LOS ORÍGENES DE LA BENEMÉRITA EN JEREZ DE LA FRONTERA (1845).

CLXXV ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL EN JEREZ DE LA FRONTERA (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE JEREZ", el 26 de octubre de 2020, pág. 19.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

El pasado 13 de octubre se inauguró en la ciudad una glorieta y un monumento dedicados al benemérito Instituto de la Guardia Civil. La plaza está situada en la confluencia del Paseo de las Delicias, donde se ubica la actual casa-cuartel, las calles Cartuja y Ronda de los Alunados así como la Avenida de Medina Sidonia.

De esta forma el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con su alcaldesa al frente, acompañada de los diferentes representantes del consistorio y numerosos vecinos, rindió homenaje a un Cuerpo que lleva 175 años ininterrumpidamente asentado en la ciudad, contribuyendo a velar por el orden y la ley en su municipio.

Los orígenes de la presencia física de la Guardia Civil en Jerez de la Frontera se remontan al inicio de 1845. Desde que por real decreto de 2 de noviembre de 1840 se había abolido el único cuerpo policial de carácter estatal que entonces existía, creado por el régimen absolutista de Fernando VII, España carecía de una institución de seguridad pública que velara por el orden y la ley, dentro y fuera de las poblaciones.

Recaída temporal y principalmente dicha responsabilidad en el Ejército, fue creado por fin, y tras muchos avatares, mediante real decreto de 26 de enero de 1844, el Ramo de Protección y Seguridad en el seno del Ministerio de la Gobernación de la Península. En dicho texto se encomendaba a su titular que propusiera,“con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil”. 

Y así lo hizo, creándose por real decreto de 28 de marzo siguiente el Cuerpo de Guardias Civiles, en cuya exposición textualmente decía: “El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin prejuicios”.

Comisionado por real orden de 15 de abril siguiente el mariscal de campo y II duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Ezpeleta, como director de organización del nuevo cuerpo policial, emitió tan sólo cinco días después, un detallado informe en el que detalló minuciosamente sus enmiendas y reparos para mejorar y fortalecerlo.

Fue tan convincente en su exposición y motivación que se le autorizó a redactar una nueva propuesta que terminaría dando lugar al real decreto fundacional de 13 de mayo siguiente, por el que se desechódefinitivamente el propósito inicial de que el nuevo cuerpo fuera una fuerza civil bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación. 

Conforme al nuevo texto la Guardia Civil vió refrendada firmemente y con acertada visión de futuro su naturaleza militar, quedando sujeta, según se disponía en su artículo 1º, al “Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento”.

Tras el correspondiente periodo de organización, reclutamiento, encuadramiento y adiestramiento, se procedió por real orden circular de 25 de noviembre siguiente a la distribución territorial de los primeros guardias civiles, “para que marche a cada Provincia la fuerza que en aquella le está asignada”. 

A la de Cádiz le fue confiada una compañía de infantería, bajo el mando del primer capitán José María Cisneros de Lanuza, compuesta a su vez por cuatro secciones, si bien antes de iniciar su despliegue se sustituyó una de estas por otra de caballería al objeto de que prestase su servicio en el Campo de Gibraltar. 

Aquellos primeros guardias civiles llegaron a la provincia, junto a sus familias, a finales de diciembre siguiente. El 8 de enero de 1845, Manuel Lassala Solera, jefe político de la provincia (figura antecesora del gobernador civil y similar del actual subdelegado del gobierno), dirigió un escrito a los alcaldes de las poblaciones en las que se iban a instalar las primeras casas-cuarteles del benemérito Instituto. 

Dicho texto, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzaba diciendo lo siguiente: “Habiendo llegado a esta ciudad parte de la Guardia Civil de infantería destinada a esta provincia, sale en el día de mañana a desempeñar su importante servicio según y en el modo que al pie se indica. La Guardia Civil es el brazo de protección y seguridad que el Gobierno ofrece al hombre honrado, y lo es de persecución y de temor para el delincuente y de mal vivir. El esmero con que se ha atendido al personal del Cuerpo, y los servicios que ya ha prestado en algunas provincias, aseguran llenará cumplidamente la intención paternal que S.M. se ha propuesto al dignarse mandar su creación en beneficio de la pública seguridad.”

Seguidamente encargaba a los alcaldes afectados que proporcionaran por cuantos medios estuvieran a su alcance, los auxilios que aquellos guardias civiles necesitasen, recordándoles que debían proporcionar las oportunas casas-cuarteles en las que vivir con sus familias, conforme establecía la normativa fundacional.

