LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XXXVI). EL COSTE ECONÓMICO DE LA “VERJA” ESPAÑOLA.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 15, el 21 de octubre de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

Cuando el teniente coronel de Artillería Víctor Castro Sanmartín, máximo responsable de la Delegación para la Represión del Contrabando y la Defraudación, encuadrada en el Ministerio de Hacienda, preguntó por escrito el 3 de julio de 1961 a la Dirección General de la Guardia Civil, si la “alambrada española” tenía utilidad para su servicio en esa zona y si era conveniente que se hiciera cargo de su mantenimiento, comenzó el principio de su fin.

La “verja” española, detallada en capítulos anteriores, había sido levantada casi dos décadas antes por Tabacalera S.A., haciéndose cargo desde entonces de su mantenimiento. Ello suponía sufragar el coste del fluido eléctrico de su alumbrado (56 focos) así como de las sustituciones de las lámparas rotas intencionadamente o fundidas por su uso y las reparaciones necesarias por deterioro de las partes de hormigón y metálicas. 

Además, “a cargo de dicha alambrada”, había contratados “dos funcionarios denominados Guardas Jurados, con la misión de encender y apagar el alumbrado de la misma y dar cuenta de cualquier novedad que en ella se produzca, cuyos funcionarios perciben un sueldo por año e individuo de 30.933 pesetas”, según se hacía constar en un minucioso informe de la 7ª Compañía de Especialistas de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, fechado el 23 de agosto de 1961. 

 Todo ello venía dependiendo desde 1945 del Servicio Especial de Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera S.A. (antecedente histórico de la actual Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera). Sin embargo, “la preocupación del gobierno ante el recrudecimiento del tráfico clandestino y fraudulento que tan graves daños produce a la economía nacional”, motivó que dicho servicio pasara a depender del Ministerio de Hacienda por decreto de 17 de diciembre de 1954. Apenas transcurridos un par de años, por una orden ministerial de 8 de febrero de 1956, se reguló su funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Cinco años más tarde el teniente coronel Castro, en su escrito inicialmente citado, exponía que el coste de las reparaciones a efectuar en la “alambrada” ascendería a 305.734 pesetas. Todo ello, junto a los gastos de mantener contratadas a las dos personas mentadas, no tenía a su juicio, “adecuada compensación por falta de rendimiento ni al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal ni a la represión del Contrabando en general”. 

Tenía su parte de razón, pero sólo parcialmente. Una cosa era la que él exponía en función de los intereses económicos de su departamento y otra, lo que pensaba la Guardia Civil que prestaba servicio allí las 24 horas de cada día. 

Es cierto que en aquella época, si bien existía, como siempre, contrabando terrestre de tabaco procedente de la colonia británica de Gibraltar, la presencia permanente de patrullas de la Guardia Civil a pie mismo de la “Verja” británica, y en la zona fiscal y militar comprendida entre aquella y la “alambrada” española, dificultaba mucho tal posibilidad. 

La “alambrada inglesa” no era difícil de vulnerar por los contrabandistas ya que los británicos nunca se distinguieron por evitar un contrabando que económicamente les beneficiaba. Es por ello que fue necesario, costeada por el monopolio tabacalero español, levantar una segunda alambrada a cierta distancia, que tal y como se expuso en capítulos anteriores tuvo dos emplazamientos diferentes. Éstas ya fueron más difíciles de burlar, pues además de salvar corriendo la distancia entre la inglesa y la española, había siempre una patrulla de la Guardia Civil a largo de los 1.400 metros que medía aproximadamente. No obstante, de vez en cuando, los contrabandistas conseguían alguna noche burlar todo aquello y no siempre eran aprehendidos los alijos.

En cambio, para el Ministerio de Hacienda, y más concretamente para el mentado Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, le era mucho más práctico y beneficioso económicamente, dejar de hacerse cargo de la “alambrada española” y pasarle su conservación a la Guardia Civil que era, al fin y al cabo, quien realmente estaba siempre allí y por lo tanto a quien más podía interesarle para su servicio.

De hecho, el informe que emitió el 22 de julio de 1961 el teniente coronel Juan Salom Sánchez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, fue inequívoco: “Su utilidad es manifiesta ya que facilita enormemente la labor de vigilancia por parte de la fuerza que lo efectúa y evita en un porcentaje muy elevado la introducción tanto de personas como de posible contrabando, en ambos sentidos”.

