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lunes, 14 de abril de 2014

LA GUARDIA CIVIL GADITANA A FINALES DEL SIGLO XIX.


Especial Patrona Guardia Civil-2003.

La Diputación Provincial quiso costear en 1892 una compañía de la Benemérita.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 12 de octubre de 2003, pág. 3. 
El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

La llegada de las primeras fuerzas de la Guardia Civil a la provincia de Cádiz en diciembre de 1844 bajo el mando del capitán José María de Cisneros Lanuza y el comienzo de su despliegue al mes siguiente, constituyeron unos de los hitos más importantes de la historia de la seguridad pública gaditana. 

Durante las décadas siguientes su presencia y prestigio se fueron extendiendo hasta el último rincón de la provincia gracias a la acreditada eficacia de los abnegados y sacrificados hombres del Duque de Ahumada.

Sin embargo y como tradicionalmente ha venido ocurriendo desde su fundación, el número de efectivos resultaba insuficiente para atender todas las necesidades que se planteaban, no existiendo posibilidad de incrementar su plantilla dado que ésta debía ajustarse a los presupuestos del Estado, circunstancia que se puso especialmente de manifiesto con ocasión de los sucesivos movimientos anarquistas que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo XIX en la provincia de Cádiz, si bien se concentraban temporalmente contingentes de guardias civiles procedentes de otras comandancias.

El 7 de enero de 1892 comenzaron en Jerez de la Frontera unos graves sucesos, con violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los anarquistas, que se saldaron con varios muertos y heridos así como numerosos detenidos en dicha localidad y otras de la provincia, condenándose posteriormente a garrote vil a cuatro de los cabecillas.

Sin embargo el miedo se adueñó de sociedad gaditana, que ya había padecido los avatares anarquistas en años anteriores, por lo que la Diputación Provincial solicitó al Ministerio de la Gobernación, en sesión celebrada el 12 de abril siguiente, "el aumento de dos compañías de 100 hombres cada una de la Guardia Civil a costa de la provincia consignando en el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio actual 216.900 pesetas que se calculaban para el gasto de sostenimiento y 29.000 para el de instalación".

No obstante, el 23 de mayo, mejorada la seguridad pública, "la asamblea acordó modificar su anterior acuerdo sobre la instalación de las dos citadas compañías, reduciendo su petición a una sola porque habían desaparecido las circunstancias difíciles por que atravesaba la provincia", disminuyendo por lo tanto el presupuesto inicial hasta la cantidad de 108.450 pesetas para su sostenimiento.

El 12 de agosto se procedió a la aprobación ministerial de dicho presupuesto y al día siguiente la comisión provincial acusaba debido recibo de ello. 

Posteriormente una real orden de 19 de noviembre accedía a lo solicitado, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de la Administración Local, "siendo de cuenta de la Diputación todos los gastos que ocasiones su instalación y establecimiento como también su constante sostenimiento", debiéndose abonar al Ministerio de la Guerra las cantidades necesarias para ello.

Consecuente con lo anterior el Ministerio de la Guerra dictó el 13 de febrero de 1893 una extensa real orden, mediante la que se dispuso la creación de una nueva compañía de la Guardia Civil, "fundada en el laudable propósito de contar con mayor garantía para la seguridad en los campos y poblaciones, fomentando así los intereses agrarios y la prosperidad de las industrias agrícolas" en la provincia de Cádiz, con cargo a los presupuestos de su Diputación y compuesta por 1 capitán, 2 primeros tenientes,1 segundo teniente, 4 sargentos, 12 cabos, 10 guardias 1º, 72 guardias 2º y 2 cornetas.

Ello, en un contexto socio-político bastante más tranquilo que el año anterior, originó sin embargo una gran controversia en el seno de la asamblea provincial, tal y como acredita su libro de actas correspondiente a la sesión celebrada el 21 de marzo, considerándose que había existido un equívoco ya que "la concesión de la compañía de la Guardia Civil se ha hecho con carácter permanente, cuando la Diputación la ha solicitado en vista de las circunstancias especiales y transitorias por que atravesaba la provincia por consecuencia de los acontecimientos de los anarquistas en el año último cuya circunstancia afortunadamente ha variado".

A esto se añadía, y eso era lo realmente importante, la falta de recursos económicos para atender tal mantenimiento con carácter permanente, por lo que se acordó finalmente solicitar que quedara sin efecto la citada real orden. 

No obstante y por así haberlo dispuesto el gobernador civil Guillermo Laá y Rute, se procedió a establecer y aprobar, "en obediencia a las órdenes superiores", el reparto del gasto formado por la Contaduría, entre todos los pueblos de la provincia, tal y como se detalla en el acta de la sesión presidida el 8 de abril por Cayetano del Toro y Quartiellers, y que ascendía por trimestre a la cantidad total de 41.612 pesetas y 30 céntimos, quedando exentas de participar las poblaciones de Cádiz, Grazalema, San Fernando y Vejer de la Frontera, por ser ya entonces cabeceras de otras tantas compañías de la Guardia Civil.

La cantidad asignada a Jerez de la Frontera, consistente en 12.683 pesetas y 27 céntimos, fue consideraba excesiva por su alcalde y dio lugar a que éste fuera el único que recurriera si bien no llegó a resolverse ya que como consecuencia de las activas gestiones ejercidas en Madrid por los diputados gaditanos a Cortes, se dictó el 29 de abril una real orden del Ministerio de la Gobernación, comunicando al de Guerra "que la Diputación provincial de Cádiz carece de recursos con que sufragar los gastos de sostenimiento de la compañía de la Guardia Civil, creada a instancias de dicha corporación".

Finalmente el 29 de mayo de 1893 una real orden del Ministerio de la Guerra zanjaba definitivamente la cuestión y dejaba sin efecto la constitutiva del 13 de febrero, si bien ello no dejó de causar diversos perjuicios al erario público y en especial a los guardias civiles movilizados. 

Lo primero fue solucionado, según consta en acta levantada de la asamblea celebrada el 3 de mayo, al disponerse "que se reintegre al ramo de guerra previa liquidación de los gastos que se hayan producido con motivo de la creación de la expresada fuerza".

Respecto a los segundos, los oficiales que componían el cuadro de la mencionada compañía pasaron a la situación de reemplazo, interín obtenían colocación en turno reglamentario, mientras que los demás guardias civiles que habían sido concentrados en Alcalá de Henares y Córdoba para su posterior marcha a Cádiz, fueron devueltos a sus comandancias de origen.

Así concluía la historia, que pudo ser y no fue, de una curiosa y atípica vía de ampliación de la plantilla de la Guardia Civil gaditana, mandada entonces por el teniente coronel Juan de Valencia y Barroso, no volviendo a repetirse intento similar alguno ya que ninguna otra causa volvió a infundir tanto temor a finales del siglo XIX como aquel breve resurgimiento del anarquismo revolucionario que a más de uno hizo rememorar los tiempos de "La Mano Negra", desaparecida una década antes y sobre cuya existencia habría mucho que escribir.

Nota: Se agradece expresamente la colaboración de Antonio Rodríguez Cabañas, jefe del Servicio de Archivo de la Diputación, y del investigador Antonio Rodríguez-Medel Nieto.

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