Finalmente se detallaba el despliegue territorial inicial de las tres secciones de infantería. La 1ª Sección se establecía en Cádiz, prestando su servicio en la capital y extendiendo su acción hasta la ciudad de San Fernando. La 2ª Sección se ubicaba en Jerez de la Frontera, responsabilizándose principalmente de la seguridad del “camino principal” que se dirige a Sevilla. También debía recorrer constantemente los caminos hacia los términos municipales de Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y demás direcciones que se considerasen convenientes, poniéndose en comunicación con la 1ª y 3ª secciones limítrofes. Ésta última se instalaría en Medina Sidonia, vigilando especialmente los pinares de Chiclana de la Frontera, y extendiéndose hacia Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. 

La plantilla de cada sección estaba compuesta por el oficial comandante de la misma, un sargento, un cabo primero, otro segundo y 30 guardias civiles. El jefe de la correspondiente a Jerez de la Frontera era el segundo capitán Juan García que pronto alcanzaría gran prestigio como consecuencia de su “incansable actividad” en un relevante servicio.

Concretamente se trató, según crónica relatada por el periódico gaditano “El Comercio”, en su edición correspondiente al 6 de abril de 1845, de la detención por la Guardia Civil jerezana de un peligroso criminal llamado Juan de Dios Regife, alias “Piano”. 

Éste era el presunto autor de un atroz asesinato que se había perpetrado el año anterior en la ciudad. La víctima había sido un joven perteneciente a una de las más antiguas y distinguidas familias de la nobleza jerezana. Se llamaba Antonio Zurita y era sobrino e inmediato sucesor del marqués de Campo Real, cuya casa-palacio estaba considerada como una de las mejores de la localidad.

Aquellos serían los inicios de la historia del benemérito Instituto de la Guardia Civil en el municipio de Jerez de la Frontera y cuyo relato daría para un voluminoso libro.

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXVIII). EL CRIMEN DE LA ALCAIDESA (1913).

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 26 de octubre de 2020, pág. 17.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

  

En el Anuario Militar de España (1913) se consignaba que la misión de la Guardia Civil, en tiempo de paz, “es velar por el mantenimiento del orden, la seguridad de los caminos y los campos, y el resguardo de los arbitrios, perseguir a los malhechores y prestar auxilio al que lo necesite”.

En cuanto a organización dependía del Ministerio de la Guerra y en lo que se refería a su servicio, de los de Gobernación y Fomento. Se hallaba distribuida en el territorio de la Península, Baleares, Canarias y posesiones españolas del norte de África, en 2.500 puestos agrupados en 481 líneas que formaban 155 compañías y 2 secciones sueltas de infantería, 22 escuadrones y 3 secciones sueltas de caballería, constituyendo 56 comandancias, 54 de las cuales formaban 22 tercios y 2 comandancias independientes. La fuerza total de clases y tropa era de 19.844 efectivos (17.661 de infantería y 2.183 de caballería), disponiéndose de 1.924 caballos para prestar servicio.

El 18º Tercio, que continuaba comprendiendo las Comandancias de Cádiz y Huelva, seguía manteniendo su cabecera en la capital gaditana. Su responsable al inicio de 1913 era el coronel Jacobo Fenech Cordonié. Había sido destinado en abril del año anterior, tras su ascenso procedente de la Comandancia de Córdoba. No obstante, en junio de 1913 sería destinado como subinspector del 4º Tercio (Sevilla), mientras que al de Cádiz iría el también recién ascendido Julio Pastor de la Rosa, jefe de la Comandancia de Valencia. 

Al frente de la Comandancia de Cádiz estaba desde finales de enero el teniente coronel Casimiro Acosta Custardoy, procedente del mando de La Coruña. Sustituyó al de igual empleo, Cándido Fulloz Nocedal, fallecido en la capital gaditana el último día de 1912, por enfermedad contraida anteriormente en campaña. 

A principios de 1913 la Comandancia de Cádiz proseguía con las cabeceras de sus tres compañías de infantería en San Fernando, Algeciras y Villamartín, mientras que la del escuadrón de caballería continuaba en Jerez de la Frontera. Además de ello en Ceuta existía otra unidad dependiente de Cádiz.

Al mando de la Compañía de Algeciras estaba el capitán Ramón Aceituno Rocamonde, si bien a principios de septiembre pasaría destinado a Cádiz como auxiliar de mayoría del 18º Tercio. En su lugar iría destinado el de igual empleo, Cayetano Corbellini Frigerio, que hasta entonces venía ocupando precisamente la vacante que asumiría Aceituno. 

