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miércoles, 20 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (L). LOS GUARDIAS DE SAN ROQUE EN CASAS VIEJAS (1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de enero de 2021, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



En Casas Viejas, sobre las siete horas de la mañana del 11 de enero de 1933, un nutrido grupo de campesinos armados, tras proclamar el comunismo libertario, asaltar la oficina de arbitrios y quemar su documentación, iniciaron el ataque a la casa-cuartel de la Guardia Civil.

En su interior se defendieron, y protegieron a sus familias, el sargento Manuel García Álvarez y los guardias 2º Román García Chuecos, Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez. Los dos primeros fallecerían días después como consecuencia de los disparos recibidos, mientras que los otros dos resultaron heridos leves.

Aquella brutal agresión contra quienes representaban el orden y la ley en esa pedanía de Medina Sidonia, motivó que se enviasen inicialmente en su auxilio fuerzas del benemérito Instituto así como de Asalto pertenecientes al Cuerpo de Seguridad. 

Las primeras estaban compuestas por once guardias civiles al mando del sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules. Fueron los primeros en llegar sobre la una y media de la tarde, procedentes de Medina Sidonia, consiguiendo media hora más tarde que cesara el ataque y huyeran los insurrectos.

Las segundas estaban integradas por doce guardias de asalto bajo el mando del teniente de Infantería Gregorio Fernández Artal, destinado en Sevilla y procedente de San Fernando, donde estaban concentrados. Llegaron a Casas Viejas sobre las cinco de la tarde, junto otros cuatro guardias civiles más. 

Posteriormente, cuando ya un grupo de los agresores se había atrincherado en una choza en vez de huir como había hecho el resto, llegaron otros dos contingentes policiales más. 

Uno perteneciente a la Guardia Civil, compuesto por dieciséis efectivos bajo el mando del teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción. Tenía también a su cargo en esas fechas, con carácter interino, la línea de Jimena de la Frontera. Llegó a Casas Viejas sobre las ocho de la tarde procedente de Jerez de la Frontera, donde estaba concentrado desde la jornada anterior al frente de dicho contingente, en previsión de que se produjeran incidentes. 

El otro grupo, mucho más numeroso, pertenecía a las fuerzas de Asalto del Cuerpo de Seguridad. A su frente estaba el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigespán, destinado en Madrid y que también había sido enviado el día 10 a Jerez en previsión de disturbios. Al llegar vía ferrocarril el día siguiente por la mañana, recibió la orden del director general de Seguridad, Arturo Menéndez López, igualmente capitán de Artillería, de dirigirse a Casas Viejas para hacerse cargo del mando de todo el operativo. Rojas, acompañado de 45 de sus hombres, llegó a dicha pedanía al inicio de la madrugada del día 12. El resto de la fuerza que trajo de Madrid, la había distribuido como refuerzo en las poblaciones de Cádiz, Jerez y Medina Sidonia.

Entre los guardias civiles se encontraban cinco del puesto de San Roque. Se trataban, por orden de antigüedad en el benemérito Instituto, de Antonio Ruiz Sánchez, Rodrigo Vázquez Villalobos, José Espinosa Sánchez, José Barragán Vega y Manuel Medina Martín. Algunos de sus descendientes habitan actualmente en San Roque ya que varios de aquellos, al pasar a la situación militar de retiro, fijaron su residencia en dicha localidad.

El más antiguo y también el de mayor edad era Ruiz. Nacido el 12 de junio de 1886 en Trebujena, había ingresado en la Guardia Civil el 1º de marzo de 1910. Se encontraba destinado en San Roque desde octubre de 1922, procedente del puesto de Facinas. Estaba casado con Ana Remedios Bullón Lobato, con quien tenía tres hijos llamados Antonia, José y Ana.

Vázquez había nacido el 5 de septiembre de 1890 en Grazalema e ingresado en el Cuerpo el 11 de junio de 1915. Estaba destinado en San Roque desde junio de 1929, procedente del puesto de Tarifa. Casado en primeras nupcias con Esperanza Iglesias Sánchez quedó viudo sin descendencia. Volvió a contraer matrimonio, esta vez con María Domínguez Jiménez, de quien tuvo dos hijos llamados José Antonio y Eloisa.

Espinosa, nacido el 25 de octubre de 1887 en Jimena de la Frontera, había ingresado en la Guardia Civil el 10 de octubre de 1918. Se encontraba destinado en San Roque al menos desde 1930, procedente del puesto de Los Barrios. Estaba casado con Catalina Fernández Rodríguez, con quien había tenido ocho hijos hasta 1933: Gaspara, Esteban, Francisco, Josefa, Manuel, Aurora, Amparo y Dulcenombre.

Barragán había nacido el 8 de septiembre de 1892 en Cortes de la Frontera (Málaga) e ingresó en el benemérito Instituto el 1º de septiembre de 1920. Destinado en San Roque desde diciembre de 1930, procedía precisamente del puesto de Casas Viejas, donde había prestado servicio tres años. Estaba casado desde diciembre de 1926 con Cristobalina Reyes Sánchez, natural de Cádiz, a quien había conocido cuando se encontraba concentrado en la Comandancia de Melilla. Tuvieron cinco hijos: una hembra y cuatro varones.

Medina nació el 21 de enero de 1899 en La Línea de la Concepción, habiendo ingresado en la Guardia Civil el 1º de agosto de 1923. Destinado en San Roque desde septiembre de 1929, procedía del puesto de Alcalá del Valle. Estaba casado desde enero de 1926 con Matilde Guerra Gómez, natural y vecina de Ceuta, con quien había tenido cuatro hijos hasta 1933: Manuel, Andrés que había fallecido a los seis meses de nacer, Francisco y Matilde, que entonces no había cumplido todavía un año de edad y que fallecería ocho años más tarde. Posteriormente a los sucesos de Casas Viejas tendría otros cuatro hijos más: José, Fernando, Luis y Rogelio, que fallecería a los siete meses de nacer.

Todos ellos habían participado en el restablecimiento del orden y la ley contra quienes se habían alzado en armas contra el gobierno legítimo de la República. Declarado hecho de guerra por decreto de 18 de enero de 1933, esos cinco guardias civiles del puesto de San Roque serían recompensados, por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio siguiente, con la cruz de plata del mérito militar, con distintivo rojo. La del guardia Ruiz sería la única que estaría pensionada por un plazo de cinco años, con una cuantía de 12’50 pesetas mensuales. Por aquel entonces el sueldo de un guardia civil venía a ser de unas 300 pesetas mensuales aproximadamente.

Los dos fallecidos, el sargento García y el guardia García Chuecos, fueron ascendidos a brigada y cabo, respectivamente. Los dos guardias heridos, García Rodríguez y Salvo, éste último natural de San Roque, fueron ascendidos a cabo. 

