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viernes, 14 de septiembre de 2018

LOS ORÍGENES DE LA GUARDIA CIVIL Y EL CONTRABANDO.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 10 de septiembre de 2018, pág. 10.

El original contiene una fotografía en blanco y negro (propiedad de Jesús Montero Lemus).

A pesar de que Cuerpo no se había creado para perseguir contrabandistas, pues para ello ya estaban los carabineros, la realidad obligó a la Benemérita a actuar al respecto.

El próximo 11 de octubre la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras celebrará los tradicionales actos institucionales con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Cada año se turna con la Comandancia de Cádiz para celebrarlo el día 12 al objeto de que el subdelegado del Gobierno pueda presidirlos en ambas unidades.

El año pasado, excepcionalmente, se celebraron en la casa-cuartel de La Línea de la Concepción, donde toda la sociedad campo gibraltareña se dio cita para mostrar su apoyo a los guardias civiles que prestan allí su servicio en circunstancias difíciles y con frecuencia penosas.

Este año retornará al acuartelamiento algecireño en el marco de un aniversario muy singular, al cumplirse 140 años de la creación de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, antecesora histórica de la actual de la Guardia Civil.

Hoy día los guardias civiles que prestan su servicio en el Campo de Gibraltar no sólo son depositarios y cumplidores del ideario reglamentado por su fundador, el duque de Ahumada, sino también -desde 1940- del espíritu y servicio de resguardo fiscal inspirado por el marqués de Rodil, creador del Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras.

Los carabineros llegaron al Campo de Gibraltar en 1829, según el real decreto de su constitución, “para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza en favor de la industria y comercio nacionales”.

Tres lustros después llegaron los guardias civiles a nuestra Comarca para la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones, así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes

Cuando comenzaron a prestar servicio, buena parte de la delincuencia que encontraron estaba relacionada con la lacra del contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar.

A pesar de que la Guardia Civil no se había creado para perseguir contrabandistas, pues para eso ya estaban los carabineros, la realidad era la que era y ello dio lugar desde sus inicios a instrucciones muy concretas. 

Así, el 4 de enero de 1845 se dictó la siguiente real orden: “La Guardia Civil, en el curso ordinario de su servicio, debe perseguir con el mayor celo, vigilancia, actividad y sobre todo pureza, cuantos fraudes se cometan contra las Reales órdenes vigentes, relativas al contrabando.”

Y como la principal acción perversa del contrabandista para alcanzar impunemente su ilícito fin, era corromper a quien tenía la responsabilidad de perseguirle, se continuaba advirtiendo que “la menor sospecha de soborno” sería castigada “del modo más público, ejemplar y severo posible”.

Al recibirse dicha orden hubo algunos mandos que extremaron el celo de sus hombres, dándole máxima prioridad a la persecución del contrabando, sobre todo donde era más habitual y patente.

Ello motivó que el duque de Ahumada dictará el 23 de abril siguiente una circular en la que se aclarase el objetivo que realmente se pretendía. 

La finalidad era que no se abandonara la vigilancia ordinaria del Cuerpo para consagrarse exclusivamente a su persecución, “pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas o el contrabando.”

Sobre tal modalidad delictiva concluía dicha circular: “siendo como por desgracia es uno de los males, que más perjudican al país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

Habida cuenta que ya existía para ello el Cuerpo de Carabineros del Reino, fue necesario dictar por el duque de Ahumada una nueva circular en términos muy estrictos. 

El 31 de agosto siguiente decía a los coroneles jefes de Tercio: “Se molesta a algunos viajeros en los caminos Reales, con el objeto de averiguar si llevan contrabando. Este servicio, no es en manera alguna el que los reglamentos marcan a la Guardia Civil, pues aunque ésta debe perseguir el contrabando en el curso de su servicio, como todas las demás infracciones de la Ley, por ningún motivo debe molestarse a aquellos con investigaciones ajenas enteramente al servicio del Cuerpo. Si el abuso de registrar se cometiere en el Tercio del mando de V.S. cuidará de evitarlo absolutamente, pues de lo contrario me responderá de esta grave falta.”

Cuatro meses más tarde, el 20 de diciembre, se aprobaba por real orden “La Cartilla del Guardia Civil”, verdadero código deontológico del nuevo Cuerpo. Su redactor, el duque de Ahumada, le dedicaba el capítulo XI al contrabando.

En él se recogía, además del procedimiento a seguir, que caso de que la Guardia Civil encontrara algún contrabando en el curso de su servicio, “deberá aprehenderlo, así como a sus conductores o dueños”. Pero sólo podría actuar en tal cometido si se daba esa circunstancia casual o si le era reclamado el apoyo de los carabineros.