Las tres líneas (secciones) de dicha compañía, que continuaba manteniendo por demarcación territorial el Campo de Gibraltar, se mantenían en Tarifa, Jimena de la Frontera y La Línea de la Concepción, siendo el puesto de San Roque uno de los dependientes de esta última.

Entre los servicios más destacados que practicaron los componentes de dicho puesto en 1913 sobresalió la detención de los autores de un brutal asesinato que causó gran consternación en el Campo de Gibraltar y del que se hizo amplio eco la prensa nacional.

Si ya el crimen relatado en el capítulo anterior, perpetrado el 16 de febrero de 1906 en la vivienda de Dolores Linares de Bernardo, donde resultó muerta su criada, había tenido un notable impacto en la opinión pública, mucho más lo tuvo el cometido siete años después. De hecho, el suceso daría incluso lugar a la publicación en 2009, de una novela del sanroqueño José María Álvarez Cruz, titulada “El crimen de La Alcaidesa”.

Por cierto, significar que gracias al investigador local Juan Antonio García Rojas, se conoce ya la identidad de la desdichada víctima de 1906 que no fue entonces difundida por la prensa. Registrada en el libro de defunciones de la Parroquia de Santa María la Coronada de San Roque, resultó ser Francisca Tirado Ruiz, de 64 años de edad, soltera, natural y vecina de dicha localidad.

La víctima del crimen de 1913, acaecido el 9 de junio en la dehesa “La Alcaidesa”, fue el joven José Borrego Saborido. La Sociedad de Obreros Panaderos, gremio al que pertenecía, le dedicó por suscripción popular una lápida que durante casi un siglo estuvo colocada en su nicho. Sobre la polémica que suscitó su sustitución, el cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón, publicó el 25 de agosto de 2013, en EUROPA SUR, un contundente artículo. Si bien no ha sido todavía repuesta al menos, gracias a su actuación, se conserva intacta en espera de mejor ocasión.

Respecto al asesinato de Borrego, el 27 de julio siguiente la prensa difundió la detención de los presuntos autores por la Guardia Civil del puesto de San Roque. Se trataban de Juan Morales Carranza y su hijo José Morales Quirós, guardas de campo de la mentada finca. Sin embargo, a pesar de las numerosas gestiones realizadas no se consiguió localizar el cadaver, negándose los sospechosos a confesar donde habían ocultado el cuerpo. 

El diario ABC publicaría el 21 de agosto, una fotografía de un buzo con su escafranda reconociendo una charca de la zona, bajo la atenta vigilancia de una pareja de guardias civiles. La prensa de la época se referiría al suceso en repetidas ocasiones.

Los restos de la victima terminaron siendo encontrados nueve meses después, ya que habían sido trasladados a dos kilómetros del lugar del crimen y ocultos entre la frondosa maleza. 

Según relató el diario madrileño “La Correspondencia de España”, en su edición del 24 de marzo de 1914, una patrulla de la sección de caballería del Cuerpo de Carabineros del Reino, ubicada en San Roque, formada por el cabo Manuel Martínez Pareja y los carabineros Manuel Benítez Cabrera y un tal Ortega, se encontraban siguiendo el rastro de unos bultos de tabaco de contrabando procedentes de la colonia británica, cuando localizaron casualmente los restos. 

La cabeza estaba separada un metro del cuerpo. Junto al mismo había una escopeta cargada, una bolsa de municiones y una  hoz del infortunado. Al parecer la víctima fue sorprendida cuando intentaba cazar furtivamente unas tórtolas para un hermano enfermo.

Su hallazgo confirmaba la declaración que en su momento había prestado la testigo ocular Simona Bailén Rina, de 13 años de edad, a la que los autores y su entorno habían pretendido desacreditar haciéndola pasar por loca.

El juez de San Roque acompañado de la Guardia Civil procedió a su levantamiento de los restos. Cuando se regresó de la reconstrucción del hecho con los sospechosos, numerosos vecinos congregados ante el juzgado, intentaron lincharlos, siéndoles impedido por los componentes del puesto, teniendo que despejar la calle, “porque la excitación era grande”.

El acto del sepelio constituyó una gran manifestación de duelo popular, “en la que tomó parte todo el vecindario”, bajo la atenta vigilancia de la Guardia Civil. Al frente de la comitiva estuvo el alcalde Francisco Montero de Sola con la guardia municipal.

La mentada sociedad de panaderos costeó los gastos del entierro así como “un soberbio ataud blanco y una magnífica corona, llevando otras de amigos y distintas personas”.