Entre el resto del personal recompensado con dicha condecoración, “por su intervención en el levantamiento del asedio del Cuartel y población de Casas Viejas”, estaban destinados en el Campo de Gibraltar los cabos Manuel Osado Labrador y Luis Cañón Pedrero (nacido en San Roque) así como el guardia 1º Pedro Velasco Durán y los guardias 2º Juan Sánchez Gómez, Antonio Rompinelli Domínguez y Agustín Troyano Moreno, todos ellos pertenecientes al puesto de La Línea; José Guerrero Rojas, al de La Atunara; y José Rodríguez Delgado, al de Los Barrios.

 

sábado, 16 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XLIX). LAS PRINCIPALES VICISITUDES (1932-1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de enero de 2021, pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


El 5 de agosto de 1932, el teniente coronel Joaquín Fernádez Trujillo, jefe de la Comandancia de Cádiz, participó al director general de la Guardia Civil, que el cabo Miguel García Pérez acababa de ser destinado con carácter forzoso al puesto de San Roque, al objeto de hacerse cargo de su mando accidental.

Se había incorporado el mes anterior al puesto de Jimena de la Frontera en sustitución del cabo José Aguirre Grondona, que a su vez había causado alta en la revista del mes de junio en el puesto de Vejer de la Frontera.

El comandante titular del puesto de San Roque, brigada Jesús Mulero Pallarés, continuaba ingresado en el hospital militar de Sevilla a consecuencia de la enfermedad que padecía. Se preveía que tras ser dado de alta pasaría el resto de la convalecencia en su domicilio familiar previa concesión de la correspondiente licencia temporal. A ello se sumaba que a finales de mayo del año siguiente cumpliría la edad reglamentaria de pase a la situación de retiro, fijada entonces para su empleo a los 54 años.

Por lo tanto era necesario destinar a un cabo al puesto de San Roque para que ejerciese temporalmente su mando hasta que se incorporase otro suboficial. Al no haberse llevado consigo la familia a Jimena se consideró que García era al que menos perjuicio económico se le ocasionaba con dicho traslado forzoso, ya que los gastos derivados del mismo se los costeaba cada uno de su propio peculio.

Ningún otro cabo de la Comandancia de Cádiz había querido pasar destinado a San Roque con carácter voluntario, aún a pesar que había quedado resuelto la cuestión de la vivienda. Entonces se llegó inicialmente a considerar por la superioridad, mandar forzoso a uno de los cabos que había en los puestos de Olvera, Prado del Rey o Setenil, pertenecientes a la 9ª Compañía (Villamartín). Todos ellos tenían un sargento así como una plantilla de 8, 5 y 6 guardias respectivamente.

También se llegó a valorar detraerlo del puesto de Alcalá de los Gazules, perteneciente a la 7ª Compañía (San Fernando), que tenía un sargento y una plantilla de 10 guardias.

Sin embargo, finalmente se optó por obtenerlo de la propia 8ª Compañía (Algeciras), en la que estaba encuadrado el puesto de San Roque, ya que había dos cabos que no tenían mando. Uno era Juan Casillas Aguilera que estaba en el puesto de Algeciras pero dado que en esas fechas contaba con una plantilla de 30 guardias al mando del sargento Miguel Ruiz García, no se consideró conveniente detraerlo. El otro era el ya mentado de Jimena que además del sargento Manuel León Pasanís tenía 8 guardias.

La del cabo García no fue la única incorporación que se produjo en el segundo semestre de 1932 al puesto de San Roque. En la revista de diciembre causó alta el guardia 2º José Antonio Montes Gil, procedente del puesto de Chipiona.

Mientras tanto, a nivel nacional, el panorama económico, político y social se iba complicando cada vez más. A principios de enero de 1933 se produjeron varias insurrecciones anarquistas en diferentes puntos de España, siendo la provincia de Cádiz el escenario de la más grave y violenta de todas ellas. Llegó a conmocionar los cimientos de la propia República, haciendo caer el gobierno presidido por Manuel Azaña Díaz.

Fueron los sucesos de Casas Viejas. Resultaron muertos dos guardias civiles, un guardia de asalto y veintitrés vecinos de aquella población, entonces pedanía de Medina Sidonia. Precisamente hoy, lunes 11 de enero, se cumplen 88 años de aquella tragedia. Varios guardias civiles del puesto de San Roque serían testigos de parte de lo acaecido. 

Al amanecer de esa aciaga jornada cerca de dos centenares de paisanos, tras proclamar el comunismo libertario y cometer algunos desmanes, atacaron la casa-cuartel ubicada en una plaza de la localidad. Defendida tan sólo por su comandante de puesto y tres guardias civiles, resistiría hasta la llegada del auxilio. Como consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos efectuados contra ellos, fallecerían en los días siguientes el sargento Manuel García Álvarez y el guardia 2º Román García Chuecos. Los guardias 2º Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez, resultarían heridos leves. Este último por cierto, era nacido en San Roque, habiendo estado su padre, el cabo José Salvo Viera, destinado muchos años en dicha localidad.

En auxilio de Casas Viejas acudieron desde diferentes puestos de la provincia una treintena de guardias civiles. A su frente quedó el teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la linea (sección) de La Línea de la Concepción, auxiliado por el sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules. Entre aquellos estaban los guardias 2º José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Ruiz Sánchez, José Espinosa Sánchez y Rodrigo Vázquez Villalobos, pertenecientes al puesto de San Roque. 

Todos ellos participaron en el restablecimiento del orden y la ley contra quienes se habían alzado en armas con la pretensión de derrocar el régimen republicano. Fueron recompensados por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio de 1933, con la cruz de plata del mérito militar, con distintivo rojo.

Pero todo aquello quedó empañado en la mañana del 12 de enero por el atroz asesinato de catorce vecinos que se encontraban detenidos y esposados. El responsable de tan terrible crimen fue el capitán Manuel Rojas Feigespán, destinado en el Cuerpo de Seguridad, perpetrado por él mismo y varios de sus guardias de asalto, que desde Madrid habían sido enviados a Casas Viejas para sofocar la insurrección.

Los guardias civiles del puesto de San Roque que estuvieron allí no participaron en la matanza pero declararían como testigos en el procedimiento judicial que se instruyó contra dicho oficial y durante la vista oral que se celebró en la audiencia provincial de Cádiz en mayo de 1934. Sus testimonios y otros datos de interés protagonizarán el próximo capítulo.

Otro hecho de trascendental importancia pero afortunadamente de muy diferente corte, acaecido también en 1933, protagonizado por todos los componentes del puesto de San Roque, fue la firma de la promesa de fidelidad a la República. 

Dicho acto se llevó conforme a lo dispuesto en el decreto de la Presidencia del Gobierno provisional, de fecha 22 de abril de 1931, que comenzaba diciendo: “La revolución del 14 de abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las instituciones hoy desaparecidas. No se entiende en modo alguno que las fuerzas de mar y tierra del país estaban ligadas en virtud de aquel juramento, por un vínculo de adhesión, a una dinastía o una persona.” 

Por tal motivo, en su exposición continuaba: “Respetuosa la República con la conciencia individual, no exige la promesa de adhesión. Los que opten por servirla, otorgarán la promesa; los que rehusen prestarla, será que prefieren abandonar el servicio. La República es para todos los españoles; pero sólo pueden servirla en puestos de confianza los que sin reservas y fervorosamente adopten su régimen”.