Dicho capítulo finalizaba con un artículo muy severo al respecto: “Por ningún título, ni pretexto podrá el Guardia Civil, registrarse ninguna carga, ya sea de carro, ni de caballería, ni mucho menos, ningún pasajero, bajo el pretexto de cerciorarse si lleva, o no, géneros de ilícito comercio.”

Con ello se pretendía priorizar la seguridad pública como servicio principal de la Guardia Civil al igual que la persecución del contrabando lo era para el de Carabineros.

Pero la realidad y la necesidad del Estado terminó pronto por imponerse. El contrabando causaba un grave perjuicio a la hacienda pública y fomentaba otros tipos de delincuencia, constituyendo un problema de primer orden.

Es por ello que el ministerio de la Gobernación de la Península dictó el 26 de julio de 1846 una real orden dirigida a todos los jefes políticos de provincias (antecesores de los gobernadores civiles). Haciéndose extensiva a la Guardia Civil, se requirió a aquellas autoridades que cooperasen “activamente a la persecución del contrabando”, prestando el auxilio se fuera necesario, así como que no expidieran “licencias de uso de armas a los conocidos generalmente por contrabandistas “.

Desde entonces fueron decenas de órdenes las que se dictaron sobre la Guardia Civil y el contrabando hasta que en 1940, con la absorción del Cuerpo de Carabineros, ya no fue preciso.

Poco podía imaginar el duque de Ahumada en 1844 que casi un siglo después la persecución del contrabando sería uno de los principales cometidos de la Guardia Civil y que sus miembros pasarían a hacer de carabineros.

El 14 de mayo de 1943 se aprobó la modificación del reglamento para el servicio quedando así su artículo 6º: “El Guardia Civil será prudente sin debilidad, firme sin violencia, y político sin bajeza. No debe ser temido sino de los malhechores, ni temible sino de los enemigos del orden y del fisco”.

lunes, 20 de agosto de 2018

LOS GUARDIAS CIVILES VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN DE CÁDIZ DE 1947

LXXI Aniversario Catástrofe de Cádiz (1947-2018).

LAS VÍCTIMAS DE LA BENEMÉRITA

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ", el 18 de agosto de 2018, págs. 10 y 11.

El original contiene cuatro fotografías en blanco y negro.

La Benemérita rescató 523 personas y tuvo 9 heridos.

Secuelas: uno falleció años después y otros tres causaron baja por inutilidad física



Hace veinte años, el 6 de septiembre de 1998, publiqué en DIARIO DE CÁDIZ, un artículo dedicado a la benemérita labor realizada por los guardias civiles tras la Explosión del 18 de agosto de 1947. Pertenecían a la entonces 237ª Comandancia de Cádiz y bajo el mando del teniente coronel Roger Oliete Navarro, rescataron entre los escombros, sin vida o malheridos, los cuerpos de 523 personas.

La investigación practicada para elaborar aquel artículo permitió también localizar un informe fechado el 10 de septiembre siguiente, dirigido a la Jefatura de Acuartelamiento y Obras de la Dirección General de la Guardia Civil. En él se relacionaban los daños sufridos por la onda expansiva en 14 edificaciones de su propiedad, no sólo de la capital sino de toda la bahía.

Sin embargo no fue posible conocer el número e identidad de sus víctimas, bien por sorprenderles de servicio aquella trágica noche o en sus domicilios. La investigación constató sólo que no hubo fallecidos en la Benemérita. 

Pero, ¿hubo heridos?. Siempre fue una incógnita despejada recientemente por el investigador militar Miguel García Díaz. Encontró la relación nominal de asistidos en el hospital militar de Cádiz tras la Explosión, firmada por su director el 17 de noviembre, “con expresión de nombres, domicilios, diagnósticos, pronósticos y fechas de alta”.

Allí figuraban hospitalizados el sargento Jerónimo Casas Mancilla (leve, hasta 25 de agosto) y los guardias Juan García García (menos grave, hasta 28 de agosto),Rodrigo González Delgado (muy grave, continuaba ingresado), Melchor Lucía Romero (menos grave, hasta 2 de septiembre), José Piñero Mayoral (menos grave, hasta 10 de octubre), Manuel Quesada Delgado (grave, hasta 17 noviembre) y Enrique Vázquez Blanco (leve, hasta 28 de agosto).

¿Fueron los únicos o hubo más en otros centros sanitarios?. ¿Falleció posteriormente alguno por las secuelas?. Quedaba todavía mucha historia por investigar.

La respuesta estaba en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio de Interior. Lamentablemente no se localizaron los informes de lo acaecido aquella trágica noche pero sí documentación muy interesante en los expedientes personales de los heridos. 

