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martes, 23 de abril de 2019

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XI). LA PROPUESTA DEL CORONEL RAFAEL BERNAL PASTOR (1924).


CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019). 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 12, el 22 de abril de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

El 15 de febrero de 1924 el “Delegado Regio para la Represión del Contrabando y Defraudación en la Zona Sur Oeste”, Pedro de Castro Santoyo, solicitó al director general de la Guardia Civil, teniente general Juan Zubia Bassecourt, el aumento de la plantilla de La Línea de la Concepción en 25 efectivos más de caballería.
Como ya se expuso anteriormente, no era para dedicarlos a perseguir el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar. Para eso ya estaba la fuerza del Cuerpo de Carabineros, destacada tanto en la aduana como en varios puestos del término municipal de La Línea. 
La razón de tan importante refuerzo de la Guardia Civil era mantener el orden público en las interminables colas que a lo largo de cada jornada formaban millares de personas que regresaban de trabajar o comprar género de diverso tipo en el Peñón. 
Si bien la mayoría no se dedicaba como oficio al contrabando existía un porcentaje considerable, y muy conflictivo por cierto, que justificaba la necesidad de la presencia y vigilancia in situ de la fuerza pública. 
Dichas colas iban desde la Verja, levantada ilegalmente por los británicos en 1908-09 en medio del mal denominado “campo neutral” (realmente territorio español), hasta nuestra aduana. Su edificio principal, demolido hace ya más de siete décadas, estaba ubicado entonces sobre la actual Plaza de la Constitución.  
Una vez recibida dicha petición, el teniente general Zubia requirió el 20 de febrero de 1924, el correspondiente informe al coronel Rafael Bernal Pastor, subinspector del 16º Tercio, con cabecera en la capital malagueña, quien seguidamente lo solicitó al teniente coronel Antonio Lozano Díaz, jefe de la Comandancia de Cádiz, de la que dependía la 8ª Compañía de Algeciras y por lo tanto La Línea de la Concepción.
 Teniendo en cuenta su parecer emitió el suyo y con fecha 6 de marzo, el coronel Bernal lo elevó al director general.Ambos mandos eran favorables al aumento de plantilla de caballería solicitado. 
Aunque ya estaban concentrados en La Línea, un cabo y cinco guardias del Escuadrón de Caballería de la Comandancia de Cádiz, que tenía su cabecera en Jerez de la Frontera, resultaba insuficiente, “dado que siempre que hay necesidad de concentrar fuerza con motivo de huelgas que se desarrollan en aquella Ciudad, muy particularmente y con frecuencia la de obreros carboneros que trabajan en la vecina plaza de Gibraltar, tiene que efectuarlo fuerza de Infantería, por no disponerse de la de Caballería”.
Igual de parva había resultado la concentración ordenada el mes anterior por el gobernador militar del Campo de Gibraltar, general de división Francisco González de Uzqueta Benítez, de otros cinco guardias montados procedentes del puesto de Almoraima, dependiente de La Línea de Jimena de la Frontera, “con motivo de medidas adoptadas por la Delegación Regia para la represión del contrabando y defraudación a la que la población se venía dedicando”. 
En su informe el coronel Bernal, tras afirmar que dichas concentraciones serían innecesarias si se hubiera aumentado en su momento la plantilla del puesto de La Línea, exponía también que había tenido que desistirse de dicha pretensión cuantas veces se había intentado llevar a cabo. La razón de ello eran las dificultades que siempre existían para encontrar un acuartelamiento donde alojar dicho incremento.
