Translate

jueves, 23 de octubre de 2014

EL DUQUE DE AHUMADA Y LA PROVINCIA DE CÁDIZ.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 12 de octubre de 2005, pág. 22. 
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Quien fuera el fundador del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil , el II Duque de Ahumada y V Marqués de Las Amarillas, tuvo una gran vinculación personal y familiar con Cádiz y su provincia, en donde pasó importantes periodos de su vida. Gracias a su biógrafo, el ya fallecido general Francisco Aguado Sánchez, se conocen algunos detalles al respecto.

Nacido en Pamplona el 11 de marzo de 1803, fue bautizado con los nombres de Francisco Javier, María de la Paz , Bernardo, José, Juan Nepomuceno, Eulogio y Leandro.  Sus padres eran Pedro Agustín Girón de Las Casas -entonces teniente coronel de la 3ª División de Granaderos provinciales de Andalucía y futuro héroe de la Guerra de la Independencia donde alcanzaría el generalato y sería condecorado con la Gran Cruz de San Fernando- y Concepción Donata Ezpeleta Enrile Galdeano y Alcedo, siendo el único hijo que tuvo dicho matrimonio.  

La primera vinculación familiar que consta con la provincia de Cádiz se remonta al año 1797, cuando su tío abuelo, el general Luis de Las Casas, acompañado del también general José Ezpeleta Galdeano Beire –I conde de Ezpeleta- intentó desembarcar en Cádiz, procedente de La Habana , pero el ataque de un buque inglés les obligó a varar en Conil en situación lastimosa.

Por aquel entonces Pedro Agustín, padre del futuro fundador de la Guardia Civil , residía en el domicilio paterno de Sevilla y al desplazarse a Cádiz para visitar a su tío recién llegado, conoció a la que sería su futura esposa y que vivía en la capital gaditana para educarse bajo la protección de su abuela materna.

Pedro Agustín, casado ya desde el 5 de julio de 1802 en Beire, regresaría a Cádiz poco antes del desastre de Trafalgar, al cumplimentar la orden de concentrarse allí con su División de Granaderos Provinciales de Sevilla. La tragedia naval le sorprendería cuando se estaba desplazando a San Roque para visitar a su tío, el general Francisco Javier Castaños Aragorri, entonces comandante militar de aquella zona y futuro vencedor de la histórica batalla de Bailén acontecida el 19 de julio de 1808 contra el invasor francés. En ella también destacaría Pedro Agustín donde alcanzó el empleo de brigadier.

Mientras tanto, el futuro fundador de la Guardia Civil que era todavía un niño, se encontraba al cuidado de su abuelo paterno, Jerónimo Girón y Moctezuma, antiguo virrey y capitán general de Navarra, ya que su madre solía seguir a Pedro Agustín en las campañas. Tras diversas vicisitudes y cambios de ciudad, abuelo y nieto pudieron desembarcar a principios de 1810 en Cádiz donde permanecieron los dos años medio siguientes, hasta que finalizó el asedio francés sobre dicha ciudad.

Concluida la Guerra de la Independencia con la victoria de las armas españolas, Pedro Agustín era ya mariscal de campo y jefe del 4º Ejército, marchando a vivir a Sevilla su padre e hijo, donde a los doce años de edad fue nombrado capitán de la Milicia Provincial nº 28 de Sevilla, comenzando así lo que sería una brillante carrera en la milicia.

En 1817 el futuro fundador del benemérito Instituto fue llevado por su padre a conocer la finca familiar llamada “El Rosalejo”, sita en el término municipal de Villamartín y que durante la Guerra de la Independencia había sido un nido de guerrilleros, siendo incendiada por las tropas francesas.

Casi tres años más tarde, cuando se produjo el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, se encontraba precisamente en Villamartín tras haber estado las vísperas en Grazalema y Prado del Rey. Allí presenció en compañía de su padre la sublevación de un batallón expedicionario que debía embarcar para América, teniendo que marcharse ambos a Ronda que permanecía leal al rey Fernando VII.

Francisco Javier se incorporó pocos días después a su unidad en Sevilla y con ella marchó a Cádiz, cuya provincia se convirtió en escenario de enfrentamientos armados entre liberales y absolutistas.

La situación en Cádiz y su provincia se tornó cada vez más confusa y caótica. La capital estaba en manos de los leales y San Fernando en la de los sublevados, no pudiéndose imaginar entonces, ni unos ni otros, que el 10 de marzo de 1820 el rey pronunciaría la célebre frase de “marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional

Ese mismo día, mientras Francisco Javier -a punto de cumplir 17 años- tenía su bautismo de fuego al participar en un ataque al baluarte de Torregorda en poder de los alzados, la capital gaditana sufriría uno de sus días más tristes al correr la sangre de sus vecinos que habían acudido a la plaza de San Antonio para ver como las tropas leales, con sus jefes al frente, iban a jurar la Constitución de 1812, cundiendo entre sus filas la indisciplina, el caos y confusión. Todo aquello marcaría profundamente al futuro fundador de la Guardia Civil, a la que convertiría precisamente en modelo de disciplina y ética militar.

Fruto de la situación política surgida y la formación de un nuevo gobierno, su padre fue nombrado ministro de la Guerra, abandonando meses después Cádiz para ser en Madrid su ayudante personal, si bien pronto cesó en ello al dimitir aquel el 18 de agosto de dicho año.

Dos años después y como consecuencia del triunfo de una nueva sublevación, esta vez triunfante por la Milicia Nacional, la familia Girón emprendió primero el camino del destierro para la provincia de Cádiz, donde pasaron a residir en Vejer de la Frontera , donde tenía propiedades. Pero al estar allí también en peligro sus vidas tuvieron que exiliarse a finales de octubre a la colonia británica de Gibraltar, tras una embarcar en la playa de Zahara de los Atunes, disfrazados de contrabandistas.

En vías de restablecimiento del “régimen tradicional” en España como consecuencia de la invasión de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, la familia Girón decidió finalizar su forzado exilio y regresar a España desembarcando a finales de julio en Rota. Poco después Francisco Javier reingresó en su antigua unidad hasta que en enero de 1826 comenzó un periodo de dos años de licencia absoluta, dedicado principalmente a atender la finca familiar de Villamartín.

En julio de 1829 volvió al servicio activo y prosiguió con su carrera militar que resultó de gran brillantez en la que sobresaldría muy especialmente su designación, por real decreto de 15 de abril de 1844 -bajo el reinado de Isabel II y el gobierno del general Narváez- para organizar y dirigir el Cuerpo de la Guardia Civil , creado el 13 de mayo de dicho año.

El 7 de noviembre de 1846 ascendió a teniente general, continuando al frente del benemérito Instituto hasta el 1 de agosto de 1854, volviendo nuevamente a desempeñarlo por decreto de 12 de octubre de 1856 hasta el 1 de julio de 1858.

Fue senador del Reino y gentil hombre de Cámara de S.M., contrayendo matrimonio con Nicolasa Aragón Arias Saabedra, de cuyo matrimonio tuvo nueve hijos: Pedro (llegaría a teniente general), Javier, Inés, Agustín (llegaría a teniente general), Luis (llegaría a general), Concepción, Sancha, Rodrigo y Rafael (falleció como comandante en Cuba en 1896). Falleció en Madrid el 18 de diciembre de 1869 a la edad de 66 años.


miércoles, 22 de octubre de 2014

INFORME SECRETO. EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL (IX Y ÚLTIMO). CONCLUSIONES FINALES: ESPAÑA NO ESTABA PREPARADA PARA ENTRAR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en el nº 279 correspondiente al mes de septiembre de 2005, de la Revista "ARMAS", págs. 76-81. 
Los originales están ilustrados por diez fotografías en color, tres en blanco y negro y dos dibujos en color.

