ocupan merecen la pena, y todo prólogo suele conllevar o encerrar al menos,
una reflexión, una motivación y finalmente un juicio de valor, ¡hagámoslo!.
Tengo
que comenzar diciendo, que a pesar de que la producción bibliográfica sobre la
Guerra Civil Española (1936-1939) sigue aumentando año tras año, el espacio
historiográfico correspondiente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, continua
siendo una asignatura pendiente.
Cuando
el 17 de julio de 1936 se inicio la sublevación militar, la República tenía
tres cuerpos estatales de carácter policial, responsables de garantizar la
seguridad y el orden público: Guardia Civil, Seguridad y Asalto, e
Investigación y Vigilancia, existiendo un cuarto, Carabineros, al que la
legislación de la época –si bien no era su función principal- le asignaba, caso
necesario, misiones concretas de auxiliar y cooperar con las anteriores en el
restablecimiento y mantenimiento del orden público.
De
todos ellos, el más importante, en cuanto a despliegue y efectivos, y por lo
tanto de mayor peso específico, era el primero de los citados, una institución
que como decía el profesor Diego López Garrido, “tiene por jurisdicción todo el territorio nacional” y que “es
definida en los decretos fundacionales y en sus reglamentos como un cuerpo de
seguridad, sin límites funcionales ni territoriales.”
La
Guardia Civil era el único Cuerpo que tenía implantación física y permanente en
la mayoría de las poblaciones de todas las provincias y que contaba con una
dotación de recursos humanos muy superior respecto a los demás. Sin embargo el
conocimiento que sobre el mismo se ha trasladado, tanto por la historiografía
franquista como por la posterior, está plagada de méritos y deméritos,
complejos y tópicos, bondades y maldades, que con frecuencia no se ajustan a la
verdad, careciéndose de estudios que gocen del debido rigor académico.
Respecto
a Seguridad y Asalto (realmente la denominación correcta sería Seguridad pues
las Vanguardias de Asalto o simplemente Asalto, estaba integrado en aquella) e
Investigación y Vigilancia, ya se dispone la magna tesis doctoral “Los Cuerpos de Policía durante la Guerra
Civil”, de José María Miguelez Rueda, un brillante trabajo de investigación
que aborda, rigurosa e imparcialmente lo acaecido con ambos cuerpos en ambos
bandos. Sorprendente e inexplicablemente, bajo la excusa de la actual crisis
económica, una investigación de esta categoría e interés historiográfico que viene a traer luz a un mundo de
tinieblas, todavía no ha sido publicada aun a pesar de las múltiples gestiones
realizadas por su autor y quienes valoramos su obra.
Y
en relación al benemérito Instituto que fundara en 1844 el II Duque de Ahumada
y V Marqués de Las Amarillas, tenía razón el general de brigada Francisco
Aguado Sánchez, fundador y director durante nueve años de la prestigiosa y
desgraciadamente desaparecida –en 1988- “Revista de Estudios Históricos de la
Guardia Civil”, al afirmar sobre el periodo de la Guerra Civil, que “realmente, la postura de la Guardia Civil en
aquellos días no se ha estudiado”.
Han
pasado ya casi treinta años desde que se escribiera dicha frase y la situación
permanece casi inalterable. Si bien se ha avanzado muy notablemente en el
periodo previo a la sublevación militar, gracias a que ya se cuenta con la
recientísima tesis doctoral “La Guardia
Civil ante la Segunda Republica (1931-1936)”[1],
de Agustín Pulido Pérez, se carece todavía, de un estudio académico sobre lo
acontecido en y con la Guardia Civil durante la contienda.
Para
intentar llenar tal vacío, Aguado Sánchez dedicó, incluyendo el periodo
republicano 1931-1936, sin el que no es posible explicar lo sucedido durante
los tres años siguientes, buena porcion de su extensa obra de siete volúmenes
sobre la historia del Instituto, es decir, parte del IV, entero el V y la mitad
del VI. Sin embargo, en modesta opinión de quien escribe estas líneas, no se
llegó a cumplir dicho objetivo, dada la parcialidad con que fue abordada,
enfocada y expuesta dicha etapa, amén de la ausencia de consulta y contraste de
otras fuentes, hoy dia consideradas imprescindibles.
Esto
último reviste gran importancia, ya que el principal peligro, que no el único,
además del prisma personal de cada autor, reside en las fuentes que se
consultan y su interpretación, no debiéndose tomar ninguna de aquellas como
dogma de fe y si someterlas, sin excepción, a un riguroso contraste exento de
vicios ideológicos y parcialidades pragmáticas.
Y
eso es precisamente lo que suele ocurrir con frecuencia, cuando un autor suele
abordar la participacion de la Guardia Civil en la Guerra Civil, un Cuerpo que
al igual que ocurrió con el resto de las instituciones del Estado y de los
españoles, se dividió en dos, llegando incluso en ocasiones al enfrentamiento
armado entre sus propios integrantes.
