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viernes, 26 de abril de 2019

GUARDIA CIVIL: 175 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "ARMAS Y CUERPOS", núm. 140, abril de 2019, págs. 28-33.


El original contiene seis fotografías en blanco y negro.

A mediados del Siglo XIX la precaria situación de seguridad pública que padecía España constituía uno de sus principales problemas de Estado. Muy deteriorada al finalizar la Guerra de la Independencia se había agravado aún más al concluir la Primera Guerra Carlista.
Tras diversos intentos frustrados fue creado en el seno de España, en palabras del insigne escritor Benito Pérez Galdós, “un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil”.
Un real decreto de 28 de marzo de 1844, del Ministerio de Gobernación, y otro de 13 de mayo siguiente, del Ministerio de la Guerra, constituyeron los cimientos de un Cuerpo organizado por el Duque de Ahumada que 175 años después sigue teniendo el Honor como principal divisa.
Palabras clave: Guardia Civil, Seguridad Pública, Militar, Carabineros.
Introducción.
Para entender el grave problema de seguridad pública existente al inicio del reinado de Isabel II, hay que ser conscientes en primer lugar del escenario económico, político y social en que se encontraba sumido España.
Lejos de ser una cuestión recientemente surgida, venía arrastrándose desde muy antiguo, habiéndose agravado hasta unos límites prácticamente insostenibles como consecuencia de una serie de hechos acaecidos durante las  cuatro primeras décadas del siglo XIX.
Primero fue la Guerra de la Independencia contra el ocupante francés, entre 1808 y 1814, que dejó devastado al país. 
Después vino la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, para restaurar el absolutismo de Fernando VII en su estado más puro, acabando con el denominado Trienio Liberal que había vuelto a poner en vigor la derogada Constitución de 1812.
En medio de todo ello, entre otras muchas vicisitudes, hay que destacar las guerras por la independencia de la mayor parte de las colonias hispanoamericanas, entre 1810 y 1826, con el consiguiente e importantísimo coste económico y militar. 
Por último, tras la llamada Década Ominosa, no exenta de sucesos graves e importantes, que finalizó con el fallecimiento del rey, se inició un conflicto sucesorio entre los partidarios de que la corona recayera sobre su hija Isabel, y los que defendían que fuera su hermano Carlos. Ello terminó por provocar la Primera Guerra Carlista que se libró entre 1833 y 1840.
Toda esta serie de acontecimientos contribuyeron a que aumentara con la delincuencia, la inseguridad e impunidad en una España eminentemente rural, como era la de entonces. 
Ello obligó a tener que recurrir con frecuencia al auxilio del Ejército y la Milicia Nacional, en los periodos que ésta existió, para intentar garantizar la tranquilidad en caminos y despoblados, así como perseguir a los delincuentes, que actuaban habitualmente organizados en bandas, dando lugar a lo que se ha denominado “bandolerismo”.
Al grave problema de la seguridad pública, había que añadir otro de gran relevancia y que si bien tenía sus vinculaciones directas con la delincuencia, perjudicaba tremendamente a la Hacienda del Reino, como era la defraudación y el contrabando.
Su actividad, ampliamente extendida también por todo el territorio nacional, con especial presencia en costas y fronteras, causaba un gran daño al Tesoro, que dejaba de ingresar los impuestos correspondientes a los géneros que entraban fraudulentamente en el país.
Y al igual que ocurría con la seguridad pública, tampoco existía un cuerpo armado específico de ámbito estatal, que procediera a la prevención y persecución del fraude y el contrabando, teniendo que recurrirse también con frecuencia al auxilio del Ejército.
De hecho, durante el mentado Trienio Liberal había llegado a crearse el Resguardo Militar de Rentas, de efímera existencia. Igualmente pasó posteriormente, con la formación, por real orden de 27 de febrero de 1825, de una columna especial de Infantería y Caballería del Ejército, para perseguir el contrabando y auxiliar al Resguardo de Hacienda. 
Hubo un momento que pareció querer darse una solución unificada a ambos problemas, seguridad pública y defraudación, cuando se dispuso por real decreto de 13 de mayo de 1827, “que por el Ministerio de la Guerra se procediese a la creación de una fuerza especial, separada del Ejército, que velara por los caminos, que asegurara la tranquilidad del reino, hiciese respetar la justicia y persiguiese o contribuyese a la persecución de los defraudadores de la Real Hacienda”.