No cree la Sección haberse dejado llevar de pesimismos exagerados en este modesto trabajo, pero si ha pretendido dominar a la vista de las cifras, severas pero elocuentes, la euforia de la victoria, que si bien legítima, debe servir, no para entregarse a optimismos suicidas, …

Esta inédita pero significativa frase, extraída del extenso y minucioso informe de 63 páginas –citado en anteriores capítulos- fechado el 19 de junio de 1940 y elaborado por el teniente coronel jefe de la 6ª Sección del Estado Mayor del Ejército para su ministro, el bilaureado general Varela, refleja cual era el pensamiento técnico-militar español de la época ante la hipotética entrada de España en guerra a lado de Alemania, Italia y Japón.
España acababa de finalizar una contienda civil de casi tres años de duración con la victoria del bando que había recibido una trascendental ayuda militar por parte de Alemania e Italia. Pero el esfuerzo que ello había supuesto y el desgaste padecido incapacitaba a España para embarcarse a corto y medio plazo –para empezar- en proyectos o aventuras bélicas de cualquier clase y sobre todo de la envergadura de la que se estaba extendiendo por medio mundo.
Entrar en guerra hubiera sido suicida –a pesar de que por aquel entonces alemanes y japoneses parecían invencibles- y de eso el general Franco debía estar bastante concienciado cuando sobre las tres de la tarde del 23 de octubre de 1940 descendía del “break” español de Obras Públicas en el andén de la estación de Hendaya, donde un impaciente Adolfo Hitler llevaba casi media hora esperándole ante una compañía de infantería de la Wehrtmach.
Tras breves minutos de salutaciones protocolarias y revistar las fuerzas de ambos países que rendían honores, Franco y Hitler subieron al coche-salón del tren alemán “Erika” donde se celebró la histórica entrevista. Mucho se ha especulado desde entonces sobre el contenido de la misma, pues nunca se levantó acta formal sino que sólo se tomaron unas breves notas por quienes sirvieron de traductores, Gross y Alvarez de Estrada.
El comunicado oficial de prensa emitido a las siete de la tarde no pudo ser más escueto: “El Führer ha mantenido hoy con el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, una entrevista en la frontera hispano-francesa. La conferencia se ha celebrado en el ambiente de camaradería y cordialidad existente entre ambas naciones. Tomaron parte en la conversación los Ministros de Asuntos Exteriores del Reich y de España, von Ribbentrop y Serrano Suñer respectivamente”.
Sin embargo la realidad, y en ello coinciden la mayoría de los historiadores, es que Hitler pretendió aquel día convencer a Franco para que se comprometiera con la causa de las potencias del Eje –el pacto tripartito se había firmado en Berlín el 27 de septiembre anterior- y que ello finalmente no se produjo. Franco tenía en su haber sólidas razones de carácter militar, económico e incluso social que le obligaban a todo lo contrario.
Dentro de las primeras, que son las que nos han venido afectando a lo largo de estos capítulos, se encontraba la insuficiencia generalizada e incluso carencia plena en algunos casos, de los recursos bélicos nacionales necesarios para entrar y participar en una guerra. Tal y como puntualmente se ha venido reflejando en los artículos anteriores, ni se disponía del armamento ligero y pesado adecuado y suficiente, ni de las municiones necesarias así como tampoco de las imprescindibles materias primas con las que alimentar la industria encargada de fabricar unas y otras. En resumen ni disponíamos ni teníamos capacidad propia para reponer lo “consumido” en unos plazos mínimos satisfactorios.
Tanto Alemania como Italia e incluso Japón llevaban tiempo presionando a España, sirviendo como curioso ejemplo de ello respecto a la última potencia un extenso artículo del autor –publicado en la revista de historia militar SERGA nº 24- sobre los intercambios de mensajes entre el general Varela y su homólogo nipón, el general Shunroku Hata, quien en una carta fechada el 15 de junio de 1940 le había escrito que “actualmente existe una Gran Guerra en Europa y otra en Asia Oriental. Con ambas guerras, se camina hacia la construcción de un Nuevo Orden en el Mundo, afrontando, sin vacilaciones, esta gran situación, nueva en la Historia de las Naciones y que cambiará la faz universal. Los Ejércitos del Japón y España tienen que marchar estrechamente unidos en esta hora trascendental y decisiva, para cooperar respectivamente al establecimiento de este Nuevo Orden, ya que tienen comunes ideales, estrechados bajo un mismo vínculo”.
Entre los documentos que Franco llevó a Hendaya, según han reconocido diversos historiadores en sus obras, se encontraba precisamente un escueto informe de disponibilidades y necesidades militares realizado en base a la información facilitada por el Estado Mayor del Ejército, pudiendo tratarse seguramente del publicado en 1992 por la “Fundación Nacional Francisco Franco” en su colección de documentos inéditos y que en buena parte es un brevísimo resumen de los numerosos informes secretos despachados con su ministro, el general Varela, y que han sido consultados para elaborar esta serie de artículos para la Revista ARMAS.
Frente a las 200 divisiones de la Wehrmacht que Hitler manifestó tener en la entrevista de Hendaya, España sólo disponía entonces de 19 divisiones orgánicas más 1 de Caballería en la Península y otras 5 orgánicas en el norte de Africa además de 16.000 hombres en tropas indígenas, pudiendo movilizar -caso necesario- otras 5 en el Protectorado así como otras 20 en aquella, “no muy bien dotadas de armamento y material”.
En dicho informe, tras reconocerse que “el número de piezas de calibre medio es insuficiente” y mencionar –caso de entrar en guerra- que sería necesario contar con el apoyo de la aviación alemana para intervenir en la zona del Estrecho de Gibraltar frente a la Escuadra inglesa, así como también respecto a los archipiélagos balear y canario, incluida la colaboración de submarinos germanos, se detallaban unas peticiones de material muy concretas: “2.000 camiones, 200 carros de combate, 40 aviones JU. 88, 100 cañones largos de 155 con 1.000 disparos por pieza, 100 obuses de 210 a 220 m/m con 1.000 disparos por pieza, aprovisionamiento de gasolina, de productos nitrados, de tolueno y eventualmente de trilita”.
Realmente aquello hubiera sido sólo para empezar, habida cuenta la precaria situación española de armas, municiones y materias primas. Pero a Franco tampoco le interesaba difundir –siquiera a su antiguo aliado que llegó a considerar mediante la Operación “Felix” penetrar en España para ocupar la colonia británica de Gibraltar- la verdad de la situación que se padecía. Se podían movilizar recursos humanos –hasta 50 divisiones teóricamente- pero no se las podía dotar de los medios adecuados para hacer la guerra y mucho menos sostenerla.
Hitler –según cita el historiador Luis Suárez Fernández en su obra “España, Franco y la Segunda Guerra Mundial” (Ed. Actas, 1997)- aseguró a Franco en otra reunión que hubo después de la cena que la guerra estaba virtualmente ganada y que España tendría “cuanta ayuda pudiera necesitar tanto en provisiones como en armamento”. Visto a posteriori el transcurso de la historia, Alemania no hubiera podido satisfacer –por tener que atender sus propios y múltiples frentes- las verdaderas necesidades españolas en dichas cuestiones.
Regreso de Hendaya y nuevos informes
            Franco regresó de Hendaya en la madrugada del 24 de octubre e inmediatamente solicitó ante las nuevas presiones que Alemania ejercería, nuevos informes a sus ministros del Ejército, Marina y Aire. El de la Armada, fechado el 11 de noviembre de 1940 y suscrito por su ministro –el almirante Salvador Moreno Fernández- aunque elaborado por el entonces capitán de fragata y futuro presidente del gobierno español (1973), Luis Carrero Blanco, asesinado el 20 de diciembre de ese mismo año por la banda terrorista ETA, contenía realmente una serie de reflexivas consideraciones desde el punto de vista naval que precisamente no animaban a entrar en guerra.
            Respecto al armamento se hacía constar concretamente, entre otras cuestiones de gran interés, que el total de minas submarinas disponibles era tan sólo de 1.973, encontrándose en recomposición en los arsenales otras 641 y habiéndose encargado la construcción de 2.446 más, es decir, “un número muy por debajo de nuestras necesidades”. En caso de una agresión británica contra las islas Canarias, “destinar fuerzas ligeras y en escasísimo número como las nuestras para rechazar un ataque de acorazados es destinarlas a ser destruidas sin poder rendir lo más mínimo a la defensa”.
Por su parte el general Varela encargó nuevos y exhaustivos informes a la Dirección General de Industria y Material así como a su 6ª Sección de E.M. del Ministerio del Ejército. Así el 28 de noviembre de 1940 se le presentó un informe sobre “Existencia de armamento de repetición y automático así como morteros, reglamentario y no reglamentario”.
Respecto al reglamentario el total de fusiles y mosquetones de 7’92 y 7 mm. era de 472.895 (391.535 en servicio y 81.360 en recomposición en parques y maestranzas), 13.168 fusiles ametralladores de 7 mm. (12.566 en servicio y 602 en recomposición), 7.859 ametralladoras (6.301 en servicio y 1.558 en recomposición), 4.785 morteros de 50 mm. (3.386 en servicio y 1.399 en recomposición) y 1.609 morteros de 81 mm. (1.265 en servicio y 344 en recomposición).
Respecto al no reglamentario el total de fusiles y mosquetones de 6’5, 7, 7’62, 7’7, 7’92 y 8 mm. era de 519.505 (291.845 en servicio y 227.660 en recomposición), 20.463 fusiles ametralladores (8.410 en servicio y 12.053 en recomposición) y 10.255 ametralladoras (4.453 en servicio y 5.802 en recomposición).
De esa misma fecha es otro minucioso informe sobre existencia de municiones en los parques de la Península, en las dotaciones inamovibles de Cuerpo de Ejército y de Ejército, en los depósitos extraordinarios del Sur y pendientes de remitir a ellos así como en los parques de Africa, Baleares y Canarias, con expresión numérica de cada una de las clases y tipos de munición existentes, y cuya extensión hace imposible siquiera resumirlo en estas páginas, dada su enorme variedad.
También ese mismo día se emitía otro informe relativo a existencias de material de artillería de campaña, antiaérea y de costa, si bien sobre ésta última no se localizó la copia correspondiente. Respecto a la de campaña se detallaban, modelo por modelo, un total de 2.718 piezas (2.411 en servicio y 307 en los parques) mientras que la antiaérea se concretaba además por regimiento y grupo, con un total de tan sólo 224 piezas encuadradas en 56 baterías.
Al día siguiente, 29 de noviembre, se emitió otro informe, esta vez referente a la existencia de cañones antitanques y ametralladoras antiaéreas de 20 mm., cuyo panorama no mejoraba precisamente la situación: 513 piezas de los primeros (472 en servicio de los que para 104 se carecía de munición y 41 en recomposición de los que para 35 tampoco había munición) y tan sólo 266 de las segundas (255 en servicio y 11 en recomposición que “no se podrán poner en servicio hasta recibir unos tubos que se tiene solicitada su importación”).
Pero tal vez más interesante e ilustrativo que todo ello fue el último informe de la serie que se trata en este capítulo final, también emitido el día 29, relativo al “estado de materias que serían necesarias importar para la producción de un año” así como la cantidad de “carburantes y lubricantes necesarios para los vehículos automóviles del Ejército en pie de guerra durante seis meses”. Las minuciosas y extensas relaciones nominales de dichos productos a lo largo de seis hojas, expresados en litros, kilogramos y toneladas no hacían más que evidenciar la patética situación que se padecía.
En definitiva, e independientemente de las otras razones y motivaciones sobre las que hoy día todavía siguen sin ponerse deacuerdo los historiadores, habida cuenta el actual estado de la cuestión, la verdad es que embarcar a España en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido –al menos desde el punto de vista militar- “entregarse a un optimismo suicida”.

