LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (V). LA BÚSQUEDA DE UNA CASA-CUARTEL (1849-1850).

CLXXV Aniversario Cartilla Guardia Civil (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 12, el 9 de marzo de 2020.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

Uno de los principales problemas que tuvo la Guardia Civil en su etapa fundacional fue el alojamiento. El artículo 19 del real decreto de 13 de mayo de 1844, por el que se dio carta de naturaleza al benemérito Instituto, disponía que debían ser los ayuntamientos de los pueblos en los que se establecieran puestos fijos de la Guardia Civil, los que les proporcionaran casas cuarteles en las que vivir con sus familias, si las tuvieran.

Sin embargo, la cruda y amarga realidad fue muy diferente y una vez más se hizo verdad aquello de que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya en los capítulos dedicados a las vicisitudes de la Benemérita en La Línea de la Concepción se expuso la penosa situación que se padeció desde el inicio. Ello podía extenderse al resto del Campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz y de todo el territorio nacional. San Roque no fue diferente.

Si bien las corporaciones locales tenían esa obligación de facilitar un edificio para su uso como acuartelamiento, solía ocurrir que no se disponía de uno idóneo que reuniera las condiciones necesarias para ello. Y caso de que existiera, lo habitual es que fuera de propiedad particular, surgiendo entonces el problema con frecuencia, de no disponerse de fondos municipales suficientes para sufragar su alquiler. 

En el Archivo Municipal de San Roque se conserva un expediente instruido en 1850 sobre la formación del presupuesto de gastos para la construcción de un cuartel para la Guardia Civil. Gracias a la inestimable colaboración de la funcionaria Adriana Pérez Paredes, con motivo de la investigación que se realizó para documentar la propuesta de concesión de la medalla de oro de San Roque el 30 de mayo de 2019, fue posible acceder a su interesante contenido.

Lo encabeza una certificación fechada el 4 de enero de 1850 por José Infante Herrera, secretario del ayuntamiento constitucional de la ciudad, referida a una orden de proceder impartida por el jefe superior político de la provincia de Cádiz, Basilio de Peñalver. 

Según se exponía en la misma, tanto el alcalde de San Roque, Narciso Montesinos Molina, en una comunicación datada el 13 de diciembre de 1849, como el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, primer capitán Pedro de Vargas, en otro escrito de fecha 17 siguiente, habían informado de “la imposibilidad de que en ese punto pueda proporcionarse local para establecer el destacamento de dicha fuerza”. La única opción que se planteaba eran “las habitaciones que se hallan en alberca a espaldas de la casa cárcel” y sobre las que el ayuntamiento tenía pensado ya utilizarlas “en beneficio del caudal de propios”, haciéndose las obras necesarias. Su ubicación era “el sitio llamado de los Cañones”. 

A la vista de todo ello Basilio de Peñalver procedió a ordenar al alcalde de San Roque que con urgencia formase el correspondiente expediente, “en donde debe aparecer con claridad a quién pertenece el local, la imposibilidad de encontrar otro para acuartelar la Guardia Civil, las habitaciones que se han de hacer, a cuánto ascenderá el alquiler que ha de pagarse mensualmente, con todas las demás formalidades necesarias.” También debía emitirse por el ayuntamiento un informe detallado relativo al presupuesto “con toda la minuciosidad posible de toda la obra”.

El edificio donde se encontraba dicha cárcel se trataba del antiguo convento de San Francisco. Éste había sido concedido gratuitamente el 27 de marzo de 1843 al ayuntamiento, tras su desamortización, por la “Junta superior de venta de Bienes Nacionales”, conforme a lo dispuesto a las facultades conferidas en el decreto de 26 de julio anterior. Respecto a las mentadas “habitaciones”, situadas a su espalda, constituían una edificación de 33 varas castellanas de frente y que había sido construida con fondos municipales en terrenos del antiguo convento. Como referencia de la medida de una vara significar que la real orden de 9 de diciembre de 1852 establecería su equivalencia en 0,835905 metros, por lo que aquel edificio debía tener un frontal de unos 27 metros y medio aproximadamente.

El presupuesto de obras para acondicionarlo como casa-cuartel fue encomendado a los maestros alarifes Juan Leal y Antonio Morales así como a los maestros carpinteros Andrés González y Pedro Muñoz junto al de herrería Antonio Aracil, siendo todos ellos de la localidad. Los albañiles manifestaron que el espacio disponible podría distribuirse en un total de ocho habitaciones entre sus dos plantas. 

En la baja, que tendría tres puertas de acceso directo a la calle y cinco ventanas en su fachada, estarían la cuadra para 16 caballos, el cuerpo de guardia, una cocina colectiva y el retrete, siendo este último de uso común para todos los residentes del acuartelamiento. En la planta alta, con ocho ventanas, se habilitaría una pequeña zona dedicada a uso exclusivo del jefe de la unidad, compuesta por sala, alcoba y cocina. Igualmente se levantaría una sala-dormitorio de mayores dimensiones para el resto del personal. El que no se contemplara la existencia de viviendas independientes o pabellones como se denominan en el ámbito militar da a entender que, a excepción del oficial, el resto del personal sería de estado soltero o sin posibilidad de acompañarle familia. Esto no era habitual en la Guardia Civil salvo que la carencia de un acuartelamiento adecuado en la localidad, como era el caso de San Roque, obligara a tomar dicha decisión.

Conforme a los minuciosos presupuestos presentados por los profesionales de los gremios interesados, que recogían tanto el coste de los materiales a utilizar como también la mano de obra necesaria, ascendían a un total de 15.063 reales. De ellos, 9.600 correspondían a albañilería, 3.900 a carpintería y 1.563 a herrería. La renta anual del acuartelamiento, una vez concluidas las obras propuestas, se valoró en 3.360 reales, es decir, 280 reales mensuales. El sueldo íntegro mensual de un guardia civil era entonces de unos 244 reales.

Muy interesante e ilustrativo resulta el informe emitido el 12 de enero de 1850 por el teniente de la Guardia Civil Juan Morillas de Casas como jefe de la sección de caballería en San Roque, a solicitud del alcalde y que obra en el referido expediente. En él relata como desde marzo de 1849 se venían realizando continuas peticiones por la cadena de mando “para que se proporcionara a la fuerza, local apropiado e independiente de otra, para su acuartelamiento”.

Dicha reclamación se debía a que los componentes del puesto de la residencia habían pasado por las vicisitudes de estar alojados en “la casa de un particular”, que hubo que desocuparla al cumplir el contrato de arriendo ya que su propietario no quiso renovarlo, así como en el cuartel de caballería del Ejército como solución temporal. La situación se llegó a volver tan imposible, al negarse los vecinos de San Roque a alquilar los edificios que pudieran tener disponibles, que la fuerza de la Guardia Civil había tenido que alojarse en 1849 durante unos meses en la vecina localidad de Los Barrios. Dicha negativa se debía a la escasa cuantía que ofrecía el ayuntamiento y su dificultad en poder abonarla. (Continuará).