LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XCIV). LOS INFORMES DE DEPURACIÓN (2).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 22 de noviembre de 2021, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro

Tan sólo tres días después de que el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, firmase la Circular número 1 sobre “Conceptuación moral”, hizo lo mismo con la Circular número 2 sobre “Depuración de conducta”.

Si la primera circular pretendía determinar el nivel de los principales valores morales así como la actitud y grado de lealtad de los miembros del benemérito Instituto respecto al “Glorioso Movimiento Nacional”, el propósito final de la segunda circular, fechada el 15 de abril de 1937, era propiciar la delación entre sus propias filas de los desafectos que no hubieran sido ya depurados. Todo ello tras hacer una descripción analítica de la situación del Cuerpo.

La historiografía sobre la Guerra Civil viene reiterando la función represiva que la Guardia Civil ejercició en el bando sublevado pero continúa siendo una asignatura pendiente la realización de estudios rigurosos sobre la que padecieron sus miembros, y sus familias, tanto en una como en la otra zona. De hecho, podría decirse que prácticamente son huérfanos al respecto ya que ni historiadores ni investigadores suelen estar interesados en ello.

Regresando a la Circular número 2 sobre “Depuración de conducta”, hay que decir fue de aplicación y lectura, “una vez por semana”, a todo el personal del Cuerpo, incluido por lo tanto los componentes del puesto de San Roque.

Con gran inteligencia para llegar al alma de los guardias civiles, dicha circular comenzó reproduciendo directamente el artículo 1º de la “Cartilla” redactada por el duque de Ahumada y aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobrará jamás”.

A renglón seguido se ponía en valor y se fortalecía ese principio sacrosanto para todo guardia civil, afirmando que dicho postulado debía “ser la norma que rija la conducta de toda persona que aspire a llevar dignamente el nombre de ciudadano”, debiendo por lo tanto, “constituir verdadera obsesión de quien se honra vistiendo el uniforme de nuestro Benemérito Instituto”.

Una vez establecido que lo que se iba a tratar en la circular era una cuestión de honor se reconocía a continuación que “es indudable que la Guardia Civil atraviesa por los momentos más trascendentales desde su creación”. Ello era bien cierto pues aunque el benemérito Instituto había sobrevivido desde marzo de 1844 varios intentos de disolución o supresión, no había padecido un periodo tan complicado como el de esa guerra civil. De hecho, en el bando gubernamental ya se había procedido a su desaparición formal y, en el bando sublevado, no se olvidaba que la lealtad de la Guardia Civil al gobierno de la República había hecho fracasar el alzamiento militar en ciudades tan importantes como Barcelona y Madrid.

El espíritu de esa reflexión se hacía patente en la propia circular: “En los meses que precedieron al Glorioso Movimiento Salvador de nuestra querida Patria, al estallar éste y durante el actual desarrollo del mismo, los elementos que integran el Instituto se han comportado de muy diversas maneras.”

Seguidamente la circular comenzaba a diferenciarlas, estableciendo distintas categorías de reacción por parte de los guardias civiles ante la sublevación militar: “Unos (los más) supieron inspirarse siempre en los postulados del artículo 1º de la Cartilla; otros, espíritus acomodaticios, esperaron en todo momento el desarrollo de los acontecimientos para ganar siempre sin jugar; a otros, no obstante la rectitud de sus ideales, les faltó el valor suficiente para dejar incólume el honor del uniforme que vestían; muchos rectificaron a tiempo su conducta reprobable; otros contrarrestaron con méritos, lo censurable que pudiera haber en su conducta, y otros en fin (afortunadamente un pequeñísimo número), olvidándose en absoluto de la dignidad del caballero, del honor de su uniforme y de la vergüenza del hombre, fueron fraticidas, e hicieron alta traición a su Patria.”

La verdad es que no deja de sorprender la redacción de dicho párrafo, pues en todas las instituciones armadas del Estado, tanto militares como civiles, se habían producido en mayor o menor grado, esas mismas reacciones. Entonces, ¿por qué dicha referencia expresa a lo acaecido en el seno de la Guardia Civil?. Y si realmente la mayoría de sus componentes había secundado de una u otra forma la sublevación militar, entonces, ¿eso a qué venía?.