EL ALCALDE "DESAPARECIDO" DE PUERTO REAL. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ FUE ASESINADO EL 21 DE AGOSTO DE 1936.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 21 de agosto de 2005, pág. 26. 
El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.


Hoy hace 69 años que el joven alcalde de Puerto Real –que había sido corresponsal del Noticiero Gaditano y director del semanario literario Juventud– se convirtió administrativa y judicialmente en "desaparecido". La verdad es que fue asesinado, con nocturnidad y alevosía, pero eso ni entonces, ni durante las cuatro décadas siguientes, se pudo decir.


Su esposa, María Muñoz Arteaga, tuvo que luchar lo indecible para que oficialmente se reconociera su condición de viuda y la de huérfanas a sus cuatro hijitas: Amalia, María del Carmen, Elena y María Josefa.

José María Fernández Gómez, tal y como se relató en Diario de Cádiz el 30 de marzo de 2003, fue detenido el 19 de julio de 1936 e ingresado en el penal de El Puerto de Santa María. Su delito era el mismo que el de sus compañeros también asesinados Francisco Cossi Ochoa, presidente de la Diputación, y Manuel de la Pinta Leal, alcalde de Cádiz: ser dirigentes locales de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, presidente de la República.

De nada le sirvió que La Información publicara el 16 de agosto de 1936 una carta de Loreto Goenaga, madre superiora de las Hermanas de la Caridad del Hospital de la Misericordia de Puerto Real, donde agradecía su vital actuación en la noche del 18 de julio, gracias a lo cual evitó que fuera incendiada la iglesia de la Victoria. Incluso el director del periódico, que apoyó de forma entusiasta la sublevación militar, reconoció también que consiguió con su presencia evitar que fuese saqueado y quemado dicho edificio.

Cuando María Muñoz fue el 22 de agosto a ver a su marido al penal, la única respuesta que obtuvo fue la de que ya no estaba allí y que no volviera más. Y efectivamente, nunca regresó allí ni supo más de su paradero, aunque con el tiempo alguien se encargó de decir veladamente que lo habían matado, si bien por ello no dejó de ser un "desaparecido". La justicia de Queipo de Llano ya había empezado a funcionar en la provincia de Cádiz.

Ni viuda ni huérfanas conocieron lo acontecido. Aquella falleció en 1984 sin saberlo y esas niñas, que hoy son ya abuelas, han sabido muy recientemente parte de lo sucedido gracias a los documentos que la Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, y muy especialmente Antonio Molins, les han hecho llegar.

Cuando el pasado 19 de junio, Elena Fernández Muñoz, hija del alcalde "desaparecido", acompañada de dos de sus hijos –Arantxa y Manolo–, depositaba un ramo de flores ante el monumento que se inauguraba en el cementerio, levantado en recuerdo a los fusilados de Puerto Real, ya sabía cuándo y por dónde había sido asesinado su padre, así como que sus restos se encontraban próximos a esa zona si bien todavía no se ha localizado el sitio exacto.

Gracias esa documentación supo que el 27 de octubre de 1936, el juzgado militar especial de Puerto Real requirió al Ayuntamiento "certificación acreditativa de los bienes que resulten amillarados por todos conceptos a nombre de los individuos complicados en el movimiento marxista destructor que se relacionan al dorso", entre los que estaba su padre, al que incautaron la librería familiar que tenían –ya había sido saqueada– en la calle Cánovas del Castillo. También, paradójicamente, el juez militar interesó el 18 de diciembre los "motivos de su cesación" como alcalde.