La crónica finalizaba relatando que a continuación se celebró el sepelio de una joven llamada María Reule Méndez que falleció repentinamente al presenciar desde la ventana de su vivienda, impresionada, el intento de linchamiento.

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXVII). LOS SERVICIOS MÁS DESTACADOS (1906-1912).

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 19 de octubre de 2020, pág. 10.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

El 16 de febrero de 1906 acaeció un crimen en San Roque que conmocionó no sólo a la ciudad sino a todo el Campo de Gibraltar. Los detalles del suceso fueron incluso publicados en diarios de la época editados más allá de los límites provinciales.

Así, por ejemplo, tal y como relataba cuatro días después el periódico granadino “La Publicidad”, que se definía a sí mismo como “Diario de Avisos, Noticias y Telegramas”, el crimen había sucedido en una calle muy concurrida de la ciudad. Concretamente se trataba del número 6 de la calle San Felipe.

Era la vivienda de Dolores Linares de Bernardo, “una respetable anciana de ochenta y ocho años, bien acomodada, y que goza de generales simpatías”. Según la crónica, al anochecer varios individuos que fingieron ser pordioseros, penetraron en el inmueble, maniataron a la criada, “persona de edad también”, y le introdujeron un pañuelo en la boca, lo cual le provocó su asfixia y consiguiente muerte.

Al intentar atar a la dueña, y seguramente viendo lo sucedido con su asistenta, aquella “se defendió valientemente a mordiscos, consiguiendo herir a uno de los criminales”. Ante tan inesperada resistencia y el fallecimiento provocado no previsto, los asaltantes optaron por darse a la fuga.

Avisada la Guardia Civil se presentó inmediatamente en el lugar fuerza del puesto de la localidad. Tras registrar entera la casa por si había quedado oculto alguno de los malhechores, inició sus activas gestiones cuyo resultado terminó siendo la captura de aquellos.

El trágico suceso fue muy comentado en todo San Roque, significándose que una hermana de Dolores, llamada Josefa y que tenía casa en el número 15 de la calle General Lacy, era viuda de Juan Shakery Rusciano. Por lo tanto era cuñada del brigadier de la Guardia Civil Miguel Guzmán Cumplido, fallecido en 1895 y a cuya impresionante trayectoria se dedicaron capítulos anteriores. 

Nuevamente “La Publicidad” informó de más detalles en su edición de 22 de febrero. Los detenidos por dicho crimen eran tres varones y una mujer, habiendo confesado todos ellos su participación en los hechos.

El Boletín Oficial de la Guardia Civil correspondiente al 24 de abril siguiente publicó la felicitación a la fuerza actuante del director general del Cuerpo, teniente general Joaquín Sánchez Gómez, “con anotación en los respectivos historiales, por el celo y actividad que desplegaron en la práctica de dicho servicio.”

Se trataba del teniente Arturo Blanco Horrillo, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, del cual seguía dependiendo el puesto de San Roque así como los siguientes integrantes del mismo: cabo José Salvo Viera, guardia 1º Antonio Armario y guardias 2º Enrique Gálvez, José Romero, Francisco Mocus y Lucas Vázquez.

Entre los servicios destacados y felicitados no podian faltar también los de carácter benemérito, siendo buen ejemplo de ello el publicado el 8 de abril de 1907 en el boletín oficial. El mentado cabo Salvo y los guardias 2º José Gil Galán, Antonio Sánchez Franco, Francisco Macías Moscoso, Jesús Fanegas Rubio y José del Río Román, “prestaron eficaces auxilios a los vecinos de dicha ciudad, con motivo del desbordamiento del río Guadarranque, salvando de una muerte segura a Manuela Barranco”.

No sería un hecho excepcional ya que el boletín correspondiente al 8 de junio de 1908 publicaría otra felicitación similar del director general. En esta ocasión sería al sargento Francisco Luque Herrera, al guardia 1º Antonio Armario y a los guardias 2º Juan Ruiz, Antonio Sánchez y Sebastián Peláez. Todos ellos prestaron auxilio al vecindario de San Roque con motivo de la inundación ocurrida en la madrugada del 6 de noviembre anterior, por un nuevo desbordamiento del río Guadarranque. 

Aquellos servicios constituían realmente una puesta en valor del artículo 35 de la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845. En él se disponía que en las avenidas de los ríos o cualquier otra calamidad, tenían la obligación de prestar cuantos auxilios estuvieran a su alcance, a aquellos que se vieran envueltos en dichos males.