Inicialmente parte de la búsqueda resultó infructuosa ya que en la relación del hospital militar figuraban algunos nombres y apellidos erróneos, pero todo quedó aclarado con la localización de dos documentos inéditos.

El primero era la relación nominal de los guardias civiles “que resultaron heridos con motivo de la catástrofe ocurrida el 18 de Agosto de 1.947, en esta capital, con expresión del diagnóstico de cada uno”, firmada el 5 de septiembre siguiente por el teniente coronel Oliete.

El segundo era un oficio suscrito en Málaga el 26 de enero de 1950 por el coronel Andrés García García, jefe del 37º Tercio de la Guardia Civil, integrado por las 137ª, 237ª y 337ª Comandancias de Málaga, Cádiz y Algeciras, respectivamente.

En este escrito se comunicaba al teniente general Camilo Alonso Vega, director general del Cuerpo, la remisión de las Diligencias Previas núm. 994/1947, “instruidas en averiguación de las causas y circunstancias por las cuales se encontraban en los puntos en que resultaron con lesiones, a consecuencia de la explosión originada en la Capital de Cádiz en el mes de agosto del citado año”.

En ambos documentos dos guardias civiles tenían ya correcta su filiación, tratándose de Manuel Pañero Mayoral y de Melchor Lucía Ligero. Aparecían dos guardias heridos más: Antonio Casablanca Ramos y Félix de los Reyes García, leves y atendidos en el botiquín de la Comandancia.

En total sólo nueve guardias civiles víctimas de todos los que prestaban servicio aquella noche. Todos sus expedientes personales fueron localizados y consultados.

El instructor de las diligencias fue inicialmente el comandante Julio Salom Sánchez, siendo concluidas por el de igual empleo Luis Salas Ríos, actuando como secretario el cabo 1º Francisco Espinal Gómez, todos de la 237ª Comandancia. 

Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra de la 2ª Región Militar, dictaminó el 9 de mayo de 1949 que “estos hechos no son constitutivos de infracción punible” así como que todos los lesionados “han quedado útiles para el servicio de las armas y aptos para el trabajo”, a excepción de los guardias Romero y Pañero, “que han sido declarados inútiles”. Tres días después, el teniente general Ricardo de Rada Peral, capitán general de Sevilla, decretaba que quedaban terminadas las actuaciones sin declaración de responsabilidad. 

En el citado Archivo también se localizó una relación del armamento “que se encontraba en el Puesto del Astillero de la 10ª Compañía de esta Comandancia, que se ha perdido y sufrido desperfectos, con expresión de los correspondientes a cada uno y nombre de sus adjudicatarios”. 

En total fueron 7 mosquetones máuser, 7 fusiles Maussini (procedentes de la ayuda soviética durante la Guerra Civil) y 1 subfusil. La onda expansiva fue tan devastadora que no sólo arrasó el citado puesto y la caseta de vigilancia de Puntales, sino que también partió en dos la mayoría de esas 15 armas largas por su garganta.

¿Qué fue de aquellos nueve guardias civiles?. Su vida fue muy dispar. Por el sargento Anastasio Berrocal Rebollar, entonces cabo 1º comandante del puesto del Astillero, se sabe que aquella noche Quesada estaba en las gradas de los barcos, Pañero por la zona donde se construían los vagones y Romero de cuartelero en el pequeño acuartelamiento arrasado por la onda expansiva. 

Resultó ileso el guardia Alfonso Bedelín Domínguez, de 25 años y natural de Cádiz, que se encontraba vigilando la dársena de la factoría desde la carretera industrial. Manifestó que sus compañeros “fueron evacuados a la carretera con la ayuda -solicitada por el deponente- de un Oficial de Marina y veintitantos marineros pertenecientes a la base de torpedos de aquella Plaza”. Y desde allí los trasladaron en coches y demás vehículos que pasaban a los distintos hospitales de la capital.

El sargento Casas tenía 40 años de edad, era natural de Alcalá de los Gazules y estaba al mando del puesto de San José el Blanco, situado en Extramuros. Se retiró en Bornos al cumplir la edad reglamentaria en 1957 con el empleo de brigada. Falleció siendo teniente honorífico en 1992 cuando residía en la localidad sevillana de Camas.

El guardia Quesada tenía 26 años, era natural de Úbeda y llevaba destinado apenas tres meses en el puesto del Astillero. Al resultar gravemente herido fue socorrido por el guardia Juan Santandreu Palesteiro. Falleció en Cádiz en 1958 tras una década de secuelas y sufrimientos padecidos desde aquella trágica noche. 

El coronel Buenaventura Cano Portal, jefe del 37º Tercio en 1959, al elevar el expediente instruido por el teniente Domingo Fernández Pérez, concluyó: “el fallecimiento de este Guardia lo fue como consecuencia de las heridas sufridas por el mismo el 18 de agosto de 1947.”

