LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LIII). UN DESTACADO SERVICIO DEL PUESTO DE ALGECIRAS EN 1857.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de junio de 2026, pág. 13.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El “Escalafón General de Antigüedad de los Señores Jefes y Oficiales en 1º de enero de 1857”, del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, fue impreso excepcionalmente ese año en la “Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos”, que estaba establecido en Madrid. 

Dicho centro escolar tuvo sus inicios en 1802, a cargo de la “Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País”. Comenzado el año 1805 se inició oficialmente en España la educación de un reducido número de sordomudos, si bien el estallido de la Guerra de la Independencia (1808-1814) provocó la paralización de tan encomiable y meritoria labor pedagógica. 

Tras no pocas y desgraciadas vicisitudes de toda clase, dicha situación comenzó a mejorar a partir de 1836, creándose seis años después, también con gran esfuerzo y sacrificio, el “Colegio de Ciegos”, además del ya existente “Colegio Nacional de Sordomudos”. Sin dejar de padecerse sucesivas incidencias, se dispuso en 1852 la fusión de ambos centros de enseñanza. Estos pasaron a depender del gobierno de la nación, denominándose “Real Colegio de Sordomudos y de Ciegos”, que se convirtió en un centro de instrucción pública del Ministerio de Fomento.

Anteriormente dicho “Escalafón” del benemérito Instituto se editaba en la “Imprenta de D. Victoriano Hernando”, sita en la calle del Arenal núm. 11, pasando en 1858 a confeccionarse en la “Imprenta de José Vallejo”, ubicada en la calle de la Flor Baja núm. 26, cuarto principal, ambas en la capital madrileña.

Al frente de ese “Escalafón” de 1857 figuraba nuevamente, en su segundo periodo de inspector general de la Guardia Civil, nombrado esta vez por real decreto de 12 de octubre de 1856, “el Excmo. Sr. teniente general D. Javier Girón, Espeleta, Las Casas y Enrile; duque de Ahumada, grande de España de primera clase, gentil-hombre de cámara de S.M. con ejercicio, caballero gran cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III, de la americana de Isabel la Católica, y de la primera y tercera clase de las militares de S. Fernando y de la de S. Hermenegildo, y gran oficial de la orden real de la Legión de honor de Francia”.

Conforme se exponía seguidamente en el mentado “Escalafón”, la Benemérita contaba en 1857 con 8 coroneles y 6 tenientes coroneles; 65 primeros capitanes, de la clase de primeros y segundos comandantes de ambas armas (Infantería y Caballería), 8 de los cuales desempeñaban el cargo de segundos jefes de Tercio, y 10 de esos primeros capitanes mandaban los escuadrones de Caballería. Además, la plantilla de oficiales estaba completada por 51 segundos capitanes de Infantería y 11 de Caballería, así como 157 tenientes de Infantería y 35 de Caballería, más 49 subtenientes de Infantería y 29 alféreces de Caballería.

La fuerza de tropa, pues hay que recordar que entonces no existía todavía la clase de suboficiales, era de 10.000 efectivos, de los que 8.600 eran de Infantería y 1.400 de Caballería. La Guardia Civil contaba con una plantilla de 1.300 caballos. Respecto a su distribución orgánica, además de su inspección general, se hallaba distribuida en 13 tercios, que correspondían a cada una de las capitanías generales del Ejército entonces existentes en la Península e islas Baleares. En cada provincia estaba desplegada una compañía de Infantería y la fuerza de Caballería que en cada momento se estimaba oportuna, en función de las necesidades del servicio.

Respecto a los cuadros de mando, el jefe del Tercer Tercio, con cabecera en Sevilla, y que comprendía las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, era entonces el coronel de Caballería José Fernández de Terán. El jefe de la Benemérita en la provincia de Cádiz, que todavía no había adoptado la denominación de “Comandancia”, y que estaba al frente de la 3ª Compañía de dicho Tercio, era el segundo comandante de Infantería Benito Artalejo Garrido. Éste tenía entonces concedido el grado de coronel y la cabecera de su unidad se encontraba establecida en la capital gaditana. El segundo jefe de la Guardia Civil en dicha provincia era el segundo capitán de Infantería Julián Cantero Ortega, jefe de la línea de Jerez de la Frontera.