Un delito bastante habitual de la época que se daba prácticamente en todo el territorio nacional era la sustracción de ganado y San Roque no era una excepción. En el boletín fechado el 8 de febrero de 1909, el director general del benemérito Instituto se daba por enterado con satisfacción del servicio practicado por el sargento Manuel Vázquez Jurado y fuerza a sus órdenes. El motivo de ello fue la detención y puesta “bajo el fallo de la ley”, de tres individuos que habían hurtado cinco reses de ganado de cerda.

Por otra parte, la presencia en la comarca de una colonia británica como era la de Gibraltar daba lugar a la comisión de determinados delitos que no eran habituales en otras zonas de España, salvo lugares fronterizos y puertos con enlaces marítimos extranjeros. En esta ocasión no se trataba de contrabando o de evasión de capitales, sino materia de emigración.

La importantísima demanda de trabajadores que ofrecía a principios del siglo XX el continente americano, constituía un gran oportunidad de prosperar para los europeos. Ello motivó que surgieran numerosas empresas y sus correspondientes agentes que buscaban y captaban emigrantes, siendo nuestro país uno de los principales países emisores.

Se calculaba que anualmente unos 60.000 españoles de ambos sexos marchaban al exterior con tal finalidad. Al objeto de regular dicho derecho y evitar que se cometieran determinados abusos que sucedían, se autorizó al ministro de la Gobernación, por real decreto de 22 de noviembre de 1905, para presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre emigración.

Sin embargo, tal iniciativa no llegó a prosperar, volviendo a elaborarse otro proyecto cuya presentación se autorizó por otro real decreto de 16 de junio de 1907. En su exposición de motivos se afirmaba textualmente que algunas de esas empresas y sus agentes, “para lograrlo no vacilan en emplear toda clase de medios, ofreciendo el pasaje gratuito y describiendo la riqueza de aquellos países en tales términos que facilmente seducen a quien encuentra en la patria dificultades para la subsistencia, formando verdaderas legiones de emigrantes que, hacinados en los buques, parten sin protección alguna del Estado, sin garantía del cumplimiento de los contratos e ignorando las condiciones en que el viaje ha de hacerse”.

Aprobada finalmente el 21 de diciembre siguiente la Ley de Emigración, se prohibió “toda clase de propaganda por medio de agentes que tiendan a fomentar la emigración convirtiéndola en una verdadera trata”.

Pues uno de dichos agentes de emigración sería descubierto y detenido, después de activas gestiones, por el cabo Antonio Gutiérrez Gil y el guardia 1º Antonio Camacho López del puesto de San Roque. Fue puesto a disposición de la autoridad competente, “con el dinero y los documentos que llevaba”, tal y como se publicaba en el boletín oficial del 8 de septiembre de 1912.

El director general del Cuerpo, teniente general Ángel Aznar Butigieg, dispuso que se anotara en sus hojas de hechos la correspondiente felicitación por “el celo y actividad “ que habían desplegado para culminar con éxito tan meritorio servicio. 

 

 

 

LA BENEMÉRITA EN LAS INUNDACIONES DE CHICLANA DE LA FRONTERA (1965).

LV ANIVERSARIO INUNDACIONES EN CHICLANA DE LA FRONTERA (1965-2020).

 

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ", el 18 de octubre de 2020, pág. 38.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

Durante toda la madrugada del 18 al 19 de octubre de 1965 no dejó de llover en el municipio de Chiclana de la Frontera ni un solo instante y con tal intensidad que no presagiaba nada bueno. Sin embargo, nadie podía entonces siquiera intuir la magnitud de la catástrofe que se avecinaba.

 

Las parejas del puesto de la Guardia Civil que prestaron servicio aquella noche regresaron completamente empapadas. La casa-cuartel ocupaba entonces, desde 1911, un inmueble alquilado sito en el número 10 de la calle Rivero, actualmente denominada Arroyuelo.

 

A las seis de la mañana salieron las parejas que les relevaron sin sospechar lo que les esperaba. El diluvio siguió sin cesar un minuto y cuando despuntaba la luz de aquel grisáceo día ya estaban mojados hasta los huesos.

 

En el resto del término municipal había dos casas-cuarteles más en uso. Sus parejas de servicio también se calaron por completo. Se trataban de las existentes en Sancti-Petri, conocida por “El Molino” y en La Barrosa, junto a la Torre del Puerco. Ambas eran heredadas del antiguo Cuerpo de Carabineros que la Guardia Civil había absorbido en 1940. Igual origen había tenido otro acuartelamiento, sito en el número 5 de la antigua calle Fossi, arrendado desde 1922, si bien en 1965 hacía ya tiempo que se había resuelto su contrato.

