LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XXXVI). EL COSTE ECONÓMICO DE LA “VERJA” ESPAÑOLA.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 15, el 21 de octubre de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

Cuando el teniente coronel de Artillería Víctor Castro Sanmartín, máximo responsable de la Delegación para la Represión del Contrabando y la Defraudación, encuadrada en el Ministerio de Hacienda, preguntó por escrito el 3 de julio de 1961 a la Dirección General de la Guardia Civil, si la “alambrada española” tenía utilidad para su servicio en esa zona y si era conveniente que se hiciera cargo de su mantenimiento, comenzó el principio de su fin.

La “verja” española, detallada en capítulos anteriores, había sido levantada casi dos décadas antes por Tabacalera S.A., haciéndose cargo desde entonces de su mantenimiento. Ello suponía sufragar el coste del fluido eléctrico de su alumbrado (56 focos) así como de las sustituciones de las lámparas rotas intencionadamente o fundidas por su uso y las reparaciones necesarias por deterioro de las partes de hormigón y metálicas. 

Además, “a cargo de dicha alambrada”, había contratados “dos funcionarios denominados Guardas Jurados, con la misión de encender y apagar el alumbrado de la misma y dar cuenta de cualquier novedad que en ella se produzca, cuyos funcionarios perciben un sueldo por año e individuo de 30.933 pesetas”, según se hacía constar en un minucioso informe de la 7ª Compañía de Especialistas de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, fechado el 23 de agosto de 1961. 

 Todo ello venía dependiendo desde 1945 del Servicio Especial de Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera S.A. (antecedente histórico de la actual Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera). Sin embargo, “la preocupación del gobierno ante el recrudecimiento del tráfico clandestino y fraudulento que tan graves daños produce a la economía nacional”, motivó que dicho servicio pasara a depender del Ministerio de Hacienda por decreto de 17 de diciembre de 1954. Apenas transcurridos un par de años, por una orden ministerial de 8 de febrero de 1956, se reguló su funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Cinco años más tarde el teniente coronel Castro, en su escrito inicialmente citado, exponía que el coste de las reparaciones a efectuar en la “alambrada” ascendería a 305.734 pesetas. Todo ello, junto a los gastos de mantener contratadas a las dos personas mentadas, no tenía a su juicio, “adecuada compensación por falta de rendimiento ni al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal ni a la represión del Contrabando en general”. 

Tenía su parte de razón, pero sólo parcialmente. Una cosa era la que él exponía en función de los intereses económicos de su departamento y otra, lo que pensaba la Guardia Civil que prestaba servicio allí las 24 horas de cada día. 

Es cierto que en aquella época, si bien existía, como siempre, contrabando terrestre de tabaco procedente de la colonia británica de Gibraltar, la presencia permanente de patrullas de la Guardia Civil a pie mismo de la “Verja” británica, y en la zona fiscal y militar comprendida entre aquella y la “alambrada” española, dificultaba mucho tal posibilidad. 

La “alambrada inglesa” no era difícil de vulnerar por los contrabandistas ya que los británicos nunca se distinguieron por evitar un contrabando que económicamente les beneficiaba. Es por ello que fue necesario, costeada por el monopolio tabacalero español, levantar una segunda alambrada a cierta distancia, que tal y como se expuso en capítulos anteriores tuvo dos emplazamientos diferentes. Éstas ya fueron más difíciles de burlar, pues además de salvar corriendo la distancia entre la inglesa y la española, había siempre una patrulla de la Guardia Civil a largo de los 1.400 metros que medía aproximadamente. No obstante, de vez en cuando, los contrabandistas conseguían alguna noche burlar todo aquello y no siempre eran aprehendidos los alijos.

En cambio, para el Ministerio de Hacienda, y más concretamente para el mentado Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, le era mucho más práctico y beneficioso económicamente, dejar de hacerse cargo de la “alambrada española” y pasarle su conservación a la Guardia Civil que era, al fin y al cabo, quien realmente estaba siempre allí y por lo tanto a quien más podía interesarle para su servicio.

De hecho, el informe que emitió el 22 de julio de 1961 el teniente coronel Juan Salom Sánchez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, fue inequívoco: “Su utilidad es manifiesta ya que facilita enormemente la labor de vigilancia por parte de la fuerza que lo efectúa y evita en un porcentaje muy elevado la introducción tanto de personas como de posible contrabando, en ambos sentidos”.

La jefatura de la Comandancia elevó el 25 de agosto siguiente a su Dirección General un detallado estudio económico del coste que venía suponiendo al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, el mantenimiento de la “alambrada española” durante los últimos cuatro años.

Transcurridos varios meses sin que la Guardia Civil decidiera hacerse cargo de ello al entender que debiera seguir sufragándose el coste de su mantenimiento con cargo a los presupuestos del Ministerio de Hacienda y no de los de Gobernación, comenzaron a surgir los primeros problemas.  

Así, el capitán Manuel Flores Comitre, jefe de la 7º Compañía de Especialistas de La Línea de la Concepción, daba cuenta el 2 de marzo de 1962, que se había presentado el encargado de la conservación del alumbrado existente en el Puesto de Alambradas y que tenía instrucciones de sus jefes, de no reponer las bombillas que se inutilizasen en lo sucesivo, “por haberlo declarado a extinguir”. Aprovechaba para participar que en esa fecha faltaban ya 9 bombillas de las 39 que había en la zona de levante y otras 6 de las 17 que estaban en la parte de poniente.

Finalizaba afirmado que “la iluminación total de esta línea de servicio es de vital importancia para ejercer una eficaz vigilancia, para evitar infiltraciones tanto de contrabando como de paso clandestino de personal, dada su proximidad con Gibraltar”.

Elevada dicha novedad cuatro días después por la jefatura de la Comandancia a la Dirección General para la resolución oportuna, se decidió por ésta, en escrito de fecha 28 de abril siguiente, dimanante de la Sección de Asuntos Generales y Contabilidad, “no hacerse cargo de los mencionados gastos toda vez que las instalaciones expresadas se encuentran establecidas dentro del recinto aduanero de La Línea de la Concepción y por consiguiente es a este Organismo a quien corresponde velar por su conservación si así lo estima conveniente, corriendo a su cargo los gastos que ello origine”.

Ante esa disparidad de criterios tuvo que intervenir finalmente el general gobernador militar del Campo de Gibraltar, como máxima autoridad en aquella época de toda la comarca, disponiéndose finalmente que se procediera a subsanar todas las anomalías existentes y puestas en su conocimiento por la Guardia Civil.

Así, el teniente Benito García de la Vega, en ausencia de capitán, dio cuenta como comandante de la 7ª Compañía de Especialistas que el 18 de agosto de 1962 se habían iniciado por personal de la empresa constructora ARCO S.A. de La Línea de la Concepción, las obras de reparación de la “alambrada española”. Sin embargo, a ésta, tal y como se verá próximamente, ya no le quedarían muchos años de vida.