El guardia Pañero tenía 38 años de edad y era natural de Miajadas (Cáceres). La Explosión le sorprendió cuando “se hallaba prestando servicio de vigilancia en la carretera industrial, próximo a la vía férrea, teniendo como cometido evitar que desde el tren lanzaran bultos conteniendo géneros de ilícito comercio”, es decir, contrabando. 

Inicialmente estuvo cuatro días ingresado en el hospital provincial de Mora y después pasó al militar. Tras ser dado de alta volvió a reingresar pues no consiguió recuperarse. Aunque en el expediente instruido por el teniente Rafael Vera Aparicio se consideró que su enfermedad no tenía relación directa con los traumatismos sufridos tras la Explosión, el tribunal médico de la clínica psiquiátrica militar de Ciempozuelos dictaminó su inutilidad para el servicio.

Pasó a retiro en marzo de 1949 ingresando en el “Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria con el título de mutilado accidental absoluto”. Fijó inicialmente su residencia en Tarifa y falleció en Algeciras en 1990.

El guardia Romero tenía 34 años y era natural de Calañas (Huelva). El capitán Manuel Gómez Maqueda, informó que aquella noche, “al producirse la explosión en la Base de Defensas Submarinas, se hallaba practicando el servicio peculiar del Cuerpo en el citado Puesto e interior de los Astilleros Echevarrieta y Larrinaga, en la posta comprendida entre la Tercera Grada y Depósito de Aguas de la expresada Factoría.”

Según manifestó Romero, “sintiendo asfixia y perdiendo el conocimiento”, fue extraído de entre los escombros y recogido en una manta, “ante la imposibilidad de asirlo por parte alguna del cuerpo y trasladado en un vehículo al hospital militar”.

Estuvo ingresado hasta el 5 de febrero del año siguiente, pero las lesiones eran de tal entidad que en septiembre pasó a retiro por inutilidad física. Sin embargo, dada la escasa pensión que le quedó al considerarse erróneamente su baja por enfermedad accidental, volvió a solicitar en 1950 su reingreso para prestar servicios auxiliares, no siéndole concedido. 

Tras nueva reclamación, consiguió en 1954, que su baja fuera declarada en acto de servicio mejorando su pensión de 267 a 445 pesetas mensuales. Posteriormente fijó su residencia en Puerto Real y pudo trabajar como guarda jurado en el dique de Matagorda. 

El guardia García tenía 28 años, era natural de Cádiz y estaba destinado en el puesto de San José el Blanco. En 1974 causó retiro en el Cuerpo por pasar a un destino civil. Falleció en Chiclana de la Frontera en 1986.

El guardia Lucía tenía 23 años, era natural de Conil de la Frontera y estaba destinado en el mismo puesto. En 1979 pasó a retiro al serle concedido un destino civil, falleciendo en Cádiz al año siguiente.

El guardia Reyes tenía 26 años, era natural de La Puebla de Montalbán (Toledo) y estaba destinado en el puesto de Depósito Comercial. Si bien se recuperó pronto de las heridas sus oídos quedaron afectados. Aunque él lo achacaba a la Explosión no fue hasta 1968 que un tribunal médico propició su retiro por inutilidad física, fijando su residencia en Madrid, donde ya llevaba muchos años destinado.

El guardia Casablanca tenía 19 años, era natural de Jerez de la Frontera y se había incorporado el mes anterior, recién ingresado en el Cuerpo, al puesto de San José el Blanco. En 1992 pasó a la situación de retiro por edad fijando su residencia en Cádiz.  

El guardia Vázquez tenía 29 años, era natural de Mellid (La Coruña) y estaba destinado en el puesto del Muelle. En 1968 pasó a retiro por cumplir la edad reglamentaria, fijando su residencia en Madrid, en cuyo puesto de la Estación de Atocha llevaba varios años destinado.

La historia de estos nueve guardias civiles invita a reflexionar sobre cuantas víctimas más hubo de la Explosión. Todos fueron dados de alta hospitalaria pero con el paso del tiempo uno falleció y tres pasaron a retiro por inutilidad física. Siete décadas después no se sabe todavía el número exacto de víctimas ni sus nombres.

Aunque queda también pendiente conocer si hubo guardias civiles que resultaron heridos cuando se encontraban francos de servicio, de lo que no queda duda alguna es que la Benemérita con aquellos 523 cuerpos rescatados entre los escombros, hizo honor una vez más a su apelativo. 