La condición oficial de "desaparecido" perduró varios años más, tal y como fueron ratificando por ejemplo el propio Ayuntamiento en una comunicación de 3 de julio de 1939 al colegio oficial del cuerpo de agentes comerciales de Cádiz y la Caja de Recluta nº 18 en un informe de 15 de abril de 1940.

Elena también se enteró de que tres días después y por orden del juzgado de instrucción, el juez municipal Rafael de Cózar y Vargas-Zúñiga se inscribió el fallecimiento de su padre en el registro civil, si bien se hizo constar expresamente que se ignoraba el lugar y causa de la muerte así como el cementerio de sepultura de su cadáver, lo cual realmente era falso.

La verdad se ocultó, pues el 13 de marzo anterior el juez se había dirigido por escrito al alcalde franquista para que se practicasen gestiones "por los agentes de su autoridad" para saber si José María Fernández "falleció sobre las tres horas del día 21 de agosto de 1936 en la carretera de Puerto de Santa María a esta población a consecuencia de shock traumático así como si el expresado individuo fue sepultado en el cementerio de esta villa".

A este respecto hay que significar que dicha causa era la que habitualmente se hacía constar en la certificación de defunción de buena parte de los fusilados en la represión que se desató tras el triunfo de la sublevación militar.

Sin embargo, su padre continuó oficialmente "desaparecido", pues por ejemplo el 25 de enero de 1941 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia un edicto por el que "se cita a D. José María Fernández Gómez, en ignorado paradero, …, para que en término de cinco días hábiles comparezca ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Sevilla, …, a fin de notificarle la sentencia dictada en el expediente instruido contra el mismo".

También supo que a su madre, necesitada de sacar adelante a las cuatro hermanitas, no le quedó otro remedio que elevar el 29 de enero de 1945 una instancia al gobernador civil y presidente de la junta provincial de beneficencia, para solicitar su inscripción en el censo de ayudas económicas y sociales, como "huérfanas de la Revolución Nacional y de la Guerra".

Los documentos que en vida llegaron a poder de su madre continuaron sin decir la verdad que ellas ansiaban conocer. Así por ejemplo, el 9 de enero de 1947 en los expedientes de declaración de "huérfanas de guerra", los testigos Francisco Romero Mena y Diego Ojeda Barca, manifestaron en presencia de la viuda y el alcalde franquista, que "el referido padre ha desaparecido de esta población, sin tener noticia alguna de su paradero, lo que les hace presumir la defunción del mismo".

Hoy, 69 años después del asesinato de su padre, Elena, que nunca guardó odio ni rencor, sólo quiere saber dónde está, para enterrarlo cristiana y dignamente.


lunes, 20 de octubre de 2014

LA INFANTERÍA DE MARINA EN LA EXPLOSIÓN DE 1947. LA HEROICA ACTUACIÓN DEL TENIENTE CORONEL ANTONIO RISTORI FERNÁNDEZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 18 de agosto de 2005, pág. 16. 
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


La catástrofe que sufrió Cádiz la trágica noche del 18 de agosto de 1947 forjó innumerables héroes anónimos entre los miles de civiles y militares que acudieron a rescatar a los centenares de víctimas que se encontraban sepultadas en los edificios derrumbados por los efectos de la tremenda onda expansiva que sacudió la ciudad.

Inmediatamente se enviaron desde diferentes puntos de la provincia las primeras ayudas y auxilios, siendo una de las más destacadas y sin embargo a la postre, no suficientemente reconocida, la de la Infantería de Marina procedente de San Fernando.

Sin embargo, de la heroica actuación de dicho Cuerpo y de quien se encontraba a su mando dio cumplida cuenta diez días después de la explosión el alcalde de Cádiz, Francisco Sánchez-Cossío Muñoz, al gobernador civil de la provincia, Carlos Rodríguez de Valcárcel, en un escrito que comenzaba así:

"Pasados los primeros momentos de la luctuosa explosión que azotó Cádiz en la noche del 18 del actual, me creo en el deber de poner en conocimiento de V.E., la destacada actuación del Teniente Coronel de Infantería de Marina y Delegado Provincial de Excombatientes D. Antonio Ristori, quien se presentó con parte de las fuerzas de Infantería de Marina llegadas de San Fernando para prestar los primeros auxilios".

En La Isla, el vicealmirante Fausto Escrigas Cruz –jefe del arsenal de La Carraca– en ausencia del capitán general, el almirante Rafael Estrada Arnaiz, que había marchado a Cádiz nada más producirse la explosión, ordenó la salida inmediata de una compañía de Marinería y tres de Infantería de Marina. De estas tres últimas una era de fusiles, otra de zapadores y la que entonces se denominaba de "defensa pasiva", llevando consigo varias moto-bombas y diverso material de auxilio y rescate. A su frente iban el coronel jefe del Tercio Sur, Vicente de Juan Gómez, el teniente coronel 2º jefe Antonio Ristori Fernández y el comandante Francisco García Raez.

Sin embargo la columna, al llegar a la altura de Cortadura, fue detenida por un control de la Guardia Civil mandado por el comandante José Fernández López, quien –según seguía relatando el alcalde Sánchez-Cossío– "les comunicó de orden superior que no entrase la tropa en el lugar de la catástrofe, pues se presumía que iba a sobrevenir otra explosión, que aumentaría el número de víctimas entre los escombros".

El teniente coronel Ristori, extrañado ante dicha orden, dado el elevado número de víctimas que presuponía necesitadas de auxilio, se presentó –tras dejar la columna frente al Hotel Playa– en el Ayuntamiento ante el vicealmirante Escrigas y el alcalde.

Aquel "le informó que efectivamente se esperaban más explosiones y sobre todo que el fuego en esos momentos se había corrido a un lugar donde existía un depósito de gasolina, contiguo a Defensas Submarinas, que contenía 15.000 litros y se temía su explosión, pero que no obstante ello, no se prohibía el acceso a esos lugares, sino que se prevenía a las fuerzas de los peligros que podrían correr al entrar en la zona siniestrada para prestar auxilio a los supervivientes".

A continuación Ristori regresó a donde se había quedado la columna y tras informar a su coronel solicitó autorización para ir a la zona arrasada por la explosión –cuyo verdadera causa sigue hoy día ignorándose–, acompañado de un grupo de infantes de marina voluntarios. Una vez concedido y "con gran decisión y gesto heroico, por el grave riesgo por su parte y por la tropa a sus órdenes, penetró en dichos lugares, llevando los soldados materialmente a hombros sobre los escombros una moto-bomba, que tomando agua de un aljibe próximo sofocaron el fuego sobre el tanque de gasolina y otros más".

El comandante García Raez se quedó al mando de los vehículos para atender la evacuación de los heridos primero y el traslado posterior de los muertos que se rescataran, ya que por culpa de los edificios derrumbados sobre las calles de la barriada de San Severiano, los camiones no podían circular.

Durante toda la noche no pararon –junto a otros miembros de las fuerzas armadas y de orden público– de rescatar muertos y heridos sepultados entre los escombros, siendo testigos de tremendas escenas. Las más patéticas de ellas y que más amarga huella le dejaron fueron sin duda alguna las vividas en el rescate de las víctimas de la Casa Cuna, un centro asistencial de la Diputación Provincial que se encontraba muy próximo al epicentro de la explosión, donde aquella noche dormían, además de las monjas que los cuidaban, 117 niños y 82 niñas, todos menores de 7 años, de los que 26 fallecieron, amén de cuatro de aquellas.