Es decir, que al margen de las unidades orgánicas existentes de Infantería y Caballería, cuya razón principal de ser, recogida en el artículo 356 de la Constitución de 1812, era “la defensa exterior del estado y la conservación del orden interior”, debía existir otra fuerza militar específica dedicada exclusivamente a mantener la seguridad pública y luchar contra el fraude.
Poco podía pensarse en 1827, que más de un siglo después ello sería una tardía pero eficaz y eficiente realidad, cuando por la Ley de 15 de marzo de 1940, el Cuerpo de Carabineros pasaría a integrarse en el de la Guardia Civil.
Sin embargo, aquella oportunidad histórica que con acertada visión de futuro tuvo el breve gobierno presidido por Manuel González Salmón, para encomendar ambas misiones a un único cuerpo de naturaleza militar, tuvo que ser relegada para mejor ocasión.
El caso es que finalmente sólo se optó por crear por real decreto de 9 de marzo de 1829, hace ahora 190 años, el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras para impedir el contrabando. 
Tal y como disponía su artículo 1º, el servicio activo del resguardo en las costas y fronteras recibiría una organización militar, fuerte y especial, dependiente de una Inspección general, separada y distinta de la Dirección general de Rentas.
Mientras que por el artículo 2º se establecía “para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales, la protección y fomento que procuran las leyes de Aduanas”.
En todo lo relacionado con su servicio especial de Resguardo y de persecución del contrabando así como percibo de sueldos, haberes y gratificaciones, dependería del Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Luis López-Ballesteros Varela.
Respecto a su organización y dependencia en cuanto a régimen de personal y jurisdicción, lo sería del Ministerio de la Guerra, cuyo titular era el mariscal de campo Miguel de Ibarrola González. 
Para su mando se designó a uno de los miembros del Ejército de la época de mayor prestigio, el mariscal de campo José Ramón Rodil Campillo, quien cuatro años antes había dirigido durante catorce meses la heroica defensa de la fortaleza de El Callao, negándose a entregarla a pesar de la capitulación española tras la Batalla de Ayacucho y el fin del virreinato del Perú.
El marqués de Rodil, con el transcurso del tiempo llegaría a ser ministro de la Guerra en tres ocasiones e incluso presidente del Consejo de Ministros. Bajo su mandato el Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda, denominación que había tomado el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, por un nefasto real decreto de 25 de noviembre de 1834, dándole un carácter civil, fue reorganizado por otro de 11 de noviembre de 1842, pasando a denominarse Cuerpo de Carabineros del Reino, y recuperando definitivamente su fuero y naturaleza militar.
La necesidad de creación de una fuerza de seguridad pública.
Mientras tanto, España seguía careciendo de una institución de ámbito estatal, militar o civil, que debidamente organizada, instruida y dotada de los medios pertinentes, se encargase de velar por la seguridad pública.
Tal misión, desde la finalización de la Guerra de la Independencia, seguía encomendada principalmente al Ejército. Ello no era ni del agrado de quienes lo mandaban e integraban, pues sus misiones eran otras bien diferentes, ni se encontraban por consiguiente, adiestrados para perseguir la delincuencia que requería una solución policial en vez de una respuesta militar.
Aún a pesar de haberse puesto en marcha sucesivos, e incluso en ocasiones, casi simultáneos proyectos de cuerpos e instituciones de seguridad pública, todos habían ido fracasando o siendo relegados, por una u otra causa, hasta su extinción o disolución.
La Constitución de 1812, sin perjuicio del Ejército permanente, preveía en su artículo 362 la creación en cada provincia de cuerpos de milicias nacionales, de ámbito local, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias, colaborando también en materia de seguridad pública. 
Mención especial merece el proyecto de La Legión de Salvaguardias Nacionales que el teniente general Pedro Agustín Girón Las Casas, ministro de la Guerra y padre del futuro fundador de la Guardia Civil, presentó el 30 de julio de 1820 a las Cortes para su aprobación. 
Se trataba, frente al resto de instituciones de seguridad pública de ámbito local o regional de la época, de un cuerpo de ámbito nacional y carácter militar destinado exclusivamente a lograr la paz y la seguridad interior del país. Fue rechazado en la votación por considerarse “medida atentatoria a la libertad y desorganizadora de la Milicia Nacional”.  