La población de hecho, entre residentes y transeúntes, eran ya unas 70.000 personas y la fuerza de los puestos de La Línea y La Atunara no alcanzaban la veintena de guardias civiles, una cifra absolutamente desproporcionada e insuficiente para garantizar la seguridad ciudadana todo el municipio. Por ello era muy necesario ampliar su número en al menos otros veinticinco más.
Pero como el principal problema era su alojamiento y no había disponibilidad de casa-cuartel capaz de albergar tal incremento de efectivos con sus correspondientes caballos, el comandante militar de la plaza, coronel de Infantería Guillermo Wesolowski Revuelta, ofreció la posibilidad de ceder el cuartel llamado de la Concepción, desalojado recientemente, donde podrían quedarse provisionalmente los 25 guardias civiles de caballería. 
Por su parte el alcalde de La Línea, Francisco Ghersi Castaños, se ofreció a proponer ante el pleno del ayuntamiento, que caso de que dicha fuerza fuera destinada definitivamente como aumento de plantilla, y no temporalmente, se pudieran hacer con cargo al erario municipal, las obras necesarias para acondicionar el acuartelamiento ofrecido por el Ejército.
En total se harían pabellones para 38 guardias civiles casados al objeto de que se trajeran sus familias, incluyéndose también los que habitaban en la casa-cuartel de la calle Jardines. Pero como era necesaria la correspondiente aprobación del consistorio local, “no puede aventurarse a dar su conformidad sobre este último extremo hasta ver el resultado de la Corporación”.
Realmente no era buena época para que un alcalde de La Línea adquiriese ninguna clase de compromisos, ya que apenas permanecían en el cargo unos meses. De hecho, el año anterior le habían precedido José Cayetano Ramírez Galuzo, Francisco Ramos Fernández de Córdoba, Fernando González Marrero y Antonio Ríos Nápoles, cesando el propio Ghersi tan solo seis días después de que el coronel Bernal elevara su informe.
A ello hay que añadir también que el promotor del ofrecimiento, el coronel Wesolowski, fue destinado poco después a Valladolid. El nuevo alcalde, Francisco Cascales Lozano, permaneció al frente del ayuntamiento tan sólo unos meses. 
No obstante, la Guardia Civil continuaba en su compromiso y empeño de aumentar la plantilla en los términos solicitados por el delegado regio para la represión del contrabando.
Así, el 11 de marzo, el general de brigada Mariano de las Peñas Franchi-Alfaro, secretario de la Dirección General del Cuerpo, requirió al coronel Bernal para que participase de qué puestos proponía detraer el incremento solicitado, reiterándosele con urgencia mediante telegrama fechado seis días después.
El 21 de marzo, sin haberse recibido todavía dicho informe, se dispuso como primera medida de urgencia que la plantilla del puesto de La Línea se incrementase inmediatamente en un cabo y seis guardias más. 
Con esa misma fecha el coronel Bernal remitió su propuesta, haciendo suya la del teniente coronel Lozano, significando que “dicha distribución es la única que puede hacerse sin que se resienta el servicio del Escuadrón de dicha Comandancia, teniendo en cuenta que al sustituir los puestos de Almoraima y San José del Valle por fuerza de Infantería como siempre lo fueron, lejos de perjudicarse aquél se conseguiría desaparecieran las grandes dificultades que hoy existen para el racionamiento y asistencia del ganado de los mismos”.
La propuesta consistió en incrementar el puesto de La Línea con el sargento y los siete guardias del de Almoraima, el cabo y los cinco guardias del de San José del Valle, seis guardias y un trompeta del de Jerez, un guardia del de Trebujena, un cabo y un guardia del de Sanlúcar de Barrameda, y un guardia del de Medina Sidonia.
Transcurridos solamente seis días, el general de las Peñas aprobaba la propuesta remitida con algunas pequeñas modificaciones. 
La Guardia Civil había cumplido en un tiempo record. ¿Quién incumpliría?.