Al frente de la línea de San Roque se hallaba el teniente de Infantería Ricardo Rada Martínez (grado de capitán del Ejército), continuando también allí mismo, al frente de una sección de Caballería, destacada desde enero de 1845 en la provincia gaditana, el ya citado, en numerosas ocasiones anteriores, teniente Juan Morillas Casas (empleo de capitán del Ejército), si bien encuadrado ya en el Primer Escuadrón del mentado Tercer Tercio (Sevilla).

Los otros tenientes de Infantería de la Guardia Civil que figuraban destinados en la provincia gaditana, en el mentado “Escalafón” de 1857, eran Antonio Iboleón Cruz (empleo de capitán del Ejército) como jefe de la línea de Grazalema, Antonio Menchaca Mateos (empleo de capitán del Ejército) como jefe de la línea de Medina Sidonia, y Francisco Jiménez Bueno (grado de capitán del Ejército) como jefe de la línea de Vejer de la Frontera, de la que dependían los puestos campogibraltareños de Tarifa y Facinas.

Por último, respecto a los empleos más modernos entonces de la oficialidad, estaba como subteniente de Infantería, Nicolás Madero Jiménez, en la capital gaditana, así como el alférez de Caballería Francisco Alcocer Gómez, jefe de la Línea de Villamartín, encuadrado también en el citado Primer Escuadrón del Tercer Tercio, cuya cabecera estaba ubicada en la capital hispalense.

Centrándonos ya en el puesto de la Guardia Civil en Algeciras, merece singular atención lo publicado en el núm. 92 de “El Mentor del Guardia Civil”, correspondiente al 1º de julio de 1857. Se daba cuenta de dos asesinatos producidos en dicha ciudad, en la noche del 27 de mayo. El comandante de dicho puesto, cabo 1º Martínez Díaz, tan pronto tuvo conocimiento del crimen, “salió con la fuerza de su mando para averiguar quiénes fuesen los autores y verificar su captura, dando el resultado de ser aprehendido uno de los asesinos por los guardias Ramiro Fernández y Lucas Fernández, poniéndole a disposición de la autoridad competente.” 

Terminaba la reseña haciéndose constar que el inspector general del Cuerpo, II Duque de Ahumada, “se ha enterado con aprecio de este buen servicio”.

(Continuará).

 

“CULPA FUE DE LOS TIEMPOS”. LA TRAGEDIA DEL CAPITÁN BARRASA.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 18 de julio de 2007, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Con ese título de “Culpa fue de los tiempos”, un gaditano y caballero de bien como es Fernando Guilloto intentó hace una década glosar la vida y tragedia de su suegro en un libro desgraciadamente todavía inédito; el también gaditano, capitán de complemento del Cuerpo Jurídico Militar, José de Barrasa y Muñoz de Bustillo.

El capitán Barrasa, una de las muchas víctimas de aquel aciago verano de 1936, era uno de los intelectuales más destacados del Cádiz de aquella época. Doctor en Derecho y secretario general de la Academia Hispano Americana, era también académico de la de Jurisprudencia y Legislación y de la de Historia, así como miembro del Instituto de Historia y Heráldica de Francia y del Interuniversitario de Italia, además de pertenecer al cuerpo de secretarios judiciales. El propio José María Pemán llegó a decir de él que “era un jurista bien reputado, hombre de cultura europeizante y de convicciones liberales”.

Con poco más de treinta años de edad, y siendo ya académico de la Hispano Americana, se decidió a participar activamente en política, ingresando en el Partido Republicano Autónomo, presidido por Emilio de Sola. Desde entonces hizo un recorrido similar al de otros políticos locales de la época, terminando por desembocar en la Unión Republicana, presidida por Martínez Barrio. En Cádiz, Barrasa sería designado como presidente del comité local y representante en el consejo ejecutivo nacional.

Finalmente, en abril de 1936, fue nombrado concejal interino del Ayuntamiento de Cádiz y compromisario por esta circunscripción para la elección del nuevo presidente de la República, siendo Manuel Azaña el escogido.