De hecho, aquello fue una de las principales razones por las que el 10 de septiembre de 2004, el pleno del Ayuntamiento de Cádiz concedió por unanimidad la Medalla de Oro de la ciudad a la Guardia Civil.



domingo, 12 de agosto de 2018

UN PLANO DE CARABINEROS CON MUCHA HISTORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 12 de agosto de 2018, págs. 16 y 17.

El original contiene tres fotografías en blanco y negro.

Fue levantado en 1862 por el teniente coronel de Ingenieros Luis de Negrón



Entre las diferentes actividades que se vienen realizando este año para conmemorar el CXL aniversario de la creación en 1878 de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, antecesora histórica de la actual Comandancia de la Guardia Civil en nuestra Comarca, estuvo la presentación de un plano único en su clase. Se trata de una pieza cartográfica realmente excepcional.

El acto tuvo lugar el pasado 28 de mayo en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y consistió en la entrega a dicha entidad y Ayuntamientos de Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa, de los seis primeros ejemplares de una serie conmemorativa, numerada y limitada a 500, de la reproducción a tamaño original, de dicho plano.

Fechado en Sevilla el 30 de noviembre de 1862 fue levantado a mano con toda precisión topográfica por el entonces teniente coronel de Ingenieros del Ejército Luis Juárez de Negrón y Fernández de Córdova.

Se trata de un plano, tal y como reza la leyenda manuscrita que lo encabeza, “del litoral y una legua tierra adentro desde el Boquete de la Peña al NO de Tarifa en el Océano hasta Cerro alto, procsimo (sic) a Torre Nueva en el Mediterráneo”. Es decir, cubre prácticamente en longitud la totalidad de la costa del actual Campo de Gibraltar, unos 110 kilómetros aproximadamente y unos 5’5 km en profundidad.

Si bien en España se había adoptado el metro como unidad fundamental de longitud por la Ley de 19 de julio de 1849, aún quedaban más de treinta años para que fuera declarado obligatorio el uso del sistema métrico decimal. Concretamente lo sería por un real decreto de 14 de noviembre de 1879. Es por ello que la escala empleada en el plano era todavía la tradicional de “pie de Burgos”, denominado también “pie castellano”. Una legua equivalía a 20.000 “pies castellanos”, o lo que es lo mismo, 5.572 metros.

El plano original, de un metro cuadrado aproximadamente y que se conserva en perfecto estado, no se confeccionó para ubicar las posiciones y destacamentos del Ejército español que guarnecían el entorno de la disputada colonia británica.

Lo fue para situar el despliegue costero en primera línea de los puestos del Cuerpo de Carabineros del Reino, pertenecientes entonces a la Comandancia de Cádiz que mandaba el teniente coronel Ramón Macías Ordines. Faltaban todavía tres lustros para que se creara la de Algeciras.

En total se sitúan en el plano veinte pequeños acuartelamientos de Carabineros, cuya principal misión era la prevención y represión del contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar: Boquete de la Peña, Los Lances, La Caleta, Oliveros, Guadalmesi, Tolmo, Cañada del Peral, Getares, San García, Las Barcas, Ojo del Muelle, Paredones, El Rinconcillo, Palmones, Guadarranque, Punta Mala, San Felipe, Santa Bárbara, La Tunara y Torre Nueva. Todos ellos, junto otros que se crearon posteriormente, fueron asumidos por la Guardia Civil tras la absorción producida por la Ley de 15 de marzo de 1940. De condiciones muy precarias, casi infrahumanas, sólo permanece hoy día en uso, reformado y ampliado, el de San García.

También reviste gran trascendencia la visión sobre el plano, de las dimensiones que tenían entonces los distintos núcleos urbanos del Campo de Gibraltar, bien diferentes de los actuales, así como las vías de comunicación terrestre que las unían y la toponimia de la Comarca que igualmente ha sufrido algunos cambios. 

Sirva como ejemplo que nuestra actual denominación de “Bahía de Algeciras” figura en el plano como “Bahía de Gibraltar”. Razones de estado para potenciar la proyección marítima internacional de nuestra ciudad motivaron que España lo modificara.

Una de las advertencias manuscritas sobre el plano informa que “por no hacer confuso, se han omitido en dibujo las curvas de nivel, poniendo solo las precisas para dará conocer las sierras, estribos, puertos, etc.”

Realmente se trata de un plano extraordinario y que debió ser objeto de un encargo muy especial pues al dorso del original existe una anotación manuscrita que dice que no es propiedad de “Capitanía General”.

Al contrario de otra planimetria de la época, no era de los confeccionados por la “Brigada Topográfica”, unidad de Ingenieros del Ejército dedicada al “levantamiento de los planos de las plazas, de las fronteras y costas”, para su posterior impresión, difusión y uso militar.