Manuel Ristori Peláez –hijo del teniente coronel–, que contaba por aquel entonces cinco años de edad, recordaría muchísimos años después algunas de las conversaciones que escuchó en su casa: "para mí fue dolorosísimo el caso de una niña de mi edad que le sorprendió la explosión en el segundo piso y le saltaron unos cristales de un ventanal a los ojos, y fue bajando las escaleras poniendo las manos por la pared y tocándose de vez en cuando los ojitos, por lo cual estaban las manos marcadas de sangre en la pared en todo su recorrido y apareciendo la pobrecilla muerta en la planta baja".

También recuerda la anécdota de cómo a la mañana siguiente se personó en las ruinas de la Casa Cuna y de la cercana iglesia de San Severiano el obispo diocesano de Cádiz-Ceuta, Tomás Gutiérrez Díez, quien se hizo cargo del copón que contenía las sagradas formas. Fue su padre precisamente quien se lo entregó, quedándose perplejo cuando el obispo se arrodilló para recogerlo en medio de los presentes. El teniente coronel dispuso inmediatamente que cuatro de sus infantes de marina lo acompañaran, organizándose una improvisada procesión ante el silencio de todos los que en esos momentos participaban en las tareas de rescate.

Aquellos voluntarios permanecieron en la zona durante casi 48 horas siendo relevados por otras unidades que llegaron de refuerzo. Sin embargo Ristori continuó allí varios días más, autorizado por su almirante, para coordinar las tareas de auxilio, distribución de servicios y abastecimientos en colaboración con la Cruz Roja y el Auxilio Social.

El alcalde de Cádiz, en su citado escrito de fecha 28 de agosto de 1947, terminaba por proponer que a dicho teniente coronel "le sea concedida alguna alta recompensa que premie sus servicios heroicos y humanitarios que tanto contribuyeron a evitar mayores daños y a mitigar esta catástrofe", aprovechando también para reconocer los méritos de otros oficiales, pues "así mismo tuvo noticias del comportamiento heroico del Capitán de Corbeta de Defensas Submarinas D. Pascual Pery Junquera y de los valiosísimos servicios prestados por el Capitán de Fragata D. Manuel Lahera de Sobrino, que tan alto pusieron el nombre de la Marina de Guerra".

Tres años más tarde –el 18 de julio de 1950– sólo sería condecorado el capitán de corbeta Pery, y hubo de esperar al 7 de julio de 1982 para que la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz le nombrara hijo adoptivo junto al grupo de marineros que le habían seguido. Tras localizarse a los supervivientes, los títulos honoríficos pudieron ser entregados en enero de 1989 en una solemne sesión celebrada en el salón de plenos.

Tal y como dice el conocido dicho militar: "En unos pocos se premiaron los méritos de muchos". Y entre estos últimos se encontraba muy especialmente el teniente coronel Ristori –fallecido en 1979–, que, siendo posteriormente vicepresidente de la Diputación, contribuyó activamente a impulsar la reconstrucción de la nueva Casa Cuna. Bien se merece ese título aunque sea póstuma y tardíamente.

-------------------------------------------

Noticia publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 19 de agosto de 2005.
Reconocimiento para el Coronel Antonio Ristori

Jesús Núñez, historiador e investigador, ha presentado a título individual un escrito en el Registro General del Ayuntamiento solicitando a la alcaldesa que, previos los trámites y comprobaciones oportunas, se conceda por "razones de estricta justicia y reconocimiento", según Núñez, el título de Hijo Adoptivo a Antonio Ristori Fernández, Coronel de Infantería Marina fallecido en 1979, por su "benemérita labor en su destacado auxilio a las víctimas de la Explosión de 1947, tal y como se hizo con otros en 1989". Entre ellos se encuentran el almirante Pascual Pery, quien junto a Ristori evitó que se provocaran más explosiones en la ciudad.


---------------------------------------------

Noticia publicada en "DIARIO DE CADIZ" el 18 de agosto de 2008.

Coronel Ristori, un héroe de 1947 que aún está sin reconocer.

Fue uno de los primeros militares que acudieron a auxiliar a las víctimas.
La catástrofe del 18 de agosto de 1947 motivó el comportamiento heroico de muchos miembros de la Marina que desde las instalaciones de tierra en Cádiz y San Fernando así como desde los buques fondeados en esas aguas, acudieron inmediatamente para auxiliar a las víctimas.
Uno de ellos fue el entonces teniente coronel de Infantería de Marina Antonio Ristori Fernández, cuya gesta fue reconocida por el propio alcalde de la Ciudad, Francisco Sánchez Cossío. Este, en escrito fechado diez días después de la explosión, pidió para aquél una "alta recompensa que premie sus servicios heroicos y humanitarios que tanto contribuyeron a evitar mayores daños y a mitigar esta catástrofe".
Dado que en 1982 varios componentes de la Armada fueron nombrados hijos adoptivos de Cádiz, como agradecimiento a su heroísmo de aquella noche, pero había sido olvidado Ristori ya que había fallecido tres años antes, surgió en el 2005 una iniciativa tras publicarse en Diario de Cádiz los detalles de su gesta, para que también fuera nombrado, a título póstumo, hijo adoptivo.Tras tres años de espera, el ayuntamiento comunicó el pasado día 14 al promotor de la iniciativa que dicha propuesta será por fin aprobada en la próxima comisión de honores y distinciones que se convoque.

------------------------------------------------



Artículo de Pilar Hernández Mateo publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 7 de abril de 2011.

"Por fin se hace justicia con mi padre"

Después de 64 años, se reconoce la heroicidad de Antonio Ristori tras la Explosión en Cádiz en 1947.

Manuel Ristori está orgulloso y muy contento porque "por fin" se ha reconocido la labor de su padre, Antonio Ristori, en las labores de auxilio de los heridos de la explosión ocurrida en Cádiz la noche del 18 de agosto de 1947.

"Después de 64 años, han reconocido el acto heroico de mi padre, que a sabiendas de que habría más explosiones, quiso entrar en la zona afectada porque sabía que había muchas familias heridas. Ha sido un tiempo muy largo, pero agradezco que por fin se haya hecho justicia", comenta Manuel Ristori, coronel de Infantería de Marina retirado, quien da las gracias a la alcaldesa y a su Ayuntamiento, "porque no hay otra corporación que lo haya reconocido", y al historiador y militar Jesús Núñez, quien le ha ayudado mucho en esta labor de reconocimiento a su padre. De hecho, él fue el que pidió formalmente por escrito la concesión del título de Hijo Adoptivo. Y también a Diario de Cádiz, que se ha hecho eco de las solicitudes de Núñez publicando artículos sobre Antonio Ristori.

Manuel Ristori cuenta que, cuando ocurrió la explosión, él contaba cinco años. "No tenía conocimiento de lo que había pasado, pero poco a poco fui investigando y construí el puzzle de lo que había ocurrido, y me di cuenta de que a mi padre le habían hecho una faena muy gorda. Pery Junquera fue un héroe con mayúsculas y se lo reconocieron pero ni a mi padre ni a los voluntarios que fueron con él se les ha considerado", expresa.

La Infantería de Marina procedente de San Fernando, con el Teniente Coronel y delegado provincial de Excombatientes Antonio Ristori al frente, fue de las primeras en ofrecer ayuda para rescatar a los centenares de víctimas que se encontraban sepultadas en los edificios derrumbados por los efectos de la tremenda onda expansiva que sacudió la ciudad.

Cabe destacar que su heroica actuación no pasó desapercibida por el alcalde de Cádiz de aquel entonces, Francisco Sánchez-Cossio Muñoz, quien diez días después pidió por escrito al gobernador civil de la Provincia, Carlos Rodríguez de Valcárcel, una "alta recompensa que premie sus servicios heroicos y humanitarios que tanto contribuyeron a evitar mayores daños y a mitigar esta catástrofe". Pero esta petición no fue oída. Hasta ahora.

