LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (IX). EL CONTRABANDO Y EL INICIO DE LA GUARDIA CIVIL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de agosto de 2025, pág. 9.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Ya anteriormente se ha relatado que, a pesar de la felicitación de la joven reina Isabel II, no se ha localizado todavía el resumen de servicios prestados en cada provincia durante el año 1845 por el recién creado Instituto de la Guardia Civil. 

Ello puede ser debido a que creado por real decreto de 28 de marzo de 1844, pero organizado y puesto en marcha por el real decreto de 13 de mayo siguiente, cada uno aprobado por un gobierno diferente, había todavía muy pocas provincias, antes de finalizar dicho año, donde la Benemérita estaba desplegada y funcionando. Por dicha razón es posible que no se pudiera hacer una estadística a nivel nacional con el detalle de cada provincia.

En la provincia de Cádiz ya se expuso que llegados los primeros guardias civiles, junto a sus familias, a finales de diciembre de 1844, no comenzó oficialmente a practicarse servicio hasta el 9 de enero siguiente. También se expuso que la 4ª Sección, que finalmente fue reemplazada la de Infantería inicialmente prevista en el Campo de Gibraltar por otra de Caballería, tuvo que materializarse por la real orden de 20 de diciembre de 1844, detrayéndola de la provincia de Sevilla donde acababa de desplegarse. 

El mando de dicha sección le fue conferido al ya mentado alférez Juan Morillas Casas. Inicialmente estaba previsto que se estableciera en Algeciras, que era donde estaba asentada la máxima autoridad del Campo de Gibraltar, el comandante general del Ejército, mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, cuyo objetivo principal era recuperar el Peñón. Éste, ilegítimamente, y con engaño, había sido arrebatado por el Reino Unido a España abusando de su apoyo a uno de los bandos contendientes por la corona española.

A tal efecto, dado el peso y consecuencias que sigue teniendo en nuestro Campo de Gibraltar, transcurridos ya más de tres siglos, resulta interesante recordar y reproducir el siguiente texto, no exento de complejidad, difundido por nuestro Archivo Histórico Nacional: “La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, con el consentimiento de su nieto. Esta ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones”.

Regresando a 1845 y al periodo de inicio de la implantación y despliegue de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, el alférez Morillas tuvo que fijar, por decisión superior, el mando de la mentada 4ª Sección en San Roque al ser más acorde a las necesidades iniciales del servicio encomendado, y no en Algeciras como iniciamente estaba previsto. Mientras tanto, si bien apenas un año después sería destinado a Sevilla, el jefe de la 3ª Compañía desplegada en la provincia gaditana era el primer capitán José María de Cisneros Lanuza. Éste, curiosamente, procedía originariamente de Artillería, y no de Infantería o Caballería, como era la procedencia de la mayoría de los primeros jefes provinciales de la Benemérita.

El caso es que si bien se conocen servicios puntuales de la Benemérita, acaecidos en la provincia gaditana durante 1845, incluidos en el Campo de Gibraltar, y que incluso fueron publicados en la prensa de la época, no se ha localizado todavía el resumen anual de los datos totales de delincuencia combatida por la Guardia Civil durante ese periodo. En cambio sí se conocen los datos completos correspondientes a partir del año siguiente, siendo bastante relevantes y significativos. No en vano se trataba del primer cuerpo de seguridad pública del Estado que realmente fue desplegado por todo el territorio nacional y que incluso terminaría haciéndolo pocos años después en las islas, entonces españolas, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Consecuente con ello, y dado ya el importante despliegue de la Guardia Civil en buena parte del territorio nacional, sí se publicaron los datos relativos a los servicios practicados durante el año 1846. Así hay constancia de que la Benemérita practicó 803 servicios en la provincia de Cádiz. Dicha cifra la situó en el cuarto puesto a nivel nacional, por detrás de Murcia (1.185), Sevilla (929) y Zaragoza (865). De esos 803 servicios, 214 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 543 por la comisión de faltas leves, 32 por desertar del Ejército, 12 por prófugos del servicio militar obligatorio y 19 por contrabando.

Esta última cifra, muy reducida, sobre detenciones de contrabandistas en una provincia que por culpa de la engañosa ocupación inglesa de la plaza española de Gibraltar, padecía muchísimo esa lacra, se debía a que entonces existía el Cuerpo de Carabineros, que tenía encomendada prioritariamente su persecución. Tal y como decía el duque de Ahumada en su Circular de 23 de abril de 1845, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).