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miércoles, 28 de octubre de 2020

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XXXVIII). EL CRIMEN DE LA ALCAIDESA (1913).

CLXXV Aniversario “Cartilla del Guardia Civil” (1845-2020).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 26 de octubre de 2020, pág. 17.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

  

En el Anuario Militar de España (1913) se consignaba que la misión de la Guardia Civil, en tiempo de paz, “es velar por el mantenimiento del orden, la seguridad de los caminos y los campos, y el resguardo de los arbitrios, perseguir a los malhechores y prestar auxilio al que lo necesite”.

En cuanto a organización dependía del Ministerio de la Guerra y en lo que se refería a su servicio, de los de Gobernación y Fomento. Se hallaba distribuida en el territorio de la Península, Baleares, Canarias y posesiones españolas del norte de África, en 2.500 puestos agrupados en 481 líneas que formaban 155 compañías y 2 secciones sueltas de infantería, 22 escuadrones y 3 secciones sueltas de caballería, constituyendo 56 comandancias, 54 de las cuales formaban 22 tercios y 2 comandancias independientes. La fuerza total de clases y tropa era de 19.844 efectivos (17.661 de infantería y 2.183 de caballería), disponiéndose de 1.924 caballos para prestar servicio.

El 18º Tercio, que continuaba comprendiendo las Comandancias de Cádiz y Huelva, seguía manteniendo su cabecera en la capital gaditana. Su responsable al inicio de 1913 era el coronel Jacobo Fenech Cordonié. Había sido destinado en abril del año anterior, tras su ascenso procedente de la Comandancia de Córdoba. No obstante, en junio de 1913 sería destinado como subinspector del 4º Tercio (Sevilla), mientras que al de Cádiz iría el también recién ascendido Julio Pastor de la Rosa, jefe de la Comandancia de Valencia. 

Al frente de la Comandancia de Cádiz estaba desde finales de enero el teniente coronel Casimiro Acosta Custardoy, procedente del mando de La Coruña. Sustituyó al de igual empleo, Cándido Fulloz Nocedal, fallecido en la capital gaditana el último día de 1912, por enfermedad contraida anteriormente en campaña. 

A principios de 1913 la Comandancia de Cádiz proseguía con las cabeceras de sus tres compañías de infantería en San Fernando, Algeciras y Villamartín, mientras que la del escuadrón de caballería continuaba en Jerez de la Frontera. Además de ello en Ceuta existía otra unidad dependiente de Cádiz.

Al mando de la Compañía de Algeciras estaba el capitán Ramón Aceituno Rocamonde, si bien a principios de septiembre pasaría destinado a Cádiz como auxiliar de mayoría del 18º Tercio. En su lugar iría destinado el de igual empleo, Cayetano Corbellini Frigerio, que hasta entonces venía ocupando precisamente la vacante que asumiría Aceituno. 

Las tres líneas (secciones) de dicha compañía, que continuaba manteniendo por demarcación territorial el Campo de Gibraltar, se mantenían en Tarifa, Jimena de la Frontera y La Línea de la Concepción, siendo el puesto de San Roque uno de los dependientes de esta última.

Entre los servicios más destacados que practicaron los componentes de dicho puesto en 1913 sobresalió la detención de los autores de un brutal asesinato que causó gran consternación en el Campo de Gibraltar y del que se hizo amplio eco la prensa nacional.

Si ya el crimen relatado en el capítulo anterior, perpetrado el 16 de febrero de 1906 en la vivienda de Dolores Linares de Bernardo, donde resultó muerta su criada, había tenido un notable impacto en la opinión pública, mucho más lo tuvo el cometido siete años después. De hecho, el suceso daría incluso lugar a la publicación en 2009, de una novela del sanroqueño José María Álvarez Cruz, titulada “El crimen de La Alcaidesa”.

Por cierto, significar que gracias al investigador local Juan Antonio García Rojas, se conoce ya la identidad de la desdichada víctima de 1906 que no fue entonces difundida por la prensa. Registrada en el libro de defunciones de la Parroquia de Santa María la Coronada de San Roque, resultó ser Francisca Tirado Ruiz, de 64 años de edad, soltera, natural y vecina de dicha localidad.

La víctima del crimen de 1913, acaecido el 9 de junio en la dehesa “La Alcaidesa”, fue el joven José Borrego Saborido. La Sociedad de Obreros Panaderos, gremio al que pertenecía, le dedicó por suscripción popular una lápida que durante casi un siglo estuvo colocada en su nicho. Sobre la polémica que suscitó su sustitución, el cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón, publicó el 25 de agosto de 2013, en EUROPA SUR, un contundente artículo. Si bien no ha sido todavía repuesta al menos, gracias a su actuación, se conserva intacta en espera de mejor ocasión.

Respecto al asesinato de Borrego, el 27 de julio siguiente la prensa difundió la detención de los presuntos autores por la Guardia Civil del puesto de San Roque. Se trataban de Juan Morales Carranza y su hijo José Morales Quirós, guardas de campo de la mentada finca. Sin embargo, a pesar de las numerosas gestiones realizadas no se consiguió localizar el cadaver, negándose los sospechosos a confesar donde habían ocultado el cuerpo. 

El diario ABC publicaría el 21 de agosto, una fotografía de un buzo con su escafranda reconociendo una charca de la zona, bajo la atenta vigilancia de una pareja de guardias civiles. La prensa de la época se referiría al suceso en repetidas ocasiones.

Los restos de la victima terminaron siendo encontrados nueve meses después, ya que habían sido trasladados a dos kilómetros del lugar del crimen y ocultos entre la frondosa maleza. 

Según relató el diario madrileño “La Correspondencia de España”, en su edición del 24 de marzo de 1914, una patrulla de la sección de caballería del Cuerpo de Carabineros del Reino, ubicada en San Roque, formada por el cabo Manuel Martínez Pareja y los carabineros Manuel Benítez Cabrera y un tal Ortega, se encontraban siguiendo el rastro de unos bultos de tabaco de contrabando procedentes de la colonia británica, cuando localizaron casualmente los restos. 

La cabeza estaba separada un metro del cuerpo. Junto al mismo había una escopeta cargada, una bolsa de municiones y una  hoz del infortunado. Al parecer la víctima fue sorprendida cuando intentaba cazar furtivamente unas tórtolas para un hermano enfermo.

Su hallazgo confirmaba la declaración que en su momento había prestado la testigo ocular Simona Bailén Rina, de 13 años de edad, a la que los autores y su entorno habían pretendido desacreditar haciéndola pasar por loca.

El juez de San Roque acompañado de la Guardia Civil procedió a su levantamiento de los restos. Cuando se regresó de la reconstrucción del hecho con los sospechosos, numerosos vecinos congregados ante el juzgado, intentaron lincharlos, siéndoles impedido por los componentes del puesto, teniendo que despejar la calle, “porque la excitación era grande”.

El acto del sepelio constituyó una gran manifestación de duelo popular, “en la que tomó parte todo el vecindario”, bajo la atenta vigilancia de la Guardia Civil. Al frente de la comitiva estuvo el alcalde Francisco Montero de Sola con la guardia municipal.

La mentada sociedad de panaderos costeó los gastos del entierro así como “un soberbio ataud blanco y una magnífica corona, llevando otras de amigos y distintas personas”.

La crónica finalizaba relatando que a continuación se celebró el sepelio de una joven llamada María Reule Méndez que falleció repentinamente al presenciar desde la ventana de su vivienda, impresionada, el intento de linchamiento.

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