Tal vez la respuesta haya que buscarla en que en un Cuerpo como el de la Guardia Civil, que tradicionalmente desde su creación se había mantenido leal al gobierno de turno legalmente constituido, no era cierto que en esta ocasión, la mayoría de sus componentes se hubieran sumado a la rebelión militar de julio de 1936. 

Y ello debía pensarlo y saberlo también el propio inspector general de aquella parte del benemérito Instituto que se encontraba en la zona sublevada. Aproximadamente poco más del 50% de los 34.391 guardias civiles de todos empleos que constituían la plantilla recogida en el Anuario Militar de España correspondiente al año 1936 se mantuvo inicialmente leal al gobierno de la República.

Es por ello que el general Serrador reconocía en su circular que “todas estas actitudes han tenido indudable influencia en la marcha de los acontecimientos, dando lugar a que se forme una atmósfera alrededor de la Guardia Civil que en nada favorece el prestigio de que debe gozar, para poder desempeñar la alta y benemérita misión que el Estado le tiene confiada”. Es decir, el propio Inspector general reconocía, sin concretarlo, que el posicionamiento inicial de los componentes del Cuerpo ante la sublevación militar habían inclinado en ocasiones (realmente importantes) la balanza en sentido contrario al de los sublevados.

Como consideraba, aunque ello no lo mencionaba, que existía posibilidad de que la Guardia Civil como tal institución pudiera terminar desapareciendo (como por ejemplo sucedería con el Cuerpo de Carabineros tras finalizar la contienda), afirmó en dicha circular que “es indispensable volver con todo brío y entusiasmo a por sus piedras angulares: Honor, sacrificio y lealtad y todos y cada uno de sus componentes tiene la obligación moral y material de contribuir a ese saneamiento moral de la Institución”. 

Para reprochar y sancionar penalmente aquellas conductas manifiestamente contrarias a la causa de los sublevados se apercibía a todos los guardias civiles que: “Las Autoridades Militares, a través de sus órganos judiciales, están procediendo a juzgar la conducta observada por cada uno, por si hubiera cometido algún delito o falta de los prescritos en el Código de Justicia Militar; pero hay acciones de índole moral y material, que no encajan en ninguno de sus preceptos, pero que dañan gravemente a la colectividad que viste el mismo uniforme del que los comete, en su parte íntima, con su espiritualidad, de la que desprende el concepto que los demás pueden formar de ella; por eso es el Cuerpo quien tiene que decir su última palabra en materia tan delicada como es la del Honor.”

¿Significaba que a los desafectos que no se les aplicase el Código de Justicia Militar de 1890 se les sometería a una especie de tribunal corporativo de honor tipo 1867?.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XCIII). LOS INFORMES DE DEPURACIÓN (1).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de noviembre de 2021, pág. 16.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Durante la Guerra Civil fue preocupación de la Inspección General del benemérito Instituto en el bando sublevado que no ingresase personal alguno hasta finalizar la contienda. La razón de ello era evitar que accediesen a la Guardia Civil, individuos que no hubiesen sido objeto de la exhaustiva investigación que se realizaba sobre cada aspirante. Ello garantizaba que quienes ingresaban carecían de tacha alguna. Tener antecedentes desfavorables, bien de carácter delictivo o de moralidad, impedía vestir el uniforme del Cuerpo.

Desde la Inspección General existía una motivada desconfianza respecto a los que siendo ajenos a la Institución, habían abrazado con aparente y desbordante entusiasmo ideológico la causa de los sublevados. Ni se quería a los exhaltados de nuevo cuño ni tampoco advenedizos que buscaban la protección del uniforme por su procedencia nada afín al “Glorioso Movimiento Nacional”. Suficientemente sabido era que en la zona sublevada la camisa azul sirvió para amparar a muchos que nada tenían que ver con los postulados de la Falange.

En el caso concreto de San Roque, por ejemplo, el profesor Diego Caro Cancela, en su obra “La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos”, publicada en 1987 por la Diputación Provincial, recogió que el número total de votantes en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 fue de 3.610. De ellos, 3.148 votaron al “Frente Popular de Izquierdas” y 462 al “Frente Antirrevolucionario”. El líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, tan sólo obtuvo un voto. 

La Guardia Civil era consciente de que en “tiempos revueltos” era muy difícil garantizar el ingreso de personal cuyo único fin fuera servir bajo los principios establecidos en la “Cartilla” redactada por el duque de Ahumada.

