LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXCI). LA REORGANIZACIÓN EN LA POSGUERRA CIVIL (10).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 2 de octubre de 2023, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

Continuando con el informe remitido en enero de 1940 a la Inspección General de la Guardia Civil, por el teniente coronel Manuel Márquez González, jefe de la Comandancia de Cádiz, la referencia que se hacía sobre el estado de habitabilidad de la casa-cuartel ubicada en la barriada de Campamento de Benalife, no era precisamente mejor que la efectuada sobre la de San Roque.

Dicho acuartelamiento se encontraba sito en la calle Pozo, sin número, siendo el inmueble propiedad de José María Patrón Cibo de Sopranis, marqués de Casa Vargas-Machuca. Ocupado con carácter gratuito por el benemérito Instituto desde septiembre de 1925, su estado en enero de 1940 era también de “Malo”. A diferencia de la casa-cuartel de San Roque, carecía de cuadras ya que toda la fuerza del puesto era de infantería.

Los guardias civiles de dicho puesto tenían encomendada la vigilancia de esa zona residencial, entre cuyos usuarios, además de distinguidas familias españolas, se encontraban acaudalados habitantes de la vecina colonia británica de Gibraltar. Como ya se ha dicho en alguna ocasión, aquello era el Sotogrande de la época. La otra barriada sanroqueña cuya seguridad ciudadana estaba también a su cargo, por razones de proximidad, era la de Puente Mayorga, donde solo había fuerza del todavía existente Cuerpo de Carabineros.

Realmente, al finalizar la Guerra Civil, el estado general de las casas-cuarteles de la Comandancia de Cádiz era mucho peor que el que ya existía durante la Segunda República, y muchísimo peor que durante la monarquía de Alfonso XIII, que ya era de por si deplorable. La austeridad presupuestaria que se padeció a lo largo de la contienda, hizo que la dotación económica dedicada al mantenimiento de los acuartelamientos de la Guardia Civil, fuera prácticamente inexistente.

Durante el periodo republicano hubo una mayor preocupación de dotar de mejores condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad a dichos inmuebles. De hecho, el 15 de junio de 1935 se había dictado una disposición por la Inspección General de la Guardia Civil, al objeto de que se tuvieran en cuenta una serie de normas de carácter general, con objeto de regular y unificar las condiciones de higiene, emplazamiento y seguridad que habían de reunir en los edificios destinados a casas-cuarteles del benemérito Instituto.

Las condiciones higiénicas de las casas-cuarteles se regían por los preceptos de una real orden de 9 de agosto de 1923, relativa a sus viviendas, llamadas “pabellones”, y por el Reglamento de Sanidad Municipal, de 9 de febrero de 1925, por lo que cada vivienda o pabellón de un guardia civil debía tener, “mínimo tres dormitorios, habitación de estar, cocina y retrete independiente”.

Las dependencias oficiales debían estar compuestas por cuarto para el “guardia de puertas”, sala de armas, habitación para concentrados (cuya capacidad debía graduar cada jefe de Comandancia), garaje para un vehículo (a ser posible de la amplitud necesaria para guardar una camioneta), una habitación para alojamiento de un jefe u oficial en las revistas y concentraciones, y también una cuadra de cuatro plazas, por lo menos, para el ganado que pudiera reunirse al llegar plazas montadas.

Asimismo, como consecuencia de las lecciones aprendidas en aquellos años, donde las casas-cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron en objetivo prioritario de los ataques realizados por los revolucionarios, se concretaron unas normas de emplazamiento y seguridad.

Respecto a su emplazamiento, éste no debía estar dominado por terrenos o edificios próximos, y a ser posible, que se encontrase aislado y fuera de las poblaciones, “para que la salida de la fuerza esté asegurada en cualquier momento y en cambio sea difícil un ataque”.

Para la defensa del edificio, se disponía, si estuviera aislado, que debían construirse dos torretas o tambores situados en una diagonal del inmueble, de modo que desde cada uno se batiesen dos fachadas. Caso de que la casa-cuartel se encontrase ubicada entre otras viviendas, ambas torretas o una sola, debían emplazarse en forma que se defendiera los accesos a la misma. Los huecos del piso de abajo debían tener rejas y las puertas de entrada revestidas de chapa para evitar su incendio. A su vez, éstas debían facilitar su defensa, teniendo al efecto aspilleras cubiertas por correderas metálicas. También debía procurarse que por debajo del edificio no pasaran alcantarillas cuyo diámetro permitiese el paso de una persona que pudiera preparar un atentado con explosivos. En la parte superior del edificio, que debía ser practicable para sus moradores, debían situarse cornisas o salientes que sirvieran de matacanes para defenderse de un ataque reptando para lanzar explosivos a las ventanas del piso inferior.

Finalmente se disponía, que se tuvieran en cuenta, “todas aquellas circunstancias que tiendan, no a convertir las casas en fortines inexpugnables que inciten a refugiarse en ellas en todo momento de peligro, sino que reúnan las mínimas condiciones precisas para resistir un asedio, y desde las cuales la Guardia Civil cumpla su primordial deber de proteger a los demás ciudadanos aún con el sacrificio de la propia vida”.

Sin embargo, frente a la teoría, la realidad era bien diferente y en el caso concreto de los dos acuartelamientos sitos en el municipio de San Roque, ninguno de los  inmuebles ocupados cumplía ninguno de esos requisitos. 

Respecto a los medios de transporte la situación también era penosa, agravada aún más tras la guerra civil, ya que la Comandancia de Cádiz apenas tenía vehículos. Tan sólo disponía de dos coches ligeros, tres camionetas y dos motocicletas con sidecar para toda la provincia. En el Campo de Gibraltar solo había disponibilidad de una camioneta porta-ametralladora, marca GMC (General Motors Corporation), de 14 plazas, fabricada en 1935, en “mediana” condición para el servicio. 

Estaba destacada en Algeciras y era empleada para el transporte de núcleos de fuerza de los puestos de la 2ª Compañía, hasta aquellos lugares de la comarca que las necesidades del servicio lo requieran, así como para la conducción de presos. 

Sus conductores estaban encuadrados en el puesto de Algeciras. Procedentes del Parque Móvil de la Guardia Civil,se hallaban destinados como conductores. En enero de 1940 se trataban del guardia 2º José González Picazo, de 27 años de edad y natural de Medina Sidonia; así como del corneta Antonio Carmona García, de 32 años de edad y natural de la localidad malagueña de Alora.

El teniente coronel Márquez en su informe hacía constar que, “se hace necesario en esta Comandancia para que los medios de transportes estén a la altura que requieren las circunstancias y la fuerza pueda tener la movilidad indispensable para que por esta causa no se malogren los servicios, o poderse presentar formando núcleo con la debida prontitud, donde sucesos extraordinarios puedan requerirla, 23 coches ligeros de 7 plazas y 5 Autocares o Camionetas”.

Para su empleo en el Campo de Gibraltar Márquez proponía un coche ligero para la cabecera de la 2ª Compañía en Algeciras y otro para cada una de las líneas (secciones) de La Línea de la Concepción, Tarifa y San Roque; así como un autocar para tenerlo en Algeciras, a disposición de las necesidades del servicio, como ya lo estuvo antes de la contienda.

(Continuará).