La jefatura de la Comandancia elevó el 25 de agosto siguiente a su Dirección General un detallado estudio económico del coste que venía suponiendo al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, el mantenimiento de la “alambrada española” durante los últimos cuatro años.

Transcurridos varios meses sin que la Guardia Civil decidiera hacerse cargo de ello al entender que debiera seguir sufragándose el coste de su mantenimiento con cargo a los presupuestos del Ministerio de Hacienda y no de los de Gobernación, comenzaron a surgir los primeros problemas.  

Así, el capitán Manuel Flores Comitre, jefe de la 7º Compañía de Especialistas de La Línea de la Concepción, daba cuenta el 2 de marzo de 1962, que se había presentado el encargado de la conservación del alumbrado existente en el Puesto de Alambradas y que tenía instrucciones de sus jefes, de no reponer las bombillas que se inutilizasen en lo sucesivo, “por haberlo declarado a extinguir”. Aprovechaba para participar que en esa fecha faltaban ya 9 bombillas de las 39 que había en la zona de levante y otras 6 de las 17 que estaban en la parte de poniente.

Finalizaba afirmado que “la iluminación total de esta línea de servicio es de vital importancia para ejercer una eficaz vigilancia, para evitar infiltraciones tanto de contrabando como de paso clandestino de personal, dada su proximidad con Gibraltar”.

Elevada dicha novedad cuatro días después por la jefatura de la Comandancia a la Dirección General para la resolución oportuna, se decidió por ésta, en escrito de fecha 28 de abril siguiente, dimanante de la Sección de Asuntos Generales y Contabilidad, “no hacerse cargo de los mencionados gastos toda vez que las instalaciones expresadas se encuentran establecidas dentro del recinto aduanero de La Línea de la Concepción y por consiguiente es a este Organismo a quien corresponde velar por su conservación si así lo estima conveniente, corriendo a su cargo los gastos que ello origine”.

Ante esa disparidad de criterios tuvo que intervenir finalmente el general gobernador militar del Campo de Gibraltar, como máxima autoridad en aquella época de toda la comarca, disponiéndose finalmente que se procediera a subsanar todas las anomalías existentes y puestas en su conocimiento por la Guardia Civil.

Así, el teniente Benito García de la Vega, en ausencia de capitán, dio cuenta como comandante de la 7ª Compañía de Especialistas que el 18 de agosto de 1962 se habían iniciado por personal de la empresa constructora ARCO S.A. de La Línea de la Concepción, las obras de reparación de la “alambrada española”. Sin embargo, a ésta, tal y como se verá próximamente, ya no le quedarían muchos años de vida.

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XXXV). EL PUESTO DE PUNTO AVANZADO Y EL CIERRE DE LA “VERJA”.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 10, el 14 de octubre de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

        La vigilancia fiscal y militar de la “Verja” siempre ha venido condicionando la entidad del despliegue de la Guardia Civil. Una de las reorganizaciones más importantes de las unidades encargadas de ello fue dispuesta por su director general, el teniente general Camilo Alonso Vega, en escrito núm. 210 de 31 de agosto de 1954, al reorganizarse la Comandancia de Algeciras.

Poco más de tres meses antes, el 10 y 11 de mayo, la reina británica Isabel II había visitado la colonia con ocasión de un viaje que venía realizando en yate por diversos países. Ello provocó el correspondiente malestar del gobierno español de la época y sus consiguientes reacciones, siendo entonces la más importante, la de cerrar el 30 de abril anterior el consulado español que existía en Gibraltar. Hay que significar que la agenda política de la acción exterior de España respecto a la colonia británica siempre terminaba repercutiendo en el despliegue de la Guardia Civil en esa zona.

La mentada reorganización de agosto de 1954 supuso, en relación a la “Verja”, la creación de la 7ª Compañía de Especialistas Fiscales que quedó constituida por una plana mayor y dos líneas (secciones): la 1ª Línea de la Aduana, de la que dependía sólo el puesto de la Aduana; y la 2ª Línea de Alambradas, de la que dependían los puestos de Alambradas y de San Felipe.