Sin embargo, al igual que el enconado y violento enfrentamiento de las llamadas “dos Españas” no dejó al margen a ninguna institución del Estado, la Guardia Civil tampoco pudo librarse de ello. En la zona gubernamental, tras una entrada masiva de nueva recluta afin ideológicamente al Frente Popular, fue rápidamente reconvertida en la “Guardia Nacional Republicana” y tres meses después disuelta pasando sus miembros, previa depuración, a integrarse en el nuevo “Cuerpo de Seguridad”. Y en la zona sublevada, si bien se cerró el ingreso a nuevos aspirantes, salvo los que ya habían aprobado los exámenes celebrados antes del 18 de julio de 1936 que estaban pendientes de incorporación, se procedió a la depuración de todos los guardias civiles que se habían sumado a la sublevación militar. 

Así, tanto el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso como el brigada Juan Colodrero Vergara, el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez y los guardias 2º Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gómez, José Espinosa Sánchez, José Montes Gil, José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Pacheco Sánchez y José Corbacho Franco, fueron todos ellos objeto de la consiguiente depuración para su continuación en el servicio activo.

A tal efecto, y sin perjuicio de las primeras medidas preventivas que se tomaron al inicio de la sublevación contra aquellos guardias civiles manifiestamente desafectos, se dictó por el general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, inspector general de la Guardia Civil, la Circular número 1, fechada en Valladolid el 12 de abril de 1937, sobre “Conceptuación moral”. Iba dirigida a todos los coroneles jefes de Tercio.

El inicio de la misma no dejaba dudas sobre su finalidad: “Teniendo en cuenta los postulados en que se inspira el nuevo Estado Español, es indispensable conocer perfectamente los individuos que componen sus organismos, siendo el de la Guardia Civil uno de los que más lo necesita por la misión que le está confiada”.

Seguidamente se daban instrucciones para confeccionar por cada Tercio, y remitir a la Inspección General, una relación nominal  de todo el personal perteneciente al mismo, “en la que se exprese con toda claridad, concreción, brevedad y detalle, el concepto que deba merecer cada uno como consecuencia de un escrupuloso análisis de los siguientes conceptos (que también figurarán en dicha relación): carácter, conducta pública y privada, moralidad, compañerismo, actitud que adoptó antes, al iniciarse y después del Movimiento; lealtad al mismo y al Mando, amor al servicio y demás datos necesarios para poder formar un perfecto juicio moral de cada uno”.

A continuación se disponía que por parte de los mandos que realizasen dicha conceptuación debían hacerlo “bajo la estricta responsabilidad de quien la emite, y en la que huelga indicar debe resplandecer la justicia, imparcialidad y razón del juicio”.

Para su elaboración se debía tener muy presente que se hiciera “con pleno conocimiento de causa”, pudiendo valerse de todos los elementos que se considerasen convenientes así como que si fuera necesario podía dejarlo en suspenso hasta que sea posible obtenerlos.

En dicha circular también se daban instrucciones concretas relativas a su elaboración, tanto sobre la procedencia de los informes que justificasen la fundamentación del parecer que mereciese cada componente del Tercio, como sobre los mandos concretos que debieran confeccionarlos.

En el caso de los tenientes coroneles y comandantes, dicha conceptuación debía elaborarse, “asesorándose de las Autoridades Militares y recogiendo cuantos elementos de juicio considere convenientes, razonándola detalladamente”.

Cuando se tratase de capitanes u oficiales subalternos (tenientes y alféreces), correspondía emitir el juicio a todos los jefes del Tercio, razonándolo detalladamente. Así, en la conceptuación del teniente Ojanguren, “formalizada de acuerdo con la Junta de Jefes”, fue suscrita el 25 de noviembre de 1937 por el nuevo jefe del 16º Tercio (Málaga), coronel Antonio Álvarez-Ossorio Barrientos. Éste, al iniciarse la sublevación era el teniente coronel jefe de la Comandancia de Baleares, con residencia en Palma de Mallorca.

Los informes de conceptuación de suboficiales y clases decían ser emitidos por su jefe de línea, de acuerdo con su capitán y avalado por el primer jefe de la Comandancia. En el caso del brigada Colodrero, como el 27 de abril de 1937 se encontraba desempeñando el mando con carácter accidental de la línea de San Roque, además del mando del puesto de la residencia, fue suscrito por el teniente Ojanguren. Éste, en esa fecha, era el titular de La Línea de la Concepción pero estaba desempeñando también accidentalmente el mando de la Compañía de Algeciras. El preceptivo visto bueno lo firmó el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de Cádiz. 

