LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXIV). LA CONTRATACIÓN DE LA CASA-CUARTEL DE 1886.

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 28 de septiembre de 2020, pág. 11.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

Como consecuencia de la situación relatada en el capítulo anterior se pusieron en marcha los trámites administrativos para poder alquilar un nuevo edificio en San Roque al objeto de su uso como casa-cuartel de la Guardia Civil.

Una vez finalizada por el teniente Gerónimo Delgado García, jefe de la línea de San Roque, la instrucción del correspondiente expediente, se procedió el 17 de mayo de 1886 por el teniente general Tomás García-Cervino López-Sigüenza, director general del benemérito Instituto, a elevarlo al ministro de la Gobernación, Venancio González Fernández.

La razón principal de dicha instrucción era “la necesidad de trasladar a otro edificio la fuerza del puesto de San Roque (Cádiz) por hallarse en estado ruinoso el que hoy ocupa”.

Según constaba la propietaria del inmueble alquilado que se venía utilizando hasta la fecha como casa-cuartel se había negado a realizar obra alguna de mantenimiento y reparación por lo que su estado era verdaderamente lamentable, no reuniendo las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. 

Sin perjuicio de que todavía no se ha podido localizar su ubicación exacta en el callejero de la ciudad hay que precisar que solía ser habitual que los propietarios de los edificios alquilados como acuartelamientos para la Guardia Civil no cumplieran, transcurridos algunos años, lo acordado en los correspondientes contratos. Ello era debido a las ajustadas rentas que se abonaban por tal concepto, que además solían ser satisfechas con retraso, especialmente la parte correspondiente a las arcas municipales. 

A todo eso había que añadir que las cuantías no se revisaban anualmente y que con el paso del tiempo la obligación contractual de atender al mantenimiento del inmueble era cada vez más costosa. Por lo tanto el incumpliento del propietario terminaba provocando la rescisión del contrato pero hasta el desalojo definitivo del edificio quienes sufrían las consecuencias eran los guardias civiles y sus familias que tenían que vivir en unas condiciones deplorables. 

Por tal motivo, en el caso concreto que nos ocupa, se había procedido a iniciar los trámites previstos en el real decreto de 2 de mayo de 1876. En dicho texto se recogía el procedimiento a seguir por la Administración cuando considerase necesario tomar en arriendo algún inmueble con destino al servicio público. 

El primer paso que se dio fue publicar sendos anuncios en el boletín oficial de la provincia invitando a los propietarios de edificios en San Roque que los ofertaran para su uso como casa-cuartel. Con los precedentes ya descritos lo habitual era que dichas convocatorias quedaran desiertas salvo que alguien dispusiera de un inmueble al que no había conseguido darle otra utilidad o bien, como fue en este caso, se quisiera evitar la marcha de la Guardia Civil a otra localidad, al carecer de alojamiento.

Ello ya había ocurrido en San Roque casi cuatro décadas antes cuando temporalmente tuvo que trasladarse el puesto a la vecina población de Los Barrios. Dado que el consistorio municipal, con su alcalde a la cabeza, Francisco Emilio Rendón Delgado, no quería que ello volviera a suceder, se ofertó un inmueble de propiedad familiar cuy representante era José María Rendón Good.

Tal y como era previsible fue el único licitador que se presentó ofreciendo dos casas contiguas, sitas en Plaza de la Constitución nº 10, hoy Plaza de Armas, cuya entrada principal es la del actual restaurante Don Benito. La renta mensual se fijó en 100 pesetas. Realmente eran 55 pesetas más que lo que se venía pagando hasta entonces pero la diferencia se comprometió a abonarlas el ayuntamiento. 

Como la renta mensual del edificio que se venía ocupando como casa-cuartel era de 45 pesetas abonadas por el Estado y esa iba a seguir siendo la misma cantidad a sufragar, no se pondría objeción alguna al respecto.

El 28 de de mayo de 1886, Emilio Moreno, jefe de negociado de la Sección de Orden Público de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación, informó favorablemente para que se formalizase el correspondiente contrato de arrendamiento. 

El 15 de junio siguiente, Mariano Alejandre Oliveros, jefe de la mentada Sección de Orden Público, elevó dicha propuesta al subsecretario de Gobernación, Emilio Sánchez Pastor. Éste, dos días más tarde, dispuso que el contrato que se firmase fuera remitido al ministerio para su definita aprobación, con arreglo a las prescripciones del mencionado real decreto y la real orden de 24 de enero de 1877, aclaratoria del anterior.

El contrato se firmó finalmente el 16 de julio siguiente entre el jefe Comandancia de Cádiz, teniente coronel Melquiades Almagro Puigt, y el ya mentado José María Rendón como representante familiar, al objeto de que los dos inmuebles unidos fueran destinados como casa-cuartel del puesto de la Guardia Civil de San Roque, “por tiempo indeterminado.”

Nueve días más tarde el brigadier encargado del despacho de la Dirección General de la Guardia Civil, Pedro Zubieta Jaén, remitió al Ministerio de la Gobernación quintuplicados contratos, solicitando la devolución de cuatro de ellos una vez aprobados definitivamente.

Con fecha 20 de agosto siguiente el mentado jefe de la Sección de Orden Público lo elevaba al subsecretario, para que con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 31 de octubre de 1883 se procediera a someterlo a su aprobación por el consejo de ministros.

Por fin, con fecha 1º de septiembre de 1886, fue “aprobado por la Reina Regente del Reino, en nombre de S.M. el Rey (qdg)”, devolviéndose las copias solicitadas. Su abono, en la parte correspondiente al Estado, se dispuso que se realizase con cargo al crédito consignado en el presupuesto del Ministerio de la Gobernación para “Gastos de alquileres y obras de los edificios que ocupan los Tercios de la Guardia Civil”, dándose traslado a la Ordenación de Pagos del ministerio a los efectos oportunos.

De esta forma concluía la tramitación administrativa para la contratación en régimen de arrendamiento de la nueva casa-cuartel que hoy dia ocupa un conocido y prestigioso establecimiento de restauración.

Sin embargo ello no constituiría más que un parentesis de poco más de una década como se verá en el proximo capítulo al verse obligado una vez más la fuerza local del benemérito Instituto a buscar una nueva casa-cuartel. Tras no pocas vicisitudes la terminaría encontrando en un edificio, actualmente inexistente, que estaba levantado en la calle de la Herrería y que durante varias décadas sería el acuartelamiento principal de la Guardia Civil en San Roque.

Como ya se verá también más adelante, la absorción del Cuerpo de Carabineros con motivo de la entrada en vigor de la ley de 15 de marzo de 1940, daría lugar a que sus cuarteles diseminados por toda la costa del término municipal de San Roque como los enclavados en el interior, pasaran a integrarse junto a sus hombres, en la Benemérita. 

Ello sería la causa de que a partir de entonces la Guardia Civil de San Roque, además de seguir velando por la seguridad ciudadana en todo el municipio, tendría también como uno de sus principales objetivos la prevención y persecución del contrabando marítimo y terrestre procedente de la colonia británica de Gibraltar.