 

domingo, 10 de enero de 2021

LA HISTORIA DEL GUARDIA CIVIL JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ.

LXXXVIII Aniversario de los Sucesos de Casas Viejas (1933-2021).

 


 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 10 de enero de 2021, pág. 36; en "MELILLA HOY" el 13 de enero de 2021, págs. 14 y 15; y en "EUROPA SUR" el 15 de enero de 2021, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



Los trágicos sucesos de Casas Viejas, acaecidos el 11 y 12 de enero de 1933, transcurridas casi nueve décadas, siguen siendo objeto de interés. Historiadores e investigadores han realizado en los últimos años importantes y trascendentales aportaciones sobre los hechos y las personas vinculadas con lo que nunca debió ocurrir. Pero lamentablemente sucedió y hoy día continúa dando para escribir, porque por mucho que se haya publicado quedan todavía muchas historias por contar.

 

Gracias a libros como los del periodista Tano Ramos (“El Caso Casas Viejas: Crónica de un insidia, 1933-1936)” y del recientemente fallecido profesor Salustiano Gutiérrez (“Los sucesos de Casas Viejas: Crónica de una derrota”), todos sabemos mucho más.

 

Por vinculación corporativa siempre me interesó conocer la intrahistoria de los más olvidados: los guardias civiles que se vieron envueltos y arrastrados en aquellos hechos, habiendo aportado mis conocimientos tanto a Tano como a Salustiano.

 

En su momento, y vamos ya para casi veinte años, comencé recuperando como historiador, la memoria de las primeras víctimas de los sucesos de Casas Viejas: los cuatro guardias civiles del pequeño puesto que existía en lo que entonces era una pedanía de Medina Sidonia. Resultaron muertos, a consecuencia de los disparos recibidos, el sargento Manuel García Álvarez y el guardia Román García Chuecos, así como heridos leves los guardias Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez.

 

Ello no me hizo olvidar a los campesinos que fueron asesinados cuando se encontraban detenidos y esposados, ni dejar de investigar al principal responsable de aquel atroz crimen: el capitán de Artillería Manuel Rojas Feingespán, destinado en el Cuerpo de Seguridad y responsable de los guardias de asalto que fueron enviados a Casas Viejas para sofocar la revuelta anarquista.

 

Posteriormente, junto a Tano, descubrimos y pusimos en valor la figura del guardia civil Juan Gutiérrez López, uno de los miembros del benemérito Instituto que acudieron en auxilio del puesto atacado. Llevaba detenidos, en unión del guardia de asalto Luis Menéndez Álvarez, a Salvador Barberán Romero y José Rodríguez Calvente. El guardia Gutiérrez al apercibirse que ambos paisanos iban a ser asesinados como el resto, convenció a Menéndez para que los dejasen escapar, asegurándole que se trataban de buenas personas. 

 

Continué investigando las vicisitudes del grupo de guardias civiles que llegó a Casas Viejas y descubrí la historia de Juan Sánchez Gómez, destinado en el puesto de La Línea de la Concepción. En esa época sólo había una Comandancia de la Guardia Civil para toda la provincia. Su jefe era el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo.

 

Sánchez era uno de la treintena de guardias civiles que acudieron desde diferentes puestos bajo el mando del teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, así como del sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules.

 

El interés inicial por Sánchez vino motivado porque cuando se estaba celebrando la vista contra el capitán Rojas en la Audiencia Provincial de Cádiz, diversos periódicos publicaron que había declarado como testigo, que le había escuchado dar la orden de disparar contra los detenidos. “La Voz de Aragón”, “El Heraldo de Zamora”, “El Día de Palencia” o “El Ideal Agrario”, entre otros, así lo recogieron en sus ediciones correspondientes al 24 de mayo de 1934.

 

En cambio, otros diarios le dieron un perfil más bajo a su testimonio, calificándolo como similar al de otros guardias civiles y guardias de asalto que también habían prestado declaración. Esa diferencia en las crónicas se debía a que procedían de distintos corresponsales de las numerosas agencias y medios que siguieron in situ la celebración del juicio.

 

Lo que realmente dijo Sánchez al tribunal lo reflejó Tano en su libro. Declaró que patrulló y confiscó seis escopetas así como que los detenidos fueron llevados junto a la corraleta de la choza de Seisdedos. Allí estaban los restos de aquél y otras siete personas más junto al cuerpo inerte del guardia de asalto Ignacio Martín Díaz, muertos la madrugada del 11 al 12. 

 

El capitán les preguntó si reconocían los cadáveres, respondiendo uno de los detenidos que allí estaba su hija. Los guardias de asalto le respondieron que el uniformado era su hermano. Durante ese breve y tenso diálogo algunos detenidos lloraban y otros hacían ademanes agresivos a Rojas o lo miraban amenazadoramente. 

 

De repente, Sánchez escuchó primero un disparo de pistola y seguidamente una descarga, pero no la voz de fuego, cayendo todos los detenidos. Impresionado por lo sucedido, tuvo que replegarse sobre la pared de la choza para evitar que le alcanzara uno de los disparos. Ante el juez instructor había manifestado anteriormente que el capitán les señaló a los detenidos el guardia de asalto muerto y les dijo que lo habían hecho ellos; que en ese momento, con la pistola que tenía en la mano, Rojas disparó y también lo hicieron los guardias de asalto, pero no los guardias civiles. También declaró que vio como los guardias de asalto le quitaban las esposas de las manos a los muertos.

 

¿Pero quien era el guardia civil Sánchez y qué fue de él?. Había nacido en la localidad malagueña de Estepona el 3 de marzo de 1895. De oficio marinero y residiendo en Ceuta fue filiado como soldado voluntario el 11 de febrero de 1914 en la Compañía de Mar. Casado con Encarnación Canto Muñoz se presentó a los exámenes de la Guardia Civil, ingresando el 13 de abril de 1919. Destinado a la Comandancia de Cádiz fue encuadrado en el puesto de Jimena de la Frontera.

 

El 18 de diciembre de 1922 pasó al puesto de San Roque donde protagonizaría el 25 de noviembre siguiente un heroico acto benemérito por el cual sería condecorado con la cruz de 3ª clase de la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco. El 7 de abril de 1927 le sería impuesta por el alcalde, José Fernández López, siendo sufragada por el consistorio municipal. 

 

La prensa de la época se hizo amplio eco de ello. En unión del guardia 1º Antonio Gallardo Galván, había salvado la vida a la menor Teresa Galán Ríos que se había caído al interior de un pozo de agua que tenía nueve metros de profundidad por tres de ancho. Inicialmente se arrojó Gallardo para rescatarla pero como él solo no podía, Sánchez se tiró también y fue éste prácticamente quien terminó salvando a los otros dos.