 

También existía una pequeña edificación que era conocida como “Caseta Vieja” o “Casa de la Aguada”, ubicada en la playa de La Barrosa. 

 

Eran tiempos en los cuales la Benemérita no disponía apenas de vehículos para prestar servicio, practicándose en la mayor parte a pie o a caballo.

 

La Comandancia de Cádiz estaba entonces mandada por el teniente coronel Rafael Serrano Valls y el segundo jefe era el comandante Ramón Rodríguez-Medel Carmona, estando su acuartelamiento ubicado en la Avenida de San Severiano núm. 10 de la capital.

 

El despliegue territorial era potente y contaba con once compañías destacadas por toda la provincia, excepto Campo de Gibraltar que correspondía a la Comandancia de Algeciras. 

 

Dichas compañías, con sus respectivos capitanes al frente, tenían establecidas sus cabeceras en la capital (una para el puerto y otra para la vigilancia de la costa del municipio), San Fernando, Medina-Sidonia, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Villamartin, Ubrique, Barbate y Chiclana de la Frontera.

 

Esta última era la 8ª de la entonces denominada 237ª Comandancia, perteneciente al 37º Tercio cuya jefatura estaba en Málaga. El jefe de dicha compañía era el capitán Pedro del Pozo Pineda, quien había sido destinado a Chiclana apenas tres meses antes, sustituyendo al de igual empleo Ramón Mata Llaves. Como jefe de su plana mayor estaba el subteniente José Pérez Sánchez.

 

El jefe de la Línea de Chiclana era el teniente Guillermo Durán Sáenz que también se había incorporado recientemente, procedente del mando de la Línea de Alcalá de los Gazules, en sustitución del de igual empleo Manuel Calle Arcal.

 

El comandante del Puesto de Chiclana era el sargento Fidencio Benavides Alva quien poco después sería sustituido por el de igual empleo Manuel Benítez Reina. El resto de miembros del Cuerpo destinados en la casa-cuartel de la calle Rivero eran los cabos 1º Alfonso Quintero Moguel y Juan Sánchez Márquez; los cabos José Gracia Nieto y Antonio Millán Mesa; los guardias 1º José Cordoneda Muñoz, Luis Pantoja Martínez y Manuel Pérez Contreras; y los guardias 2º Gonzalo Álvarez Hurtado, Manuel Cecilia Lozano, Francisco Correa Díaz, Juan Flores Caraballo, José Fernández Salazar, Cirilo Jiménez López, José López Martin, Francisco Martín López, Antonio Muñoz Muñoz, Juan Navarro Caravaca, Antonio Pérez Ocaña, Blas Romero García, Francisco Romero Santos, Francisco Rosado Parada, Eduardo de la Torre Prieto y José Fuentes Sánchez. 

 

Pasadas las once de la mañana de aquel frío 19 de octubre, que no había dejado de diluviar, el río Iro vio desbordado su cauce anegando barriadas enteras e inundando sus calles, llegando en muchos sitios a superar ampliamente los dos metros de altura.

 

Más de un millar de inmuebles se vieron gravemente afectados, incluida la casa-cuartel, perdiéndose o deteriorándose innumerable cantidad de efectos y propiedades. Algunos edificios quedaron en estado ruinoso como fue el caso del Teatro García Gutiérrez. 

 

Unos dos millares de familias tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas y muchas de ellas tuvieron en grave riesgo su vida, siendo milagroso que ninguna la perdiera. Factor decisivo fue que el incontenible desbordamiento sucedió a plena luz del día pues si hubiera sido de madrugada hubiese resultado una auténtica tragedia.

 

Inmediatamente se activaron todos los auxilios posibles y la Armada, con sus helicópteros desde la base de Rota y barcazas de Infantería de Marina desde San Fernando, junto al Ejército con sus camiones desde Cádiz, e incluso la Policía Armada desde la capital, acudieron prestos al rescate.

 

Pero entre los primeros que comenzaron a salvar vidas, porque estaban allí, con ayuda de voluntarios y guardias municipales, fueron los guardias civiles, que como miembros de la Benemérita pusieron una vez más en valor los postulados de la “Cartilla”, redactada por su fundador, el duque de Ahumada y aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845. 

 

Así, su artículo 6º establecía que el guardia civil procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y que el que viera a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo creyese salvado. Su artículo 35º disponía que en las avenidas de los ríos o cualquier otra calamidad, tenía la obligación de prestar cuantos auxilios estuvieran a su alcance, a aquellos que se vieran envueltos en dichos males.

