Translate

miércoles, 29 de abril de 2020

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XII). BRIGADIER MIGUEL GUZMÁN CUMPLIDO (1819-1895). Tercera parte.

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 25, el 27 de abril de 2020.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.


El 12 de agosto de 1846 el capitán de Infantería Miguel Guzmán Cumplido contrajo matrimonio canónico en San Roque con Dorotea Shakery Rusciano. La ceremonia se celebró en la iglesia parroquial de Santa María de la Coronada.

En el tomo XIII del “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, de Pascual Madoz Ibáñez y publicado en 1849, se hacían constar los datos del censo de habitantes de San Roque fechado el 24 de marzo de 1842. En total 7.619 almas, de los que 1.754 eran vecinos, es decir, cabezas de familia. En su término municipal había “tres puntos militares, más sus vecinos están sujetos al gobierno civil y político de la misma; aquellos son La Línea, el Campamento y el Puente de Mayorga”.

El alcalde de la ciudad en 1846 era Juan Santos España y el jefe de la Guardia Civil era el alférez Juan Morillas Casas, que estaba al frente de la sección de caballería desplegada en el Campo de Gibraltar.

Volviendo al enlace matrimonial se desconoce el vínculo que dio lugar a esa relación ya que Guzmán no había estado antes destinado en la zona. No obstante, si se sabe que el enlace nupcial se llevó a cabo tan pronto lo permitió la normativa militar vigente en la época. 

Conforme a lo dispuesto en el “Reglamento de Monte Pío Militar”, de 1º de enero de 1796, solicitó autorización siéndole concedida mediante real licencia en mayo de 1846. Hay que destacar la estricta normativa, que además de impedir a los oficiales contraer matrimonio hasta alcanzar el empleo de capitán, sancionaban a quien lo hiciera sin dicha autorización, casándose clandestinamente, con la privación de su empleo, así como la pérdida de todo derecho económico que pudiera tener su familia.

El interesado debía pedir autorización para su concesión en nombre del rey, por conducto de sus jefes, y éstos sólo podían dar curso “a los casamientos que por la calidad y circunstancias de las mujeres” mereciesen la real aprobación.

Aquellos oficiales que no gozasen todavía de un sueldo mensual de 40 escudos de vellón, es decir 4.800 reales de vellón, debían acreditar que tenían bienes por valor al menos de 60.000 reales, “para que puedan sostener las cargas del matrimonio, quedándoles libre su limitado sueldo para atender a la precisa decencia de su persona”.

Respecto a las mujeres, salvo que fueran hijas de oficiales, ministros del consejo de guerra del rey, embajadores y ministros plenipotenciarios o de contribuyentes del Monte Pío militar, debían justificar que tenían por sí 20.000 reales de dote las nobles y 50.000 las del “estado llano”. Dichos capitales debían conservarse intactos durante todo el matrimonio ya que las viudas y huérfanos de un oficial no tenían derecho a pensión si el cabeza de familia no fallecía en función de guerra, siendo “indispensable que se conserven escrupulosamente los bienes que afianzan la posterior decencia de estas familias, sin comprometer con su indigencia el decoro de la milicia”. 

Las mujeres que al casarse con dichos oficiales, éstos se hallaren con los grados, empleos y sueldos que diera derecho al beneficio de pensiones, quedaban exentas de dote ya que estaba asegurada su subsistencia y la de sus hijos. No obstante, dichos oficiales debían procurar “enlazarse con mujeres que, además de su honrado nacimiento y virtud personal, tengan algunos posibles para coadyuvar a la decencia de su estado”.

En el caso de Dorotea Shakery no había duda alguna ya que procedía de una distinguida y solvente familia muy conocida e integrada tanto en la colonia británica de Gibraltar como en la propia ciudad de San Roque.

Además de sus padres, Francisco y Ana, ya mencionados en el capítulo anterior, tenía varios hermanos y hermanas. Algunos de ellos se llamaban Amalia, Eduardo, Juan y José. Éste último, de profesión contable, había sido víctima de un secuestro el 10 de junio de 1844, siendo liberado horas después. 

Posteriormente, se tiene constancia de que contribuyó con 20 reales, en una colecta abierta en la colonia de Gibraltar a iniciativa del cónsul español en la misma, para el socorro de un huracán acaecido en la isla de Cuba el 4 y 5 de octubre de 1844. Dicho listado se publicó en la Gaceta de Madrid del 24 de abril del año siguiente.

Su hermana Amalia había contraido matrimonio en San Roque el 22 de marzo de 1844 con el capitán de Carabineros Guillermo de Iriarte Cuetos, destinado anteriormente en el mismo regimiento que el capitán Guzmán, pudiendo haber sido éste el vínculo que le condujo a Dorotea. Era hijo del teniente general Fermín de Iriarte Urdaniz, antiguo comandante general del Campo de Gibraltar, nacido en la localidad navarra de Urriza el 12 de abril de 1789 y fallecido en Valladolid el 9 de abril de 1857.