Sublevación militar y detención

Como ya es bien sabido, en los días siguientes al alzamiento militar en Cádiz, se practicaron centenares de detenciones por toda la ciudad, siendo una de ellas la del capitán Barrasa, que entonces no estaba en servicio activo, pues trabajaba como secretario del juzgado municipal del distrito de San Antonio.

El 23 de julio un grupo de falangistas se presentó en su domicilio, donde vivía con su esposa, la cual estaba embarazada, y sus seis hijos, el mayor con tan sólo ocho años de edad. Registran su casa y encuentran dos pistolas y un viejo revólver, teniendo licencia para la primera de ellas, como oficial de complemento que era, mientras el último se trataba de un recuerdo de su padre, un antiguo almirante de la Armada, que había llegado a ser diputado y senador por Cádiz.

Intentó oponerse a su detención, alegando que en todo caso debía practicarla la Guardia Civil, pero fue reducido a la fuerza y conducido al Casino Gaditano, donde la Falange local acababa de establecer su cuartel general. Tras ser interrogado fue trasladado al castillo de Santa Catalina, en donde quedó preso a disposición de la autoridad militar.

Al día siguiente, el capitán Cipriano Briz, en su calidad de juez instructor, dictó un auto de procesamiento contra Barrasa, acusándole de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, quedando en prisión preventiva y pasando el procedimiento a la auditoría de guerra de la 2ª División, en Sevilla, de cuyo mando se había hecho cargo por la fuerza el general Queipo de Llano.

Con la sublevación del 18 de julio y la publicación del bando de guerra, se habían anulado todas las licencias de armas concedidas por las autoridades civiles y militares anteriores, con lo cual tampoco le hubiera servido de nada que hubiese tenido las tres armas en regla.

El 29 de agosto, tras 36 días de prisión, recibió la orden de recoger sus pertenencias, siendo trasladado al cuartel de Infantería de Santa Elena, junto a Puerta de Tierra. Igualmente creía que lo llevaban allí para interrogarle sobre la acusación de que era objeto, pero allí le comunicaron que iba a ser fusilado, sin formación de causa ni sentencia de tribunal alguno.

Consciente de lo irremediable de la terrible situación en la que se encontraba, solicitó la presencia del notario José de Bedoya para hacer testamento, firmando como testigos Ramón de Carranza, alcalde de Cádiz, Luis Machuca Báez y el capellán castrense Sancho Murriá, de quien recibió los últimos auxilios espirituales.

Esa misma tarde, cuando contaba 39 años de edad, un pelotón de fusilamiento ponía fin a su vida en los fosos de Puerta de Tierra, junto a las del comandante de Infantería retirado Manuel Morales Domínguez, el oficial de complemento Manuel Cotorruelo Delgado y Milagros Rendón Martel, hija del concejal comunista Francisco Rendón, que ya había sido también fusilado anteriormente.

El calvario de una viuda

La noticia de la muerte de su marido, no puso fin a la tragedia que esa joven mujer, llamada Carmen, madre de seis criaturas y embarazada de una séptima, de la que terminó por abortar naturalmente como consecuencia de los sufrimientos padecidos.

Atrás había quedado el intercambio de cartas, que con mano temblorosa y ánimo suplicante, había escrito tanto al juez instructor militar, el capitán Briz, como al responsable de la auditoría de guerra de Sevilla, el coronel Francisco Bohórquez, ambos conocidos de su marido. Por Cádiz habían empezado a correr rumores de que se habían formulado nuevas y alevosas acusaciones contra el capitán Barrasa.

El propio juez le contestó, para tranquilizarla, con fecha 9 de agosto, que “el procedimiento que sigo contra su esposo, sólo es por tenencia ilícita de arma corta de fuego, sin que en dichas actuaciones exista otra denuncia”.

Las buenas palabras de las respuestas se desvanecieron ante el mazazo de la inesperada noticia de su fusilamiento. No había hecho falta de sentencia alguna de un consejo de guerra, la mera aplicación del bando de guerra, como tantas veces había ocurrido en otras ocasiones, fue suficiente.

