CLXXV Aniversario de la “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).
Por real orden de 31 de diciembre de 1898, dimanante del Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Trinitario Ruiz Capdepón, se había aprobado el contrato de alquiler de una nueva casa-cuartel de la Guardia Civil en San Roque, sita en el núm. 14 de la Calle Herrería. Se ponía así fin a la que se venía rentando desde 1886 en el número 10 de la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Armas, tal y como se relató en un capítulo anterior.
El nuevo acuartelamiento tenía mayor capacidad de alojamiento y se encontraba en mejores condiciones que el que se acababa de dejar, pero apenas transcurrida casi una década la situación era ya insostenible. El problema era el habitual en los edificios que se alquilaban para su uso por el benemérito Instituto. Inicialmente se cumplía por el propietario lo acordado en el contrato sobre el mantenimiento del inmueble, pero transcurridos unos años la falta de inversión adecuada para atender las reparaciones que se iban necesitando, terminaban provocando su deterioro hasta el punto que hacer imposible su habitabilidad. Los perjudicados de ello siempre eran los guardias civiles y sus familias.
Al inicio de 1908 el estado del edificio era tal que el 14 de abril se ordenó por el teniente coronel Eduardo González de Escandón García, jefe de la Comandancia de Cádiz, instruir el correspondiente expediente de acuartelamiento para buscar nuevo inmueble donde alojar la fuerza del puesto de San Roque.
Lo primero que hizo el instructor fue celebrar concurso de propietarios en la localidad por si alguno quería ofertar una casa que pudiera habilitarse como acuartelamiento. Sin embargo, el 23 de julio siguiente quedó desierto.
Entonces el instructor procedió a practicar activas gestiones para intentar que el Ayuntamiento de San Roque o el dueño del edificio, efectuasen las obras necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del mismo.
Así, el 5 de agosto siguiente solicitó al alcalde Manuel Rodríguez López, documento de consignación para contratar nuevo local o sufragar los gastos de las obras necesarias para poner en condiciones de habitabilidad el que se venía ocupando. El día 21 se contestó que la corporación municipal no podía acceder a ello por carecer de consignación presupuestaria.
A la vista de ello el instructor ofició seguidamente en idéntico sentido al entonces propietario del edificio, Francisco Emilio Rendón Delgado, antiguo alcalde de San Roque. Dichos requerimientos dieron resultado positivo, comprometiéndose finalmente a realizar por su cuenta las obras necesarias. Manifestó incluso estar dispuesto a ceder otro edificio de su propiedad, contiguo al que se venía ocupando.
Efectuadas las obras pertinentes en ambos edificios quedó finalmente la casa-cuartel “en condiciones de capacidad e higiene.” El 3 de marzo de 1909, el director general de la Guardia Civil, teniente general Joaquín Sánchez Gómez, dio su aprobación, significando que el referido propietario no había exigido al Estado mayor consignación que las 35 pesetas que mensualmente venía percibiendo, además de otras 55 que sufragaba el consistorio municipal.
El 21 de diciembre de 1910 el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Fernando Merino Villarino, comunicó al entonces director general de la Guardia Civil, teniente general Vicente Martitegui Pérez de Santa María, que el propietario del edificio había elevado una instancia solicitando el aumento de la renta mensual de la parte correspondiente al Estado en 30 pesetas más. Éste pasaría así a abonar un total de 65 por su parte y el ayuntamiento continuara con sus 55, por lo que la nueva renta una renta mensual ascendería a 120 pesetas.
Recabado una semana después el oportuno informe, el teniente coronel González de Escandón, esta vez como subinspector accidental del 18º Tercio con cabecera en Cádiz, concluyó el 4 de enero de 1911 que era ya más que suficiente las 35 pesetas mensuales que se venían abonando por el Estado.
Como el propietario no quedó conforme, aprovechó el relevo del ministro por Demetrio Alonso Castrillo y volvió a insistir en su reclamación económica. Así, el 16 de mayo siguiente, el subsecretario de la Gobernación remitió la nueva instancia al director general de la Guardia Civil, peticionándole nuevo informe.
El 10 de junio, el jefe de la Comandancia de Cádiz, nuevamente como subinspector accidental del mentado 18º Tercio, volvió a emitir su parecer, aportando más información al respecto.
Reconocía que era cierto tanto las obras realizadas como el añadido de la casa contigua, pero aclaraba que el propietario no lo había hecho de propia iniciativa, “sino obligado por la formación de un expediente que se terminó en Febrero de 1909, efecto de las malas condiciones que entonces se hallaba el edificio, haberse presentado otra proposición que hubiera sido aceptada de no considerarse de justicia dar la preferencia al solicitante, por los muchos años que se llevaba ocupando su casa y haberse comprometido en aquel entonces a no percibir más alquiler que el que actualmente se le satisfacía”.
Dicho informe concluía “que antes de conceder aumento alguno”, debiera instruirse nuevo expediente de acuartelamiento, al objeto de que “se llamase a concurso de propietarios por si se presentara, bien la anteriormente citada, u otra que llenase las debidas condiciones”.
La oferta que se citaba era una carta de Consuelo Martínez Alcoba, recibida el 10 de diciembre de 1908, ofreciendo un edificio de su propiedad sito en el núm. 1 de la calle Francisco Cubino. Dicho inmueble ofrecía buenas condiciones, comprometiéndose la dueña a realizar las obras que fueran necesarias, pero finalmente se decidió continuar con el de la calle Herrería por las razones ya expuestas. Todo ello según informe de 22 de febrero de 1909, elevado entonces por el coronel Luis López Mijares, subinspector del 18º Tercio, al director general del Cuerpo.
Por todo ello, finalmente ni se instruyó nuevo expediente de acuartelamiento ni se incrementó el importe de la referida renta mensual de 35 pesetas abonadas por el Estado. Y así quedó zanjada la cuestión durante casi tres lustros.
El 22 de septiembre de 1923, el coronel Rafael Bernal Pastor, subinspector del 16º Tercio con cabecera en la ciudad de Málaga, dio cuenta al director general de la Guardia Civil, teniente general Juan Zubia Bassecourt, que el propietario del edificio había solicitado nuevamente un incremento de la renta.
En este caso solicitaba que se aumentase en 65 pesetas mensuales más, sobre las 35 que desde 1898 venía abonando el Estado, además de las 55 que continuaba sufragando el Ayuntamiento. Es decir, 1.200 pesetas anuales por cuenta del Estado más las 660 que correspondían a la corporación municipal.
A la vista de ello daba igualmente cuenta de que había ordenado al teniente coronel Antonio Lozano Díaz, jefe de la Comandancia de Cádiz, que se procediera a la instrucción del correspondiente expediente de acuartelamiento. Concluido el mismo, resultaría que hechas por el instructor las gestiones necesarias para conseguir una nueva casa-cuartel en San Roque, no habían dado resultado positivo, quedando desierta la convocatoria pública para propietarios de inmuebles. No se realizó una segunda convocatoria, “por tener seguro el resultado negativo por no haber edificios a propósito”.
(Continuará).
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