 

Los chiclaneros que padecieron y sufrieron aquella catástrofe han dejado su testimonio sobre aquellos guardias civiles que se arrojaron al agua para salvar vidas, los rescataron de sus viviendas inundadas a las que llegaban remando en pequeños y frágiles botes de madera cuando no estaban achicando el agua que entraba en los mismos.

 

El “Diario de Hechos” de la 237ª Comandancia de Cádiz resume con sobriedad militar aquella larga y dura jornada: “En Chiclana, a causa de las continuas tormentas se desborda el río Iro, con tal fuerza que asola lo que a su paso encuentra. Día y noche las fuerzas de la Guardia Civil trabajan para salvar haciendas y vidas, en alarde de heroísmo sin límites. El Alcalde (Tomás Collantes Ceballos) de la ciudad devastada dio las gracias públicamente a la fuerza actuante. Al día siguiente fuerzas del Puesto de Chiclana detuvieron con notable pericia al autor de un robo de 5.500 pesetas”.

 

Con esto último los guardias civiles daban cumplimiento también a la última frase del mentado artículo 35, ya que siempre debían velar por la propiedad y seguridad de todos. Lamentablemente cuando acaecen catástrofes siempre hay gente de mal vivir dispuesta a hacer de las suyas.

 

Por último, mencionar también a los guardias civiles del Subsector de Tráfico de Cádiz, mandado por el teniente Damián Ruiz Gallardo, que con sus motocicletas acudieron a auxiliar a los conductores que quedaron atrapados en sus vehículos al quedar cortada por la inundación la carretera nacional que atravesaba Chiclana entre Cádiz y Algeciras.

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXVI). LOS SERVICIOS MÁS DESTACADOS (1898-1906).

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 12 de octubre de 2020, pág. 10.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

Como consecuencia del aumento de plantilla de la Guardia Civil consignado en el presupuesto del Ministerio de la Guerra en el año económico 1898-99, y conforme con lo propuesto el 20 de junio de 1898 por el director general del benemérito Instituto, teniente general Romualdo Palacio González, se aprobó por real orden de 1º de julio siguiente, el nuevo cuadro orgánico para los tercios, comandancias, centros y dependencias en la Península, islas Baleares y Canarias más posesiones del Norte de África.

Ello propició la creación de dos nuevos Tercios en la Península, con los números 17º y 18º, al incrementarse el catálogo de clases y tropa del Cuerpo en 3.461 hombres más, alcanzando por lo tanto un total de 18.140 efectivos en dichas categorías. Se trató de un aumento considerable y muy necesario si bien transcurrió cierto tiempo hasta que se pudo cubrir la totalidad de las nuevas vacantes.

Pudieron crearse nuevos puestos que reiteradamente se habían solicitado, consiguiéndose que a finales de 1899 la cifra total fuera de 2.442 diseminados por toda la geografía nacional. También se pudo completar la fuerza mínima reglamentaria en los 648 puestos que carecían hasta entonces de ella.

Dicha ampliación de Tercios motivó que los de Ultramar, a los que les quedaba ya poco tiempo como consecuencia del “Desastre” que estaba aconteciendo, pasaran a tomar como nueva numeración de 19º, 20º y 21º en el caso de los de Cuba, 22º el de Puerto Rico, y 23º, 24º y 25º los de Filipinas. 

Uno de los dos nuevos Tercios creados, el 18º, constituido por las Comandancias de Cádiz y de Huelva, estableció por primera vez su cabecera en la capital gaditana. Fue nombrado para su mando el recién ascendido coronel José Gay González, cuyo destino anterior había sido precisamente la Comandancia de Cádiz. Hasta entonces y desde la fundación de la Guardia Civil en 1844 la provincia gaditana había dependido siempre del Tercio que tenía su residencia en la capital hispalense.

Significar también que dicho incremento de plantilla posibilitó crear por fin una sección fija en la plaza de Ceuta que pasaría a quedar encuadrada en la Comandancia de Cádiz, similar a la ya existente en Melilla que dependía de la Comandancia de Málaga.

La Comandancia gaditana continuó estando constituida por tres compañías de infantería y un escuadrón de caballería, si bien reforzada por 52 efectivos más por lo que quedó finalmente integrada por un total de 446 hombres: 2 jefes (1 teniente coronel y 1 comandante), 17 oficiales (5 capitanes, 8 primeros tenientes y 4 segundos tenientes), 355 de infantería (13 sargentos, 44 cabos, 6 cornetas, 30 guardias 1º y 262 guardias 2º) y 72 de caballería (4 sargentos, 10 cabos, 4 trompetas, 5 guardias 1º y 49 guardias 2º). Además de ello la sección de Ceuta estaba formada por 36 hombres más de infantería (1 primer teniente, 1 sargento, 2 cabos, 2 guardias 1º y 30 guardias 2º).

