Ni fue expulsado del Ejército, ni se exilió ni murió durante la Guerra Civil.
Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 16 de enero de 2006, pág. 18.
El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.
Al trascender a la opinión pública que 14 de aquéllos habían sido asesinados por las fuerzas de la Guardia de Seguridad y Asalto cuando se encontraban desarmados y esposados, se produjo un gran escándalo político y social que terminó por provocar la caída del Gobierno de Manuel Azaña Díaz y tuvo su influencia en la derrota sufrida en las elecciones generales del mes de noviembre siguiente.
Como máximo responsable de dicha matanza fue condenado el 28 de mayo de 1934 por la Audiencia Provincial de Cádiz el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigenspán a la pena de 21 años de prisión. Dicho oficial estaba entonces destinado en el Cuerpo de Seguridad mandando una de las compañías de Asalto destacada en Madrid y había sido enviado al frente de sus hombres a la población gaditana con la misión de reprimir una revuelta anarquista que se había iniciado al amanecer del 11 de enero de 1933.
Desde entonces tan singular personaje, cuñado de Juan Hernández Sarabia –ministro republicano de la Guerra al inicio de la contienda civil– y que durante las sesiones de la vista oral acusó a sus superiores –gubernamentales y políticos– de haber impartido tan brutales órdenes sin que llegara a ser creído por el tribunal, hizo correr ríos de tinta, cobrando gran protagonismo en la prensa de la época.
Con ocasión de la Guerra Civil, diversos historiadores e investigadores centraron su interés en él, vinculándolo especialmente con la represión ejercida por los sublevados en la provincia de Granada y más concretamente con la detención del poeta Federico García Lorca. Hay textos para todos los gustos e incluso alguno que erróneamente lo situaba el 18 de julio de 1936 como preso en el castillo gaditano de Santa Catalina cumpliendo su condena.
Al tratar sus vicisitudes durante la Guerra Civil algunos autores afirmaban que el general Queipo de Llano, harto de sus brutalidades represivas, ordenó que fuera detenido, juzgado y expulsado del Ejército; otros contaron que había muerto en la contienda e incluso hubo quien se apuntó a la teoría de que terminó huyendo a una república hispanoamericana.
Sin embargo lo cierto es que en 1940, Manuel Rojas era comandante de Artillería, mandaba el Batallón de Trabajadores nº 131 en la provincia de Cádiz y había reclamado 34.500 pesetas en concepto de sueldos impagados por el periodo abril 1933-abril 1936, que había estado en prisión por los sucesos de Casas Viejas.
A los 17 años, Rojas había iniciado su carrera militar como alumno de la Academia de Artillería de Segovia prestando servicio en diferentes unidades hasta que el 5 de mayo de 1932 ingresó como capitán en el Cuerpo de Seguridad en Madrid, siendo destinado sucesivamente a las plantillas de Bilbao, Sevilla y nuevamente a la capital de la República, donde el 24 de noviembre de ese mismo año se le otorgó el mando de la 7ª Compañía de Asalto y posteriormente la 2ª, que protagonizó los hechos.
Tras los sucesos de Casas Viejas –Rojas tenía 33 años–, terminó siendo detenido, juzgado y condenado por los 14 asesinatos mencionados en los que concurría además la circunstancia de que sólo una de las víctimas había participado en la revuelta.
El 30 de marzo de 1933 fue cesado en el mando de su compañía y el 19 de abril el presidente de la República tuvo a bien "separar del Cuerpo de Seguridad, por conveniencias del servicio" al mencionado capitán.
Tras pasar por diversas prisiones militares y cuando cumplía condena en Guadalajara, fue puesto en libertad el 3 de marzo de 1936 por orden del presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Se encontraba entonces ingresado en el hospital militar de Carabanchel Bajo, pasando después a Granada, en cuya capital y en la situación de disponible le sorprendió la sublevación militar a la que se unió entusiásticamente desde el primer momento.
En enero de 1940, Rojas, que había ascendido durante la guerra y era ya comandante de Artillería, se encontraba en situación de disponible en Madrid y solicitó mediante instancia al Ministerio del Ejército que "le fuesen abonados al amparo de la Ley de 22 de julio de 1939 los haberes que dejó de percibir a consecuencia de los tres años de prisión que sufrió por los sucesos llamados de Casas Viejas". Sin embargo, el 29 de marzo de 1940, cuando estaba disponible en Granada, se le contestó que, dado que aquellos haberes correspondían en todo caso ser abonados por el Ministerio de la Gobernación, de quien dependía el Cuerpo de Seguridad, debía elevar nueva instancia ante dicho organismo.
Cuando el 16 de abril le fue notificada dicha resolución, se encontraba ya al mando del Batallón de Trabajadores nº 131 con residencia en Los Barrios. El día 29 de ese mes adjuntó una declaración jurada "por Dios y por su honor" que la cantidad dejada de percibir ascendía a 34.500 pesetas, a razón anual de 7.500 como paga militar de capitán y 4.000 de gratificación policial.
Requerido informe al abogado del Estado, éste se pronunció negativamente el 22 de mayo, ya que no le podía ser de aplicación la Ley de 22 de julio de 1939, que establecía que los militares sancionados por su intervención en la sublevación frustrada del 10 de agosto de 1932 que se hubieran reintegrado al Ejército podrían percibir los devengos que no se les hubieran abonado.
Asimismo el letrado profundizó en su informe que tampoco podía serle de aplicación el Decreto de 25 de agosto de 1939, sobre percibo de haberes atrasados de aquellos funcionarios "que a partir del 18 de julio de 1936 fueron separados del servicio por acuerdo del Gobierno rojo", circunstancia que no concurría en Rojas. Consecuente con todo ello, el 16 de julio de 1940 el director general de Seguridad desestimaba la reclamación y el comandante se quedó sin los devengos no percibidos por los tres años (de los 21) de condena.
El historiador Jesús Núñez publicará en los próximos meses un trabajo de investigación sobre la Guerra Civil en la provincia, dirigido por el catedrático Juan Avilés Farré. Durante la consulta en archivos administrativos, judiciales, militares y policiales por todo el país, halló una serie de documentos que establecen qué fue del responsable de los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.