Por otra parte, la revista de estudios sanroqueños, dirigida por Antonio Pérez Girón, titulada “Lacy”, en honor del general Luis de Lacy Gautier, natural de San Roque y fusilado el 5 de julio de 1817 en Palma de Mallorca por encabezar un pronunciamiento liberal contra Fernando VII, publicó en 2008 y 2012 dos interesantes y documentados artículos de Juan Manuel Ballesta Gómez, sobre la tragedia del bergantín “Bravo”.

Dicho buque, de bandera española y que navegaba desde Barcelona a La Habana, había naufragado frente a la costa de Carboneras en la madrugada del 11 de diciembre de 1855 a causa de un terrible temporal. Perecieron ahogados 23 pasajeros entre los que había 7 mujeres. 

Fuerza del Cuerpo de Carabineros del Reino al mando del subteniente Salvador González Galindo, prestaron junto a unos pescadores los primeros auxilios, arrojándose incluso al agua y salvando la vida a varios supervivientes, proporcionándoles ropa y comida en su casa-cuartel. 

Lamentablemente se produjeron en la playa algunos hechos de pillaje, saqueándose parte de la carga, enseres y equipaje de las víctimas. Gracias a la rápida y decidida actuación de un cabo y cuatro guardias civiles se impidió que se continuara y el día después, el teniente Morillas llegado desde San Roque, al frente de fuerza de la Benemérita, pudo recuperar buena parte de lo sustraido, tras registrar algunos caseríos próximos.

Conocida la tragedia numerosas personas pudientes de San Roque contribuyeron con ropas y donativos, entre las que estaba al menos una de las esposas de los hermanos Shakery. 

Eduardo Shakery, había contraido matrimonio el 27 de julio de 1845 con Ramona Rubin de Celis del Castillo. Destacó como testigo del enlace el mariscal de campo Cristóbal Linares de Butrón, nacido el 10 de noviembre de 1790 en San Roque y fallecido el 27 de septiembre de 1855 en Algeciras. Fue gobernador militar del Campo de Gibraltar y era hermano de Salvador, el anterior alcalde de San Roque.

Ramona era hija del brigadier de Infantería Benito Rubín de Celis Lastra, nacido en la localidad leonesa de Astorga el 17 de enero de 1796 y fallecido en Algeciras el 20 de mayo de 1850. Durante la Primera Guerra Carlista el capitán Guzmán había coincido con él en las acciones de Chiva y Morella.

(Continuará).


martes, 21 de abril de 2020

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XI). BRIGADIER MIGUEL GUZMÁN CUMPLIDO (1819-1895). Segunda parte

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 26, el 20 de abril de 2020.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

Comenzaba el mes de noviembre de 1840 cuando el joven teniente Miguel Guzmán Cumplido se había reincorporado a su destino en el Regimiento de Infantería del Rey núm. 1, tras restablecerse del balazo sufrido en una pierna, ya relatado en el capítulo anterior. 

Acababa de finalizar la Primera Guerra Carlista y no con ello había llegado la necesitada estabilidad política a España. Todavía quedaba mucho convulso siglo XIX que padecer. Apenas dos semanas antes, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, a pesar de haber ganado la fratricida contienda bélica a favor de los derechos sucesorios de su hija Isabel II, todavía menor de edad, había renunciado a la regencia y marchado al exilio.

Su sitio sería ocupado durante los tres años siguientes por el general Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro, que ostentaba ya los títulos de duque de la Victoria, duque de Morella y conde de Luchana. 

Desde el primer momento que se hizo cargo de la regencia promovió numerosas iniciativas legislativas. La más importante y esperada en el ámbito de la seguridad pública sería decretada el 2 de noviembre de 1840: “Queda abolida la policía secreta y prohibido hacer ningún gasto con tal objeto”.

Así rezaba el artículo primero del brevísimo decreto que la Regencia provisional del Reino dirigió al ministro de la Gobernación Manuel Cortina Arenzana. Tan drástica resolución, ya que ni se suprimía ni se disolvía, sino que se abolía, fue dictada tras tomarse en consideración lo que él mismo había expuesto. 

El repudio social generalizado hacia dicha institución, reflejado en numerosas publicaciones de la época así como su elevado coste económico que padecía una absoluta falta de transparencia en la justificación de los gastos, hacían inaceptable su continuidad. Poco quedaba ya de aquella Superintendencia General de la Policía del Reino creada por Fernando VII en real cédula de 13 de enero de 1824.

Si bien el otro artículo de dicho decreto disponía que se propondría “con urgencia la organización que deberá tener la policía de protección y seguridad pública ejercida por las autoridades que la ley reconoce”, la cierto es que tardaría más de tres años en comenzar a cumplirse. 

