Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de octubre de 2021, pág. 8.
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.
Finalizada la contienda se procedió a iniciar por los vencedores la desmovilización de parte de sus tropas. También comenzó el retorno a sus puntos de origen de aquellas que habían ocupado las últimas provincias que permanecieron bajo control del gobierno de la República.
Las compañías expedicionarias de la Guardia Civil se encontraban entre estas últimas, pero antes era necesario que permanecieran todavía varias semanas más dónde se encontraban destacadas. La razón de ello era evitar que las poblaciones de esas provincias se quedasen sin presencia de fuerzas del Cuerpo mientras se realizaba una primera criba depurativa de los que habían permanecidos leales al gobierno de la República desde el inicio de la contienda. Todos los ingresados durante la Guerra Civil fueron dados de baja inmediatamente.
De hecho, ya el inspector general del Cuerpo, teniente general del Ejército Emilio Fernández Pérez, se había anticipado dictando el 11 de abril de 1939 la Circular nº 8. Conforme a la misma, el personal de las compañías expedicionarias recién disueltas pasaría a formar parte, a partir de la revista de mayo, de las comandancias en cuyas provincias se encontraban en esa fecha.
En la zona sublevada se había redactado a principios de octubre de 1936, un borrador de norma que regulase el ingreso en la Guardia Civil de nuevos aspirantes, con carácter provisional, ya que no se contaba con personal suficiente habida cuenta que poco más de la mitad de su plantilla se encontraba en la zona gubernamental. En dicho borrador se daba preferencia a los que se hallasen en posesión de la cruz laureada de San Fernando o de la medalla militar individual; los hijos del Cuerpo; los licenciados del mismo que no hubiesen cumplido los 50 años de edad; los que hubieran prestado servicio “con motivo del actual movimiento militar salvador de España”, en las filas del Ejército o de “las Organizaciones de Falange Española, Requetés, Guardia Cívica y Milicias Nacionales”; y los hijos cuyos padres “perdieron la vida en defensa de la Patria”.
Sin embargo, y al contrario de lo que inmediatamente había sucedido en la zona gubernamental, donde se admitió masivamente el ingreso de nuevos aspirantes cuya lealtad ideológica estuviese avalada por escrito por alguno de los partidos y organizaciones del Frente Popular, se decidió finalmente no hacer lo mismo en la zona sublevada. La Inspección General de la Guardia Civil, radicada en Valladolid, informó negativamente dicha propuesta.
Los únicos aspirantes que ingresarían durante la contienda serían los que se habían examinado antes del inicio de la sublevación militar y habían aprobado, estando pendientes de incorporación. En su mayor parte causaron alta en la revista del mes de agosto de 1936. El motivo principal de tal decisión residió en que la Guardia Civil venía realizando hasta la fecha una exhustiva investigación sobre todos los antecedentes personales y familiares del aspirante, al objeto de garantizar que los que ingresasen carecían de tacha alguna.
Al estar entonces el país en guerra civil, con buena parte de las provincias todavía en zona gubernamental, no se podían completar dichas investigaciones, por lo que realmente no había seguridad sobre la limpieza de antecedentes desfavorables del aspirante. También fue un factor importante que desde la propia Guardia Civil se quisiera evitar la entrada masiva de personal procedente de milicias políticas por muy afines que fueran a los sublevados. De hecho, en el fuero interno del benemérito Instituto existía una gran desconfianza hacia a una posible avalancha de ingresos que pudiese “contaminar” al Cuerpo.
Dicha medida preventiva, que se cumplió estrictamente hasta la finalización de la contienda, provocó durante ese periodo un importante decifit en las plantillas del benemérito Instituto, siendo mucho más patente al reanudarse el tradicional servicio peculiar en tiempos de paz. Es por ello que el 9 de mayo de 1939 el ministro de Defensa Nacional, general de división Fidel Dávila Arrondo, procedió desde Burgos a dictar una orden mediante la que disponía que, “el personal de tropa de la Guardia Civil que se encuentre en Cuerpos y Unidades del Ejército, causará baja en ellos, incorporándose a las Comandancias del Instituto, en cuyas demarcaciones se hallen aquéllos, en las que quedan a disposición del Inspector General del mismo”. Era muy necesario que los guardias civiles encuadrados en unidades del Ejército regresasen cuanto antes a su servicio peculiar donde más falta hiciesen.
Sin embargo, aquello era una medida provisional pues sus integrantes eran necesarios también en sus comandancias de origen donde además se encontraban sus familias. En el caso de quienes habían constituido la 7ª Compañía Expedicionaria, transcurridas dos semanas y reincorporada al servicio la mayor parte de la plantilla de Murcia, se dispuso que volvieran destinados a sus unidades de partida, debiendo causar alta en la revista del mes de junio.
Así, el cabo Rodrigo Vázquez Villalobos regresó a la Comandancia de Cádiz, reincorporándose el 28 de mayo al puesto de Espera, donde permanecería hasta su pase a la situación de retiro en enero de 1944. Viudo de primeras nupcias de Esperanza Iglesias Sánchez, sin descendencia, había contraido matrimonio con María Domínguez Jiménez, con quien había tenido dos hijos llamados José Antonio y Eloisa. Fijó su residencia en San Roque, donde conviviría con su familia hasta su fallecimiento en febrero de 1978 a la edad de 87 años.
El guardia 2º José Espinosa Sánchez, natural de Jimena de la Frontera, tenía 48 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde junio de 1930, procedente del puesto de Los Barrios. El 1º de abril de 1937, según comunicó el jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García, al inspector general del Cuerpo en Valladolid, dicho guardia 2º falleció en la clínica militar de Algeciras como consecuencia de una enfermedad que venía padeciendo. Tenía 49 años de edadn y dejó viuda a Catalina Fernández Rodríguez, con quien había contraido matrimonio en Jimena en octubre de 1916. También dejó ocho huérfanos: Gaspara de 20 años de edad, Esteban de 19, Francisco de 15, Josefa de 14, Manuel de 12, Aurora de 9, Amparo de 8 y Dulce Nombre de 4.
El guardia 2º José Montes Gil, natural de la localidad albaceteña de La Gineta, tenía 43 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde diciembre de 1932, procedente del puesto de Chipiona. Cuando comenzaron las operaciones de las columnas de los sublevados sobre la provincia limítrofe de Málaga, fue uno de los guardias civiles de la Compañía de Algeciras que fueron concentrados en una de sus localidades, permaneciendo hasta mediados de marzo de 1937 en la localidad de San Pedro de Alcántara.
Permanecería en San Roque prestando servicio peculiar propio del benemérito Instituto hasta que el 30 de marzo de 1939, jornada anterior de la victoria de los sublevados, marchó concentrado a la provincia de Jaén, formando parte de la 35ª Compañía Expedicionaria. Como consecuencia de la mentada Circular nº 8 de 11 de abril siguiente, pasó destinado a la comandancia jienense, causando alta en la revista del mes de mayo.
(Continuará).
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