CURIOSIDADES HISTORICAS DE LA GUARDIA CIVIL GADITANA A FINALES DEL SIGLO XIX.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en la Sección "Historia" de la Revista profesional "GUARDIA CIVIL", núm. 721, correspondiente al mes de mayo de 2004, pp. 74-77. 

El original está ilustrado por cinco fotografías en color.

Si bien la plantilla de la Guardia Civil ha dependido desde su creación de los Presupuestos Generales del Estado es poca conocida la existencia de unidades sufragadas íntegramente por instituciones públicas y privadas que deseaba contar con su presencia. Esta es la breve historia de la mayor de ellas en el periodo 1892-1893.

La Guardia Civil desde el mismo día de su fundación el 13 de mayo de 1844 fue viendo crecer su prestigio y respeto entre la sociedad española gracias a ese abnegado espíritu de servicio y sacrificio que el Duque de Ahumada supo inculcar entre sus hombres, traduciéndose en un nivel de eficacia nunca conocido hasta entonces en una institución de seguridad publica española.

La España del XIX había venido padeciendo desde el comienzo de siglo una constante convulsión motivada por guerras, revoluciones y demás conflictos armados que habían dado lugar a una profunda y continuada crisis del orden público y la seguridad ciudadana como no se había vivido anteriormente, y que en el ámbito rural llegó a motivar incluso la intervención del Ejército para combatir al fenómeno delincuencial del bandolerismo.

Fue por ello que nació nuestro benemérito Instituto con una vocación inequívoca de servir como fuerza policial para garantizar la seguridad y el orden, siendo su presencia constantemente demandada tanto por las instituciones públicas y privadas como por toda persona de bien. 

El primer párrafo del artículo 6 de la "Cartilla del Guardia Civil" aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845, que rezaba "El Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores; ni temible, sino a los enemigos del orden", tenía entonces al igual que hoy una vigencia incuestionable.

Nuevos retos e iniciativas no estatales.

Con el paso del tiempo y el progresivo aumento de plantilla y despliegue territorial de la Guardia Civil, el grave problema del bandolerismo rural fue disminuyendo hasta su desaparición, extendiendo así su prestigio y eficacia entre los españoles.

Por otro lado, la aparición en las últimas décadas del siglo XIX del anarquismo revolucionario y terrorista provocó en las zonas más afectadas una exigencia de aumento de efectivos del benemérito Instituto, dando lugar en algunos casos a las iniciativas más variadas, tanto por parte de organismos públicos como privados, al objeto de paliar al menos puntualmente unas más que ajustadas plantillas presupuestarias.

Así y para afrontar éste u otros problemas relacionados con diferentes fenómenos delincuenciales, ya que el Estado no tenía aunque quisiera la capacidad presupuestaria suficiente para afrontar todas sus necesidades en la materia, la historia del Cuerpo empezó a registrar, hasta bien entrado el siglo XX, propuestas y soluciones puntuales de creación de unidades, en su mayoría entidad puesto, sufragadas íntegramente por entidades públicas o privadas, como por ejemplo en Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, León, Lérida, Murcia, Oviedo, Tarragona, Toledo, Valencia y Zaragoza.

Sin embargo la propuesta de mayor alcance y entidad fue formulada en Cádiz por su Diputación Provincial ya que inicialmente se trataba de dos compañías, con cargo a los presupuestos de la misma, si bien se frustró finalmente por razones principalmente económicas cuando se había creado una de ellas e incluso ya estaban destinados sus componentes.

La propuesta de la Diputación de Cádiz.

Había transcurrido ya casi medio siglo desde la llegada de las primeras fuerzas de la Guardia Civil a la provincia de Cádiz, allá por diciembre de 1844 bajo el mando del capitán José María de Cisneros y Lanuza, cuando comenzaron en Jerez de la Frontera, concretamente el 7 de enero de 1892, unos graves sucesos que duraron varios días, con violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los anarquistas, que se saldaron con varios muertos y heridos así como numerosos detenidos en dicha localidad y otras de la provincia, siendo condenados posteriormente a garrote vil cuatro de los cabecillas y ejecutados el 10 de febrero, entre ellos los conocidos por los alias de "Lebrijano" y "Busiqui".

Aunque la situación fue resuelta favorablemente y en pocos días quedó restablecido el orden público, el temor a nuevos rebrotes se adueñó de la sociedad gaditana, que ya había padecido los avatares anarquistas en años anteriores, por lo que la Diputación Provincial solicitó al Ministerio de la Gobernación, en sesión celebrada el 12 de abril de ese mismo año, "el aumento de dos compañías de 100 hombres cada una de la Guardia Civil a costa de la provincia consignando en el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio actual 216.900 pesetas que se calculaban para el gasto de sostenimiento y 29.000 para el de instalación".