 

Desde julio de 1925 hasta febrero siguiente marchó concentrado a Melilla, participando en las campañas de Marruecos. Continuaría en San Roque hasta fin de julio de 1932 que pasó a La Línea de la Concepción. Con motivo del ataque anarquista sufrido por la casa-cuartel de Casas Viejas el 11 de enero siguiente, formó parte del contingente que acudió en su auxilio.

 

Por su actuación se le concedió el 5 de junio de 1933 la cruz de plata del mérito militar con distintivo rojo, pensionada con 12’50 pesetas mensuales, por cinco años. Apenas llegó a disfrutarla ya que falleció de neumonía el 27 de octubre de 1934 en el hospital militar de Algeciras.

 

 

 

LA OTRA CONDENA DEL CAPITÁN ROJAS.

LXXXI Aniversario  de los Sucesos de Casas Viejas (1933-2014). 


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 12 de enero de 2014, pág. 30. 

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

El responsable de la matanza de Casas Viejas fue condenado en 1939 por sustraer un coche para viajar con una prostituta. Le impusieron casi dos años de prisión y fue separado del servicio.

 


Hay individuos que han alterado el rumbo, no sólo de los hechos que ha protagonizado, sino a veces la propia historia. Y uno de ellos, por desgracia para muchos, fue el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigenspan, destinado en enero de 1933 en las Vanguardias de Asalto del Cuerpo de Seguridad. 

 

Sin Rojas no hubiera existido nunca el caso Casas Viejas, tal y como hoy sabemos gracias a los trabajos de muchos historiadores e investigadores, el último de ellos el del periodista Tano Ramos, que mereció el prestigioso Premio Comillas. 

 

Si cualquier otro capitán hubiera estado en Casas Viejas, la historia hubiese sido bien diferente. Ni se hubiese asesinado a una docena de campesinos desarmados, algunos incluso esposados, ni el gobierno de Azaña, incluido el propio presidente, se hubiera visto duramente vapuleado, ni se contribuiría a que los anarquistas se abstuvieran en las elecciones generales de noviembre siguiente, que dieron el triunfo a la derecha. 

Tampoco se hubiera manchado el prestigio de un brillante cuerpo como el de Asalto, creado en la Segunda República e integrado en el de Seguridad. Pero ello no pudo empañar la entrega, esfuerzo y sacrificio, incluso de la propia vida en muchas ocasiones, de la que popularmente fue conocida como la Guardia de Asalto, pilar fundamental del orden público en el convulso periodo republicano. 

 

La primera sangre derramada en Casas Viejas fue la de los guardias civiles del puesto que tenía allí el benemérito Instituto y después la que se vertió en el ataque y defensa de la choza de Seisdedos.

 

Con todo lo que ello conllevó de tragedia, ambos hechos fueron asumidos por el gobierno de la época, pues no eran ni la primera casa-cuartel atacada ni los primeros muertos en enfrentamiento armado contra la fuerza pública. 

 

Pero lo que no pudo asumirse fue la tercera sangre que se vertió, la de los campesinos detenidos y desarmados. Aquello fue un crimen, un atroz asesinato cuyo responsable directo fue el capitán Rojas. 

 

Se trataba de un oficial desleal que no sólo mintió al propio presidente del gobierno sino a toda la cadena de mando de su cuerpo y por supuesto al juez instructor y al tribunal que lo condenó. 

 

La sustanciosa rebaja del Tribunal Supremo, que redujo a la octava parte la condena de 21 años dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, le permitió quedar en libertad poco antes de la guerra civil. Ésta le sorprendería, en situación de disponible gubernativo, en la localidad granadina de Torrenueva. 

 

Tras sucesivos destinos en las milicias de Falange, como jefe del sector de Motril, jefe de la 17ª batería del regimiento de Artillería Ligera número 3 y oficial del Parque Divisionario número 2, fue trasladado en octubre de 1937 al regimiento de Artillería Pesada número 1 para organizar la 8ª batería. 

 

El 15 de febrero siguiente, encontrándose en el frente de Aragón, le fue concedido permiso para Granada, por enfermedad grave y fallecimiento de su madre, Fernanda Feigenspan Sánchez. 

 

En vez de hacerlo por sus propios medios, se desplazó en un vehículo de su unidad, conducido por un chófer y acompañado de un asistente. 

 

Finalizado el entierro, en vez de reincorporarse al frente, como hubiera sido su deber, marchó a Sevilla, donde frecuentó ambientes de mala reputación. 

 

Al pasar en una de sus salidas nocturnas por la calle Canalejas, el 1 de marzo de 1938, vio estacionado cerca del hotel Majestic, un automóvil estadounidense marca Graham-Paige, matrícula CO-5623. 

 

Rojas no se lo pensó dos veces y se bajó del coche que ocupaba y entrando en aquél, trató de ponerlo infructuosamente en marcha, por lo que ordenó a su chófer y a su asistente que lo ataran al suyo para llevárselo remolcado. 

 

Una vez perpetrada la sustracción, marcharon a Triana, donde tras ponerlo en marcha, ordenó a su chófer y a su asistente que regresaran a Zaragoza en su coche, mientras que él, acompañado de una prostituta, lo hizo en el que acababa de expoliar. 

 

Ésta no era la primera vez de la que se tenía constancia de su contacto con "mujeres públicas", pues ya cuando fue conducido desde la prisión militar hasta la Audiencia de Cádiz bajo la escolta del teniente de la Guardia Civil Luis Salas Ríos, le pidió el favor de parar en una venta concreta. El joven oficial así lo hizo y cual no fue su sorpresa cuando al entrar, vio que una "mujer pública" estaba esperando a Rojas. 

 

La triste ironía de la vida haría que el padre del teniente, Joaquín Salas Machacón, teniente coronel retirado de Carabineros y antiguo jefe de la Comandancia de Cádiz, fuera asesinado al inicio de la guerra civil en Setenil por una columna procedente de Málaga, al igual que el guardia civil Juan Gutiérrez López, entre otras personas. 

 

Gutiérrez, que estuvo en lo de Casas Viejas, fue el primero en desenmascarar en su declaración judicial la barbarie de Rojas y además salvó la vida de dos campesinos al ponerlos en libertad cuando los llevaba a la corraleta de Seisdedos. 

 

Respecto al vehículo sustraído, resultó que pertenecía al servicio militar, llevaba un rombo visible con el número 51, y la hoja de circulación número 138, estando asignado al comisario de guerra interventor de transportes militares, Miguel Labra Martínez. Rojas ocultó la matrícula, cambió las hojas de ruta y encubrió su procedencia. 

 

El 3 de marzo se incorporó como si nada en su unidad, pero cuatro días después, fruto de las activas investigaciones realizadas, fue detenido por orden del comandante comisario de guerra de la Segunda Región y trasladado al cuartel de Palafox en Zaragoza. 

 

El día 24 fue trasladado a Sevilla, instruyéndosele por el teniente coronel de la Guardia Civil retirado Jesús Ransanz García, auxiliado por el alférez honorario del cuerpo Jurídico Militar Agustín Iniesta Sánchez, del Juzgado Eventual Militar, la causa 578/1938. Ello no impidió que aún estando en prisión preventiva fuera ascendido a comandante el 18 de marzo de 1939.