El procedimiento militar por la tenencia ilícita de armas siguió su curso, ya que en el mismo no constaba el fusilamiento del procesado, siendo finalmente considerado autor de un delito de “oposición al triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Un decreto de 12 de noviembre de 1938, firmado por el general Queipo de Llano, fijó la responsabilidad civil del capitán Barrasa en cinco mil pesetas.

Los bienes del difunto fueron embargados y entre ellos una cantidad en metálico que no llegaba a las 700 pesetas, por lo que la viuda no pudo proceder a su levantamiento hasta que casi dos años después se ingresó el resto en la cuenta corriente de la comisión provincial de incautación de bienes en Cádiz.

No con ello terminó el calvario para su viuda, pues al igual que otras muchas familias de fusilados y desaparecidos, todavía tuvo que hacer frente al procedimiento incoado en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que no concluiría hasta que, en septiembre de 1945, se sobreseyó el mismo, “por pago de la multa impuesta”.

La causa militar que comenzó a instruirse en Cádiz el 24 de julio de 1936, y que fue remitida a Sevilla, todavía no ha sido localizada por los investigadores e historiadores que en estos últimos años están rastreando los antiguos archivos judiciales castrenses, pudiendo encontrarse entre los restantes procedimientos gaditanos, que están todavía pendientes de clasificar.

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LII). LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL PUESTO DE ALGECIRAS EN 1856.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1 de junio de 2026, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El mariscal de campo José Mac-Crohon Blake, que había sido nombrado por real decreto de 1º de agosto de 1856, inspector general de la Guardia Civil, ascendió cuatro días después al empleo de teniente general, siendo, a pesar de ser el tercero en dirigirlo, uno de los más desconocidos en la Historia del benemérito Cuerpo.

La jornada anterior había firmado su primera circular dirigida a los jefes de Tercio, con el objeto de que se difundiera por todas las unidades de la Benemérita. En aquella, puso en valor, entre otras cuestiones, “los fundamentales rígidos principios de moral y disciplina, en el infatigable esmero por el servicio, y en los estímulos de honor y valor que han sabido vincular en sus filas los guardias civiles, respondiendo a los inteligentes desvelos de sus Jefes y Oficiales”. 

Sin embargo, poco más de dos meses después, presentó su dimisión para dicho cargo. Por real decreto del Ministerio de la Guerra, de 12 de octubre siguiente, la misma le fue inmediatamente admitida, quedando Isabel II, “muy satisfecha del celo, lealtad e inteligencia con que lo ha desempeñado”.

El hasta entonces presidente de gobierno, y ministro de la Guerra, capitán general Leopoldo O’Donnell Joris, había presentado igualmente su dimisión, siendo aceptada en la misma fecha por la reina, “quedando altamente satisfecha de sus distinguidos y extraordinarios servicios y del celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado dichos cargos”.

Ese mismo 12 de octubre fueron nombrados, nuevamente como presidente del gobierno, el capitán general Ramón María Narváez Campos, así como ministro de la Guerra, el teniente general Antonio Urbistondo Eguía, que entonces era el capitán general de Andalucía. 

Y en esa misma fecha, fue nombrado por segunda vez, como inspector general de la Guardia Civil, el teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, II Duque de Ahumada. Suscribió este destino, “rubricado de la Real mano”, el ministro de Marina, teniente general Francisco de Lersundi Ormaechea, que por otro previo real decreto de igual fecha se había “encargado del Despacho del Ministerio de la Guerra”, por ausencia del nuevo titular.

Al día siguiente, 13 de octubre, el II Duque de Ahumada dirigió a todos los jefes provinciales de la Benemérita, cuyas unidades no se denominaban todavía “Comandancias”, la Circular núm. 101 de la Inspección General, ordenando que se trasladase a todos los comandantes de línea y puesto.

En primer lugar, agradeció su designación a la reina, afirmando en primera persona, que, “he recibido en este nombramiento una alta recompensa que en mi ya larga carrera haya podido prestar, teniendo la mayor satisfacción en verme otra vez a la cabeza del Cuerpo que he organizado, y en el que conozco a todos sus individuos y de todos soy conocido”.