Ello no era habitual y la solicitud de su confección debió partir posiblemente de un mando de Carabineros de la zona. Dicho plano fue entregado al autor de este artículo hace una década, junto a otra planimetría de dicho Cuerpo correspondiente a otras partes del territorio nacional, por Bruno Navarro, de larga tradición familiar militar y con antepasados carabineros, que se había conservado de generación en generación.

El valor de una pieza histórica cartográfica reside en buena parte en su autor, cuya calificación técnica y prestigio profesional avalan la calidad, la veracidad y la precisión de la información que contiene. En este caso además se trata no de una mera copia sino de un original único, firmado y datado por quien lo ha levantado. Es decir, una joya en su ámbito.

Luis de Negrón, responsable entonces del “Detalle” de la Comandancia de Ingenieros de Sevilla, es autor de muy variada planimetría. Por ejemplo, se conserva en el Instituto de Historia y Cultura Militar otro plano suyo, firmado el 21 de abril de 1863, relativo a la antigua Maestranza de Artillería de Sevilla. 

Referente al Campo de Gibraltar otra firma suya puede verse en el museo hispalense de la Región Militar Sur, dando el visto bueno a un plano de San Roque y sus inmediaciones. Fue levantado en 1858 por el celador Alejandro de Montemayor, al objeto de fijar la situación de los edificios que se proponían para el acuartelamiento de tropas.

Según consta en su hoja de servicios, que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia, nació el 15 de agosto de 1817 en la localidad sevillana de Estepa y pertenecía a una familia de noble linaje y tradición militar. Sus padres eran Luis Juárez de Negrón Montiel, capitán de Artillería, y Presentación Fernández de Córdova Rodas.

Al igual que seis de sus hermanos, eligió la carrera de las armassi bien Ramón, Rafael, José y Joaquín eran de Artillería mientras que Francisco era de Infantería y Enrique de Caballería. El4 de agosto de 1835, con casi 18 años de edad, ingresó en la Academia especial del Cuerpo de Ingenieros” ubicada en el palacio de Montes Claros en Guadalajara, antigua Real Fábrica de Paños, reconvertida hoy día en archivo general militar.

El 21 de agosto de 1837 fue nombrado subteniente alumno. Al año siguiente, el 11 de diciembre, en plena Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue promovido al empleo de teniente y destinado a la 2ª Compañía del Primer Batallón del Regimiento de Ingenieros del Ejército de Operaciones en Cataluña, donde recibió su verdadero bautismo de fuego. 

A principios de 1839 se incorporó al Estado Mayor de la División que estaba encargada de proteger los distritos de Vich y Olot, encomendándosele las comisiones de fortificación en las localidades barcelonesas de Manlleu y Roda de Ter, así como de realizar las construcciones necesarias para el paso de ríos y grandes arroyos por las tropas. 

Continuó realizando obras de fortificación por Igualada, Manresa, Sallent de Llobregat y Calders. Participó en las operaciones de Solsona y muy singularmente en la “sangrienta lucha” que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Peracamps entre el 24 y 28 de abril. Su compañía que marchó a la cabeza junto al Regimiento de Saboya tuvo un tercio de bajas en combate, entre muertos y heridos. Por su comportamiento “fue premiado sobre el campo de batalla” con el grado de capitán de Infantería.

A mediados de 1841 su compañía pasó a formar parte de la guarnición de Madrid y cuando el 22 de diciembre fue ascendido a capitán se quedó al frente de aquella.

El 16 de marzo del año siguiente fue destinado a la Dirección de la Subinspección de Ingenieros en Aragón donde estuvo sólo 6 meses ya que pasó a continuar sus servicios en las obrasurgentes que hubo que acometeren la Ciudadela de Barcelona,“que en un momento de efervescencia popular había sufrido un gran deterioro”.

Durante ese periodo fue nombrado ayudante del comandante general de Ingenieros del Ejército de Cataluña, obteniendo por su meritorio comportamiento en las operaciones militares sobre Barcelona el grado de primer comandante de Infantería y el empleo de segundo comandante de Ingenieros.  

El 8 de agosto de 1843 lo destinaron a la Dirección de la Subinspeccion de Castilla la Nueva, donde se hizo cargo de su secretaría en Madrid y donde permaneció más de una década, salvo un par de años al frente de la Comandancia de Ingenieros de Segovia. En 1854, ya como primer comandante, pasó destinado a la Subinspección de Andalucía y Comandancia de Sevilla y un año más tarde le confirieron el mando del batallón de Ingenieros de guarnición en Melilla.

Allí participó en diversas acciones militares “contra los moros fronterizos”, destacando sobresalientemente por su valor en la acción ocurrida el 13 de julio de 1855, siéndole concedida la cruz de San Fernando de 1ª clase. 