No obstante, el 23 de mayo de 1892, mejorada ya la seguridad pública en la provincia gaditana y con ánimo de reforzarla, la asamblea de la Diputación "acordó modificar su anterior acuerdo sobre la instalación de las dos citadas compañías, reduciendo su petición a una sola porque habían desaparecido las circunstancias difíciles por que atravesaba la provincia", disminuyendo por lo tanto el presupuesto inicial hasta la cantidad de 108.450 pesetas para su sostenimiento.

Significar que por entonces no corrían buenos tiempos para el erario del Estado ya que por una real orden de 27 de mayo de dicho año se había tenido que rebajar a 15.000 hombres la fuerza total del benemérito Instituto.

El 12 de agosto siguiente se procedió en real orden a la aprobación ministerial de dicho proyecto y presupuesto. Al día siguiente la comisión provincial acusaba debido recibo de aquello, "guardando las formalidades debida y mandando reducir en el presupuesto la indicada suma". 

Separadamente y como consecuencia de la instrucción del expediente gubernativo para la concesión definitiva de la fuerza solicitada, se dictó la real orden de 21 de agosto, confirmando el acuerdo de la corporación de reducir la concesión a una sola compañía de guardias civiles.

Posteriormente una real orden de 19 de noviembre accedía a lo solicitado, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de la Administración Local, "siendo de cuenta de la Diputación todos los gastos que ocasiones su instalación y establecimiento como también su constante sostenimiento", debiéndose abonar al Ministerio de la Guerra las cantidades necesarias para ello.

Consecuente con lo anterior el Ministerio de la Guerra dictó el 13 de febrero de 1893 una extensa real orden, mediante la que se dispuso la creación de una nueva compañía de la Guardia Civil, "fundada en el laudable propósito de contar con mayor garantía para la seguridad en los campos y poblaciones, fomentando así los intereses agrarios y la prosperidad de las industrias agrícolas" en la provincia de Cádiz, con cargo a los presupuestos de su Diputación y compuesta por 1 capitán, 2 primeros tenientes (asimilado al empleo actual de teniente), 1 segundo teniente (asimilado al empleo actual de alférez), 4 sargentos, 12 cabos, 10 guardias 1º, 72 guardias 2º y 2 cornetas, tratándose de una compañía de Infantería y siendo sus cuatro oficiales plazas montadas. La cuantía finalmente aprobada fue de 14.500 pesetas en concepto de gastos de instalación, 98.864 pesetas en concepto de sueldos y 29.306 pesetas en otros varios, lo que suponía una cantidad global de 128.070 pesetas.

Los gastos anuales de sostenimiento estaban compuestos en buena parte dichos sueldos siendo estos, por empleos y anuales, los siguientes: Capitán, 3.000 pesetas más una gratificación de mando de 480 pesetas; primer teniente, 2.725 pesetas; segundo teniente, 2.400 pesetas; sargento, 1.032 pesetas; guardias 1º, 897 pesetas; guardias 2º, 852 pesetas; y cornetas, 852 pesetas. Asimismo se contemplaba para la tropa un total de 10.000 pesetas más en concepto de pluses de reenganche más otras 12.000 pesetas en concepto de cuotas o premios de reenganche.

A modo de curiosidad citar también, respecto a los gastos de instalación y por lo tanto por una sola vez, que cada cama costaba 81 pesetas y que cada juego de menaje de casa-cuartel, compuesto de mesa, dos bancos, perchas, armeros, espejo, palanganero completo, tinaja, farol, etc., estaba valorado en 150 pesetas. Por otra parte el coste de adquisición de cada uno de los caballos de los oficiales era de 1.000 pesetas mientras que su ración anual de pienso se estimaba en unas 500 pesetas anuales.

Ello, en un contexto socio-político ya bastante más tranquilo que el año anterior, originó sin embargo una gran controversia en el seno de la asamblea provincial a raíz de recibirse unos oficios fechados respectivamente el 1 y 17 de marzo de 1893, dimanantes del gobernador civil Guillermo Laá y Rute, en donde se trasladaba la petición del teniente general Romualdo Palacio y González, Director General del benemérito Instituto, para que se designara "el inmediato local para acuartelamiento" de la nueva compañía y la comunicación de que la "manutención y sostenimiento de la misma es de cuenta de la provincia desde 1º de Abril próximo", tal y como acredita su libro de actas correspondiente a la sesión celebrada el día 21 de dicho mes, considerándose entonces y sorpresivamente por la asamblea, que había existido un equívoco ya que conforme a un nuevo dictamen de su Comisión de Hacienda "la concesión de la compañía de la Guardia Civil se ha hecho con carácter permanente, cuando la Diputación la ha solicitado en vista de las circunstancias especiales y transitorias por que atravesaba la provincia por consecuencia de los acontecimientos de los anarquistas en el año último cuya circunstancia afortunadamente ha variado", algo que por otra parte y en honor a la verdad, nunca se había llegado a precisar ni hacer constar documentalmente.