jueves, 18 de abril de 2019

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (X). LA IMPORTANTE PETICIÓN DE AUMENTO DE PLANTILLA EN 1924.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 17, el 15 de abril de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

Fue solicitada por la Delegación Regia para la Represión del Contrabando

La Línea de la Concepción constituyó la principal prioridad para Pedro de Castro Santoyo, “Delegado Regio para la Represión del Contrabando y Defraudación en la Zona Sur Oeste”, con residencia oficial en Sevilla, desde su nombramiento por real orden de 15 de noviembre de 1923.
Su vecindad con la colonia británica de Gibraltar y la libre circulación de personas, que registraba el paso diario de más de 15.000 por la aduana española, facilitaba que muchas de ellas se dedicasen al contrabando, ocultando los géneros entre sus ropas y efectos personales. Aunque existía una ruta marítima entre el puerto de Algeciras y el del Peñón, su entidad no era comparable con las cifras del paso terrestre.
El primer problema que existía entonces, y que continúa persistiendo, es que las autoridades españolas no sabían ni la cifra real de personas trabajadoras que pasaban a la colonia ni la identidad de las mismas. Era y sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Sí se conocía el número de las que cada día cruzaban la aduana, controlándose aleatoria o selectivamente los hombres por los carabineros y las mujeres por las matronas de dicho Cuerpo. Significar que el porcentaje femenino que se desplazaba allí era tan elevado que en determinadas épocas llegó a haber hasta catorce matronas en plantilla para realizar registros corporales a las personas de su mismo sexo. 
Pero a priori resultaba imposible discernir quienes realizaban ese trayecto, en su mayoría a pie y muy pocos en carruaje, caballo o los todavía escasos vehículos a motor, sólo para trabajar honestamente, que era un porcentaje importante o para contrabandear, que era otro porcentaje nada desdeñable. En esto hay que reconocer que se ha mejorado mucho.
Bien es cierto que por el administrador de la aduana se admitía pasar por persona adulta, y exenta de aranceles, una pequeña cantidad de productos básicos para consumo propio, pero la realidad era que muchas intentaban sacar un mayor número.
La jornada se iniciaba al amanecer con el tradicional disparo de salvas de un cañón y finalizaba con otro disparo al atardecer, cerrándose la aduana española y la puerta de Gibraltar durante la noche. No se podía entrar o salir sin un salvoconducto especial que sólo por circunstancias extraordinarias se concedía por el gobernador militar del Campo de Gibraltar y su contraparte británica.
Miles de personas se ponían cada día en marcha hacia la colonia y regresaban antes de anochecer. Los que realmente trabajaban lo hacían una sola vez por jornada y los que se dedicaban exclusivamente al contrabando, lo realizaban al menos un par de veces.
No eran cantidades importantes ya que debían ocultarse entre el ropaje y los bultos de mano que llevasen, pero si se tenía en cuenta el goteo incesante diario de miles de personas, sí que se trataba de un volumen total muy considerable. 
Dispuesto pues el “Delegado Regio”, a acabar con esa modalidad de contrabando, comenzó a impartir una serie de instrucciones y a formular diversas propuestas de incremento de efectivos.
Respecto a la Guardia Civil, la petición más importante, dada la cifra del refuerzo solicitado, fue elevada el 15 de febrero de 1924, al director general del benemérito Instituto, teniente general Juan Zubia Bassecourt.
Al amparo del real decreto de 13 de noviembre anterior, sobre organización de dichas Delegaciones Regias y la Ley para la represión de los delitos de contrabando y defraudación, de 3 de septiembre de 1904, solicitó la ampliación de la plantilla del puesto de La Línea. Dicho aumento, “no debería nunca bajar de 25 guardias”.
La razón de ello no era dedicarlos a aprehender contrabando procedente de la colonia británica, pues para ello ya estaban los carabineros. Se trataba de infundir el debido respeto, “sin necesidad de acudir a otros medios”, mediante la presencia de esa fuerza de caballería, “a las masas de obreros y pseudo-obreros de ambos sexos a su regreso de Gibraltar, entre los que puede producirse disgusto las disposiciones adoptadas por esta Delegación regia para corregir el vicio inveterado del contrabando a que la población venía dedicándose; disgusto que no se ha exteriorizado, merced a la acertada previsión de aquellas autoridades”, refiriéndose a las del Campo de Gibraltar.
Su visión sobre la situación en La Línea no podía ser más negativa, afirmando textualmente y con extrema dureza, “que se trata de una población de 70.000 habitantes de muy escasa cultura y en su mayoría desocupados y vagamundos a los que hay que imponer restricciones en sus reprobables costumbres”.
La Línea había multiplicado por cien su población en tan sólo cinco décadas. No se trataba sólo de personas procedentes del resto de la provincia gaditana sino de las provincias limítrofes de Málaga y Sevilla así como del interior de la Península. Se trataba de un descomunal crecimiento que había desbordado las previsiones y capacidades de control y ordenación por parte de las administraciones local y estatal.
La misión concreta de la Guardia Civil en esa cuestión, como ya se expuso en capítulos anteriores, y conforme lo ordenado por el gobernador militar del Campo de Gibraltar, era mantener el orden público en las largas e interminables colas que se formaban en el denominado “campo exterior”, antes de llegar a la aduana. 
Por ello era mucho más eficaz ejercer la vigilancia a caballo, pues daba mayor visión desde esa altura sobre los que estaban a pie, se imponía más respeto y podían detectar y acudir de inmediato a cualquier punto de las colas en que se hubiera producido algún incidente. Ese era el motivo por el que el delegado regio, como máximo representante del Ministerio de Hacienda para la represión del contrabando en la zona, peticionase tan importante refuerzo de caballería y no de infantería. 
Aunque reconocía que previamente, “además de su puesto ordinario de ambas armas”, estaban ya concentrados en La Línea, cinco componentes del puesto de la Guardia Civil de Almoraima, lo consideraba insuficiente. 
Dicho puesto, ubicado en la finca de dicho nombre, propiedad entonces del duque de Medinaceli, sita en el término municipal de Castellar de la Frontera, había sido creado por real orden de 16 de julio de 1898, del Ministerio de la Gobernación. En 1924 dependía de la Línea de Jimena de la Frontera, junto a los puestos de la residencia, Tesorillo y Buceite, ubicadas en las pedanías de San Martín y San Pablo, respectivamente.
Una vez recibida dicha solicitud en la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente general Zubia requirió con fecha 20 de febrero siguiente, el correspondiente parecer al coronel Rafael Bernal Pastor, subinspector del 16º Tercio, con cabecera en la capital malagueña, del cual dependía entonces las Comandancias de Cádiz y Málaga.
Su minucioso y esclarecedor informe así como los que le siguieron, en relación al muy necesario aumento de plantilla de la Benemérita en La Línea y las consiguientes casas-cuarteles, serán objeto de los próximos capítulos. 


