CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).
Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 6, el 11 de marzo de 2019.
El original contiene una fotografía en blanco y negro.
La actual casa-cuartel de La Línea tiene más de un centenar de viviendas para los guardias civiles y sus familias, siendo el de mayor capacidad de toda la provincia.
Pero ello no siempre fue así pues atrás quedan muchas décadas de sufrir inmuebles con aforo insuficiente y sin reunir las condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad y salubridad.
Aquello fue lamentablemente casi una constante en numerosos acuartelamientos de la Benemérita, desde sus tiempos fundacionales hasta más de un siglo después.
Dicha penuria fue compartida con los Carabineros. Tras su integración en 1940 la situación empeoró aún más dada la desoladora situación económica del país. Ello perduró prácticamente hasta los años 60 del siglo XX.
La razón, y la excusa de ello, repetida por activa y por pasiva por los sucesivos gobiernos desde la creación de la Guardia Civil en 1844, sin distinción de color ni régimen, era siempre la falta de disponibilidad presupuestaria.
Desgraciadamente, quienes velaban por la seguridad pública o luchaban contra el fraude fiscal no solían ver atendidas las necesidades más básicas de alojamiento para ellos y sus familias. No se trataba ya de que su exiguo sueldo no les permitiera alquilar una vivienda digna sino que en la mayor parte de sus localizaciones no existía siquiera esa posibilidad.
El benemérito Instituto, que ha sido siempre la fuerza de seguridad pública con mayor número de efectivos y más amplio despliegue territorial, llegó a tener hasta unos tres mil acuartelamientos repartidos por todo el país. De hecho fue la primera institución que vertebró el Estado español siendo en muchos de sus confines la única representación del mismo.
Su vasta diseminación, la permanente disponibilidad y movilidad de sus miembros, con sucesivos cambios de destino a poblaciones donde no existían viviendas donde alojarse, así como razones de seguridad y autoprotección, conllevaron a que tuvieran que vivir en acuartelamientos junto a sus familias, dando así lugar a las casas-cuarteles.
La falta de recursos económicos del Estado dio lugar a que ya en el artículo 19 del real decreto fundacional de 13 de mayo de 1844, se dispusiera que fueran las corporaciones municipales de los pueblos con puestos fijos de la Guardia Civil, las que tuviesen que facilitar inmuebles donde prestar servicio y vivir con sus familias.
El artículo 51 del segundo “Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil”, aprobado por real decreto de 2 de agosto de 1852, volvió a reiterar la cuestión y disponer expresamente que en todas las capitales de provincia, cabezas de partido y demás pueblos y despoblados en que estuviese determinada la permanencia de un puesto fijo, se proporcionaría la correspondiente casa-cuartel para la fuerza que a cada uno estuviese asignada.
Conforme a todo ello y a posteriores disposiciones similares dictadas, el ayuntamiento de La Línea de la Concepción acordó en sesión celebrada el 25 de octubre de 1907, proporcionar gratuitamente un inmueble para su uso como casa-cuartel. Aunque todavía no se ha podido acreditar, debió ser como consecuencia de la necesidad de desalojar el anteriormente ocupado, cuya ubicación concreta aún se desconoce.
El edificio finalmente alquilado por el consistorio se encontraba ubicado en la calle Jardines y se ocupó como casa-cuartel el 1º de abril de 1908, si bien, como ya se expuso en el anterior capítulo, el contrato se suscribió con carácter retroactivo el 8 de agosto siguiente.
La duración inicial del arriendo era de diez años por un importe anual de 3.000 pesetas. Firmaron Juan Lucena, en ruego del administrador Enrique Lozano Macías, el alcalde José Cayetano Ramírez Galuzo, el primer teniente de la Guardia Civil Arturo Blanco Horrillo, y los testigos Manuel Rodríguez y Antonio Paniagua.
El administrador se comprometió a ejecutar en el edificio cuantas obras de reparación fueran necesarias, a efectuar un blanqueo general interior y exterior cada año en los meses de abril o mayo, así como la limpieza de los pozos negros siempre que fuera preciso, pues entonces no había red de alcantarillado.
Por su parte, el alcalde, en representación del ayuntamiento, se obligaba a abonar al arrendatario por meses vencidos la renta acordada, con cargo al presupuesto municipal. Igualmente se comprometió a elevar dicha cuantía en la proporción correspondiente al interés legal del importe del capital que el propietario invirtiera, si se aumentase la fuerza asignada a dicho puesto, y precisara para la instalación de los guardias y sus familias, ejecutar obras de ampliación en el edificio. Finalmente, también contraía el compromiso de proporcionar otro edificio, si el reseñado dejara de reunir las condiciones necesarias, en cuyo caso quedaría nulo dicho contrato.
En definitiva, todo un conjunto de obligaciones que como se verá en los siguientes capítulos no se cumplió con el paso del tiempo por ninguna de las partes, dada la incapacidad presupuestaria, siendo los guardias civiles y sus familias los principales perjudicados por todo ello.
Mientras tanto La Línea seguía creciendo en edificaciones y habitantes, lo cual determinó la creación dos años después, de los puestos de El Zabal Bajo y La Atunara cuyas vicisitudes serán relatadas en próximas entregas.
La relevancia que tenía La Línea para la Benemérita motivaba que fuera prioritario tener un oficial allí. Y caso de que la plaza del titular quedase vacante por cualquier razón, se comisionaba inmediatamente a otro hasta que quedara cubierta.
Ejemplo de ello fue la orden impartida por el coronel Feliciano de Francisco López, jefe del 18º Tercio (Cádiz). El primer teniente Vicente González García, jefe de la vecina Línea de Jimena de la Frontera, se hizo cargo del mando accidental de la existente en La Línea de la Concepción, “pasando a residir a la expresada población por su preferente importancia”, desde el 30 de junio de 1911 hasta 4 de agosto siguiente que se incorporó su nuevo adjudicatario, según consta en la correspondiente hoja de servicios.
Dicho oficial había contraido el 2 de agosto del año anterior, matrimonio en La Línea, con la joven Herminia Espinosa Álvarez, natural de dicha localidad. Cinco lustros más tarde, siendo teniente coronel mandaría la comandancia gaditana y casi cuatro años después el tercio.
En 1928 dependían del teniente de La Línea de la Concepción los puestos de la residencia, La Atunara, San Roque y Campamento. Seguía la misma casa-cuartel y su renta anual ascendía ya a 5.080 pesetas. Disponía de 10 pabellones de casados y 1 de solteros con 6 plazas, amén de una cuadra para 11 caballos.
La fuerza del puesto de La Línea era 1 sargento, 1 cabo, 1 corneta, 1 guardia 1º y 9 guardias 2º de infantería así como 1 guardia 1º y 5 guardias 2º de caballería.
El censo de población era entonces de unos 19.000 vecinos y 63.200 habitantes, lo cual le convertía en la población que mayor aumento había registrado de toda la provincia.
Ello iría motivando constantes peticiones de aumento de plantilla y un acuartelamiento más grande, surgiendo vicisitudes inéditas que seguiremos desvelando.
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