Manuel Ristori afirma que su padre era "muy buena persona", "un hombre humanitario que miraba mucho por la gente". Algo que se puso de manifiesto en agosto de 1947, cuando solicitó autorización para ir a la zona arrasada por la explosión acompañado de un grupo de infantes de marina voluntarios. Durante toda la noche no pararon -junto a otros miembros de las fuerzas armadas y de orden público- de rescatar muertos y heridos sepultados entre los escombros. Los voluntarios permanecieron en la zona durante casi 48 horas, siendo relevados por otras unidades que llegaron de refuerzo. Sin embargo, Ristori continuó allí varios días más, autorizado por su almirante, para coordinar las tareas de auxilio, distribución de servicios y abastecimiento en colaboración con la Cruz Roja y el Auxilio Social.

Su hijo quiere resaltar la actuación de su padre en la Casa Cuna, donde aquella noche dormían, además de las monjas que los cuidaban, 117 niños y 82 niñas, todos menores de 7 años. El rescate de aquellas víctimas fue lo que más huella le dejó. El teniente coronel Ristori -fallecido en 1979-, siendo posteriormente vicepresidente de la Diputación, contribuyó activamente a impulsar la reconstrucción de la nueva Casa Cuna.


Para Jesús Núñez, con este reconocimiento, “el Ayuntamiento de Cádiz y la propia Ciudad han saldado una deuda pendiente de reconocimiento y homenaje que tenía desde 1947 con el entonces teniente coronel Ristori, uno de los grandes héroes de aquella trágica noche”.

------------------------------------------------

Noticia publicada en "DIARIO DE CADIZ" el 8 de abril de 2011.


Emoción y mucho agradecimiento.

Un abarrotado Salón de Plenos del Ayuntamiento acoge la entrega de las distinciones de Hijo Adoptivo y Predilecto, además de las Medallas de Oro, Plata, Bronce y del Trimilenario a diez personas y entidades.

Manuel Ristori Peláez, vestido con uniforme de gala, se presentó ante el público como hijo del Coronel de Infantería de Marina Antonio Ristori, quien recibía a título póstumo la distinción de Hijo Adoptivo. Él quiso relatar lo que sucedió "aquella fatídica noche del 18 de agosto de 1947", en la que su padre junto con más de 90 voluntarios solicitaron entrar en la zona afectada por la explosión de un polvorín de la Armada para poder auxiliar a los afectados, poniendo en riesgo sus propias vidas. 

Destacó la labor que realizaron en la Casa Cuna, de donde sacaron 173 niños vivos y 26 muertos. Y no quiso acabar su intervención sin dar las gracias a la alcaldesa y a todo el Ayuntamiento por el reconocimiento a su padre después de 64 años, y al teniente coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez, "porque sin su ayuda no hubiera sido posible". Terminó recordando a los "más de 90 hombres voluntarios, héroes anónimos que si supiera sus nombres los diría uno a uno, pero eso lo dejo en manos de los investigadores".


FUSILADO ... Y ABSUELTO CUATRO AÑOS DESPUÉS. LA TRAGEDIA DEL CAPITÁN DE CORBETA VIRGILIO PÉREZ PÉREZ.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 18 de julio de 2005, p.12. 
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Los efectos de la Guerra Civil entre los cuadros de mando de la Armada -o en la Marina de Guerra como se decía antes- fueron devastadores, y muy especialmente entre los pertenecientes al Cuerpo General, pues muchos de ellos perecieron asesinados en sus buques o dependencias a manos de sus subordinados.

En unos casos se habían unido espontáneamente a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, organizada por destacados miembros del Ejército en cuya conspiración habían contado muy poco con sus compañeros de la Armada, mientras que en otros fueron detenidos o muertos antes de que tuvieran oportunidad siquiera de posicionarse.

La cruel y sangrienta manera de cómo se llevó a cabo la "contrasublevación" en los buques e instalaciones navales, no sólo hizo palidecer -cuando trascendió la brutalidad de los detalles - a las autoridades del gobierno legítimo de la República sino que abrieron una profunda brecha en su prestigio internacional, provocando un gran rechazo entre los oficiales de las marinas británica y francesa, lo cual puede explicar algunas de las actitudes y conductas que posteriormente se dieron en barcos de ambos países respecto a los que ondeaban la bandera tricolor.

Cuando lo propio hubiera sido en todo caso, detener a aquellos mandos que se hubieran unido a la sublevación o fueran sospechosos de intentarlo y ponerlos a disposición de los tribunales, se alentó irresponsablemente la acción revolucionaria de tomarse sangrientamente la justicia por su mano, lo cual fue objeto de condena y rechazo internacional, perjudicando la imagen exterior de la República.

Sin embargo entre las filas de la Armada en la zona sublevada acontecieron también hechos deleznables y sin justificación alguna, que en el caso de nuestra provincia -donde se padeció una represión brutal- tuvieron la localidad de San Fernando por escenario, pues se procedió a fusilar sin formación de juicio alguno a aquellos marinos que no se unieron a la sublevación o sobre los que había cuestiones y rencores pendientes.

Este es el caso del capitán de corbeta Virgilio Pérez Pérez, jefe de la estación radio de la base naval de Cádiz, que gozaba de gran prestigio profesional en la Marina, habiendo sido condecorado en varias ocasiones por su valor y virtudes castrenses.

Su tragedia comenzó cuando en la madrugada del 19 de julio recibió en la estación naval el siguiente radio: "Por Decreto de hoy, quedan sin destino los generales que hayan declarado el estado de guerra contra la República, por lo que quedan automáticamente destituidos los almirantes Gámez y Ruiz de Atauri, a los que no deberán acatar obediencia ninguna persona de esa. Quedan nombrados interinamente jefe de la base el capitán de fragata D. Tomás de Azcárate y de segundo jefe, el capitán de corbeta, D. Virgilio Pérez, a los cuales deberán acatar y obedecer con arreglo a las leyes de la República".

Evidentemente la confusión en Madrid era todavía tremenda respecto a lo que realmente acontecía en Cádiz y ese mensaje fue la sentencia de muerte para ambos. Azcárate, nombrado días antes asesor naval del gobernador civil, se encontraba en ese momento en el interior de su sede oficial, sitiado por las fuerzas sublevadas del Ejército y no se enteraría del contenido hasta varios días después de estar detenido en el castillo de Santa Catalina y poco antes de ser fusilado, el 16 de agosto, en los fosos de Puerta de Tierra sin conocimiento del juez militar que lo había procesado por el paradójico delito de rebelión militar contra la República.

Mientras tanto Virgilio Pérez, que ni podía ni tenía intención de cumplir dicho radio, "se presentó en actitud disciplinada" en San Fernando a su almirante, José María Gámez Fossi, para entregarle copia del mismo y ponerse a sus órdenes.

Sin embargo no fue autorizado a regresar a sus dependencias sino que fue arrestado y permaneció unos días en las de la capitanía general, pasando posteriormente a las de la escuela naval y finalmente ingresó como detenido en el penal naval de La Carraca, de donde sólo salió -siendo ya jefe de la base de Cádiz el almirante Manuel Ruiz de Atauri- para ser asesinado en la madrugada del 28 de agosto junto a otros marinos, entre los que se encontraban el capitán de corbeta Francisco Biondi Onrubia, el comandante Manuel Sancha Morales y el capitán Enrique Paz Pinacho, ambos de Infantería de Marina, así como el comandante de Intendencia Antonio García Moles.