Respecto a los guardias civiles correspondía emitir el juicio a su comandante de puesto, debiendo ser comprobado por su jefe de línea y avalado por el capitán jefe de su unidad. Por tal motivo las conceptuaciones de Ruiz, Vázquez, Espinosa, Montes, Barragán, Medina, Pacheco y Corbacho, fueron emitidas el 26 de mayo de 1937 por el brigada Colodrero, como comandante de puesto de San Roque y como jefe de línea accidental. En cambio la ficha del guardia 2º Pareja como en la revista de septiembre de 1936 había causado alta en el puesto de Tarifa, le correspondió hacerlo al brigada Juan Bernal Moreno como comandante del mismo y al alférez Jaime Bardisa Rebasa como jefe de la línea de Tarifa. El visto bueno correspondió en todos los casos al teniente Ojanguren en su calidad de jefe accidental de la mentada Compañía de Algeciras.

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XCII). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (y 10).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de noviembre de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

José Corbacho Franco era el último de los ocho guardias 2º que citaba en su parte el teniente Odón Ojanguren Alonso, junto al brigada Juan Colodrero Vergara y el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez, como defensores el 27 de julio de 1936 de la casa-cuartel de San Roque.

Corbacho había nacido en Los Barrios y tenía 33 años de edad cuando se produjo la sublevación militar y se sumó a la misma, al igual que el resto de sus compañeros. Había ingresado en la Guardia Civil en octubre de 1928 y llevaba destinado en el puesto de San Roque desde agosto de 1935, procedente del puesto de Almoraima, ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera.

Estaba casado con Encarnación Alcaine Catalán, natural de la localidad zaragozana de Sástago y vecina de Cádiz, con quien tenía entonces dos hijas llamadas María del Carmen y Josefa, de cuatro y casi dos años de edad. Tras la contienda tendrían dos hijos más llamados María del Pilar y Andrés Ángel.

Durante los dos primeros años de la Guerra Civil permaneció como guardia 2º en dicha unidad, prestando servicio peculiar del Cuerpo. En junio de 1938 fue ascendido al empleo de cabo “por méritos de guerra, por los contraidos en el primer periodo de operaciones desde el 17 de Julio al 31 de Diciembre de 1936”, según propuesta elevada por el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra, jefe del Ejército del Sur.

Al contrario de lo sucedido con otros de sus compañeros, como Rodrigo Vázquez Villalobos o Manuel Medina Martín, que tras ascender al empleo de cabo fueron destinados respectivamente a los puestos de Alcála del Valle y Zahara, él lo fue al de San Roque. Por lo tanto continuó prestando servicio en el mismo hasta que a finales del mes de noviembre siguiente fue designado para incorporarse a la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil en el frente de Aragón. Tras presentarse en la población zaragozana de Caspe seguiría hasta el final de la contienda, las mismas vicisitudes que el resto de los componentes de dicha unidad, ya relatadas en capítulos anteriores.

En la revista de mayo de 1939 causó igualmente alta en la Comandancia de Murcia y al mes siguiente fue destinado a la de Cádiz, volviendo así a reincorporarse al puesto de San Roque. Continuó prestando servicio en dicha unidad hasta su ascenso a sargento en septiembre de 1944. 

En febrero de dicho año como consecuencia de la absorción del Cuerpo de Carabineros por el de la Guardia Civil, al entrar en vigor la ley de 15 de marzo de 1940, el puesto de San Roque había pasado a integrarse en la recién creada 337ª Comandancia Mixta de Algeciras. Corbacho en el empleo de sargento fue destinado inicialmente a uno de los puestos de la línea de Casares, perteneciente a la Compañía de Río Manilva. Ésta, a pesar de tener su demarcación territorial en la provincia limítrofe de Málaga, estaba encuadrada en la referida comandancia algecireña al igual que la compañía de Ronda, pues ambas estaban comprendidas entonces en la jurisdicción del gobernador militar del Campo de Gibraltar. Posteriormente pasó destinado a la barriada sanroqueña de Puente Mayorga como comandante de puesto.

