Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de octubre de 2021, pág. 11.
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.
El 27 de noviembre de 1938 se había procedido en la población zaragozana de Caspe al relevo por miembros de la Comandancia de Cádiz, de buena parte de los componentes de la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil que llevaban en zona de operaciones desde el 1º de mayo. Ello no afectó al cabo Rodrigo Vázquez Villalobos pues apenas llevaba allí poco más de una semana.
El día 30 del mes siguiente, tras haber estado apenas cuatro jornadas en la localidad tarraconense de Bot, regresaron a Calpe, donde tenían su acantonamiento. Dos semanas después, el 14 de enero, marcharon para la provincia de Tarragona, “acompañando al Cuerpo de Ejército Marroquí para tomar parte en las operaciones sobre Cataluña”, tal y como consta en el diario de operaciones de la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil.
Desde Tortosa participaron sucesivamente durante la semana siguiente en la toma de las poblaciones de Roquetas, Jesús y María, Reguers, Cambrils, Reus, Tarragona capital, Valls y Montblanch. Incluso hicieron una incursión hasta la localidad limítrofe leridana de Vinaixa para regresar a Reus, saliendo para la provincia de Barcelona. Allí entraron en Stiges y en Villanueva y Geltrú.
El día 26 el cabo Vázquez, junto a su compañía, tomó parte en la ocupación de la capital barcelonesa. Junto al estado mayor de la 13ª División, mandada por el coronel de Caballería Fernando Barrón Ortiz, habilitado para ejercer el empleo de general de brigada desde el 9 de abril de 1937, marcharon a San Baudilio de Llobregat. Allí permanecerían hasta el 14 de febrero, procediendo durante los diez días siguientes a prestar “servicio de vigilancia” en la localidad de El Prat de Llobregat.
Finalizadas las operaciones en Cataluña se dispuso que el Cuerpo de Ejército Marroquí, y con él la 13ª División, pasase a incorporarse al Ejército del Sur, mandado por el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra. Consecuente con ello se procedió el 24 de febrero al embarque en tren de toda la compañía con destino a la ciudad pacense de Mérida. Cuatro días después marcharon a Trujillanos y tras tres semanas de descanso salieron de operaciones para el sector cordobés de Peñarroya-Pueblo Nuevo. Allí tomarían parte en la ocupación de los pueblos de El Viso, Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba. El 26 de marzo llegaron a Almadén, provincia de Ciudad Real, donde tras permanecer tres días en “servicio de campaña” regresaron a Trujillanos. El 31, víspera del fin oficial de la contienda, salieron para Murcia.
Llegada a esta fecha hay que significar que concluida la Guerra Civil el 1º de abril siguiente con la victoria por las armas de quienes se habían sublevado casi tres años antes contra el gobierno de la República, la Guardia Civil inició un largo proceso de reorganización interna. Éste culminó en su primera fase con la absorción de los componentes, acuartelamientos y material del Cuerpo de Carabineros. Desaparecido tras la entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 1940, sus funciones de vigilancia de costas y fronteras así como de resguardo fiscal del Estado serían asumidas por la Guardia Civil. Tras una segunda fase motivada por el consiguiente proceso de integración, que fue lento pero sin pausa, si bien muy complejo y no exento de polémicas internas, la Guardia Civil reiniciara su camino pero con mayor fortaleza y más competencias.
El primer paso que se dio en abril de 1939 con las compañías expedicionarias de la Guardia Civil que estaban integradas en las Divisiones y Cuerpos de Ejército que estaban desplegadas en las provincias que habían permanecido hasta el final bajo control gubernamental, fue su disolución. La guerra civil había finalizado y ya no era necesaria su actuación como policía militar, siendo en cambio imprescindible reintegrarse a su servicio peculiar en las unidades territoriales del benemérito Instituto.
En el caso concreto de la 7ª Compañía Expedicionaria, a la que continuaba perteneciendo el cabo Vázquez junto a otros muchos guardias civiles procedentes del Campo de Gibraltar, se ordenó su disolución el 3 de abril por el inspector general del Cuerpo, teniente general Emilio Fernández Pérez.
Sin embargo, su personal no regresaría todavía a sus unidades de procedencia ya que serían destinados en su totalidad a la Comandancia de Murcia. Ocho días después el inspector general dictaba la Circular nº 8 por la que el personal de las compañías expedicionarias recién disueltas pasaría a formar parte, a partir de la revista de mayo, de las comandancias en cuyas provincias se encontraban.
Se trataba de un destino temporal ya que por Circular nº 13 se dispondría su regreso a las comandancias de origen. En el caso de los de la extinta 7ª Compañía Expedicionaria, causarían alta nuevamente en la Comandancia de Cádiz en la revista del mes de junio. La razón de ese destino temporal de un mes aproximadamente se debía a que debía mantenerse un servicio mínimo en la provincia de Murcia, ya que los guardias civiles destinados en julio de 1936 en esa Comandancia debían ser objeto de una investigación inicial, y en su defecto también de depuración, tanto por su actitud como por su actuación a partir de la fecha de la sublevación militar hasta el fin de la contienda. En principio todos fueron desarmados y a medida que superaban el proceso volvían a ser reintegrados en el servicio. Aquellos que no lo conseguían eran encarcelados y procesados por la jurisdicción militar.
Los guardias civiles murcianos primero habían sido reconvertidos en guardias nacionales republicanos como consecuencia del decreto de 30 de agosto de 1936, que reorganizó la Guardia Civil y cambió su denominación. Casi cuatro meses después, por decreto de 26 de diciembre, pasó a crearse el llamado “Cuerpo de Seguridad”, disponiéndose la disolución de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación así como las “Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”. Los procedentes de la Guardia Civil terminaron encuadrados en el “Grupo Uniformado” del nuevo “Cuerpo de Seguridad”.
La Comandancia de Murcia al iniciarse la sublevación se había mantenido en su conjunto, salvo algunas excepciones, leal al gobierno de la República. No obstante su jefe, el teniente coronel Antonio Borges Fe, fue cesado en el mando y pasado el 28 de octubre de 1936 a la situación de disponible forzoso por desafecto. El 2 de mayo siguiente sería condenado por el “Tribunal Especial Popular” de Murcia a la pena de 12 años y 1 día de internamiento en campos de trabajo, acusado del delito de rebelión militar. Ello a su vez no impediría que en agosto de 1941 se le instruyera por el juez instructor provincial de “Responsabilidades Políticas” de Murcia, el correspondiente expediente como consecuencia de no haberse sumado inicialmente al “Glorioso Alzamiento Nacional”.
El caso es que el 3 de abril de 1939 los componentes de la extinta 7ª Compañía Expedicionaria pasarían a integrarse en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia y el capitán Herrero se convertiría en su jefe accidental hasta ser relevado una semana después por otro mando de mayor antigüedad.
(Continuará).
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