Su
devenir fue bien diferente en cada bando, donde el factor “lealtad geográfica”
tuvo gran peso específico en muchísimos casos. La mayor parte de la Guardia
Civil permaneció ajena a la trama que preparó la sublevación militar y sus
cuadros de mando no inspiraban confianza a los conspiradores, pero tampoco
gozaban de ella entre quienes se opondrían a la misma.
La
Guardia Civil era con diferencia el Cuerpo que más había padecido las
consecuencias de la frustrada sublevación encabezada el 10 de agosto de 1932
por quien había sido su anterior director general, y la que más muertos y
heridos había sufrido en la intentona revolucionaria desencadenada el 6 de
octubre de 1934.
Los
guardias civiles –y con ellos sus familias con las que vivían en las casas
cuarteles- se encontraron en la difícil encrucijada de elegir entre la lealtad
al gobierno de la República o unirse a la sublevación militar, acatando el
bando de guerra dictado, máxime conociendo el tradicional sentido de disciplina
y obediencia hacia el poder constituido que siempre fue lo que junto a su
prestigio, hizo que sobreviviera a los convulsos tiempos vividos desde su
fundación.
Realmente
en la sublevación militar iniciada el 17 de julio de 1936 nadie contaba –ni en
uno ni en otro sentido- con la acción resolutiva de la Guardia Civil, pero lo
cierto es que sus miembros fueron sancionados muy duramente si no apoyaron
inmediatamente a los que en cada punto geográfico triunfaron. Esta cuestión
resultó especialmente dramática en la zona republicana, donde muchos de sus
miembros resultaron asesinados en las semanas siguientes a la rebelión militar,
lo cual provocaría a su vez numerosas deserciones de las filas gubernamentales.
Los
que permanecieron leales al gobierno de la Republica, lejos de ver reconocida y
respaldada institucionalmente su posicionamiento, vieron como menos de un mes y
medio después –por Decreto de 30 de agosto de 1936- su Cuerpo era disuelto y en
su mayoría, previa depuración, pasaban a integrarse en la nueva Guardia
Nacional Republicana.
Esta
nueva institución policial tendría una vida oficial efímera. Casi cinco meses después, por Decreto de 26 de
diciembre, se creó el nuevo Cuerpo de Seguridad, que supuso la disolución de “los Cuerpos de la Guardia Nacional
Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación, y Milicias de
retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese
organizado”.
Aquellos de sus miembros que quisieron pasar al
nuevo Cuerpo, tuvieron que solicitarlo mediante instancia en el plazo de 15
días, encargándose el también recién creado Consejo Nacional de Seguridad, de
emitir los correspondientes informes favorables o desfavorables, que
condicionaron en su caso el ingreso o no. El personal que “estuviera prestando sus servicios en el frente de la guerra
antifascista al servicio del Gobierno legítimo”, continuó con su
organización, denominación y mandos hasta que se reintegraron a su servicio
peculiar, momento en el cual comenzó a contarle el plazo de solicitud citado,
si bien ello no se cumplió en muchos casos.
La
mayor parte de los miembros de la Guardia Nacional Republicana pasaron a
integrarse en el denominado Grupo Uniformado del nuevo Cuerpo de Seguridad. Al
finalizar la Guerra Civil, los vencedores los volvieron a considerar
pertenecientes a la Guardia Civil con el empleo que ostentaban el 18 de julio
de 1936, no reconociéndoseles los ascensos ni méritos concedidos durante la
contienda. Fueron sometidos a continuacion a un durísimo proceso represivo de
depuración, que según los casos concluía en fusilamiento, condena de prisión,
expulsión o reincorporación al servicio activo en el Cuerpo, sin que en tal
caso les sirviera de abono ni cómputo el tiempo servido en la zona republicana.
Otra larga y triste historia que todavía queda por contar.
En
cambio, en la zona donde triunfó el alzamiento militar, la Guardia Civil
continuó durante toda la contienda, manteniendo su identidad corporativa y todo
lo que ello conllevaba. A diferencia de lo que sucedió en la zona republicana,
que a los pocos días autorizó en el Instituto ingresos masivos de nuevos
aspirantes, “cuyos antecedentes de
conducta no ofrezcan duda alguna respecto a su adhesión y fidelidad al Régimen”,
sólo se permitió el ingreso a aquellos que lo tenían concedido con anterioridad
al 18 de julio de 1936. Con ello se evitó que accedieran al Cuerpo, personas con avales políticos ligados
a los sublevados, todo lo contrario que en la otra zona, donde muchos lo
hicieron con avales de partidos pertenecientes al Frente Popular.