Mientras tanto dicha responsabilidad quedaba conferida a los alcaldes cuyas competencias quedaban recogidas en el capítulo III de la ley de 3 febrero de 1823, relativa a la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”. Derogada por Fernando VII con el fin del denominado “Trienio Liberal”, había vuelto a ser rehabilitada tras su muerte, mediante real decreto de 15 de octubre de 1836.

Habría que esperar a que nuevamente fuera derogada por otro de 30 de diciembre de 1843 y sobre todo a que se aprobara el de 26 de enero de 1844 sobre organización del Ramo de Protección y Seguridad Pública. En éste, se reconocía que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, así como que se había suprimido “del todo la institución, limitándose a la parte peligrosa o repugnante”. Finalizaba disponiendo que el ministro de la Gobernación propusiera “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades”.

Y esa “fuerza especial” fue la Guardia Civil, creada por real decreto de 28 de marzo siguiente y consolidada formalmente por el de 13 de mayo de ese mismo año de 1844. 

Poco podía pensar el entonces teniente Guzmán que pasaría más de la mitad de su vida militar portando el uniforme del benemérito Instituto que acababa de nacer así como que la ciudad de San Roque marcaría para siempre su vida personal y familiar.

Mientras tanto continuaba su brillante trayectoria profesional en su regimiento. Del 13 de noviembre de 1842 hasta el 19 de febrero de 1843, fecha en la que se levantó el estado de sitio, participó en las operaciones militares contra la ciudad sublevada de Barcelona que, tras ser bombardeada había sido ocupada el 4 de diciembre. 

Finalizadas las operaciones regresó a Madrid de donde el 22 de julio de 1843 salió hacia Andalucía con la División Expedicionaria del Primer Distrito. Las tornas habían cambiado y diversos generales de gran prestigio como Juan Prim Prats en Reus y Ramón María Narváez Campos en Valencia, se habían sublevado contra el regente. En Córdoba, de donde se iban a dirigir a Sevilla, también alzada, que ya estaba siendo atacada y bombardeada, resultó que fue separado de su regimiento al ser considerado sospechoso.

      Sin embargo la capital hispalense resistió y el general Espartero terminó por huir al Puerto de Santa María donde embarcaría hasta Cádiz para proseguir vía marítima su exilio a Inglaterra. Guzmán entonces fue rehabilitado reincorporándose el 1º de agosto siguiente a su unidad, la cual se sumo también al alzamiento. 

      Transcurridos dos meses marchó con su regimiento a Granada con ocasión de una rebelión estallada el 5 de octubre siguiente, siendo rápidamente aplastada bajo el mando del mariscal de campo José Cabrera. Por su “buen comportamiento” en dichas acciones le concedieron por real orden de 27 de junio de 1845, la segunda cruz de 1ª clase de San Fernando.

      Ascendido a capitán con efectividad de 24 de diciembre de 1843 continuó en su regimiento, permaneciendo en Granada el año siguiente. En 1845 prestó servicio en el Peñón de Alhucemas que contaba con una pequeña guarnición. Ubicado frente a la costa de Marruecos, existía en su interior un presidio menor. 

Reincorporado a la Península su vida personal daría un importante cambio. Conforme a lo dispuesto en el “Reglamento de Monte Pío Militar”, de 1º de enero de 1796, solicitó real licencia para contraer matrimonio con Dorotea Shakery Rusciano, siéndole concedida en mayo de 1846. El enlace nupcial se celebró en San Roque el 12 de agosto siguiente.

Si bien no se ha conseguido obtener información hasta la fecha sobre el origen de dicha relación, sí se tiene constancia de que la familia a la que pertenecía era de nacionalidad británica y poseía residencias e intereses, tanto en la colonia de Gibraltar como en la ciudad de San Roque. 

Su padre se llamaba Francisco Shakery, de profesión comerciante, siendo persona muy conocida. Su madre se llamaba Ana Rusciano, significándose que en algunos documentos dicho apellido aparece también como Rusiano o Russiano.

Aquél había suscrito el 27 de abril de 1840 un manifiesto público, junto a Manuel Gambaro y Francisco Parody, como miembro de la “Comisión suprema popular autorizada por el pueblo católico de Gibraltar”. Solicitaron a la “Junta de Ancianos” de la iglesia de Santa María la Coronada de Gibraltar, la reposición en el vicariato apostólico del sacerdote Juan Bautista Zino, destituido injustamente según denunciaban, siendo nombrado en su lugar fray Enrique Hughes. 

Dicha junta estaba compuesta por doce ancianos elegidos por los seglares de dicha parroquia. Aquella situación degeneró en un cruces de denuncias y anónimos sobre “los negocios eclesiásticos” que tras hacerse públicas por algunos de los implicados, terminaron resolviéndose en el tribunal supremo de justicia de la colonia mediante sentencia de fecha 30 de enero de 1841.

(Continuará).