Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 18 de julio de 2005, p.12.
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.
Los efectos de la Guerra Civil entre los cuadros de mando de la Armada -o en la Marina de Guerra como se decía antes- fueron devastadores, y muy especialmente entre los pertenecientes al Cuerpo General, pues muchos de ellos perecieron asesinados en sus buques o dependencias a manos de sus subordinados.
En unos casos se habían unido espontáneamente a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, organizada por destacados miembros del Ejército en cuya conspiración habían contado muy poco con sus compañeros de la Armada, mientras que en otros fueron detenidos o muertos antes de que tuvieran oportunidad siquiera de posicionarse.
La cruel y sangrienta manera de cómo se llevó a cabo la "contrasublevación" en los buques e instalaciones navales, no sólo hizo palidecer -cuando trascendió la brutalidad de los detalles - a las autoridades del gobierno legítimo de la República sino que abrieron una profunda brecha en su prestigio internacional, provocando un gran rechazo entre los oficiales de las marinas británica y francesa, lo cual puede explicar algunas de las actitudes y conductas que posteriormente se dieron en barcos de ambos países respecto a los que ondeaban la bandera tricolor.
Cuando lo propio hubiera sido en todo caso, detener a aquellos mandos que se hubieran unido a la sublevación o fueran sospechosos de intentarlo y ponerlos a disposición de los tribunales, se alentó irresponsablemente la acción revolucionaria de tomarse sangrientamente la justicia por su mano, lo cual fue objeto de condena y rechazo internacional, perjudicando la imagen exterior de la República.
Sin embargo entre las filas de la Armada en la zona sublevada acontecieron también hechos deleznables y sin justificación alguna, que en el caso de nuestra provincia -donde se padeció una represión brutal- tuvieron la localidad de San Fernando por escenario, pues se procedió a fusilar sin formación de juicio alguno a aquellos marinos que no se unieron a la sublevación o sobre los que había cuestiones y rencores pendientes.
Este es el caso del capitán de corbeta Virgilio Pérez Pérez, jefe de la estación radio de la base naval de Cádiz, que gozaba de gran prestigio profesional en la Marina, habiendo sido condecorado en varias ocasiones por su valor y virtudes castrenses.
Su tragedia comenzó cuando en la madrugada del 19 de julio recibió en la estación naval el siguiente radio: "Por Decreto de hoy, quedan sin destino los generales que hayan declarado el estado de guerra contra la República, por lo que quedan automáticamente destituidos los almirantes Gámez y Ruiz de Atauri, a los que no deberán acatar obediencia ninguna persona de esa. Quedan nombrados interinamente jefe de la base el capitán de fragata D. Tomás de Azcárate y de segundo jefe, el capitán de corbeta, D. Virgilio Pérez, a los cuales deberán acatar y obedecer con arreglo a las leyes de la República".
Evidentemente la confusión en Madrid era todavía tremenda respecto a lo que realmente acontecía en Cádiz y ese mensaje fue la sentencia de muerte para ambos. Azcárate, nombrado días antes asesor naval del gobernador civil, se encontraba en ese momento en el interior de su sede oficial, sitiado por las fuerzas sublevadas del Ejército y no se enteraría del contenido hasta varios días después de estar detenido en el castillo de Santa Catalina y poco antes de ser fusilado, el 16 de agosto, en los fosos de Puerta de Tierra sin conocimiento del juez militar que lo había procesado por el paradójico delito de rebelión militar contra la República.
Mientras tanto Virgilio Pérez, que ni podía ni tenía intención de cumplir dicho radio, "se presentó en actitud disciplinada" en San Fernando a su almirante, José María Gámez Fossi, para entregarle copia del mismo y ponerse a sus órdenes.
Sin embargo no fue autorizado a regresar a sus dependencias sino que fue arrestado y permaneció unos días en las de la capitanía general, pasando posteriormente a las de la escuela naval y finalmente ingresó como detenido en el penal naval de La Carraca, de donde sólo salió -siendo ya jefe de la base de Cádiz el almirante Manuel Ruiz de Atauri- para ser asesinado en la madrugada del 28 de agosto junto a otros marinos, entre los que se encontraban el capitán de corbeta Francisco Biondi Onrubia, el comandante Manuel Sancha Morales y el capitán Enrique Paz Pinacho, ambos de Infantería de Marina, así como el comandante de Intendencia Antonio García Moles.
Nunca se aclararon las confusas circunstancias que rodearon todo aquello ni quien dio la orden. Cualquier investigación al respecto obtiene como respuesta que la documentación se destruyó en el incendio que sufrió el 2 de agosto de 1976 el archivo naval de San Fernando.
La tragedia familiar de la sinrazón y el odio que desató la Guerra Civil en el caso de Virgilio Pérez no quedó sólo en dejar viuda a Mª Dolores González de la Torre Charlo y huérfanos a sus seis hijos de corta edad, Mª Carmen, Margarita, Virgilio, Horacio, Pedro y Federico, éste último póstumo.
El capitán de corbeta Horacio Pérez, se encontraba entonces destinado en Madrid y se ocultó cuando comenzaron allí las detenciones de militares sospechosos pero al enterarse del asesinato de su hermano Virgilio, se presentó en el ministerio de Marina, donde llegó a ser jefe de estado mayor de la Flota republicana y posteriormente jefe de la Defensa Móvil Marítima y delegado de convoyes en Valencia. Al finalizar la Guerra Civil fue juzgado por los vencedores y fusilado, dejando viuda y dos huérfanos. Nunca le perdonaron sus importantes servicios a la causa republicana, entre los que destacó el haber llevado el destructor José Luis Díez, tras la deserción de los oficiales, desde Inglaterra a Francia y España.
Su sobrina Mª Carmen García Pérez, también de San Fernando y que a sus casi 95 años goza hoy día de una memoria espléndida, quedó viuda con cuatro huérfanos de corta edad al ser asesinado en Mahón el 3 de agosto su marido, el teniente de navío Narciso Núñez de Olañeta –comandante del submarino B-1 –junto a un centenar de oficiales del Ejército y la Armada que estaban presos por su adhesión a la sublevación. La matanza realizada por suboficiales y tropa de artillería se ejecutó por sorpresa cuando aquellos se encontraban paseando en el patio de la prisión, horrorizando tanto a las autoridades locales del Frente Popular que denunciaron lo sucedido.
Cuando al difunto Virgilio Pérez se le incoó tras la contienda el habitual procedimiento de responsabilidades políticas instaurado por el régimen franquista contra sus enemigos, su viuda compareció para defender a quien ya no podía hacerlo y que en todo momento había sido ejemplo de buen militar, católico, esposo y padre de familia.
Tal y como recoge la sentencia dictada en Sevilla el 29 de agosto de 1940 por el tribunal formado por Telmo Carrión Blázquez, Francisco Díaz Plá y Ricardo Monsalvez Ruiz -localizada gracias a las historiadoras Alicia Domínguez y Magdalena González- si bien a Virgilio "se le atribuyen los hechos de haber profesado ideas izquierdistas, ser partidario del régimen republicano y mandar el barco que en 1932 condujo a Villa Cisneros a los complicados en los sucesos del 10 de agosto de dicho año, a quienes se dice trató con dureza", no constaba, entre otras hechos a su favor que "actuase contra la causa nacional".
Finalmente se falló que "debemos absolver y absolvemos al inculpado don Virgilio Pérez Pérez". La sentencia llegaba cuatro años tarde, siendo el de mayor graduación del más de un centenar de miembros de la Armada que fueron fusilados en San Fernando a causa de la Guerra Civil.
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