Seguidamente daba las gracias a toda la Benemérita, “cuyos hechos en todas partes he seguido con el cariñoso interés de un padre, por su leal, bizarro y humanitario comportamiento en todas las circunstancias que en el tiempo que he estado separado de él ha ocurrido en el país”.

A continuación, exponía que como, “en la cartilla del Cuerpo para los guardias y en las numerosas circulares para los Comandantes de provincia, línea y puesto, todo está prevenido, nada tengo que advertir de nuevo a todos en general y cada uno en particular, sino el exacto cumplimiento de cuanto está mandado, con la satisfacción de que su puntual observancia ha llevado el Cuerpo al estado de brillantez en que está”.

Finalizaba dicha circular autorizando el II Duque de Ahumada a los mentados jefes de provincia, para manifestar cuanto se creyese conveniente, “en bien de sus subordinados y del servicio”.

Dos semanas antes, en “El Mentor del Guardia Civil” núm. 57, de 1º de octubre de 1856, se publicaba en la sección dedicada a las noticias de servicios, el protagonizado por el comandante del puesto de Algeciras, cabo 1º Pedro Martínez Díaz, así como por los guardias civiles José Torres Martín y Antonio Espías. Concretamente, el 1º de septiembre anterior habían procedido a la detención de un desertor procedente del presidio de Melilla, siendo puesto a disposición de la autoridad competente. Seguidamente se relataba que ese mismo día, dicho cabo 1º y el guardia civil Ramiro Fernández, habían detenido a “un criminal que había cometido un robo”. De la práctica de ambos servicios, “se ha enterado S.E. con satisfacción”, tratándose todavía del inspector general, teniente general Mac-Crohon. 

Estando ya el II Duque de Ahumada nombrado como inspector general de la Benemérita, “El Mentor del Guardia Civil” núm. 59, de 16 de octubre siguiente, publicó no sólo su nombramiento sino también el real decreto, fechado igualmente cuatro días antes, donde Isabel II aceptaba la dimisión, como presidente del consejo de ministros, presentada por el capitán general Leopoldo O’Donnell, así como el real decreto en el que nombraba en su lugar al capitán general Ramón María Narváez.

Y, entre otras muchas cosas, en dicho número se publicó que, por el mentado comandante del puesto de Algeciras, se había capturado el 27 de septiembre, “un criminal desertor del presidio de Granada, quedando a disposición de la autoridad competente, de cuyo servicio se ha enterado S.E. con satisfacción”.

Por otra parte, “El Mentor del Guardia Civil” núm. 73, de 1º de febrero de 1857, publicó la situación de los cuadros de mando de las cuatro provincias del Tercer Tercio (Sevilla), según la revista de 1º de enero de dicho año, que mandaba entonces el coronel de caballería José Fernández de Terán. Entre ellas se detallaba el despliegue de la Benemérita en la provincia de Cádiz.

Como comandante de ésta, se citaba al coronel graduado, primer capitán de Infantería Benito Artalejo Garrido. Respecto a la situación de los comandantes de las siete líneas existentes entonces (Jerez, Grazalema, Villamartín, Medina, Vejer, San Roque y Cádiz), se detallaban los puestos que componían cada una, haciendo constar que en total eran 229 hombres de Infantería y 43 de Caballería.

La Sección de San Roque, estaba entonces, accidentalmente, a cargo del sargento 2º de Infantería Tomás García Duque, teniendo a su cargo los puestos de “San Roque, Algeciras, Línea, Barrios y Gimena”, mientras que la Sección de Vejer, que mandaba el teniente de Infantería Francisco Jiménez Bueno, estaba compuesta por los puestos de “Vejer, Tarifa y Facinas”.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LI). CAMBIO DE INSPECTOR GENERAL Y NUEVOS SERVICIOS EN ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 25 de mayo de 2026, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Sin restar mérito alguno al periódico “Guía del Guardia Civil”, que se había venido editando y difundiendo por toda España cada diez días, desde el 1º de octubre de 1850 hasta el 20 de julio de 1855 inclusive, con un total de 317 números, hay que resaltar también la relevancia que tuvo su sucesor. 