Dicha compañía comenzó a funcionar administrativamente y a efecto de servicio, el 8 de septiembre siguiente. El local habilitado para oficinas de dicha unidad estaba situado la aduana, teniendo una dimensión de unos 30 metros cuadrados, divididos en dos habitaciones, una para despacho del capitán jefe y la otra para su plana mayor, compuesta por un suboficial, un cabo y dos guardias. Contiguas a ellas estaban las dependencias de la 1ª y 2ª líneas, a razón de un despacho para cada uno de los tenientes que las mandaban y otros dos más para sus respectivas planas mayores. Ha de significarse que el conjunto de todos esos locales pertenecían al denominado Ramo de Contratación del Ejército.

De las unidades que componían la citada compañía era el puesto de la Aduana el que tenía la plantilla de personal más elevada ya que constituía el resguardo fiscal para el control del único paso terrestre habilitado para personas y mercancías entre La Línea de la Concepción y la colonia británica de Gibraltar. Se tiene constancia de que con fecha 27 de marzo de 1965 su plantilla estaba formada  por 3 suboficiales, de los que uno era el comandante de puesto, 8 cabos, 48 guardias y 6 matronas. Estas últimas tenían encomendada la delicada misión del registro corporal a las personas de su mismo sexo, al objeto de detectar principalmente género de contrabando oculto entre sus ropas, procedente de la colonia.

Hay que significar que en dicho puesto de la Aduana existía entonces una oficina de intervención de armas, que tenía por principal cometido controlar y expedir las autorizaciones correspondientes a las partidas de armas y municiones que pudieran importarse o exportarse así como en tránsito. También se encargaba de otras actividades menores como por ejemplo el control de las armas de caza de los residentes de la colonia que eran autorizados para practicar el deporte cinegético en el lado español de la “Verja”.

Sin embargo, con motivo de reducirse la categoría de la Aduana a la de Punto Habilitado de 3ª clase, se dispuso con fecha 24 de noviembre de 1966 la supresión de dicha intervención de armas, pasando la correspondiente documentación al puesto del Muelle del puerto de Algeciras.

El 10 de septiembre siguiente se celebró en la colonia de Gibraltar un referéndum donde la práctica totalidad de sus habitantes votaron a favor de continuar bajo soberanía británica frente a la española. La realización de dicho evento electoral contravino frontalmente varias disposiciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde se había admitido que la situación de Gibraltar era asimilable a la de otros territorios coloniales. Se instaba a ambas partes, España y Reino Unido, a negociar la resolución del asunto.

Lejos de solucionarse la situación fue complicándose por culpa de la actitud británica y ello tuvo también su correspondiente repercusión en el despliegue operativo de la Guardia Civil.

Así, la Instrucción General núm. 6, de 18 de julio de 1968, sobre reorganización de unidades de la Guardia Civil, supuso al aplicarse su segunda fase, que a partir del 25 de octubre siguiente, el hasta entonces denominado Puesto de la Aduana pasara a llamarse Puesto de Punto Avanzado.

Simultáneamente absorbió el Puesto de Alambradas, “concretamente el distrito comprendido entre los Boquetes de Santa Bárbara y el de San Felipe, que constituían la alambrada española, limitando el Campo Militar con la Ciudad de La Línea”. 

Como acababa de entregarse, por fin, la nueva casa cuartel de La Banqueta, sita en el núm. 8 de la entonces denominada Calle Héroes del Alcázar de Toledo, las oficinas de dicho puesto, incluida su sala de armas, se trasladaron allí desde los locales que venía ocupando en el edificio de la Aduana.

La fuerza del resguardo fiscal siguió prestando su servicio de especialistas fiscales en el recinto aduanero del Punto Avanzado, así como “a lo largo de la alambrada inglesa” por la 1ª Línea (sección) y por la 2ª en la española, distante “unos 800 metros” de aquella.

Mientras tanto la situación política entre ambos países se fue complicando cada vez más respecto a la colonia, hasta que como consecuencia de la promulgación el 23 de mayo de 1969 de su orden constitucional, el gobierno español de la época decidió cerrar la “Verja” el 8 de junio siguiente. El jefe de la Comandancia entonces era el teniente coronel Manuel Lafuente Martín.