sábado, 13 de abril de 2019

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (IX). LA DELEGACIÓN REGIA PARA LA REPRESIÓN DEL CONTRABANDO (1924).

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 17, el 8 de abril de 2019.

El original contiene una fotografía en color. 

     Por real orden de 3 de febrero de 1922, dimanante del Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Francisco Cambó Batlle, se dispuso dejar sin efecto otra, de 21 de diciembre de 1877, en la que se habían conferido al comandante general del Campo de Gibraltar, las atribuciones de delegado ministerial para la persecución y represión del contrabando en su jurisdicción.
La razón era que por real decreto de 20 de diciembre de 1921 se establecían las Delegaciones regias para la represión del contrabando, al objeto de unificar los servicios necesarios para ello. Una real orden de 5 de enero siguiente, creó una Delegación regia con jurisdicción en las provincias de Almería, Cádiz con su Campo de Gibraltar, Granada y Málaga.
Por tal motivo el consejo de ministros, en sesión celebrada el citado 3 de febrero, dispuso que mientras subsistiera la mentada Delegación quedarían sin efecto las atribuciones otorgadas al comandante general.
Sin embargo, año y medio largo después, tras el golpe de estado encabezado el 13 de septiembre de 1923, con el visto bueno de Alfonso XIII, por el teniente general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, se volvió a regular tan delicada materia.
La exposición de motivos del extenso real decreto dictado dos meses después, el 13 de noviembre, al inicio del llamado “Directorio Militar”, era clara: “Las medidas adoptadas hasta ahora para reprimir el contrabando y la defraudación que en proporciones realmente alarmantes desangran el Erario público no han alcanzado el resultado que se proponían o sólo en muy pequeño resultado lo han alcanzado. Se hace, pues, preciso, si este Directorio, ha de responder al designio que determinó su formación y a los anhelos de la opinión pública, que se adopten nuevas, enérgicas y eficientes, medidas para estirpar aquellos males”.
Para ello se reorganizaron dichas Delegaciones regias y se suprimió la Inspección General de Aduanas, al considerar que era un organismo con finalidad análoga.
Seguidamente se establecieron seis Delegaciones regias, siendo la del Suroeste, la que afectaba directamente al Campo de Gibraltar, teniendo por jurisdicción las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres y Córdoba.
Entre las facultades que se otorgaron a los delegados regios destacaba la potestad de requerir el apoyo de toda clase de fuerzas, aunque no dependieran del Ministerio de Hacienda, si bien debían hacerlo por conducto de sus jefes naturales. 
También estaba la facultad de dar las instrucciones que considerasen necesarias en relación con la persecución del contrabando y la defraudación, a gobernadores civiles, delegados de Hacienda, autoridades de Marina, administradores e inspectores especiales de Aduanas, jefes y oficiales de Carabineros, Miqueletes, Miñones, Mozos de Escuadra, funcionarios de la Policía Gubernativa, autoridades locales y sus agentes, resguardos de la Compañía Arrendataria de Tabacos y demás subrogadas en los derechos de la Hacienda pública y administradores especiales.
Mención aparte se hacía de la Guardia Civil en el mentado real decreto, concretándose que los delegados regios tenían las atribuciones especificadas en el artículo 63 de la Ley de Contrabando y Defraudación, de 3 de septiembre de 1904.
Dicho artículo estaba encuadrado en el capítulo dedicado a determinar las personas que estaban obligadas a la persecución de delitos y faltas de contrabando y defraudación.