Es cierto que la idea que se tuvo desde este último, según se publicó entonces por éste, era que se editaran y compitieran por lo tanto ambos periódicos. Pero como ya se expuso en su momento, ello no fue posible. El “Guía del Guardia Civil” desapareció, circunstancia que no ocurrió con “El Guía del Carabinero”, que había comenzado a publicarse el 4 de enero de 1851 por el mismo editor. 

A este respecto hay que mencionar, que si bien entonces, todavía no se había iniciado el periodo de publicaciones oficiales corporativas por las diferentes instituciones oficiales existentes, sí es cierto que toda la que realmente existiese, tenía un medio de publicación, inicialmente de titularidad privada, que no sólo publicaba toda la normativa legal que pudiera ser de interés para sus lectores, sino que, además difundía sus vicisitudes de toda clase. Hay que resaltar que la labor de dichos medios fue fecunda y magnífica, en general, y en muy buena parte terminaron dando lugar a publicaciones institucionales oficiales.

Tal fue el caso de “El Mentor del Guardia Civil”, que se fue publicando y difundiendo igualmente por toda España, pero ya cada ocho días. Concretamente fue a partir del 1º de agosto de 1855, hasta que tras finalizar su edición el 24 de julio de 1858, con un total de 143 números, comenzó el 1º de agosto siguiente, a publicarse el “Boletín Oficial de la Guardia Civil”. Inicialmente apareció también cada ocho días, el 1º, 8, 16 y 24 de cada mes, el cual continúa editándose actualmente. 

Para acreditar la historia y trayectoria de una institución oficial es muy importante hacerlo con datos concretos, objetivos y solventes, y no con meras palabras que se adornen o iluminen, ya que simplemente pueden verse arrastradas o manipuladas por los intereses particulares de cada momento.

Centrándonos ya en el término municipal de Algeciras y el puesto de la Guardia Civil que entonces velaba allí por la seguridad pública estatal, vale la pena recordar lo publicado en el núm. 33 de “El Mentor del Guardia Civil”, publicado el 1º de abril de 1856. Concretamente en la sección “Servicios del Cuerpo”, donde su extractaban los más relevantes de los que se tenía noticia. 

Resultó que había sido robado en el camino de Algeciras a Medina-Sidonia, en la noche del 7 al 8 de marzo anterior, un vecino de dicha localidad. Llegada la noticia de dicho acto criminal al puesto de la Benemérita en Algeciras, su comandante de puesto, el cabo 1º Pedro Martínez, acompañado de los guardias civiles Eulogio Peláez, José Torres, Bartolomé Catalá y Juan Herrera, marchó inmediatamente al lugar del suceso y, “practicó las diligencias convenientes, dando el resultado de descubrir y aprehender a los ladrones, que fueron puestos a disposición de la autoridad”.

 

Por cierto, la labor de la Benemérita venía siendo tan apreciada y deseable de disfrutar para los españoles de la época que, en ese mismo número del periódico, entre otras muchas cosas, se afirmaba que: “Diariamente recibimos periódicos de provincias que con más o menos latitud y sin distinción de opiniones, se ocupan de los servicios prestados por la Guardia civil en las diferentes del reino, encomiándolos y reclamando el aumento de fuerza del Cuerpo”. La Benemérita hacía ya mucho tiempo que se había convertido en una auténtica e imprescindible necesidad para garantizar la seguridad pública española.

Entonces el inspector general de la Guardia Civil era todavía el teniente general Facundo Infante Chávez, quien había compaginado en buena parte tan importante cargo con el de presidente de las Cortes constituyentes. Ocupando esta última responsabilidad en dicha sede parlamentaria, tuvo que realizar en ocasiones una enfervorizada defensa de la Benemérita, sin que lamentablemente nunca haya sido debidamente reconocida esa magnífica labor de quien entonces se encontraba a su frente. A este respecto hay que significar que rebatió arduamente a diputados del propio partido gobernante que demandaban la disolución de la Guardia Civil. Al igual que había sucedido en anteriores épocas con instituciones de seguridad pública ya desaparecidas, deseaban su fin cuando cambiaba el signo político del gobierno.