Aquello tuvo una serie de consecuencias para la Guardia Civil allí desplegada. Por una parte, la última plantilla del Puesto de Punto Avanzado que había sido aprobada el 28 de febrero anterior, consistente en 2 suboficiales, 3 cabos, 44 guardias y 4 matronas, se vio modificada con el aumento de cuadros de mando y la supresión de las matronas. Si la “Verja” estaba cerrada y no había mujeres que pudieran ser registradas corporalmente, aquellas ya no eran útiles. En cambio sí era necesario incrementar el número de mandos intermedios para fortalecer la vigilancia e impulso del servicio. Consecuente con lo anterior, con fecha 13 de octubre de 1969 se fijó la nueva plantilla de dicho puesto en 4 suboficiales, 5 cabos y 43 guardias. 

La siguiente repercusión fue que a partir del día 25 de ese mes, “y por haberlo ordenado la Superioridad”, la fuerza de dicho puesto dejó de prestar servicio “en la que fue alambrada española, limitándose ésta a la 1ª Línea o Zona Militar y Fiscal, servicio de teléfono en la antigua Aduana y vigilancia fiscal en las Empresas Comes y Portillo, y despacho de la Renfe”. A partir de entonces el esfuerzo principal se centraría en la “Verja” británica.

AYER Y HOY DE LA GUARDIA CIVIL EN EL CAMPO DE GIBRALTAR: 175 AÑOS DE COMPROMISO Y SERVICIO.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 17, el 12 de octubre de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

A mediados del Siglo XIX la inseguridad pública que padecía España constituía, junto al contrabando, uno de sus principales problemas de Estado. Muy deteriorada al finalizar la Guerra de la Independencia (1808-1814) se había agravado aún más al concluir la Primera Guerra Carlista (1833-1837).

El país carecía entonces de una institución policial, de carácter estatal y ámbito nacional, que desplegada territorialmente velara por el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Tras diversos cuerpos fracasados, frustrados e incluso abolidos, fue finalmente creado por real decreto de 13 de mayo de 1844, del Ministerio de la Guerra, lo que el insigne escritor Benito Pérez Galdós definió en 1900, dentro de sus “Episodios Nacionales”, como “un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil”.

Su organizador, impulsor y primer inspector general fue el mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Ezpeleta, que supo dotar a la nueva institución de un inmejorable código deontológico, “La Cartilla”. Su primer artículo establecía que el honor era la principal divisa del guardia civil, debiendo mantenerlo por lo tanto sin mancha, pues una vez perdido no se recobraba jamás.

Bajo tan recto como sano principio se procedió por real orden circular de 25 de noviembre siguiente, del Ministerio de la Gobernación, a la distribución del personal entre las diferentes unidades creadas, llamadas Tercios, con objeto de que marchasen a cada provincia los efectivos que le habían sido asignados. 

El Tercer Tercio, con cabecera en Sevilla y mandado por el coronel José de Castro, se le asignó por demarcación las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Una de sus compañías de infantería, compuesta a su vez por cuatro secciones, fue asignada a nuestra provincia, siendo nombrado para su mando, por real orden de 17 de septiembre anterior, el primer capitán José María de Cisneros Lanuza.

Sin embargo, antes de que materializara su despliegue y comenzara a prestar servicio, se consideró que la fuerza inicialmente dimensionada no era la adecuada para cubrir una provincia tan compleja como la gaditana, estimándose más conveniente el empleo en el Campo de Gibraltar de fuerzas de caballería, en vez de infantería. 

Por tal motivo se dictó por el Ministerio de la Gobernación, la real orden circular de 20 de diciembre de 1844. De acuerdo con la misma, se sustituyó en la provincia de Cádiz una de las cuatro secciones de infantería, que pasó a incrementar la fuerza de la provincia de Córdoba, por otra de caballería, que a su vez fue detraída de la inicialmente conferida a Sevilla. 

Dicha sección de caballería, que ya había comenzado a prestar servicio en la provincia hispalense, fue trasladada inmediatamente al Campo de Gibraltar con su jefe al frente. Se trataba del alférez Juan Morillas de Casas, que estableció su mando durante una década en San Roque, estableciéndose en dicha ciudad y en la de Algeciras las dos primeras casas-cuarteles.

Aquella pequeña unidad mandada por un alférez y compuesta por una treintena de guardias civiles, que comenzaron a velar por el orden y la ley en la Comarca, son 175 años después, tras haber asumido en 1940 las funciones del desaparecido Cuerpo de Carabineros, más de un millar y constituyen una Comandancia al frente de un coronel.

