LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXIII). LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CASA-CUARTEL EN 1886.

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 21 de septiembre de 2020, pág. 12.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

Cuando la Inspección General de la Guardia Civil asignó, por real orden de 20 de diciembre de 1844, una sección de caballería para prestar servicio en el Campo de Gibraltar, sustituyendo a la de infantería inicialmente prevista en otra real orden de 25 de noviembre anterior, seguía estando previsto establecer su cabecera en Algeciras. 

Allí estaban ubicadas la jefatura y residencia del comandante general del Campo de Gibraltar, que tenían amplias competencias en los términos municipales de su jurisdicción, constituyendo la máxima autoridad y representación del Estado en la zona, con independencia del gobernador militar de la provincia de Cádiz e incluso del jefe político de la misma.

Algeciras también era cabeza de partido judicial, lo cual fortalecía la decisión inicial de establecer allí la residencia del alférez Juan Morillas Casas, jefe de la 4ª Sección de la Compañía provincial de la Guardia Civil de Cádiz que mandaba el primer capitán José María Cisneros de Lanuza.

Sin embargo, y por razones que se intuyen aunque no se han acreditado todavía documentalmente, la cabecera de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar quedó establecida hasta principios de 1862 en San Roque, que también era cabecera de partido judicial.

La causa de ello se debió con toda probabilidad a razones de carácter operativo en beneficio del servicio que debía prestar su oficial jefe. A estos efectos, hay que significar lo dispuesto en el Reglamento Militar para la Guardia Civil, aprobado por real orden de 15 de octubre de 1844.

Asignaba a los subtenientes de infantería, alféreces de caballería y tenientes de ambas armas del nuevo Cuerpo, es decir, a los jefes de sección, como cometidos principales, la vigilancia del servicio prestado por sus subordinados, “tanto de día como de noche”, así como visitar y recorrer, “con mucha frecuencia”, los puestos de sus unidades. Es decir, lo que con el transcurso del tiempo ha venido a resumirse en la doctrina del Cuerpo, como vigilar, impulsar y dirigir el servicio.

Atendiendo a la configuración del Campo de Gibraltar al inicio de 1845, respecto a sus poblaciones y conflictividad en materia de seguridad pública, ciertamente era más coherente que el oficial jefe de la Guardia Civil se ubicara entonces en San Roque.

Tanto en dicha ciudad como en Algeciras se establecieron los dos primeros puestos del benemérito Instituto, desde donde diariamente salían las parejas a caballo para velar por la seguridad de sus habitantes y del resto de municipios del Campo de Gibraltar. Con el paso del tiempo y el aumento de plantilla fueron creándose nuevos puestos en la mayor parte de las localidades de la Comarca. 

Según la descripción publicada en 1849 en el tomo XIII del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico” de Pascual Madoz, el municipio de San Roque ocupaba entonces una extensión de unos 160 km². Según el censo de la matrícula catastral de 1842 contaba con una población de 1.754 vecinos o cabezas de familia y 7.619 habitantes. Además de la propia localidad a la que daba nombre, estaban los núcleos de La Línea, Campamento y Puente Mayorga. El partido judicial de San Roque incluía dicho municipio y las villas de Los Barrios, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, sumando una población total de 4.045 vecinos y 14.484 habitantes.

Tal y como nos recuerda Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque, en el “Libro de Memorias”, de Lorenzo Valverde de Casas Calatrava (1775-1859), editado en 2003 por la Fundación Municipal de Cultura “Luis Ortega Bru”, consta que a mediados de marzo de 1845 llegaron desde la capital gaditana para establecerse en San Roque “unos diez hombres de Caballería de la Guardia Civil”, con un oficial, un sargento y un cabo.

Conforme se disponía en el artículo 19 del real decreto fundacional del Cuerpo, fechado el 13 de mayo de 1844, “los ayuntamientos de los pueblos a que se destinasen puestos fijos de la Guardia Civil les proporcionarán casas cuarteles en que vivir con sus familias, si las tuvieren, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”.

Posteriormente, el artículo 51 del “Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil”, aprobado por real decreto de 2 de agosto de 1852, disponía expresamente que en todas las capitales de provincia, cabezas de partido y demás pueblos y despoblados en que estuviese determinada la permanencia de un puesto fijo del benemérito Instituto, se proporcionaría la correspondiente casa-cuartel para la fuerza que a cada uno estuviese asignada.

Todo ello constituía la teoría pero la realidad era más obstinada y ya en los capítulos V y VI se trató, gracias a la colaboración de Adriana Pérez Paredes, archivera municipal de San Roque, sobre las vicisitudes de los primeros acuartelamientos.

El caso es que la Guardia Civil en sus primeras décadas estuvo alternando su alojamiento en San Roque entre edificios de alquiler, sufragados entre el ayuntamiento y el Estado, y un antiguo acuartelamiento del Ejército. Realmente ninguno de ellos reunió las condiciones de habitabilidad y salubridad adecuadas para albergar una casa-cuartel con las familias de los guardias civiles en su interior.

Gracias al investigador local Juan Antonio García Rojas conocemos que reunida el 29 de marzo de 1886 la corporación municipal se trató dicha cuestión bajo la presidencia del alcalde Francisco Emilio Rendón Delgado. Se contó con la asistencia de los concejales Fernando Velasco, Matildo Monesterio, Antonio Jiménez, Diego Heredia y Vicente Luna.

Según el punto 10º del orden del día, había quedado “el Ayuntamiento enterado de lo ocurrido acerca de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad, por el estado ruinoso en que la misma se encuentra”. Dado que el vecino José María Rendón Good, que actuaba como “representante de varios individuos de su familia” (entre ellos el propio alcalde), ofrecía como nuevo acuartelamiento el edificio de su propiedad sito en el número 10 de la Plaza de la Constitución (actual Plaza de Armas), por una renta mensual de cien pesetas, se procedió a estudiar la propuesta.

El consistorio municipal abonaría 55 pesetas mensuales y el resto correría por cuenta del Estado. “Convencido el Cuerpo Capitular de que por las condiciones que tiene dicho edificio, por la situación y por su aspecto, no puede encontrarse otro más a propósito ni más decente al fin que se le destina, por unanimidad de votos acordó que bajo la renta indicada y condiciones análogas a las de los establecimientos de instrucción pública, se formalice desde luego el correspondiente contrato administrativo, autorizando al efecto al Caballero Regidor Síndico, el cual en unión del repetido Señor Rendón, extenderán y autorizarán aquél y de sus condiciones se dará cuenta al municipio a los fines convenientes.”

Por otra parte la Guardia Civil de San Roque, necesitada de extrema urgencia para encontrar un nuevo alojamiento para las dependencias oficiales y para sus familias, estaba al tanto de dicha propuesta. 

Como jefe de la línea (sección) de San Roque se encontraba al inicio del año el teniente Francisco Quevedo Obregón, quien al ser destinado a mandar la línea de Tarifa fue sustituido por el de mismo empleo, Gerónimo Delgado García.

(Continuará).