Si bien ello estaba especialmente a cargo de autoridades, empleados e individuos de los Resguardos terrestre y marítimo de la Hacienda pública, y de los Resguardos especiales establecidos con la debida autorización por las entidades subrogadas en los derechos de aquella, también se les encomendaba, en determinadas circunstancias, a las autoridades civiles y militares, en su respectivo territorio, tropas del Ejército y Marina, la Guardia Civil y “toda fuerza pública armada”. 
Los supuestos eran cuando fuesen requeridos al intento por los funcionarios de Hacienda, cuando hallasen in fraganti a los delincuentes, o cuando “les fuere notoriamente conocido algún delito o falta de contrabando o defraudación y pudiesen realizar preventivamente la aprehensión, y no se hallaren presentes los agentes a quienes compete con preferencia verificarla”.
En tales casos, seguía disponiendo el reiterado artículo, “deberán reconocer a los delincuentes, detenerlos cuando proceda con arreglo a la ley, hacer constar la aprehensión en la forma que ésta determina, y poner los reos y los géneros aprehendidos a disposición del Tribunal o Autoridad competente, según los casos, para conocer del hecho, entregando a dicho Tribunal o Autoridad, bajo recibo, todo lo actuado”.
Por otra parte, volviendo al real decreto de 13 de noviembre de 1923, significar que se disponía que las administraciones de Aduanas, subinspecciones y comandancias de Carabineros, así como en general todas las autoridades y organismos del Estado, tenían la obligación de facilitar a las “Delegaciones Regias” cuantos datos reclamasen, debiéndoles prestar cuantos auxilios de cualquier orden les interesaran.
Dos días después, por real orden de 15 siguiente, se nombró “Delegado regio para la represión del contrabando y la defraudación” de la región suroeste a Pedro de Castro Santoyo, funcionario civil de la Administración del Estado. Para secretario de la Delegación se designó posteriormente a Rafael Lozano Zorzano, procedente de la carrera judicial.
El Campo de Gibraltar en general y La Línea de la Concepción en particular se convirtieron desde el primer momento de la toma de posesión del delegado regio, en una zona de interés prioritario como consecuencia del contrabando que constantemente se generaba desde la colonia británica de Gibraltar.
La Comandancia de Carabineros de Algeciras, que dependía a su vez de la 6ª Subinspección ubicada en Cádiz, tenía a finales de 1923 desplegadas en La Línea, a dos compañías de infantería, una con cabecera en La Atunara y la otra en la Aduana. 
Por parte de la Guardia Civil estaban ubicados en dicho término municipal sólo los puestos de la residencia y el de La Atunara, que junto los de San Roque y Campamento, estaban bajo el mando del teniente Enrique Benito Gómez. Éste pertenecía a la Escala de Reserva, prestando servicio activo y contaba entonces casi 50 años de edad. Tenía sus dependencias oficiales en la casa-cuartel linense de la calle Jardines y dependía a su vez de la 8ª Compañía de Algeciras de la Comandancia de Cádiz.
El importante aumento de población, tanto de hecho como de derecho, que había experimentando la localidad fue motivando a su vez la necesidad de ampliar la plantilla de los dos puestos linenses de la Guardia Civil. Pero para ello era necesario contar con inmuebles de mayores dimensiones que pudieran ser utilizados como casas-cuarteles. 
Si bien se estudió e incluso se llegaron a efectuar por el ayuntamiento de La Línea diversas gestiones, convocándose  concursos públicos, al objeto de que algún propietario ofertase un edificio de mayor entidad, para poder alojar el aumento de fuerza de la Benemérita que la ciudad necesitaba, no se presentó oferta alguna.
Entre las diferentes propuestas de incremento de personal destacó por su elevada cifra pero duros términos usados en la motivación, la solicitada el 15 de febrero de 1924 por el mentado Pedro de Castro como delegado regio y que será detallada en el próximo capítulo.