Finalmente, el 16 de julio de ese mismo año, cuando ya no se encontraba al frente de las Cortes, presentó su renuncia al cargo de inspector general de la Benemérita, siendo aprobada tres días más tarde por real decreto del Ministerio de la Guerra. En su lugar fue nombrado, por real decreto de 1º de agosto siguiente, el mariscal de campo José Mac-Crohon Blake, que hasta entonces desempeñaba el cargo de subsecretario del Ministerio de la Guerra.

Fue precisamente en esa misma fecha, cuando el núm. 49 de “El Mentor del Guardia Civil” publicó dos relevantes servicios practicados por fuerza del puesto de Algeciras. En primer lugar, fue la detención, los días 1 y 3 de junio, de seis individuos, cinco de ellos “reos prófugos”, por el robo de ganado caballar. Los presuntos autores, “fueron capturados en el interior y afueras de la ciudad por el cabo 1º Pedro Martínez Díaz y los guardias José Torres Martín y Eulogio Peláez Fernández”. El segundo servicio reseñado en dicho periódico fue la detención por el mentado cabo 1º Martínez, auxiliado por los guardias civiles Dionisio Osaeta Vallejo, Antonio Espías y José Vázquez, de “dos criminales autores de una muerte”. En ambos casos, tras ser puestos los presuntos autores a disposición de la autoridad competente, merecieron “las gracias del Excmo. Sr. Inspector general del Cuerpo”. 

Apenas una semana después, el núm. 50 de “El Mentor del Guardia Civil”, de fecha 8 de agosto, publicaba que el reiterado cabo 1º Martínez, junto a los ya citados guardias civiles Osaeta y Torres, habían procedido el 19 de julio anterior, a la detención de un criminal, siendo puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Igualmente se continuaba expresando en el párrafo siguiente, que dicho cabo 1º, junto a los igualmente mentados guardias civiles Peláez y Torres, habían detenido, “un reo prófugo perteneciente al reemplazo de 1849”.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (L). “EL MENTOR DEL GUARDIA CIVIL”, PRINCIPIO DEL BOLETÍN OFICIAL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR el 18 de mayo de 2026, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Prosiguiendo con el nuevo periódico “El Mentor del Guardia Civil”, cuyo núm. 1 está fechado el 1º de agosto de 1855, hay que hacer mención de un breve pero detallado artículo que fue publicado en la segunda página.

Su lectura denota que bien hubiera podido servir de editorial si esa hubiera sido la costumbre de la época. En dicho texto parece desligarse de las razones de cierre de su antecesor, el periódico “Guía del Guardia Civil”, igualmente de propiedad privada como se ha expuesto anteriormente, y que ya había dejado entrever en su último número editado, las razones de su final. 

El comienzo de aquel artículo de “El Mentor del Guardia Civil” no podía ser más explícito: “Al concebir el pensamiento de dedicar nuestras humildes tareas al Cuerpo por medio de un periódico, creímos que no sería solo en ocuparse tan noblemente de la benemérita institución de la Guardia civil; pero viendo que se nos abandona a la soledad, redoblaremos nuestros esfuerzos para que la pérdida se haga menos sensible”. Parece ser que daba a entender que iba a competir su publicación con la del “Guía del Guardia Civil”, circunstancia que finalmente no sucedió. Las verdaderas razones de lo sucedido pudieron motivar más opiniones, pero no conllevaron más aclaraciones.

Los autores del nuevo periódico dedicado a la Benemérita, sin identificarse de momento y haciendo constar que estaba editado en la propia “Imprenta de El Mentor del Guardia Civil”, aseguraban que su “mayor lauro hubiera sido la competencia; de ella sale la competencia; de ella sale la discusión, y de ésta la luz, siempre que la primera sea lógica y razonada”. 

Pero la verdad es que no hubo competencia alguna, y el entonces único Cuerpo de Seguridad del Estado, desplegado a lo largo y ancho del mismo, continuó su camino, de momento, con un nuevo pero único medio de expresión, que inicialmente era, al igual que su predecesor, de titularidad privada. Dicha reflexión proseguía así: “Lejos, pues, de nuestro ánimo la idea de quedar solos; nada de eso; nuestro mayor lauro hubiera sido la competencia; de ella sale la discusión, y de ésta la luz, siempre que la primera sea lógica y razonada”.