Por
lo tanto la Guardia Civil sólo permaneció como tal en dicha zona, mientras que
en la republicana habría que hablar más bien sólo de la destacada actuación que
tuvieron determinados miembros procedentes del antiguo Cuerpo así como de los
puestos de responsabilidad que asumieron en la estructura del Ejército Popular.
Tras
el protagonismo que los guardias civiles se vieron obligados a tener en los
primeros momentos donde triunfó la sublevación y su activa participación en la
primera fase de las columnas de operaciones, recayó seguidamente sobre ellos,
la trascendental responsabilidad de ser el puntal fundamental de la estructura
de orden y ley en la retaguardia. Pero no sólo en su comandancia de origen,
sino también en aquellas que se iban ocupando como consecuencia de las
operaciones bélicas.
Respecto
a la guerra en los frentes, los guardias civiles desempeñaron, con carácter
general, un papel auxiliar, secundario y subordinado a las grandes unidades en
que fueron encuadrados, habiendo llegado a constituir hasta medio centenar de
compañías expedicionarias en apoyo de las mismas, si bien es justo reconocer
que algunas de ellas llegaron a entrar en combate de primera línea, destacando
la mítica de “La Calavera”.
En
resumen, los guardias civiles realizaron, tanto en la retaguardia como en el
frente, todo tipo de servicios y misiones -además de las peculiares
contempladas en sus reglamentos fundacionales- siendo algunas más conocidas y
otras prácticamente inéditas.
Así
por ejemplo, muchos oficiales de la Guardia Civil pasaron a integrar los
cuadros de mando de unidades del Ejército, de Milicias de Falange y del
Requeté, además de los centros de formación militar. Guardias civiles de
prácticamente todos los empleos, prestaron numerosos servicios de apoyo, así
como los tradicionales de policía militar en campaña, encargándose de las
labores de escolta de generales y caudales, contraespionaje, censura,
conducción, clasificación custodia e interrogatorios de detenidos y
prisioneros. También les fue encomendado –siendo éste prácticamente el único
aspecto que ha parecido interesar a la historiografía reciente- formar parte
activa del aparato represor y desempeñar además la tarea más aborrecida y denostada
entre los guardias civiles como fue la participar en los piquetes de
fusilamiento. Una ingrata actividad que la Guardia Civil compartió con el
Ejército y los Cuerpos de Seguridad y Carabineros.
Sobre
todo lo anteriormente expuesto queda realmente mucho que investigar y escribir,
siendo como ya se dijo inicialmente, una asignatura pendiente para la
historiografía de la Guerra Civil. Es por ello que esta nueva obra de Juan
Blázquez Miguel, no sólo tiene el mérito de ser la primera que aborda de manera
monográfica muchas de las cuestiones citadas sobre la actuación de la Guardia
Civil y de sus miembros en ambos bandos durante la contienda, sino que contiene
numerosa información de gran interés, ofreciendo una visión prácticamente
desconocida hasta la fecha.
Se
trata de un trabajo, en el que tal y como nos tiene acostumbrados el autor en
sus anteriores publicaciones, ha sabido dar una amplia visión de conjunto, tras
extraer y sintetizar lo más importante gracias a un adecuado análisis de los
contenidos hallados en las hojas de servicio de los protagonistas, una variada
bibliografía y una extensa colección hemerográfica de la época.
Juan Blázquez
Miguel, experto conocedor de las operaciones bélicas acontecidas en sus
diferentes fases, tal y como lo acredita la autoría de los seis tomos que
componen su magna obra “Historia Militar
de la Guerra Civil española”, llevará al lector por un recorrido geográfico
y cronológico en el que la Guardia Civil y sus miembros, serán protagonistas en
todas y cada una de las páginas, destacando entre sus numerosas vicisitudes
descritas, tres hechos singulares, como son las defensas del Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, el Alcázar de Toledo y Oviedo.
El primero supuso
el inexplicable abandono a su suerte y estéril sacrificio de unos guardias
civiles y sus familias que resistieron hasta el 1 de mayo de 1937, padeciendo
en sus cuerpos y en sus mentes lo que absolutamente nadie sufrió en los tres
años de la contienda. Respecto a los otros dos hechos, resaltar que nunca se
hubieran podido llevar a cabo ni hubieran existido sin contar con la
participación mayoritaria entre sus defensores, de miembros de la Guardia
Civil, cuestión que no siempre ha sido tratada con la objetividad y rigor
debidos.
[1] Dirigida por el doctor Julio Gil Pecharromán, profesor del
Departamento de Historia Contemporanea de la UNED, se defendió brillantemente el 8 de marzo de
2012 ante el tribunal formado por los doctores Fernando Puell de la Villa, José Luis Rodríguez Jiménez,
Eduardo González Calleja, José María Marín Arce y Juan Avilés Farré, siendo éste último,
presidente del mismo.
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