 

Juzgado por consejo de guerra celebrado el 4 de abril siguiente, el tribunal presidido por el general de brigada Ignacio Auñón Chacón y formado como vocales los coroneles de Infantería Joaquín Arcusa Aparicio, antiguo jefe del Regimiento de Infantería de Cádiz, y José María de Solís Ibáñez; de Ingenieros, Agustín Gutiérrez de Tovar Seiglie; de Artillería, Vicente Valera Conti; de Caballería, Félix Monasterio Ituarte; y como fiscal el auditor Francisco Rico Ruiz; fue condenado a la pena de 1 año, 8 meses y 21 días de presidio menor con la accesoria de separación del servicio, como autor de un delito de hurto tipificado en el artículo 505 del Código Penal común. 

 

El 5 de mayo, el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra, como jefe del Ejército del Sur aprobó dicha sentencia, conforme el parecer de su auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina. Todo ello según certificación expedida en Barcelona el 25 de abril de 1945 por el gobernador militar de Barcelona, general de división Joaquín Coll Fúster.



sábado, 9 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XLVIII). LAS PRINCIPALES VICISITUDES (1931-1932).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 4 de enero de 2021, pág. 10.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.


Dos problemas se exponían en el informe que la Subinspección del 16º Tercio (Málaga) había elevado el 5 de agosto de 1931 al director general de la Guardia Civil, sobre la petición de incremento de ocho efectivos más en el puesto de San Roque, efectuada por el alcalde del municipio.

Uno era el ya citado en el capítulo anterior sobre la falta de espacio para su alojamiento en la casa-cuartel, cuyo estado era penoso. Se proponía como solución que los nuevos guardias civiles fueran solteros y que las obras de adecuación de la sala-dormitorio comunitaria fuesen costeadas por el ayuntamiento peticionario. 

El segundo problema era aún más difícil de solventar: el teniente coronel jefe de la Comandancia de Cádiz había informado a su vez que “no se cuenta con fuerza disponible para atender al aumento solicitado”.

El alegato de “plantilla insuficiente” para asumir los cometidos y funciones asignadas al Cuerpo de la Guardia Civil no era una simple excusa sino una palpable realidad. En verdad ha sido siempre uno de los principales males endémicos que ha padecido el benemérito Instituto desde su época fundacional. 

La seguridad pública siempre ha tenido un elevado coste económico, tanto en recursos humanos como materiales, amén del que conllevan las instalaciones y su mantenimiento. Darle la prioridad que se merece entre todas las atenciones y necesidades que tiene el Estado ha sido siempre imposible de alcanzar, resultando más fácil para el gobernante de turno sostener al respecto una política económica de mínimos en vez de pretender una de máximos. Algo similar venía sucediendo en el ámbito de la defensa nacional, de la sanidad y enseñanza públicas así como de las infraestructuras terrestres y marítimas, por ejemplo.

Dado que para sufragar desde el Tesoro Público tan elevado coste económico era imprescindible establecer una estricta política fiscal que evitara y persiguiera duramente el contrabando, la defraudación y la evasión, el Estado contaba desde 1829, entre otras instituciones, con el Cuerpo de Carabineros. No obstante, su dotación de recursos humanos y materiales dejaba también bastante que desear, incluso en una comarca como la del Campo de Gibraltar, tan castigada por el contrabando procedente de la colonia británica.

Respecto a la Guardia Civil, se trataba de la única fuerza de seguridad pública que ha sobrevivido, desde hace más de 176 años, a todas las que le precedieron en su creación e incluso a algunas que surgieron con posterioridad. Todo gobernante, de la clase, condición e ideología que fuera, al final siempre ha querido contar con la Guardia Civil, tanto por lo que su apoyo representa como por tratarse de una herramienta realmente extraordinaria para la estabilidad y protección del Estado.

Especialmente significativo es lo escrito en sus memorias por Niceto Alcalá-Zamora Torres, primer presidente la Segunda República, cuando el 14 de abril de 1931 llegó a la entrada del Ministerio de la Gobernación, sito entonces en lo que actualmente es sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, ubicada en la emblemática Puerta del Sol: “Se gritó para advertir nuestra presencia y tras unos instantes de ansiedad aquellas puertas se abrieron un momento, cerrándose detrás de nosotros. En el portal la Guardia Civil nos presentó armas; todo había acabado en paz y éramos ya más que la revolución triunfante, su gobierno reconocido y servido por la fuerza armada regular”.

Regresando a San Roque, había concluido ya el expediente “por hallarse en estado ruinoso la casa-cuartel”, que el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo había ordenado instruir al alférez Juan Sánchez Díaz. El 19 de noviembre de 1931, el nuevo Subinspector del 16º Tercio, coronel José Gil de León Díaz, lo elevaba a la Dirección General de la Guardia Civil para la resolución que se estimase oportuna.

Informaba que se habían anunciado dos concursos de propietarios para arrendamiento de otro edificio, resultando desiertos. Requeridos entonces los dueños de inmueble sito en el núm. 14 de la calle Herrería, donde se encontraba el puesto de San Roque, para que practicasen las obras necesarias de reparación, manifestaron inicialmente su conformidad en efectuarlas si se aumentaba el alquiler en 25 pesetas mensuales. 

Sin embargo, los propietarios posteriormente procedieron a realizarlas, renunciando al incremento solicitado. Dado también que el ayuntamiento no podía facilitar otro edificio, el coronel Gil de León concluía su informe, mostrando su conformidad con el jefe de la Comandancia de Cádiz y el instructor, que se daba por concluido el expediente, proponiéndose continuar ocupando en actual acuartelamiento.

Adecentada mínimamente la casa-cuartel para la plantilla entonces existente no se llegó finalmente a conceder el aumento de efectivos solicitado por el alcalde Gabriel Arenas Díaz de Bustamante, aún a pesar del informe favorable de toda la cadena de mando del benemérito Instituto, ya que no había posibilidad de detraerlos de otras unidades. 

La República no estaba siendo más tranquila que la última parte de la Monarquía de Alfonso XIII en materia de orden público y la Guardia Civil era necesaria en todas las localidades. 

El problema de falta de personal que tenía el puesto de la Guardia Civil de San Roque se vió incrementado a mediados de 1932 como consecuencia de la enfermedad que padecía su comandante de puesto, el suboficial Jesús Mulero Pallarés. Su mal estado de salud le había llevado a ser ingresado en el hospital militar de Sevilla para tratarse de sus dolencias, no siendo previsible su alta a corto plazo, preveyéndose además que necesitaría posteriormente unos meses de licencia para poder recuperarse.

Al igual que había ocurrido en la mayor parte de los puestos de la Comandancia de Cádiz, se había tenido que suprimir en el de San Roque la vacante existente de cabo, al objeto de destinarla a otras unidades de nueva creación fuera de la provincia. 