Mención especial merece en esa época su participación en el reconocimiento del campo de Melilla junto al también comandante Juan Sánchez Sandino y el capitán de Estado Mayor Jacinto Hernández de Ariza bajo la dirección del brigadier subinspector de Ingenieros José Aparici.

Negrón está considerado como uno de los autores del croquis levantado para ilustrar el parte que dio el general Juan Prim (entonces capitán general de Granada y futuro presidente del gobierno asesinado en Madrid el 30 de diciembre de 1870) sobre las acciones de guerra del 25 y 26 de noviembre de 1855 en el campo fronterizo. Se causaron numerosas bajas al enemigo pero las tropas españolas sufrieron 1 jefe, 3 oficiales y 12 soldados muertos así como 6 oficiales y 59 soldados heridos. 

Dicho croquis sirvió de base para el levantamiento de un interesantísimo plano del campo de Melilla que puede consultarse en el libro “Cartografía histórica de Melilla” del historiador Antonio Bravo Nieto.

Con antigüedad de 19 de septiembre de 1856 fue ascendido a teniente coronel y nombrado jefe de la Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, con residencia en Algeciras, donde tras permaneció casi dos años, haciéndose cargo, entre otras obras de importancia, de las fortificaciones y defensas artilleras de la isla de Tarifa.

Posteriormente lo designaron para estar al frente de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta y ya en 1860, para el mando de la de Sevilla.

Al iniciarse la Guerra de África pasó a formar parte del Ejército expedicionario de Operaciones, finalizando la campaña como jefe de Ingenieros del Cuerpo de Ocupación de Tetuán en 1861.

El 2 de junio de 1862 fue destinado nuevamente a Sevilla como jefe de la Comandancia de Ingenieros, siendo en ese periodo cuando realiza el plano que nos ocupa.

Ascendido con antigüedad de 22 de agosto de 1863 al empleo de coronel, se hizo cargo de la Dirección de la Subinspeccion de Ingenieros en Andalucía, con residencia en Sevilla, en donde permaneció hasta su retiro por razones de salud, el 2 de febrero de 1868, con 50 años de edad.

A lo largo de su vida militar le fueron concedidas la cruz de distinción por la Batalla de Peracamps (1840), la cruz de caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica (1852), la cruz de San Fernando de 1ª clase (1855), la cruz de la real y militar orden de San Hermenegildo (1858), la cruz de comendador de la real y distinguida orden de Carlos III (1864) y la cruz de la Orden Civil de la Beneficiencia (1865), esta última por su labor humanitaria en una epidemia de cólera que se padeció en Sevilla.


Casado con Josefa Valdés Alfonso, continuó viviendo en la capital hispalense hasta su fallecimiento, "después de penosa enfermedad”, según publicó “El Día” en su edición del 4 de marzo de 1897. 

sábado, 9 de junio de 2018

GENERAL DE BRIGADA DE LA GUARDIA CIVIL RAFAEL SERRANO VALLS (1920-2018).

Obituario escrito por Jesús Núñez, publicado en "DIARIO DE CÁDIZ", "DIARIO DE JEREZ" y "EUROPA SUR", el 10 de abril de 2018, pág. 26, 24 y 20, respectivamente.


  • Fallecido a los 98 años de edad y militar por tradición familiar, le tocó dirigir las fuerzas de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante los años de la Transición a la democracia.