A esto se añadía, y eso era lo realmente importante y veraz, la falta de recursos económicos provinciales para atender tal mantenimiento con carácter permanente, ya que "se hace de todo imposible consignar cantidades para este servicio a disposición del Ministro de la Guerra porque no habiendo partida en el presupuesto para este servicio, no puede librase cantidad alguna", siendo en todo caso el único medio viable que "se confeccionase un reparto proporcional bajo las bases de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, matrícula de industria y de comercio entre todos los pueblos de la provincia".

Finalmente la asamblea acordó por unanimidad que se gestionara "la supresión del aumento de la Compañía del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil toda vez que como hemos manifestado a V.E., han desaparecido las razones y con ellas el objeto para que fue concedido".

No obstante y por así haberlo dispuesto el gobernador civil, se procedió a establecer y aprobar, "en obediencia a las órdenes superiores", el reparto del gasto formado por la Contaduría, entre todos los pueblos de la provincia, tal y como se detalla en el acta de la sesión provincial presidida el 8 de abril de 1893 por Cayetano del Toro y Quartiellers, y que ascendía por trimestre a la cantidad total de 41.612 pesetas y 30 céntimos, quedando exentas de participar las poblaciones de Cádiz, Grazalema, San Fernando y Vejer de la Frontera, por ser ya entonces cabeceras de otras tantas compañías de la Guardia Civil además de la de Ceuta en donde no se consideraba necesario todavía el despliegue de fuerzas del Instituto, teniéndose que esperar todavía para la creación de una sección en dicha plaza africana de soberanía española a la real orden de 1 de julio de 1898.

La cantidad de 12.683 pesetas y 27 céntimos, asignada a Jerez de la Frontera, dado que era la de mayor término municipal, fue consideraba excesiva por su alcalde y dio lugar a que éste fuera el único que recurriera si bien no llegó a resolverse ya que como consecuencia de las activas gestiones ejercidas en Madrid por los diputados gaditanos a Cortes, se dictó el 29 de abril una real orden del Ministerio de la Gobernación, comunicando al de Guerra "que la Diputación provincial de Cádiz carece de recursos con que sufragar los gastos de sostenimiento de la compañía de la Guardia Civil, creada a instancias de dicha corporación".

Finalmente el 29 de mayo de 1893 una real orden del Ministerio de la Guerra como consecuencia de la dimanante del de Gobernación "por la que accediendo a lo solicitado por la Asamblea se suprime la instalación de una Compañía de la Guardia Civil creada para esta provincia", zanjaba definitivamente la cuestión y dejaba sin efecto la constitutiva del 13 de febrero, si bien ello no dejó de causar diversos perjuicios al erario público y en especial a los guardias civiles destinados. 

Lo primero fue solucionado, según consta en acta levantada de la asamblea provincial celebrada el 3 de mayo, al disponerse el cumplimiento de lo ordenado en aquella en el sentido de "que se reintegre al ramo de guerra previa liquidación de los gastos que se hayan producido con motivo de la creación de la expresada fuerza".

Asimismo y según sigue haciéndose constar en la mencionada acta se acordó a propuesta del presidente de la asamblea "que se dirigieran expresivas comunicaciones a los Señores Diputados a Cortes por esta provincia, dándoles las gracias por sus importantes gestiones en la Superioridad para obtener la satisfactoria resolución alcanzada en este asunto".

A continuación y a propuesta del Diputado Sr. Barbadillo, se acordó también hacer constar "un voto de gracias para el Señor Presidente por su acertada dirección y gestiones en el asunto de que se trata".

Respecto al otro sector perjudicado, compuesto por un lado por los oficiales que ya componían el cuadro de mando de la mencionada compañía se dispuso que pasaran a la situación de reemplazo, interín obtenían colocación en turno reglamentario; y por otro lado para los demás guardias civiles que habían sido concentrados en Alcalá de Henares y Córdoba para su posterior marcha a Cádiz, fueron devueltos a sus comandancias de origen.

Así concluía una historia -que pudo ser y que al contrario de los casos citados en otras provincias no fue- de una curiosa y atípica vía de ampliación de la plantilla de la Guardia Civil, en este caso gaditana, que estaba mandada entonces por el teniente coronel Juan de Valencia y Barroso, y que por una parte reflejaba fielmente como en caso de peligrar la seguridad ciudadana y el orden público, las instituciones demandaban inmediatamente la presencia de la Guardia Civil; mientras que por otra parte se constataba la gran realidad de que sin los adecuados recursos presupuestarios, no era posible atender las necesidades de la sociedad en esta materia, carencia que por desgracia padecían tanto la administración provincial como la estatal y que desde la creación del benemérito Instituto condicionó el necesario y deseado crecimiento de su plantilla para un mejor y más eficaz servicio.

Nota: Se agradece expresamente la colaboración documental aportada por Antonio Rodríguez Cabañas, jefe del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz y por el Comandante Antonio Rodríguez-Medel Nieto.