Más suerte, pero efímera,tuvieron losCeladores Reales, creados en 1823, la Policía General del Reino en 1824, y los Salvaguardias Reales en 1833.
Transcurrida una década desde la creación de la última, habían desaparecido ya las tres. Reseña destacada merece la Policía General del Reino, que si bien constituyó en su inicio un significativo avance respecto al resto de instituciones de seguridad pública de la época, su singular y excesiva vinculación e implicaciones políticas, provocó no sólo que no terminara desarrollándose conforme a su proyecto inicial, sino que fuera incluso objeto de durísimos reproches, siendo condenada finalmente a su aboliciónpor real decreto de 2 de noviembre de 1840.
Igualmente se dispuso que se propondría con urgencia la organización que debiera tener la “policía de protección y seguridad pública”, ejercida por las autoridades que la ley reconoce. 
Dicha organización se demoraría más de tres años como consecuencia, entre otras causas, de las sucesivas crisis políticas y cambios de gobierno que padeció la nación. 
Mientras tanto, la situación de la seguridad pública era deplorable, sin que existiera todavía una institución de ámbito estatal para velar expresamente por su mantenimiento.
El desolador escenario que se padecía quedó perfectamente reflejado en una carta que el ministro de la Guerra, mariscal de campo Manuel de Mazarredo Mazarredo, escribió el 31 de diciembre de 1843, al ministro de Gobernación, José Justiniani Ramírez de Arellano
Siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las tropas de Infantería, Caballería y Milicias, a causa de la persecución de ladrones y malhechores de todas especies a que están constantemente destinadas en innumerables partidas y destacamentos, en términos de no poder atender como conviene al servicio de las guarniciones y demás que les son peculiares; y no pudiendo esto dejar de producir males inmensos, como V.E. conocerá, a la disciplina del Ejército …; se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual pudiera hacerse por medio de una fuerza pública que bajo dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación del digno cargo de V.E. y con la denominación que fuese más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel servicio y se encargase de él en todos los pueblos, caminos y demás puntos de la superficie de la península.
La creación del Cuerpo de la Guardia Civil.
El primer paso realmente firme, serio y con vocación de futuro que se dio para afrontar tan preocupante problema fue el 26 de enero de 1844, bajo el gobierno de Luis González Bravo, al crearse por real decreto, en el seno del Ministerio de la Gobernación, el Ramo de Protección y Seguridad.
Tras reconocerse que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, se afirmaba que era indispensable que el gobierno pudiera velar eficazmente por las personas y los bienes de todos, abogándose por la creación una nueva. 
Consecuente con ello, comenzaba su articulado decretando que el servicio de protección y seguridad pública estaría exclusivamente a cargo del Ministerio de Gobernación de la Península, y de sus respectivos agentes en las provincias, y finalizaba, disponiendo en su artículo 10º que el ministro debía proponer, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil”. 
El segundo paso de importancia se dio el 28 de marzo siguiente, todavía bajo la presidencia de González Bravo. Se dictó un real decreto que disponía la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”, de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, “con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones”. No obstante, en cuanto a organización y disciplina, dependería de la jurisdicción militar.
El inicio de su exposición de motivos no dejaba duda alguna de su entroncamiento con el mentado real decreto de 26 de enero anterior, citándolo expresamente y afirmando que:
El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin prejuicios.” 
Quedaba perfectamente claro que no existía ninguna otra institución de seguridad pública y ámbito nacional.
Dos semanas después, por real orden del Ministerio de Gobernación, de 12 de abril siguiente, se dispuso que se procediera a organizar la Guardia Civil por el Ministerio de la Guerra, habida cuenta el deseo de Isabel II, de “ofrecer un alivio y una recompensa a la clase militar que tan acreedora se ha hecho por su lealtad, su valor y su constancia durante la última guerra y en repetidas ocasiones.”
Tres días más tarde se dictó otra real orden, mediante la que se comisionaba al mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Ezpeleta,como director de organización de la Guardia Civil. 
Éste se encontraba entonces destinado en Barcelona, desempeñando el cargo de “Inspector General Militar, gozando de acreditado prestigio para organizar y reformar tropas. Puesto inmediatamente a la tarea, remitió tan sólo cinco días después, el 20 de abril, a los ministros de Estado y de Guerra, un detallado informe en el que expuso con toda claridad y contundencia sus enmiendas y reparos al contenido del citado real decreto de 28 de marzo. 