Ello motivó que tuviera que hacerse cargo del mando accidental del puesto un guardia, no considerándose oportuno que dicha situación se prolongara en el tiempo, “tanto por la importancia de la población, como por ser punto forzado de paso de personas sospechosas y maleantes que se internan en la vecina plaza de Gibraltar”.

Recabados cabos voluntarios en el ámbito de la Comandancia de Cádiz, ninguno se ofreció a ello, máxime cuando no había vivienda disponible en la casa-cuartel. También se desechó por la superioridad la posibilidad de concentrar temporalmente un cabo procedente de otra unidad. La razón de ello era económica, evitando gravar “el presupuesto de concentraciones bastante agotado por el número excesivo de ellas”, tal y como resolvía al respecto el general de división Benito Pardo González, en escrito de fecha 21 de julio de 1932, dirigido al jefe de la Comandancia, conforme lo ordenado por el director general del Cuerpo, general de división Miguel Cabanellas Ferrer. 

Finalmente, se decidió el aumento de plantilla y destino forzoso del cabo Miguel García Pérez que estaba destinado en el puesto de Jimena de la Frontera, donde sí había un sargento como comandante de puesto. Se le adjudicaría el pabellón que venía ocupando uno de los guardias casados del puesto de San Roque, el cual sería a su vez destinado forzoso al de Jimena y se destinaría a aquél, uno soltero.

(Continuará).

 

 

lunes, 4 de enero de 2021

LA “CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL”: CLXXV ANIVERSARIO (1845-2020).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en la Revista de la Academia General Militar "ARMAS Y CUERPOS", núm. 145, diciembre de 2020, págs. 61-67.



El original está ilustrado por ocho fotografías (tres en color y cinco en blanco y negro).

Una vez creado el Cuerpo de la Guardia Civil por real decreto de 13 de mayo de 1844, en el que quedó firmemente asentada su naturaleza militar, comenzó su organización así como el reclutamiento, adiestramiento y despliegue de sus primeros efectivos por toda la geografía nacional.

Sin embargo, para su máximo responsable, el mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Ezpeleta, era prioritario y fundamental dotarlo de un conjunto de normas que recogieran los principios y valores morales por los que habría de regirse el nuevo Cuerpo.

Dictadas inicialmente las primeras circulares, procedió a redactar lo que constituyó el mejor código deontológico que haya tenido una institución de seguridad pública: la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845, dimanante del Ministerio de la Guerra.

Palabras clave: Guardia Civil, Cartilla, Honor, Servicio.

Introducción.

Conforme se establecía en el artículo 1º del real decreto de 13 de mayo de 1844 el Cuerpo de la Guardia Civil quedaba sujeto, al “Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento”.

Se convertía así en la primera institución de seguridad pública del Estado que comenzó a desplegarse por todo el territorio nacional y que con el paso del tiempo llegaría a superar los tres mil puestos. Inicialmente quedó estructurada en 14 Tercios, uno por Distrito militar, integrados a su vez por 34 Compañías de Infantería y 9 Escuadrones de Caballería. Su primera plantilla se fijó en 14 jefes, 232 oficiales y 5.769 de tropa.

El Duque de Ahumada, “teniendo en consideración los méritos, servicios y circunstancias” que concurrían en él y, “en atención al celo e inteligencia con que desempeña su organización”, fue nombrado Inspector General del nuevo Cuerpo por real decreto de 1º de septiembre siguiente.

Apenas transcurrido un mes, por real decreto de 9 de octubre, dimanante del Ministerio de Gobernación, se aprobó su “Reglamento de Servicio”, disponiéndose en su artículo 1º que la Guardia Civil tenía por objeto fundamental, la conservación del orden público; la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones; así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes.

Tan solo seis días después, el 15, se aprobó también mediante real decreto, esta vez dimanante del Ministerio de la Guerra, su “Reglamento Militar”. Si bien eran de aplicación a la Guardia Civil, las Ordenanzas Generales del Ejército, aprobadas en 1768 por Carlos III, se hacía necesario establecer algunas reglas especiales y particulares como consecuencia de su singular organización y su peculiar servicio.

Apenas habían transcurrido cinco meses desde su creación y el nuevo Cuerpo ya contaba con una organización, una estructura, una plantilla, un reglamento de servicio y un reglamento militar. Sin embargo, le faltaba lo más importante: un código deontológico que fijara las reglas éticas por las que debían regirse quienes constituyesen la Guardia Civil.

El Duque de Ahumada era plenamente consciente de la trascendencia que tenía dotar al nuevo Cuerpo de unos estrictos principios y unos rectos valores, razón por la cual su redacción constituyó una de sus máximas prioridades.

La Circular de 16 de enero de 1845.

Las cualidades morales del Guardia Civil constituyeron desde el primer momento una de las principales atenciones del Duque de Ahumada. Varias habían sido ya las instituciones de seguridad pública que habían precedido al nuevo Cuerpo que se honraba en organizar y dirigir. 

Todas habían nacido con un propósito justificado pero todas habían desaparecido, con mayor o menor gloria. De hecho, la última había sido lo que quedaba de la Policía General del Reino, creada por real cédula de 8 de enero de 1824 durante el régimen absolutista de Fernando VII y abolida por real decreto de 2 de noviembre de 1840. 

La inexistencia desde esa fecha de una muy necesaria institución de seguridad pública terminaría por motivar la creación, por real decreto de 26 de enero de 1844, del Ramo de Seguridad y Protección en el seno del Ministerio de la Gobernación, así como muy poco después una fuerza uniformada, la Guardia Civil, que relevaría al Ejército en las misiones policiales que temporalmente le habían sido encomendadas.

Sin entrar a valorar los diversos factores y complejas razones que motivaron el fracaso y desaparición de las anteriores instituciones de seguridad pública, lo cierto es que el Duque de Ahumada tenía perfectamente claro que la honestidad y moralidad de todos y cada uno de los que componían el nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, constituían un pilar fundamental para el prestigio y la perdurabilidad de la institución. 

Es por ello que dirigió a los jefes de Tercio una Circular fechada el 16 de enero de 1845, cuyo trascendental contenido, asumiendo circulares anteriores, constituyó la firme cimentación sobre la que se elaboró la “Cartilla del Guardia Civil”. 

Por otra parte, hay que destacar la oportunidad, nada casual en el tiempo, de dicha Circular ya que fue dictada en una fecha en la que prácticamente, en casi todas las provincias, se había comenzado a prestar servicio. 

Si bien entonces se disponía de los dos reglamentos mencionados, más otra serie de circulares complementarias que se citarán oportunamente, el Duque de Ahumada consideró imprescindible definir el conjunto de cualidades morales que debían tener y mantener los componentes de la institución. La obligación de la cadena de mando no sólo debía ser ejemplo de ello sino también velar por su más estricto cumplimiento.

Comenzó la Circular afirmando que la fuerza principal del Cuerpo había de consistir primero en la buena conducta de todos los individuos que lo componían. Un repaso a la hemeroteca, para consultar la prensa de la época anterior a la creación de la Guardia Civil, hace fácilmente entendible la importancia de la conducta ejemplar, pública y privada, de quienes tenían la misión de velar por la ley y el orden.