En octubre de 1949 alcanzó el empleo de brigada y estuvo destinado en la línea sanroqueña de Campamento y en la de Almoraima, habiendo llegado a mandar el puesto de dicha residencia. En febrero de 1954 pasó a la situación militar de retiro, tras haber cumplido la edad reglamentaria, establecida entonces en 51 años. Fijó su residencia en Puente Mayorga, siéndole concedida por el Consejo Supremo de Justicia Militar una pensión mensual de 1.380’61 pesetas mensuales a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz. Falleció en La Línea de la Concepción a finales de enero de 1985, próximo a cumplir 81 años de edad.

Con el relato abreviado de las vicisitudes de Corbacho concluyen los capítulos dedicados a los guardias civiles destinados en julio de 1936 en el puesto de San Roque y que participaron en la defensa de la casa-cuartel cuando la misma fue atacada por fuerzas leales al gobierno de la República procedentes de la provincia de Málaga. 

Como ya se expuso en uno de los capítulos anteriores no se ha entrado en otros otros aspectos de la Guerra Civil en San Roque sobre los que ya existe bibliografía al respecto y en los que estuvieron implicados los guardias civiles de dicho puesto. Concretamente se hizo expresa mención a la obra de Antonio Pérez Girón titulada “San Roque, Guerra Civil y Represión”, publicada ya hace más de una década y que sigue siendo de muy recomendable lectura. No obstante, la posibilidad actual de acceso a nuevas fuentes documentales debiera animar a historiadores e investigadores a continuar la tarea emprendida para, desde un relato académico y riguroso, aportar la máxima claridad a un tenebroso periodo que nunca debió haber acontecido.

Por parte del autor de estos capítulos, que proseguirán aportando conocimiento sobre la Guardia Civil en el municipio de San Roque durante las décadas siguientes, se ha venido facilitando una variada e inédita información sobre sus componentes. Se les ha puesto nombre, apellidos e incluso rostro en algunos casos. Es cierto que siguiendo las órdenes de sus mandos se sumaron a la sublevación militar contra el gobierno de la República. Pero también es cierto que igualmente se hubieran opuesto a la rebelión si hubiesen estado destinados en Madrid o Barcelona, por ejemplo, donde la actuación de la Guardia Civil encabezada por los mandos fue decisiva para su fracaso. 

Desde la zona gubernamental se procedió a darles de “baja definitiva en el servicio activo” en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de 26 de julio de 1936 por el que “se hace aplicación a la Guardia Civil de los preceptos del de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de los corrientes, sobre la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen”. De hecho, el teniente Ojanguren, por ejemplo, fue dado de baja por decreto de 26 de agosto de 1936. 

A su vez, en la zona sublevada se dictó el decreto-ley de 5 de diciembre siguiente, disponiendo la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados y funcionarios, que por su conducta anterior o posterior al “Movimiento Nacional”, se considerasen contrarios a éste, cualquiera que fuera la forma en que ingresaran y la función que desempeñasen.

La Guardia Civil por su parte, fue mucho más estricta y no se limitó sólo a depurar las conductas sospechosas o manifiestamente contrarias, sino que afectó a todos sus componentes, incluidos por supuesto los pertenecientes al puesto de San Roque. 

Consecuente con ello se dictaron por la Inspección General del Cuerpo, las Circulares núm. 1, de 12 de abril de 1937, y núm. 2, fechada tres días más tarde. A ello hubo que sumar lo ordenado en la Orden Circular (reservada), de 5 de octubre de 1939, cuyo contenido y resultado serán expuestos en un próximo capítulo.

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XCI). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (9).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR el 1º de noviembre de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 31 de mayo de 1939 el cabo Manuel Medina Martín, procedente de Murcia, donde había finalizado su participación en la contienda, regresó destinado a la Comandancia de Cádiz, volviendo a incorporarse al puesto de Arcos de la Frontera, perteneciente entonces a la Compañía de Jerez de la Frontera.

Sin embargo, no permanecería mucho tiempo allí ya que en enero siguiente pasó destinado a la Comandancia de la Guardia Civil de Marruecos en el Protectorado español, siendo enviado al puesto de Xauen, donde se hizo cargo del mando del mismo. Apenas estuvo a su frente ya que en la revista de marzo causó alta, dentro de la misma Comandancia, en el puesto de El Tejar donde permaneció hasta junio de 1943. 