El Duque de Ahumada fue tan convincente en su exposición y motivación que se le autorizó a redactar una nueva propuesta, la cual nominó “Bases necesarias para que un General pueda encargarse de la formación de la Guardia Civil”.
Llegados a este punto, se produjo un hecho trascendental para el futuro de la nueva institución que se estaba perfilando y que marcaría de forma indeleble en el tiempo su naturaleza militar, frente a la civil que inicialmente había sido ideada. 
El teniente general Ramón María Narváez Campos, capitán general de Castilla la Nueva, asumió el 3 de mayo la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera del Ministerio de la Guerra.No sólo dispuso la continuidad del Duque de Ahumada, como organizador de la Guardia Civil, sino que apoyó firmemente su propuesta de modificación.
Y el tercer y definitivo paso para afrontar resolutivamente el problema de seguridad pública de la época, se dio tan sólo diez días después, tras aceptarse dicha proposición y aprobarse el real decreto de 13 de mayo de 1844. 
Convertido en el verdadero texto fundacional del benemérito Instituto, dejó sin efecto el anterior de 28 de marzo, desechándose definitivamente la idea de que la Guardia Civil fuera una fuerza civil bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación de la Península. Su naturaleza militar fue firme y definitivamente establecida.
Tal y como se exponía en su preámbulo, el nuevo Cuerpo, en todas partes y en todas ocasiones se ha de presentar como el primer agente del Gobierno y el primer sostenedor de la tranquilidad y seguridad pública.Quedósujeto, según se disponía en su artículo 1º, al Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento.
Por real decreto del Ministerio de la Gobernación, de 9 de octubre, se aprobó su Reglamento de Servicio, disponiéndose en su artículo 1º que el nuevo Cuerpo teníapor objeto fundamental, la conservación del orden público; la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones; así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes.
Seis días después, el 15 concretamente, se establecía mediante otro real decreto, esta vez del Ministerio de la Guerra, su Reglamento Militar, ya que si bien le eran de aplicación a la Guardia Civil, las Ordenanzas Generales del Ejército, se hacía necesario establecer algunas reglas especiales y particulares.
Finalmente, se dotó al nuevo Cuerpo del tercer y trascendental texto vital, su código deontológico, “La Cartilla del Guardia Civil”, redactada por el propio Duque de Ahumada, cuyo primer artículo rezaba: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.”
Epílogo.
La célebre frase de Pérez Galdós, publicada en 1900 en sus “Episodios Nacionales”, fue premonitoria: Grande por tener, tanto el más extenso despliegue territorial como el mayor número de efectivos; eficaz porque consiguió que los caminos de la nación fueran seguros, lo cual nunca había sido logrado con anterioridad; y de robusta vida porque sobrevivió a sucesivas guerras civiles, cambios de régimen político y gobiernos de toda clase. 
Prueba de todo ello es que este año el benemérito Instituto cumple ya 175 de existencia continuada, manteniendo la misma denominación y valores deontológicos y doctrinales desde su fundación, habiendo sido capaz de adaptarse perfectamente a la evolución de los tiempos.
¡Larga vida a la Guardia Civil!.


martes, 23 de abril de 2019

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (XI). LA PROPUESTA DEL CORONEL RAFAEL BERNAL PASTOR (1924).


CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019). 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 12, el 22 de abril de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

El 15 de febrero de 1924 el “Delegado Regio para la Represión del Contrabando y Defraudación en la Zona Sur Oeste”, Pedro de Castro Santoyo, solicitó al director general de la Guardia Civil, teniente general Juan Zubia Bassecourt, el aumento de la plantilla de La Línea de la Concepción en 25 efectivos más de caballería.
Como ya se expuso anteriormente, no era para dedicarlos a perseguir el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar. Para eso ya estaba la fuerza del Cuerpo de Carabineros, destacada tanto en la aduana como en varios puestos del término municipal de La Línea. 
La razón de tan importante refuerzo de la Guardia Civil era mantener el orden público en las interminables colas que a lo largo de cada jornada formaban millares de personas que regresaban de trabajar o comprar género de diverso tipo en el Peñón. 
Si bien la mayoría no se dedicaba como oficio al contrabando existía un porcentaje considerable, y muy conflictivo por cierto, que justificaba la necesidad de la presencia y vigilancia in situ de la fuerza pública. 