Finalmente, dicho artículo concluía: “Sentimos, pues, vernos aislados en un vasto campo, capaz de agotar las fuerzas del mejor talento; tenemos voluntad y deseos de llenar cumplidamente nuestra misión; esto y la benevolencia de nuestros suscritores nos harán más llevadero el peso que nos hemos echado encima”.

Seguidamente, en tercer lugar, y a lo largo de casi tres páginas se publicaba un extenso y reflexivo artículo que ponía en valor la creación de la Guardia Civil, que por aquel entonces contaba tan sólo con once años de existencia, poniendo en valor al “digno General que la organizó y mandó por espacio de diez años, y el no menos digno que hoy la manda”.

A lo largo de su lectura hace también una profunda reflexión sobre otro Cuerpo hermano y extranjero, de mayor antigüedad: “La Guardia civil española ha sabido llamar la atención de esos veteranos gendarmes franceses, base y esencia de toda la gendarmería europea; la han elogiado coroneles franceses hasta en las conversaciones privadas que han tenido con compañeros nuestros, admirándose de que en España pudiera haberse creado un Cuerpo que tanto honraba a la nación que lo sostenía, como a los veteranos cuyos hechos lo habían colocado en la altura en que nacionales y extranjeros le contemplaban; terrible desengaño para los que creen que los españoles no son dignos de esto, y mucho más cuando el genio del bien los dirige”.

Más adelante dicho artículo, siguiendo la misma línea, hace una referencia concreta a nuestra provincia: “Hace cinco años que, viajando un Príncipe ruso, pasó desde Irún por Madrid a Cádiz, y al escribir desde este último punto su despedida a un ilustre y anciano General español, le decía: Llevo grabada en mi corazón vuestra brillante gendarmería, cuya urbanidad, policía, moralidad, exactitud en el servicio y cortesanía con los viajeros no tiene igual en Europa; ni un cigarro pude conseguir que me recibiesen estos bravos gendarmes”.

Todas y cada una de las páginas del nuevo periódico dedicado a la Benemérita podrían ser objeto, dado su interés, de un minucioso estudio historiográfico. Pero lo más relevante en cuanto a lo que ahora afecta, es una circular fechada el 15 de agosto de 1855. Está firmada por el teniente general Facundo Infante Chávez, como inspector general de la Guardia Civil y dirigida a todos sus jefes de Tercio, siendo publicada el 24 de agosto de 1855, en el núm. 4 de “El Mentor del Guardia Civil”.

El entonces brigadier procedente de Caballería, León Palacios Ortega, jefe del 6º Tercio (Zaragoza), había propuesto, “la conveniencia que reportaría al servicio el que se declarase periódico oficial en el Cuerpo, El Mentor del Guardia civil”. 

Dado que se encontraban suscritos al mismo, “la mayor parte de los individuos del Cuerpo, con lo cual se verifica su lectura de hecho”, relativo a reales órdenes y circulares de la Inspección General de la Benemérita, así como, “de los jefes de tercio a los de provincia, y de estos a los comandantes de línea y puesto, exige el empleo de un tiempo que pudiera economizarse en mucha parte por aquel medio, haciéndola a veces más breve”, el inspector general tomó una decisión al respecto.

Dispuso que las reales órdenes y circulares de la Inspección General, difundidas en el citado periódico, “tengan desde luego puntual y obligatorio cumplimiento, para lo cual no se publicará el periódico sin que antes sea examinado y rubricado en la secretaría de esta Inspección”. A tal efecto el general Infante dispuso que, “cada comandante de provincia y línea se suscriba por un ejemplar que rubricado por el jefe del punto permanecerá constantemente archivado e inventariado con los documentos del mismo”.

Asimismo, se dispuso que el gasto económico que originasen dichas suscripciones, que oscilarían entre cuatro y seis, por comandancia, “se facilite del fondo de multas de la misma, así como su encuadernación sencilla por años”. De esta forma, se conseguiría que dichas órdenes generales y circulares llegasen con mucha mayor rapidez a los responsables de cumplirlas y hacerlas cumplir, pues como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, se carecía todavía entonces de un boletín oficial de carácter corporativo que recogiera todo ello.

(Continuará).