    Ayer lunes 9 de abril falleció en su domicilio de la capital gaditana quien fuera general de brigada de la Guardia Civil, Rafael Serrano Valls, de 98 años de edad. Viudo de Blanca del Río Carballido, fallecida en agosto de 2016, tenía cuatro hijos (Rafael, Alberto que alcanzó el empleo de coronel en el benemérito Instituto, José María y Jaime) además de una pequeña legión (nunca mejor dicho) de nietos y bisnietos.
    Su padre fue Alberto Serrano Montaner, ascendido a título póstumo a teniente general en 1959 al encontrarse en posesión de la medalla militar individual. Antiguo oficial, en diferentes empleos, de las Fuerzas Regulares Indígenas y de la Legión, llegó a ser subinspector de esta última entre 1952 y 1955.
    Escribir del general Rafael Serrano Valls es escribir de una parte, no sólo de la historia de la Benemérita gaditana, sino de la propia provincia, tanto por los años que estuvo destinado en la misma como por las responsabilidades que ostentó y el periodo que le tocó vivir. También es escribir de algún capítulo de la reciente historia de España.
    Nacido en la localidad granadina de Durcal el 15 de diciembre de 1920, le sorprendió el inicio de la guerra civil con tan sólo 15 años de edad. Se alistó como soldado de infantería de 2ª clase en las Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán nº 1, donde se encontraba destinado su padre. Dos años más tarde fue nombrado alférez provisional de infantería, prosiguiendo la carrera de las armas al finalizar la contienda.
    En abril de 1941 ascendió a teniente provisional pasando en comisión de servicio a las incipientes Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico, herederas del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto, que su padre estaba organizando. Tres años más tarde, tras pasar por la academia de transformación de Zaragoza, obtuvo dicho empleo con carácter profesional, siendo destinado al Tercio "Gran Capitán" de la Legión en Melilla.
    No permaneció mucho tiempo allí, pues en marzo de 1945 se le concedió su pase al Cuerpo de la Guardia Civil donde obtuvo numerosos destinos en diferentes provincias de la geografía nacional y alcanzó sucesivamente los empleos de capitán, comandante y teniente coronel. Fue precisamente en este último ascenso donde se incorporó en abril de 1961 como jefe de la entonces 237ª Comandancia de Cádiz, cuya jefatura estaba ubicada en el hoy desaparecido acuartelamiento capitalino de la calle San Severiano nº 10.
    En mayo de 1966 ascendió al empleo de coronel y fue destinado a mandar el Tercio de La Coruña pero apenas unos meses después se le confirió el mando del recién creado 26º Tercio de la Guardia Civil de Cádiz, cuya jefatura pasó a ubicarse en el mentado acuartelamiento de San Severiano.
    Dicha Unidad estaba compuesta por la 261ª Comandancia de Cádiz y la 262ª Comandancia de Algeciras, es decir toda la fuerza de la Benemérita desplegada en la provincia de Cádiz quedaba bajo el mando de un único coronel de la que dependían las dos comandancias citadas, mandadas por sus respectivos tenientes coroneles.
    Siete años más tarde, en diciembre de 1974, se produjo una reorganización periférica de la Guardia Civil, pasando a denominarse el 26º Tercio como el 24º y sus dos Comandancias como la 241ª de Cádiz y 242ª de Algeciras. 
    Aquello no afectó en la provincia de Cádiz más que al cambio de numeración. El coronel Serrano siguió a su mando hasta que a finales de julio de 1979 fue promovido al empleo de general de brigada. Es decir, durante más de doce años, entre 1967 y 1979, estuvo al frente de la Guardia Civil de toda la provincia, siendo su máximo responsable por lo tanto durante la Transición democrática.
    Los tiempos habían cambiado y la incipiente democracia española se enfrentaba a uno de sus peores enemigos: el terrorismo de la banda criminal ETA. Y el general Serrano pasó precisamente a liderar sobre el terreno la lucha contra aquellos asesinos. Fue nombrado jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil con cabecera en Logroño, de la que dependían, entre otras, las Comandancias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Aquella fue una época muy dura y que fue bautizada como los "años de plomo".
    En enero de 1981 fue nombrado general jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil de Madrid, donde al mes siguiente acontecieron los ya conocidos sucesos del 23F en el Congreso de los Diputados, cuando se produjo el intento de golpe de estado. 
    El director general del Cuerpo, el entonces general de división José Luis Aramburu Topete, le encomendó la responsabilidad y el mando de dirigir las fuerzas de la Guardia Civil que rodearon el Congreso y establecer los cinturones de seguridad en la carrera de San Jerónimo. Una vez fracasada la acción golpista fue el responsable de las fuerzas que procedieron al desarme y detención de los guardias civiles asaltantes.
    A finales de agosto del año siguiente pasó a la situación de disponible forzoso por cumplir la edad reglamentaria. En mayo de 1984 pasó a la situación de reserva activa y desde dos años después a la de segunda reserva, pasando a retiro por edad a partir de diciembre de 1998.
    Hasta aquí su historial militar y profesional como guardia civil. Como he comentado muchas veces a su hijo Jaime, antiguo oficial de Sanidad Militar de la Armada, hoy día con importantísimas responsabilidades en la sanidad civil de la Comarca de Jerez de la Frontera, es una lástima que su padre no dejara escritas sus memorias sobre todas las vicisitudes que durante tantas décadas le toco vivir.
    Aquellos que tuvimos la fortuna y el privilegio de conocerle y escuchar algunas de sus numerosas y animadas anécdotas podemos asegurar que con su fallecimiento se ha ido una parte de la historia de esta provincia y de más sitios.
    Para hablar de su historia personal, humana y familiar haría falta mucho más espacio, pero ello corresponde escribirlo a su familia, siempre generosa, abierta y formada en unos valores que su padre, abuelo y bisabuelo supo inculcarles y transmitirles.
    Con la despedida de nuestro general se cierra un periodo de nuestra historia. Descanse en paz con el cariño y el respeto de todos cuanto le conocimos.