Dichas colas iban desde la Verja, levantada ilegalmente por los británicos en 1908-09 en medio del mal denominado “campo neutral” (realmente territorio español), hasta nuestra aduana. Su edificio principal, demolido hace ya más de siete décadas, estaba ubicado entonces sobre la actual Plaza de la Constitución.  
Una vez recibida dicha petición, el teniente general Zubia requirió el 20 de febrero de 1924, el correspondiente informe al coronel Rafael Bernal Pastor, subinspector del 16º Tercio, con cabecera en la capital malagueña, quien seguidamente lo solicitó al teniente coronel Antonio Lozano Díaz, jefe de la Comandancia de Cádiz, de la que dependía la 8ª Compañía de Algeciras y por lo tanto La Línea de la Concepción.
 Teniendo en cuenta su parecer emitió el suyo y con fecha 6 de marzo, el coronel Bernal lo elevó al director general.Ambos mandos eran favorables al aumento de plantilla de caballería solicitado. 
Aunque ya estaban concentrados en La Línea, un cabo y cinco guardias del Escuadrón de Caballería de la Comandancia de Cádiz, que tenía su cabecera en Jerez de la Frontera, resultaba insuficiente, “dado que siempre que hay necesidad de concentrar fuerza con motivo de huelgas que se desarrollan en aquella Ciudad, muy particularmente y con frecuencia la de obreros carboneros que trabajan en la vecina plaza de Gibraltar, tiene que efectuarlo fuerza de Infantería, por no disponerse de la de Caballería”.
Igual de parva había resultado la concentración ordenada el mes anterior por el gobernador militar del Campo de Gibraltar, general de división Francisco González de Uzqueta Benítez, de otros cinco guardias montados procedentes del puesto de Almoraima, dependiente de La Línea de Jimena de la Frontera, “con motivo de medidas adoptadas por la Delegación Regia para la represión del contrabando y defraudación a la que la población se venía dedicando”. 
En su informe el coronel Bernal, tras afirmar que dichas concentraciones serían innecesarias si se hubiera aumentado en su momento la plantilla del puesto de La Línea, exponía también que había tenido que desistirse de dicha pretensión cuantas veces se había intentado llevar a cabo. La razón de ello eran las dificultades que siempre existían para encontrar un acuartelamiento donde alojar dicho incremento.
La población de hecho, entre residentes y transeúntes, eran ya unas 70.000 personas y la fuerza de los puestos de La Línea y La Atunara no alcanzaban la veintena de guardias civiles, una cifra absolutamente desproporcionada e insuficiente para garantizar la seguridad ciudadana todo el municipio. Por ello era muy necesario ampliar su número en al menos otros veinticinco más.
Pero como el principal problema era su alojamiento y no había disponibilidad de casa-cuartel capaz de albergar tal incremento de efectivos con sus correspondientes caballos, el comandante militar de la plaza, coronel de Infantería Guillermo Wesolowski Revuelta, ofreció la posibilidad de ceder el cuartel llamado de la Concepción, desalojado recientemente, donde podrían quedarse provisionalmente los 25 guardias civiles de caballería. 
Por su parte el alcalde de La Línea, Francisco Ghersi Castaños, se ofreció a proponer ante el pleno del ayuntamiento, que caso de que dicha fuerza fuera destinada definitivamente como aumento de plantilla, y no temporalmente, se pudieran hacer con cargo al erario municipal, las obras necesarias para acondicionar el acuartelamiento ofrecido por el Ejército.
En total se harían pabellones para 38 guardias civiles casados al objeto de que se trajeran sus familias, incluyéndose también los que habitaban en la casa-cuartel de la calle Jardines. Pero como era necesaria la correspondiente aprobación del consistorio local, “no puede aventurarse a dar su conformidad sobre este último extremo hasta ver el resultado de la Corporación”.
Realmente no era buena época para que un alcalde de La Línea adquiriese ninguna clase de compromisos, ya que apenas permanecían en el cargo unos meses. De hecho, el año anterior le habían precedido José Cayetano Ramírez Galuzo, Francisco Ramos Fernández de Córdoba, Fernando González Marrero y Antonio Ríos Nápoles, cesando el propio Ghersi tan solo seis días después de que el coronel Bernal elevara su informe.
A ello hay que añadir también que el promotor del ofrecimiento, el coronel Wesolowski, fue destinado poco después a Valladolid. El nuevo alcalde, Francisco Cascales Lozano, permaneció al frente del ayuntamiento tan sólo unos meses. 