La creación del nuevo Tercio gaditano conllevó a su vez la modificación de la numeración de las compañías, pasando en el caso del Campo de Gibraltar la 9ª Compañía, con cabecera en Algeciras, del antiguo 4º Tercio de Sevilla a ser la 2ª Compañía de Algeciras del nuevo 18º Tercio de Cádiz. 

Si bien se mantuvieron las residencias del mando de las tres compañías en San Fernando, Algeciras y Villamartin, algunas de sus líneas cambiaron de localidad. En el Campo de Gibraltar sólo cambió la de Alcalá de los Gazules, cuyo oficial se trasladó a Jimena de la Frontera, manteniéndose las de Tarifa y La Línea de la Concepción, de la que dependía entre otros el puesto de San Roque. 

Éste, tal y como se relató en el capítulo anterior, finalizó el año 1898 estableciéndose en una nueva casa-cuartel sita en el número 14 de la calle Herrería. Su contrato había sido suscrito el 17 de noviembre de dicho año por el nuevo jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Manuel de la Barrera-Caro Fernández, un brillante oficial que se había distinguido sobresalientemente en las campañas de Cuba.

Iniciado ya el siglo XX la Guardia Civil del puesto de San Roque continuó practicando innumerables servicios de carácter policial y benemérito. Algunos de los más destacados continuarían siendo recogidos y difundidos en el boletín oficial del Cuerpo.

Así en 1904, siendo jefe de la Comandancia de Cádiz el teniente coronel Manuel Díaz-Pinés Rubio, se publicó en el número correspondiente al 1º de julio de dicho año un brillante servicio protagonizado por el cabo José Salvo Viera, comandante del puesto de San Roque, y el guardia 2º Antonio Ortega Morales. Ambos detuvieron a dos individuos como supuestos autores de un robo de tres fusiles máuser verificado en el taller de la armería del Batallón de Cazadores Tarifa núm. 5, de guarnición en San Roque. 

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del teniente coronel de Infantería Juan Serrano Altamira, jefe de dicha unidad militar. El director general de la Guardia Civil, teniente general Vicente Martitegui Pérez de Santamaría, “enterado con satisfacción de este servicio”, dispuso que “se anote en las hojas de vida y costumbres respectivas de la clase y guardia citados, por el celo y actividad que demostraron en la práctica del mismo”.

Justo un año más tarde, 1º de julio de 1905, se publicaba en el boletín oficial del Cuerpo otro relevante servicio tras la comisión de un robo perpetrado a mano armada siendo las víctimas dos oficiales del ejército británico de la guarnición de la colonia de Gibraltar. El suceso había acaecido el mes de marzo anterior en “los llanos del Campamento”, pertenecientes al término municipal de San Roque.

Dos individuos les sustrajeron 8 chelines y varias alhajas, parte de las cuales pudieron ser recuperadas gracias a la actuación de la Guardia Civil. En esta ocasión la fuerza actuante pertenecía al puesto de La Línea de la Concepción, tratándose del sargento José Ojeda Romero y del cabo Pedro Eslava Luna que detuvieron a uno de los autores. El otro sería capturado el 17 de noviembre siguiente y entregado al juzgado de instrucción de San Roque por el teniente Arturo Blanco Horrillo, junto a los ya citados y los guardias Manuel Mata Nieto y Manuel Elías Gómez. En el boletín de 16 de febrero de 1906 se publicaría la felicitación del director general, anotándose en sus hojas de servicio.

Tal y como había publicado en 1899 el periodista Lutzargo López Zaragoza, director del periódico linense “El Sino”, en su obra “Guía de Gibraltar y su Campo”, la barriada de Campamento de Benalife era la zona residencial que contaba con los mejores edificios del municipio de San Roque. Allí tenían vivienda distinguidas familias británicas procedentes de la colonia de Gibraltar. Bien podría afirmarse que Campamento era el Sotogrande de finales del siglo XIX y principios del XX. Siempre ha sido sobradamente conocido, gracias a la nunca correspondida generosidad de las autoridades españolas, que los habitantes más pudientes del otro lado de la Verja han tenido verdadera debilidad por residir fuera de los reducidos confines de su colonia.