Nunca se aclararon las confusas circunstancias que rodearon todo aquello ni quien dio la orden. Cualquier investigación al respecto obtiene como respuesta que la documentación se destruyó en el incendio que sufrió el 2 de agosto de 1976 el archivo naval de San Fernando.

La tragedia familiar de la sinrazón y el odio que desató la Guerra Civil en el caso de Virgilio Pérez no quedó sólo en dejar viuda a Mª Dolores González de la Torre Charlo y huérfanos a sus seis hijos de corta edad, Mª Carmen, Margarita, Virgilio, Horacio, Pedro y Federico, éste último póstumo.

El capitán de corbeta Horacio Pérez, se encontraba entonces destinado en Madrid y se ocultó cuando comenzaron allí las detenciones de militares sospechosos pero al enterarse del asesinato de su hermano Virgilio, se presentó en el ministerio de Marina, donde llegó a ser jefe de estado mayor de la Flota republicana y posteriormente jefe de la Defensa Móvil Marítima y delegado de convoyes en Valencia. Al finalizar la Guerra Civil fue juzgado por los vencedores y fusilado, dejando viuda y dos huérfanos. Nunca le perdonaron sus importantes servicios a la causa republicana, entre los que destacó el haber llevado el destructor José Luis Díez, tras la deserción de los oficiales, desde Inglaterra a Francia y España.

Su sobrina Mª Carmen García Pérez, también de San Fernando y que a sus casi 95 años goza hoy día de una memoria espléndida, quedó viuda con cuatro huérfanos de corta edad al ser asesinado en Mahón el 3 de agosto su marido, el teniente de navío Narciso Núñez de Olañeta –comandante del submarino B-1 –junto a un centenar de oficiales del Ejército y la Armada que estaban presos por su adhesión a la sublevación. La matanza realizada por suboficiales y tropa de artillería se ejecutó por sorpresa cuando aquellos se encontraban paseando en el patio de la prisión, horrorizando tanto a las autoridades locales del Frente Popular que denunciaron lo sucedido.

Cuando al difunto Virgilio Pérez se le incoó tras la contienda el habitual procedimiento de responsabilidades políticas instaurado por el régimen franquista contra sus enemigos, su viuda compareció para defender a quien ya no podía hacerlo y que en todo momento había sido ejemplo de buen militar, católico, esposo y padre de familia.

Tal y como recoge la sentencia dictada en Sevilla el 29 de agosto de 1940 por el tribunal formado por Telmo Carrión Blázquez, Francisco Díaz Plá y Ricardo Monsalvez Ruiz -localizada gracias a las historiadoras Alicia Domínguez y Magdalena González- si bien a Virgilio "se le atribuyen los hechos de haber profesado ideas izquierdistas, ser partidario del régimen republicano y mandar el barco que en 1932 condujo a Villa Cisneros a los complicados en los sucesos del 10 de agosto de dicho año, a quienes se dice trató con dureza", no constaba, entre otras hechos a su favor que "actuase contra la causa nacional".

Finalmente se falló que "debemos absolver y absolvemos al inculpado don Virgilio Pérez Pérez". La sentencia llegaba cuatro años tarde, siendo el de mayor graduación del más de un centenar de miembros de la Armada que fueron fusilados en San Fernando a causa de la Guerra Civil.


domingo, 19 de octubre de 2014

INFORME SECRETO. EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL (VII). EL REARME DEL PROTECTORADO, BALEARES Y CANARIAS.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en el nº 277 correspondiente al mes de julio de 2005, de la Revista "ARMAS", págs. 64-70. 
Los originales están ilustrados por seis fotografías en color, diez en blanco y negro y un dibujo en color.
 
Al estallar la Segunda Guerra Mundial se produjo la paradoja de que algunas de las zonas españolas que durante la Guerra Civil 1936-1939 no habían sido escenario de operaciones militares ni batallas, constituyendo parte de la retaguardia denominada nacional o facciosa, corrían el riesgo de convertirse en objetivos prioritarios para algunas de las potencias participantes en el conflicto.

Tal era el caso del Protectorado de España en Marruecos y el archipiélago canario, encuadrándose en el mismo grupo con nivel de amenaza similar, el archipiélago balear dada su estratégica posición en el Mediterráneo. En los tres casos coincidía además la misma servidumbre: se encontraban aislados de la Península y caso de que España entrase en guerra no podía garantizarse el correcto suministro logístico –vía marítima o aérea- en materia de armamento y municionamiento, entre otros recursos vitales.