No obstante, la Guardia Civil continuaba en su compromiso y empeño de aumentar la plantilla en los términos solicitados por el delegado regio para la represión del contrabando.
Así, el 11 de marzo, el general de brigada Mariano de las Peñas Franchi-Alfaro, secretario de la Dirección General del Cuerpo, requirió al coronel Bernal para que participase de qué puestos proponía detraer el incremento solicitado, reiterándosele con urgencia mediante telegrama fechado seis días después.
El 21 de marzo, sin haberse recibido todavía dicho informe, se dispuso como primera medida de urgencia que la plantilla del puesto de La Línea se incrementase inmediatamente en un cabo y seis guardias más. 
Con esa misma fecha el coronel Bernal remitió su propuesta, haciendo suya la del teniente coronel Lozano, significando que “dicha distribución es la única que puede hacerse sin que se resienta el servicio del Escuadrón de dicha Comandancia, teniendo en cuenta que al sustituir los puestos de Almoraima y San José del Valle por fuerza de Infantería como siempre lo fueron, lejos de perjudicarse aquél se conseguiría desaparecieran las grandes dificultades que hoy existen para el racionamiento y asistencia del ganado de los mismos”.
La propuesta consistió en incrementar el puesto de La Línea con el sargento y los siete guardias del de Almoraima, el cabo y los cinco guardias del de San José del Valle, seis guardias y un trompeta del de Jerez, un guardia del de Trebujena, un cabo y un guardia del de Sanlúcar de Barrameda, y un guardia del de Medina Sidonia.
Transcurridos solamente seis días, el general de las Peñas aprobaba la propuesta remitida con algunas pequeñas modificaciones. 
La Guardia Civil había cumplido en un tiempo record. ¿Quién incumpliría?.


jueves, 18 de abril de 2019

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (X). LA IMPORTANTE PETICIÓN DE AUMENTO DE PLANTILLA EN 1924.

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 17, el 15 de abril de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

Fue solicitada por la Delegación Regia para la Represión del Contrabando

La Línea de la Concepción constituyó la principal prioridad para Pedro de Castro Santoyo, “Delegado Regio para la Represión del Contrabando y Defraudación en la Zona Sur Oeste”, con residencia oficial en Sevilla, desde su nombramiento por real orden de 15 de noviembre de 1923.
Su vecindad con la colonia británica de Gibraltar y la libre circulación de personas, que registraba el paso diario de más de 15.000 por la aduana española, facilitaba que muchas de ellas se dedicasen al contrabando, ocultando los géneros entre sus ropas y efectos personales. Aunque existía una ruta marítima entre el puerto de Algeciras y el del Peñón, su entidad no era comparable con las cifras del paso terrestre.
El primer problema que existía entonces, y que continúa persistiendo, es que las autoridades españolas no sabían ni la cifra real de personas trabajadoras que pasaban a la colonia ni la identidad de las mismas. Era y sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Sí se conocía el número de las que cada día cruzaban la aduana, controlándose aleatoria o selectivamente los hombres por los carabineros y las mujeres por las matronas de dicho Cuerpo. Significar que el porcentaje femenino que se desplazaba allí era tan elevado que en determinadas épocas llegó a haber hasta catorce matronas en plantilla para realizar registros corporales a las personas de su mismo sexo. 
Pero a priori resultaba imposible discernir quienes realizaban ese trayecto, en su mayoría a pie y muy pocos en carruaje, caballo o los todavía escasos vehículos a motor, sólo para trabajar honestamente, que era un porcentaje importante o para contrabandear, que era otro porcentaje nada desdeñable. En esto hay que reconocer que se ha mejorado mucho.
Bien es cierto que por el administrador de la aduana se admitía pasar por persona adulta, y exenta de aranceles, una pequeña cantidad de productos básicos para consumo propio, pero la realidad era que muchas intentaban sacar un mayor número.
La jornada se iniciaba al amanecer con el tradicional disparo de salvas de un cañón y finalizaba con otro disparo al atardecer, cerrándose la aduana española y la puerta de Gibraltar durante la noche. No se podía entrar o salir sin un salvoconducto especial que sólo por circunstancias extraordinarias se concedía por el gobernador militar del Campo de Gibraltar y su contraparte británica.
