LXXXI Aniversario de los Sucesos de Casas Viejas (1933-2014).
El responsable de la matanza de Casas Viejas fue condenado en 1939 por sustraer un coche para viajar con una prostituta. Le impusieron casi dos años de prisión y fue separado del servicio.
Hay individuos que han alterado el rumbo, no sólo de los hechos que ha protagonizado, sino a veces la propia historia. Y uno de ellos, por desgracia para muchos, fue el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigenspan, destinado en enero de 1933 en las Vanguardias de Asalto del Cuerpo de Seguridad.
Sin Rojas no hubiera existido nunca el caso Casas Viejas, tal y como hoy sabemos gracias a los trabajos de muchos historiadores e investigadores, el último de ellos el del periodista Tano Ramos, que mereció el prestigioso Premio Comillas.
Si cualquier otro capitán hubiera estado en Casas Viejas, la historia hubiese sido bien diferente. Ni se hubiese asesinado a una docena de campesinos desarmados, algunos incluso esposados, ni el gobierno de Azaña, incluido el propio presidente, se hubiera visto duramente vapuleado, ni se contribuiría a que los anarquistas se abstuvieran en las elecciones generales de noviembre siguiente, que dieron el triunfo a la derecha.
Tampoco se hubiera manchado el prestigio de un brillante cuerpo como el de Asalto, creado en la Segunda República e integrado en el de Seguridad. Pero ello no pudo empañar la entrega, esfuerzo y sacrificio, incluso de la propia vida en muchas ocasiones, de la que popularmente fue conocida como la Guardia de Asalto, pilar fundamental del orden público en el convulso periodo republicano.
La primera sangre derramada en Casas Viejas fue la de los guardias civiles del puesto que tenía allí el benemérito Instituto y después la que se vertió en el ataque y defensa de la choza de Seisdedos.
Con todo lo que ello conllevó de tragedia, ambos hechos fueron asumidos por el gobierno de la época, pues no eran ni la primera casa-cuartel atacada ni los primeros muertos en enfrentamiento armado contra la fuerza pública.
Pero lo que no pudo asumirse fue la tercera sangre que se vertió, la de los campesinos detenidos y desarmados. Aquello fue un crimen, un atroz asesinato cuyo responsable directo fue el capitán Rojas.
Se trataba de un oficial desleal que no sólo mintió al propio presidente del gobierno sino a toda la cadena de mando de su cuerpo y por supuesto al juez instructor y al tribunal que lo condenó.
La sustanciosa rebaja del Tribunal Supremo, que redujo a la octava parte la condena de 21 años dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, le permitió quedar en libertad poco antes de la guerra civil. Ésta le sorprendería, en situación de disponible gubernativo, en la localidad granadina de Torrenueva.
Tras sucesivos destinos en las milicias de Falange, como jefe del sector de Motril, jefe de la 17ª batería del regimiento de Artillería Ligera número 3 y oficial del Parque Divisionario número 2, fue trasladado en octubre de 1937 al regimiento de Artillería Pesada número 1 para organizar la 8ª batería.
El 15 de febrero siguiente, encontrándose en el frente de Aragón, le fue concedido permiso para Granada, por enfermedad grave y fallecimiento de su madre, Fernanda Feigenspan Sánchez.
En vez de hacerlo por sus propios medios, se desplazó en un vehículo de su unidad, conducido por un chófer y acompañado de un asistente.
Finalizado el entierro, en vez de reincorporarse al frente, como hubiera sido su deber, marchó a Sevilla, donde frecuentó ambientes de mala reputación.
Al pasar en una de sus salidas nocturnas por la calle Canalejas, el 1 de marzo de 1938, vio estacionado cerca del hotel Majestic, un automóvil estadounidense marca Graham-Paige, matrícula CO-5623.
Rojas no se lo pensó dos veces y se bajó del coche que ocupaba y entrando en aquél, trató de ponerlo infructuosamente en marcha, por lo que ordenó a su chófer y a su asistente que lo ataran al suyo para llevárselo remolcado.
Una vez perpetrada la sustracción, marcharon a Triana, donde tras ponerlo en marcha, ordenó a su chófer y a su asistente que regresaran a Zaragoza en su coche, mientras que él, acompañado de una prostituta, lo hizo en el que acababa de expoliar.
Ésta no era la primera vez de la que se tenía constancia de su contacto con "mujeres públicas", pues ya cuando fue conducido desde la prisión militar hasta la Audiencia de Cádiz bajo la escolta del teniente de la Guardia Civil Luis Salas Ríos, le pidió el favor de parar en una venta concreta. El joven oficial así lo hizo y cual no fue su sorpresa cuando al entrar, vio que una "mujer pública" estaba esperando a Rojas.
La triste ironía de la vida haría que el padre del teniente, Joaquín Salas Machacón, teniente coronel retirado de Carabineros y antiguo jefe de la Comandancia de Cádiz, fuera asesinado al inicio de la guerra civil en Setenil por una columna procedente de Málaga, al igual que el guardia civil Juan Gutiérrez López, entre otras personas.
Gutiérrez, que estuvo en lo de Casas Viejas, fue el primero en desenmascarar en su declaración judicial la barbarie de Rojas y además salvó la vida de dos campesinos al ponerlos en libertad cuando los llevaba a la corraleta de Seisdedos.
Respecto al vehículo sustraído, resultó que pertenecía al servicio militar, llevaba un rombo visible con el número 51, y la hoja de circulación número 138, estando asignado al comisario de guerra interventor de transportes militares, Miguel Labra Martínez. Rojas ocultó la matrícula, cambió las hojas de ruta y encubrió su procedencia.
El 3 de marzo se incorporó como si nada en su unidad, pero cuatro días después, fruto de las activas investigaciones realizadas, fue detenido por orden del comandante comisario de guerra de la Segunda Región y trasladado al cuartel de Palafox en Zaragoza.
El día 24 fue trasladado a Sevilla, instruyéndosele por el teniente coronel de la Guardia Civil retirado Jesús Ransanz García, auxiliado por el alférez honorario del cuerpo Jurídico Militar Agustín Iniesta Sánchez, del Juzgado Eventual Militar, la causa 578/1938. Ello no impidió que aún estando en prisión preventiva fuera ascendido a comandante el 18 de marzo de 1939.
Juzgado por consejo de guerra celebrado el 4 de abril siguiente, el tribunal presidido por el general de brigada Ignacio Auñón Chacón y formado como vocales los coroneles de Infantería Joaquín Arcusa Aparicio, antiguo jefe del Regimiento de Infantería de Cádiz, y José María de Solís Ibáñez; de Ingenieros, Agustín Gutiérrez de Tovar Seiglie; de Artillería, Vicente Valera Conti; de Caballería, Félix Monasterio Ituarte; y como fiscal el auditor Francisco Rico Ruiz; fue condenado a la pena de 1 año, 8 meses y 21 días de presidio menor con la accesoria de separación del servicio, como autor de un delito de hurto tipificado en el artículo 505 del Código Penal común.
El 5 de mayo, el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra, como jefe del Ejército del Sur aprobó dicha sentencia, conforme el parecer de su auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina. Todo ello según certificación expedida en Barcelona el 25 de abril de 1945 por el gobernador militar de Barcelona, general de división Joaquín Coll Fúster.
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