Ello motivó que aquellos territorios se convirtieran en una de las primeras prioridades del Estado Mayor del Ejército con el objeto de dotar a las unidades allí desplegadas, entre otras necesidades, de las armas y pertrechos suficientes para sustentar su defensa frente a una amenaza o agresión extranjera.
El armamento del Marruecos español
Dicha zona incluía a estos efectos tanto nuestro Protectorado como las entonces plazas de soberanía de Ceuta y Melilla. Según un informe inicial suscrito el 15 de abril de 1940 por el general jefe del E.M.E., cuyo destinatario era el ministro Varela y que fue ampliado ocho días después, tenía completa la 1ª serie de armamento de Infantería, incluidos los incrementos de plantilla de las Banderas de La Legión de las Divisiones nº 92, 93 y 101 así como las Mehal-las Jalifianas, gracias al urgente envío de armas procedentes de las Maestranzas de La Coruña y Sevilla, la Fábrica de Oviedo y el Parque de Zaragoza, ordenado el día 6 de dicho mes.
La citada serie comprendía en principio tanto las armas ligeras (54.225 mosquetones y fusiles, 2.127 fusiles ametralladores y 804 ametralladoras) todas unificadas a 7 mm., como los morteros (510 de 50 mm., 156 de 81 mm. y una previsión de 24 de 120 mm., todavía no disponibles), las ametralladoras antiaéreas de 20 mm. (48 piezas) y los cañones antitanques de 37 y 45 mm. (30 piezas en total).
Además de todo ello se disponía en estado de funcionamiento en los parques de aquel territorio otros 14.892 fusiles y mosquetones (7.644 españoles de 7 mm., 6.478 rusos de 7’62 mm. y 770 italianos de 6’5 mm.), 312 fusiles ametralladores (4 españoles de 7 mm., 19 alemanes de 7’92 mm., 280 rusos de 7’62 mm. y 9 franceses de 8 mm.), 281 ametralladoras (184 españolas de 7 mm. y 97 rusas de 7’62 mm.) y 9 morteros (7 de 60 mm. y 2 de 81 mm.), amén de una amalgama de 10.669 fusiles y mosquetones, 178 fusiles ametralladores, 126 ametralladoras y 43 morteros, todos inútiles, de diversos modelos y nacionalidades pero que estaban pendientes de su arreglo y recomposición.
No obstante, dadas sus especiales circunstancias geográficas, por aquellas mismas fechas desde el E.M.E. se estaba estudiando “enviarles otra Serie completamente igual para repuesto en los Parques, bien entendido que no habría dificultad en cuanto a fusiles y ametralladoras, así como a morteros de 50 ó 81, pero si en cuanto a F.A, A.A. de 20 m/m y cañones antitanque se refiere”.
Sin embargo a la hora de la verdad y poder llevarlo a cabo, según una nota de 18 de junio siguiente, no pudo entonces completarse la serie “B”, faltando 5.200 fusiles y mosquetones para Ceuta así como 2.247 fusiles ametralladores para todo el Protectorado y plazas de soberanía, si bien se enviaron para paliar en parte dicho déficit un total de 20.000 anticuados fusiles franceses Lebel de 8 mm. y 12 millones de cartuchos para los mismos, procedentes de la Guerra Civil.
Respecto al armamento pesado la serie “A” estaba completa en los Regimientos de Artillería nº 30, 31, 32, 33, 34, 49 y 50, así como en el Grupo de Artillería Antiaérea independiente. Concretamente los cinco primeros estaban dotados de un Grupo de 65/17, un Grupo de 75/28 y un Grupo de 105/11 cada uno. Los dos últimos regimientos tenían un Grupo de 105/22, un Grupo de 155/13 y un Grupo de 75/27, mientras que el antiaéreo disponía de tres baterías de 75/36.
Para su refuerzo se había dispuesto el envío desde la Península de la serie “B” constituida por 15 baterías de 70/16, 15 baterías de 75/28, 15 baterías de 105/11, 6 baterías de 105/22, 6 baterías de 149/12 y 12 piezas de 155/13, encontrándose ya por aquellas fechas buena parte de ello en el Protectorado.
En resumen, en dicha zona, “con el Armamento portátil y Material de Artillería, se podrían organizar un total de 3 Cuerpos de Ejército de 3 Divisiones”, incluidas las armas en poder de las fuerzas Jalifianas.
Respecto al municionamiento, dadas también las dificultades de abastecimiento logístico desde la Península, en caso de que España entrara en guerra, también se había ordenado para entonces el envío de dos series completas de municiones para toda clase de armas, portátiles y pesadas.
Estas consistían un total de 1.491.120 cartuchos de 9 mm. largo para pistola, 103.446.100 cartuchos de 7 mm. para fusiles, fusiles ametralladores y ametralladoras, 516.300 granadas de mano y 1.004.518 disparos y granadas de diversos calibres para cañones y morteros.
También se prestó singular atención a las necesidades en materia de transmisiones (estaciones de radio, centralitas, teléfonos de campaña y cable) y de automovilismo, ordenándose el embarque a partir del 17 de abril (dos días después de emitirse el primer informe) de un centenar de camiones y una compañía completa de dicha especialidad, además de tres secciones de auto-algibes., gestionándose  “en estos momentos el envío de los auto-ametralladoras cañón que corresponden a los dos Regimientos de Caballería de Cuerpo de Ejército”.
El armamento de Baleares
El E.M.E. dispuso respecto al archipiélago balear que entre las unidades allí desplegadas y los parques de artillería debería disponerse de 5 series de fusiles y 3 series del resto del armamento, por lo que fue necesario enviar urgentemente 2.475 fusiles máuser, 345 fusiles ametralladores modelo O.C., 183 ametralladoras “Hotchkiss”, 34 morteros de 50 m., 34 morteros de 81 mm., 8 ametralladoras antiaéreas y 9 cañones antitanques, procedentes de las Maestranzas de Barcelona, Madrid y Sevilla, la Fábrica de Oviedo y los Parques de Valencia y Zaragoza.
Con ello y según un informe de 23 de abril el total de armamento que quedaba en Baleares era de 25.355 fusiles y mosquetones de 7 mm., 495 fusiles ametralladores de 7 mm., 372 ametralladoras de 7 mm., 111 morteros de 50 mm., 84 morteros de 81 mm., 54 ametralladoras antiaéreas de 20 mm. y 42 cañones antitanques.
En relación al armamento pesado, aunque se encontraba por aquel entonces en estudio el envío de la serie “B”, la serie “A” estaba ya completa en sus dos Regimientos de Artillería. En el nº 6 había un Grupo de 2 baterías de 105/22 y una batería de 155/13 mientras que en el nº 35 había un Grupo de 75/28 con 3 baterías, un Grupo de 105/11 con tres baterías en Ibiza, un Grupo constituido por 2 baterías de 105/22 y uno de 155/13. El Grupo de Artillería Antiaérea independiente tenía 3 baterías de 75/36.
Para la serie “B” se enviarían inicialmente 6 baterías de 75/27 modelo 1906, 4 baterías de 105/22 y 2 baterías de 155/13, para las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, procedentes de las Maestranzas de Barcelona, Burgos y Madrid así como de los Parques de Burgos y Madrid.
Dado que el armamento antiaéreo disponible era insuficiente y había necesidad de reforzarlo urgentemente, “según comunica el Ministerio de Marina ha salido de El Ferrol para Baleares una Batería A.A. de 8’8 Krupp que está en buen estado” Pero no es la única contribución de la Armada al Ejército en aquella zona, pues “en la Escuela de Aprendices de Marina de Soller hay 2 piezas A.A. de 75/46 Legionario que sin perjuicio de seguir prestando sus servicios en la Escuela de momento, quedarían a disposición del Ejército tan pronto fuera necesario. Marina piensa enviar otras dos piezas iguales a la misma Escuela”.
En resumen, en Baleares, “con el número de fusiles con que se cuenta se podrían organizar fuerzas equivalentes a 1 Cuerpo de Ejército, pero el número de Fusiles Ametralladores es tan escaso, que sólo corresponden, aproximadamente, a la dotación de 1 División. Igualmente la Artillería de Campaña de que dispone es la correspondiente a una División”.
Otra cuestión que también hubo que abordar urgentemente en esos días, por razones de vulnerabilidad logística en caso de guerra, fue el municionamiento para toda la variedad de armas allí existentes, ascendiendo a 5 series para municiones hasta pistola inclusive y 2 series para proyectiles de Artillería. Lo cual significaba el envío de 808.840 cartuchos de 9 mm. largo, 22.856.500 cartuchos de 7 mm., 121.000 granadas de mano y 258.650 disparos y granadas de diversos calibres para cañones y morteros.
En material de transmisiones las islas Baleares se encontraban bien dotadas “con la única excepción de los cables telegráficos y telefónicos cuya reparación se gestiona en estos momentos del Ministerio de la Gobernación, …, bien entendido que en caso de guerra este cable sería cortado fácilmente”. En cuanto al repuesto de material de la red militar, “se significa que todo el que dejó la Legión Cóndor está en nuestras manos en el Archipiélago, lo que constituye una reserva tranquilizadora”.
El armamento de Canarias
Además de completarse las plantillas correspondientes a las unidades desplegadas en el África Occidental (Ifni y Sahara) con armamento procedente de las Maestranzas de La Coruña y Sevilla, la Fábrica de Oviedo y el Parque de Zaragoza, el E.M.E. proyectó respecto al archipiélago canario, siete series más de fusiles y cinco series de fusiles ametralladores y ametralladoras, de la misma composición de la primera serie.
Según el citado informe de 23 de abril de 1940, se ordenó el envío urgente de 2.002 fusiles y mosquetones de 7 mm., 292 fusiles ametralladores de 7 mm., 20 ametralladoras de 7 mm., 7 cañones antitanques de 37 mm., 38 morteros de 50 mm. y 1 mortero de 81 mm.. Con ello se logró en Canarias que la Serie “A” alcanzara un total de 9.540 fusiles y mosquetones, 397 fusiles ametralladores, 128 ametralladoras, 17 cañones antitanques, 81 morteros de 50 mm. y 25 morteros de 81 mm. Sin embargo en el referido informe no se reseña el detalle de la munición remitida, ignorándose las causas de ello.
Respecto a las existencias de material de artillería de campaña en el archipiélago canario, éste se reducía a un total de 4 piezas de 105/11, 20 piezas de 105/22, 8 piezas de 155/13 y 16 piezas antiaéreas de 75/36.
La situación en Canarias era realmente precaria, pues durante la Guerra Civil apenas se había cuestionado su defensa ya que estuvo alejada de las zonas de operaciones. Ahora, ante el riesgo de convertirse en objetivo prioritario en la 2ª Guerra Mundial, la realidad era que en aquellas islas “se podrían organizar, escasamente, fuerzas equivalentes a 2 Divisiones, si bien, la dotación de Artillería que le correspondería sería muy reducida”. 
 (Continuará)