Para ello precisaba seguidamente que los principios generales que debían guiarla eran la disciplina y la severa ejecución de las leyes. El Guardia Civil, y lo escribía con mayúsculas siempre que se refería a él, pues con ello englobaba todos los empleos, debía saber atemperar el rigor de sus funciones, “con la buena crianza, siempre conciliable con ellas”, pues de ese modo se ganaría la estimación y consideración pública. Es decir, el respeto de aquellos a los que tenía la obligación de velar para que cumplieran las leyes pero a los que también tenía que proteger.

Frente a la posibilidad de que el protegido tuviera más temor de su supuesto protector que de quien pudiera agredirlo, el Duque de Ahumada preconizaba pedagógicamente que el Guardia Civil solo debía resultar temible a los malhechores y los únicos que debían temerlo eran los enemigos del orden, pero nunca las personas de bien.

Para ello, y con el fin de granjearse el aprecio y el respeto público, el Guardia Civil debía constituir un modelo de moralidad, siendo el primero en dar ejemplo del cumplimiento de las leyes y del orden, ya que era el encargado de hacerlas cumplir y mantenerlo, respectivamente.

Consciente de las debilidades y vulnerabilidades que habían desacreditado a componentes de instituciones anteriores era fundamental fortalecer la figura e imagen pública del Guardia Civil, el cual debía ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza. Imposible definirlo mejor con menos palabras.

Realmente dicha uniformidad moral era todo un reto bastante inusual para la época, ya que ello debía asumirse y exigirse a todos los miembros del Cuerpo, sin distinción de empleo. Así debía ser si realmente se quería prestigiar y fortalecer la Institución.

La buena actitud y el ejemplar comportamiento externo de sus componentes eran factores muy importantes para ganarse en primer lugar el respeto de la opinión pública y seguidamente alcanzar el debido prestigio. El Duque de Ahumada, perfecto conocedor de reprobables conductas anteriores en otras instituciones, por puntuales que pudieran ser, vetó expresamente y desde el primer instante las vejaciones, los malos modos y la grosería altanera de cualquier clase y en todo momento. Ese no podía ser en modo alguno el estilo del Guardia Civil, pues así ni se obtenía el necesario respeto ni se alcanzaba el deseado prestigio.

Como muy bien apuntaba el Duque de Ahumada en su Circular, los enemigos del orden de cualquier especie, temerían más a un Guardia Civil que estuviera sereno en el peligro, fuera fiel a su deber y actuara siempre dueño de su cabeza, es decir, con sentido común. Quien desempeñara sus funciones con dignidad, decencia y firmeza obtendría muchos mejores resultados que aquél que con amenazas y malas palabras solo conseguiría malquistarse con todos. 

Pero esa atención sobre la actitud, comportamiento y conducta del Guardia Civil no debía limitarse exclusivamente al tiempo que estuviera prestando servicio, pues su honestidad y moralidad debían mantenerse intachables en todo momento. Ya el Duque de Ahumada había dictado con anterioridad la Circular de 5 de octubre de 1844, en la que se impartían instrucciones para la educación de los Guardias, previniendo que se les hiciera guardar el mayor decoro hasta en los actos más familiares, la corrección en el vestuario así como la esmerada seriedad y compostura.

A este respecto hay que significar que conforme la normativa de la época ningún miembro del Cuerpo estaba autorizado a vestir de paisano cuando estuviera libre de servicio, debiendo portar siempre el uniforme. De hecho, mediante la Circular de 11 de septiembre de 1844 se habían impartido ya instrucciones, prohibiendo a los licenciados del Ejército, admitidos en la Guardia Civil, volver a vestir el traje de paisano. 

Coherente con lo anterior, en la mentada Circular de 16 de enero siguiente, se ordenaba que el personal nunca debía reunirse con malas compañías, no debiendo entregarse a diversiones impropias de la gravedad y mesura de la Institución. A tal efecto ya había dictado anteriormente el Duque de Ahumada, la Circular de 3 de septiembre de 1844, dando instrucciones para la educación de los individuos que iban ingresando en el Cuerpo y prohibiendo que asistieran a juegos de mesa y casas de bebidas.

En cambio, conforme se disponía en la reiterada Circular de 16 de enero siguiente, el Guardia Civil debería procurar reunirse siempre con sus compañeros y fomentar la mayor cordialidad entre sí. A este respecto hay que destacar que el compañerismo es uno de los pilares fundamentales de toda institución militar, siendo habitual que se fomentase entre sus componentes.

Otro factor que contribuía a beneficiar la imagen pública del Cuerpo era el perfecto estado de aseo de sus miembros, el cual no debía limitarse solamente a los días de revista o cuando entrasen de servicio. Por eso, el Duque de Ahumada dispuso también que los mandos respectivos prestasen especial atención a dicha cuestión. Debían velar por el buen porte y constante aseo del personal a sus órdenes, ya que todo ello contribuiría también a granjearse en gran manera la consideración pública.

Finalmente, afrontaba la trascendental cuestión de la preparación profesional que debía tener el Guardia Civil para ejercer y cumplir eficazmente las misiones encomendadas. Para ello detallaba minuciosamente cada una de las cuestiones de interés. 

En primer lugar era necesario que el Guardia Civil supiera leer y escribir, aptitudes que la mayoría de los españoles de la época carecían al padecerse en la nación un elevadísimo grado de analfabetismo. Si bien el artículo 20 del real decreto fundacional de 13 de mayo de 1844, establecía los requisitos de saber leer y escribir para ingresar en el Cuerpo, la realidad fue distinta. 

Hay que significar que dichas aptitudes eran esenciales en la Guardia Civil, al contrario de lo que había sucedido en algunas de las instituciones de seguridad pública que le habían precedido, habida cuenta que al encontrarse y actuar habitualmente reunidas, era suficiente con que aquellas las poseyeran sus cuadros de mando. 

En cambio, en el nuevo Cuerpo, si bien al frente de las compañías provinciales y sus secciones se encontraban oficiales, que contaban lógicamente con el necesario grado de instrucción, sus unidades subordinadas constituidas por brigadas e incluso medias brigadas, al mando de sargentos y cabos, estaban muy distantes entre sí dada la amplitud de su despliegue territorial. 

Dicha diseminación obligaba a que desde los empleos más modernos, es decir, incluso guardias de 1ª y 2ª clase, se tuviera que dar cuenta por escrito a su cadena de mando, en ausencia de sargentos o cabos, de cualquier novedad o vicisitud relativa al servicio o del régimen interior de sus pequeñas unidades. Igualmente sucedía cuando con ocasión de la ocurrencia de un delito, falta o infracción, durante la prestación de su servicio peculiar, y alejados por lo tanto de su puesto, debían proceder a instruir algún tipo de diligencias o acta. 