Miles de personas se ponían cada día en marcha hacia la colonia y regresaban antes de anochecer. Los que realmente trabajaban lo hacían una sola vez por jornada y los que se dedicaban exclusivamente al contrabando, lo realizaban al menos un par de veces.
No eran cantidades importantes ya que debían ocultarse entre el ropaje y los bultos de mano que llevasen, pero si se tenía en cuenta el goteo incesante diario de miles de personas, sí que se trataba de un volumen total muy considerable. 
Dispuesto pues el “Delegado Regio”, a acabar con esa modalidad de contrabando, comenzó a impartir una serie de instrucciones y a formular diversas propuestas de incremento de efectivos.
Respecto a la Guardia Civil, la petición más importante, dada la cifra del refuerzo solicitado, fue elevada el 15 de febrero de 1924, al director general del benemérito Instituto, teniente general Juan Zubia Bassecourt.
Al amparo del real decreto de 13 de noviembre anterior, sobre organización de dichas Delegaciones Regias y la Ley para la represión de los delitos de contrabando y defraudación, de 3 de septiembre de 1904, solicitó la ampliación de la plantilla del puesto de La Línea. Dicho aumento, “no debería nunca bajar de 25 guardias”.
La razón de ello no era dedicarlos a aprehender contrabando procedente de la colonia británica, pues para ello ya estaban los carabineros. Se trataba de infundir el debido respeto, “sin necesidad de acudir a otros medios”, mediante la presencia de esa fuerza de caballería, “a las masas de obreros y pseudo-obreros de ambos sexos a su regreso de Gibraltar, entre los que puede producirse disgusto las disposiciones adoptadas por esta Delegación regia para corregir el vicio inveterado del contrabando a que la población venía dedicándose; disgusto que no se ha exteriorizado, merced a la acertada previsión de aquellas autoridades”, refiriéndose a las del Campo de Gibraltar.
Su visión sobre la situación en La Línea no podía ser más negativa, afirmando textualmente y con extrema dureza, “que se trata de una población de 70.000 habitantes de muy escasa cultura y en su mayoría desocupados y vagamundos a los que hay que imponer restricciones en sus reprobables costumbres”.
La Línea había multiplicado por cien su población en tan sólo cinco décadas. No se trataba sólo de personas procedentes del resto de la provincia gaditana sino de las provincias limítrofes de Málaga y Sevilla así como del interior de la Península. Se trataba de un descomunal crecimiento que había desbordado las previsiones y capacidades de control y ordenación por parte de las administraciones local y estatal.
La misión concreta de la Guardia Civil en esa cuestión, como ya se expuso en capítulos anteriores, y conforme lo ordenado por el gobernador militar del Campo de Gibraltar, era mantener el orden público en las largas e interminables colas que se formaban en el denominado “campo exterior”, antes de llegar a la aduana. 
Por ello era mucho más eficaz ejercer la vigilancia a caballo, pues daba mayor visión desde esa altura sobre los que estaban a pie, se imponía más respeto y podían detectar y acudir de inmediato a cualquier punto de las colas en que se hubiera producido algún incidente. Ese era el motivo por el que el delegado regio, como máximo representante del Ministerio de Hacienda para la represión del contrabando en la zona, peticionase tan importante refuerzo de caballería y no de infantería. 
Aunque reconocía que previamente, “además de su puesto ordinario de ambas armas”, estaban ya concentrados en La Línea, cinco componentes del puesto de la Guardia Civil de Almoraima, lo consideraba insuficiente. 
Dicho puesto, ubicado en la finca de dicho nombre, propiedad entonces del duque de Medinaceli, sita en el término municipal de Castellar de la Frontera, había sido creado por real orden de 16 de julio de 1898, del Ministerio de la Gobernación. En 1924 dependía de la Línea de Jimena de la Frontera, junto a los puestos de la residencia, Tesorillo y Buceite, ubicadas en las pedanías de San Martín y San Pablo, respectivamente.
Una vez recibida dicha solicitud en la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente general Zubia requirió con fecha 20 de febrero siguiente, el correspondiente parecer al coronel Rafael Bernal Pastor, subinspector del 16º Tercio, con cabecera en la capital malagueña, del cual dependía entonces las Comandancias de Cádiz y Málaga.
Su minucioso y esclarecedor informe así como los que le siguieron, en relación al muy necesario aumento de plantilla de la Benemérita en La Línea y las consiguientes casas-cuarteles, serán objeto de los próximos capítulos.