LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (33).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de agosto de 2022, pág. 9.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Como ya se expuso en el capítulo anterior, el coronel Mariano Adsuar Perpiñán fue destinado el 9 de julio de 1927 por real orden del Ministerio de la Guerra para el mando de la 6ª Subinspección de Carabineros en la provincia de Cádiz. Se trataba de la primera y única vez que la Dirección General del Cuerpo concedió al Campo de Gibraltar en general, y a la ciudad de Algeciras en particular, que fuera la residencia de dicha jefatura. 

Al igual que fue acertada en 1878 la creación de la Comandancia de Algeciras, segregándola de la de Cádiz y en 1889 la Comandancia de Estepona de la de Málaga, al mando de sus respectivos tenientes coroneles, fue igualmente positivo ubicar la cabecera de dicha subinspección en el Campo de Gibraltar.

Sin embargo, y por razones ajenas al servicio, ello perduró solo hasta principios de 1931, cuando el régimen monárquico de Alfonso XIII se encontraba en sus últimos meses de existencia. El 30 de enero del año anterior, el rey había admitido la dimisión del teniente general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, marqués de Estella, como presidente del consejo de ministros. En su lugar nombró al de igual empleo, Dámaso Berenguer Fusté, conde de Xauen, que apenas permanecería un año en el cargo ya que el 18 de febrero de 1931 le sería admitida su dimisión. Le sucedió el almirante Juan Bautista Aznar Cabanas, quien apenas se mantendría un par de meses, pues el 14 de abril se proclamaría la Segunda República.

Por real decreto núm. 80, de 3 de enero de 1931, donde se dispuso prorrogar los presupuestos del Estado para 1930, se autorizó a la Dirección General de Carabineros, reorganizar sus servicios pero sin rebasar los créditos otorgados.

Al frente de dicho Cuerpo se encontraba entonces el teniente general Antonio Vallejo Vila y el subdirector general era ya Eladio Soler Pacheco. Buen conocedor del Campo de Gibraltar por algunos de sus destinos anteriores, había ascendido en 1929 al empleo de general de división. El ministro de Hacienda era Julio Wais San Martín y al frente del de Guerra se encontraba el general Berenguer que compatibilizaba dicha cartera con la presidencia del gobierno. 

Una de las unidades afectadas por esa reorganización fue precisamente la 6ª Subinspección, cuya jefatura, tras poco más de tres años en Algeciras volvió a establecerse en la ciudad de Cádiz, donde anteriormente había permanecido más de tres décadas. El coronel Adsuar, que tenía ya 61 años de edad, continuaría siete meses más al frente de la 6ª Subinspección. Concretamente hasta su pase a la situación de reserva, a fin de julio de 1931. Se retiró dos años más tarde al cumplir la edad reglamentaria, fijada entonces en 64 años. Tres meses después se le concedió, a petición propia y por reunir las condiciones exigidas en la ley de 4 de noviembre de 1931, el empleo de general inspector honorario de Carabineros.

Le sustituyó el coronel Ricardo Almoguera Alba, el cual fue destinado a Cádiz por orden de 7 de septiembre de 1931, procedente del mando de la 13ª Subinspección. Ésta tenía fijada su residencia en la localidad gerundense de Figueras y tenía bajo su responsabilidad las Comandancias de Figueras y de Ripoll.

Regresando a 1928, año que comenzó con el coronel Adsuar en Algeciras, la 6ª Subinspección tenía entre las dos comandancias y la Compañía exenta del Norte de África, cuya cabecera estaba en Ceuta, un total de 153 puestos de Carabineros. 

La Comandancia de Algeciras estaba integrada por cinco compañías de infantería (la 1ª con jefatura en Atunara, la 2ª en La Línea de la Concepción, la 3ª en Puente Mayorga, la 4ª en Algeciras y la 5ª en Tarifa) así como una sección de caballería en San Roque. La Comandancia de Cádiz tenía cuatro compañías de infantería (la 1ª en Puerto de Santa María, la 2ª en Vejer de la Frontera, la 3ª en San Fernando y la 4ª en Cádiz) así como una sección de caballería en Chiclana de la Frontera.

Se trataba de un despliegue muy superior, tanto en número de efectivos como de unidades, al que tenía la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz que por aquel entonces estaba mandada por el teniente coronel José García de Paredes Pérez. Su demarcación comprendía toda la provincia y en el Campo de Gibraltar sólo había desplegada una compañía de infantería cuyo capitán jefe tenía residencia en Algeciras. En el municipio de San Roque había entonces dos puestos de la Benemérita, uno en la ciudad y el otro en la barriada de Campamento de Benalife, desde donde se atendía también la seguridad pública de la de Puente Mayorga.

Las misiones del coronel Adsuar como subinspector en la provincia de Cádiz se hallaban recogidas en el “Reglamento Militar del Cuerpo de Carabineros”, aprobado por real orden de 28 de julio de 1921.

Dado que tenía el carácter de delegado del director general, se especificaba que, “la inspección y mando superior que habrán de ejercer sobre todos los ramos que constituyen el buen orden y administración de la fuerza, en sus distritos respectivos, no tienen limitación y comprenden hasta los menores detalles de su disciplina, instrucción, orden interior, administrativo, económico y servicio especial del Instituto; debiendo examinar con incansable celo si estos ramos se dirigen y gobiernan con arreglo a los reglamentos y órdenes vigentes, para que todo se halle en el estado que el bien del servicio y la reputación del Cuerpo exijen”.

Entre las obligaciones de los coroneles subinspectores estaba la de revistar, al menos una vez al año, todos los puestos de su distrito, pudiendo simultanearlas con las de armamento. 

También tenían la potestad de estimular la acción de los instructores de las informaciones privativas del Cuerpo. Éstas se trataban de investigaciones internas llevadas a cabo para esclarecer un hecho dudoso en el que se hallase implicada fuerza de Carabineros. La finalidad era dirimir, y en su caso depurar, las responsabilidades disciplinarias a que hubiera lugar. Tenían igualmente la facultad, “sin restricciones de ningún género”, en cualquier momento de la instrucción de dicho expediente, de hacerse cargo personalmente de las diligencias y continuarlas hasta su terminación, o incluso de encomendarlas a un nuevo instructor.

Normalmente el instructor solía ser el capitán ayudante de la comandancia. Caso de que existieran indicios de responsabilidad contra algún oficial, el instructor debía ser el comandante jefe de servicio o en su defecto el del detall que también ostentaba dicho empleo.

Hay que significar que dichas informaciones privativas se instruían con todo rigor y severidad para preservar la ejemplaridad y la moralidad de los carabineros, sin distinción de empleo. Su reglamento les prohibía, “todo trato con personas sospechosas de dedicarse al contrabando”, debiendo guardar “absoluto sigilo sobre los asuntos relacionados con su peculiar servicio, bajo las sanciones establecidas en el Código de Justicia Militar”. 

Estaban facultados para ordenar su incoación el director general de Carabineros por lo que respectaba a todo el Cuerpo, y dentro de sus respectivos distritos el general inspector, el coronel subinspector o el teniente coronel jefe de la comandancia.

(Continuará).