Actualmente su demarcación constituye un importante y extenso territorio de más de 1.500 Km², equivalente al 77 % de la extensión de la provincia de Guipúzcoa. La Guardia Civil garantiza la seguridad ciudadana en el 93% de la Comarca. Concretamente en los municipios de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa.

También ejerce la vigilancia de la red viaria interurbana, garantizando la seguridad vial, así como la vigilancia fiscal y de costas del 100% de la franja marítima del Campo de Gibraltar, que tiene 110 km de longitud. Ello incluye la correspondiente a los términos municipales de Algeciras y La Línea de la Concepción, donde  igualmente desempeña el Resguardo Fiscal del Estado en los recintos aduaneros del puerto de Algeciras, además del de Tarifa, y de la Aduana de La Línea de la Concepción, junto a la vigilancia de la Verja con la colonia británica de Gibraltar.

Asimismo ejerce la vigilancia y todas las competencias previstas en la legislación vigente respecto al mar territorial que rodea la Comarca, así como la protección de la naturaleza en todo su territorio del que un 60% es espacio natural protegido.

Hoy 12 de octubre, día de su Patrona, la Virgen del Pilar, la Guardia Civil del Campo de Gibraltar renueva sus 175 años de compromiso y servicio.

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XXXIV). LAS “VERJAS” ESPAÑOLAS.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 10, el 7 de octubre de 2019.

El original contiene una fotografía en color.

La historia de la “Verja” daría para más de una tesis doctoral y unos cuantos trabajos de fin de master en los ámbitos académicos de la economía, el comercio, la sociología, las ciencias políticas y por supuesto la historia contemporánea. Todo ello con sus consiguientes, diferentes y enfrentadas connotaciones, según desde el lado de la alambrada que se expusiera.

Para los británicos, que fueron quienes la levantaron ilícitamente sobre un territorio que no les correspondía, ni de hecho ni de derecho, al ser de incuestionable titularidad española, ha venido suponiendo el límite terrestre de su colonia frente a La Línea de la Concepción.

Para los españoles ha sido históricamente, entre otras cosas, una contínua fuente de problemas en el ámbito tributario. De hecho, Gibraltar sigue siendo para nuestro país un paraiso fiscal.

Esta colonia británica, que por cierto es la única en Europa continental, ha sido desde sus orígenes una permanente generadora de contrabando terrestre y marítimo hacia España. Ello ha obligado a todos sus gobiernos, sin excepción, a adoptar medidas de todo tipo, con el objetivo de prevenirlo y reprimirlo.

Para el comercio lícito se estableció la aduana, que a lo largo de su historia tuvo diferentes ubicaciones, y para evitar y perseguir el ilícito se desplegó alrededor de la colonia el resguardo terrestre y marítimo.

Desde 1829 la fuerza terrestre del resguardo fiscal estaba constituida por el Cuerpo de Carabineros y a partir de 1940 por el de la Guardia Civil. Ya sólo el análisis y estudio de todas sus vicisitudes a lo largo de estos 190 años, así como sus conclusiones y enseñanzas respecto a Gibraltar, darían para otra muy interesante tesis doctoral.

Podría creerse que la existencia de la “Verja”, al constituir una barrera física, focalizaría la prevención y represión del contrabando sólo en el punto habilitado para el paso de personas y mercancías, es decir, en la aduana.

Sin embargo, la tradicional “permeabilidad” de toda la “Verja” para sacar de la colonia géneros de contrabando, sobre todo tabaco, obligó a la parte española durante varias décadas no sólo a reforzar físicamente su vigilancia sino incluso a levantar otra “verja” paralela pero distante de la británica. 

La primera “verja” española, que delimitaba el llamado “Campo Militar”, fue reemplazada por otra más adelantada debido al crecimiento urbanístico de La Línea de la Concepción hasta que también fue desmantelada, circunstancia que sigue sin ocurrir con la británica. Gracias al croquis confeccionado por la Guardia Civil en 1969, que ilustra este artículo, pueden observarse los dos emplazamientos que tuvieron las “alambradas españolas” frente a la “alambrada inglesa”.