A pesar de que la mayor parte de los ingresados en el Cuerpo sabían leer y escribir, al tener que completarse las plantillas de guardias de 2ª clase con soldados seleccionados procedentes de los regimientos de Infantería y Caballería del Ejército, existía un pequeño porcentaje que carecía de dicha instrucción. Para subsanar tal situación el Duque de Ahumada había remitido ya a sus jefes de Tercio la Circular de día 8 de ese mismo mes. En ella se daban instrucciones para que aquellos que procedentes de soldado no supieran, se les enseñase a leer y escribir por sus compañeros o mandos inmediatos. A tal efecto, se les debía proveer de cartillas, papel, plumas y muestras al objeto de que iniciasen su instrucción, estableciéndose un programa de evaluación y seguimiento para comprobar su progreso. 

Por lo tanto, con arreglo a lo prevenido en la referida Circular, se disponía en la referida de día 16 de enero, que los jefes de Tercio debían procurar que todos los individuos de sus respectivas unidades, fueran adiestrados en la redacción de partes verbales y por escrito. Además, los sargentos, cabos y guardias de 1ª clase que pudieran hallarse de comandantes de un puesto, debían instruirse en la formación de sumarios instructivos, sobre los delitos más comunes y ordinarios que acaecieran en su demarcación.

Continuaba dicha Circular disponiendo que cada uno de los integrantes de la Guardia Civil debía tener un exactísimo conocimiento de su territorio. Es decir, el factor físico, de tal modo que cada comandante de puesto no ignorase todos los caminos, sendas, bosques, barrancos y demás accidentes de la topografía del terreno.

Seguidamente se prestaba atención al factor humano, al objeto de que cada Guardia Civil adquiriese el debido conocimiento de aquellas personas de su demarcación que por sus malos antecedentes, o desconocido modo de vivir, conviniese que estuvieran vigilados por la justicia.

El Duque de Ahumada concluía tan importante Circular afirmando que era consciente de que inculcar todos esos principios a todos los componentes de cada Tercio, no era obra de un día, de una semana, ni de un mes, pero que debía lograrse pues era indispensable para el Cuerpo. Y para conseguirlo, no debía perdonarse medio alguno de cuanto el celo de cada jefe de Tercio estimara oportuno, debiendo observarse las circunstancias particulares de cada uno de sus subordinados. 

Dio de plazo hasta la revista que habrían de pasar dichos mandos en 1º de abril siguiente, debiendo de hacer una especial observación sobre las cualidades de cada uno de sus individuos. Caso que alguno no tuviera todas las cualidades exigidas para el servicio en el Cuerpo, debía ser propuesto al inspector general para su separación, fundada en las cualidades que le faltasen.

Dicha Circular debía ser trasladada por los jefes de Tercio a todos sus oficiales, al objeto de que se le diera el debido cumplimiento en la parte que correspondiese a cada uno. Los primeros capitanes jefes de las compañías provinciales debían prestar particular atención y esmero en sus revistas mensuales, para poder calcular los adelantos que los Guardias fueran haciendo por la experiencia que adquiriesen con la práctica del servicio y su idoneidad para desempeñarlo.

La “Cartilla del Guardia Civil”.

Aprovechando algunos periodos de descanso en la hacienda “El Rosalejo”, hoy día todavía de propiedad familiar, sita en la localidad gaditana de Villamartín, el Duque de Ahumada pudo por fin concluir, sobre la base de la mentada Circular, la redacción del texto del mentado código deontológico. 

Había sido elevado para su aprobación por conducto del Ministerio de la Guerra, siendo devuelto por real orden de 26 de octubre de 1845, al objeto de que se efectuaran algunas modificaciones, las cuales eran más de forma que de contenido. 

Una vez efectuadas, el Duque de Ahumada volvió a elevarlo el 13 de diciembre siguiente para su definitiva aprobación por Isabel II, “si así fuere de su real agrado”, lo cual se concedió una semana después por real orden de 20 de diciembre de 1845, denominándose oficialmente la “Cartilla del Guardia Civil”.

  Dicho texto comenzaba en su capítulo primero, con las “Prevenciones generales para la obligación del Guardia Civil”, compuesto a su vez por 35 artículos, que desde el primero de ellos denotaba claramente el verdadero credo de dicha Institución: El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”.

Tan firme como inigualable principio que constituía el pilar fundamental que cimentaba la idiosincrasia de la Institución, era arropado y fortalecido por otros 34 artículos más. Respecto a los valores que emanaban de los mismos nuevamente habría que decir aquello de imposible decir más con menos palabras:

El Guardia Civil por su aseo, buenos modales y reconocida honradez, ha de ser un dechado de moralidad. Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso Cuerpo. Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas, sólo consigue malquistarse con todos. Debe ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza. El Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores, ni temible sino a los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado; y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Cuando tenga la suerte de prestar algún servicio importante, si el agradecimiento le ofrece alguna retribución, nunca debe admitirla. El Guardia Civil no hace más que cumplir con su deber, y si algo debe esperar de aquel a quien ha favorecido, debe ser sólo un recuerdo de gratitud. Este desinterés le llenará de orgullo, le granjeará el aprecio de todos, y muy particularmente la estimación de sus Jefes, allanándole el camino para sus ascensos. Sus primeras armas deben ser la persuasión y la fuerza moral, recurriendo sólo a las que lleve consigo, cuando se vea ofendido por otras o sus palabras no hayan bastado. En este caso dejará siempre bien puesto el honor de las que la Reina le ha entregado. Será siempre de su obligación, perseguir, y capturar a cualesquiera que cause herida, o robe a otro, y evitar toda riña. En caso de que ocurra incendio, acudirá inmediatamente al punto donde tenga lugar, cuidando especialísimamente, de proteger a todas las personas que se encuentren en el sitio de la desgracia, asegurando sus intereses; y evitando que se introduzcan en la casa, gentes, que con el pretexto de auxiliar, llevan el de robar, o cometer otros excesos. En las avenidas de los ríos, huracanes, temblores de tierra o cualesquiera otra calamidad, prestará cuantos auxilios estén a su alcance, a los que se vieren envueltos en estos males.

En 1858 se editó por José Díaz Valderrama, su obra titulada “Historia, servicios notables, socorros, comentarios de la Cartilla y reflexiones sobre el Cuerpo de la Guardia Civil”. En el capítulo dedicado a comentar el articulado del mentado código deontológico, el autor comenzaba exponiendo: “La Cartilla del Guardia Civil no puede confundirse ni comparar con ningún otro libro de su clase. Sus artículos, en el fondo, podrían ser estudiados por todos los militares del Ejército, y aún por los padres de familia, sea su clase la que quiera. Pero los Guardias no solamente los saben de memoria, sino que los graban en su corazón, sobre la puerta de su dormitorio y aún en la pared donde se albergan”.

Hoy día, 175 años después de su aprobación, siguen vigentes los mismos principios. Si el lector no tiene la fortuna de poseer un ejemplar original de la primera edición, fechada el 28 de febrero de 1846, puede descargarlo digitalmente desde la Biblioteca Virtual de Defensa. Anímese y lea la “Cartilla” del benemérito Instituto. No le decepcionará.