Sobre la primera ya trató el capítulo anterior dedicado al “Puesto de Alambradas”. Respecto a la segunda hay más información gracias al informe suscrito el 20 de julio de 1961 por el capitán Manuel Flores Cómitre, jefe de la 7ª compañía de especialistas fiscales de la Comandancia de Algeciras.

Al proyectarse la expansión del casco urbano de la Línea de la Concepción hacia la colonia británica, con la ciudad deportiva, el parque municipal y la zona residencial de viviendas que se aprecia en dicho croquis, fue necesario desmontar la primera “alambrada española” y levantarla mucho más próxima a la “Verja” británica. 

Según el informe, la segunda alambrada española fue construida por Tabacalera S.A. y “data de más de 20 años”. Estaba constituida por “por una amplia y fuerte base de hormigón, sobre la que se levantan una serie de postes, también de hormigón en los que se apoya la alambrada de tela metálica de, aproximadamente un metro de alta; sobre esta tela metálica existen tres hileras de alambre de espino y rematando este conjunto, una conducción eléctrica de 220 v. para los focos que, en número de 38 por la parte de levante y 17 por poniente, sirven para alumbrar esta divisoria y hacer más eficaz durante la noche el servicio de vigilancia, que es ejercido por la fuerza del Resguardo afecta a la Compañía de la Guardia Civil que guarnece esta Aduana”. Se refería al “Puesto de Alambradas”.

Como la Jefatura Delegada para la Represión del Contrabando y Defraudación del Ministerio de Hacienda había interesado de la Dirección General de la Guardia Civil, conocer si la permanencia de dicha “alambrada” era de utilidad para los servicios del Cuerpo, el informe continuaba:

“La utilidad de la repetida alambrada es manifiesta, ya que facilita enormemente la labor de vigilancia por parte de la fuerza que la guarnece y evita, en un porcentaje muy elevado, la introducción tanto de personas como de posible contrabando, en ambos sentidos, extremos estos ya ocurridos puesto que en diversas ocasiones han sido detenidos individuos por la fuerza del Resguardo cuando intentaban cruzar el Campo Militar Español, unas veces en dirección a España y otras en la de Gibraltar, y como caso concreto, el ocurrido en el mes de marzo último en que fueron interceptados 15 individuos que trataban de cruzar dicho campo en dirección a Gibraltar probablemente para preparar algún alijo”.

Como se había solicitado también conocer la conveniencia de que su conservación fuera con cargo a los presupuestos de la Guardia Civil, pues el Ministerio de Hacienda ya no tenía mucho interés en ello, el capitán Flores continuó:

“Si hubiera que construir la alambrada actual, no recomendaría la solidez que tiene, ya que posiblemente no estaría su coste compensado con su utilidad, pero como estima necesaria la existencia de una división material y la parte costosa de la alambrada (muros y postes de hormigón) están en perfecto estado de conservación, cree debe conservarse la alambrada y luces, que son las que necesitan reparación”. 

Finalizaba el informe proponiendo que su coste económico debiera ser asumido por “aquellos Organismos cuya función sea la represión del contrabando y la defraudación, entendiéndose que el rendimiento de una medida en este sentido, está dado, más por la evitación de la comisión de estas infracciones que por el número positivo de servicios prestados”.

El 22 de julio siguiente su jefe de Comandancia, el teniente coronel Juan Salom Sánchez, que procedía de Carabineros, hacía suyo dicho informe y lo elevaba al teniente general Antonio Alcubilla Pérez, director general de la Guardia Civil. 

Solicitado un estudio económico sobre el coste que supondría asumir su conservación y mantenimiento, el 25 de agosto siguiente la jefatura de la Comandancia informó que se elevaría a 183.000 pesetas, comprendiendo 197 metros de alambrada descompuesta por el óxido, colocación de tela metálica, reposición de 7 postes de hormigón y 260 metros de alambre de espino. 

Tabacalera S.A. tenía entonces contratadas a dos personas cuya misión era apagar y encender el alumbrado así como dar cuenta de cualquier novedad que se produjera sobre el estado de la alambrada, haciéndose cargo de los costes de su mantenimiento.

A la cuestión, nada despreciable, de con cargo a qué presupuestos debía sufragarse su conservación, se añadirían otras razones de mayor peso que se expondrán en el capítulo siguiente y que terminaron por motivar el definitivo desmantelaniento de la segunda y última “verja” española, permaneciendo tan sólo la británica.