Por aquel entonces la Comandancia de Marruecos estaba compuesta por tres compañías. Las dos primeras tenían su cabecera en Tetuán y en Melilla. En la primera sus tres jefes de sección se encontraban en Ceuta, Tetuán y Tánger (ciudad que poseía un estatus internacional y que había sido ocupada por España durante la Guerra Mundial), mientras que en la segunda se hallaban en las barriadas melillenses de Mantelete y Batería J así como en Villa Sanjurjo (Alhucemas). La tercera compañía era de especialistas fiscales, tras la absorción del Cuerpo de Carabineros, cuya cabecera estaba en Ceuta y tenía sus secciones en dicha plaza y en la de Melilla.

En la revista del mes de julio siguiente, Medina marchó destinado voluntario a la Comandancia de Córdoba siendo asignado al puesto de Pueblonuevo. Ascendido en agosto de 1944 al empleo de sargento por antigüedad, fue a la Comandancia de Málaga donde estuvo destinado sucesivamente en los puestos de Natera, Antequera y Sabinillas. Siendo comandante de este último, pasó a la situación militar de retiro a final de enero de 1950, tras haber cumplido la edad reglamentaria de 51 años, percibiendo una pensión mensual de 787’50 pesetas. Inicialmente fijó su residencia en la capital malagueña pero posteriormente se trasladó a La Línea de la Concepción, donde falleció en noviembre de 1966.

Casado en primeras nupcias con Matilde Guerra Gómez, natural y vecina de Ceuta, tuvo con ella ocho hijos, varios nacidos en San Roque, llamados Manuel, Andrés, Francisco, María Matilde, José, Fernando, Luis y Rogelio. Alguno ingresaría en la Guardia Civil y tres de ellos fallecieron con corta edad en una época que lamentablemente era muy elevada la mortandad infantil. Al quedarse viudo había contraído segundas nupcias con Inés Mola Melo.

El guardia 2º Antonio Pacheco Sánchez, natural de San Roque, tenía al igual que Medina, 37 años de edad el 18 de julio de 1936. Había ingresado en la Guardia Civil en diciembre de 1925 y llevaba destinado en el puesto de su ciudad natal desde noviembre de 1931, procedente del puesto de Jimena de la Frontera. 

Permaneció prestando servicio peculiar del benemérito Instituto en su unidad hasta el 8 de enero de 1939, fecha en la que marchó concentrado a Zaragoza como componente de la 15ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil. Participó en diversas operaciones militares desarrolladas en Cataluña así como en la ocupación de Barcelona. A finales de febrero pasó destinado forzoso a la Comandancia de Tarragona y al igual que sucedió con los demás guardias civiles procedentes de las unidades expedicionarias, volvió a causar alta en su puesto de origen en la revista del mes junio. Se reincorporó al puesto de San Roque el 31 de mayo.

Continuó prestando servicio en dicha unidad hasta que en la revista del mes de febrero de 1948 pasó destinado al puesto de la aduana de La Línea de la Concepción. En septiembre, con motivo de cumplir 50 años, que era entonces la edad reglamentaria de pase a retiro para los que ostentaban el empleo de guardia civil, le fue concedida la continuación hasta los 56 por el director general del Cuerpo, el ya teniente general Camilo Alonso Vega.

Sin embargo, a finales de diciembre de 1950, habiendo cumplido ya los 52 años de edad solicitó con carácter voluntario la licencia absoluta, fijando su residencia en San Roque. Ello fue debido a que se había acogido a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley de 15 de marzo de 1940, ya citada en capítulos anteriores. Conforme al mismo, las entidades y empresas particulares que quisieran contratar personal procedente de la Guardia Civil, “para cubrir plazas de guardas, celadores, vigilantes, ordenanzas y otras de confianza”, cuya provisión no estuviera regulada por disposiciones especiales, estaban obligadas a solicitarlo del director general del Cuerpo. Y éste, previo conocimiento del “sueldo o jornal que habrían de percibir”, asignaría las referidas plazas a los guardias que, contando más de veinte años de servicio y siendo voluntarios para servirlas, considerase más aptos para su desempeño. Los seleccionados causaban baja en el Cuerpo, con el haber pasivo que les correspondiese en función a sus años de servicio. Realmente se trataba de dar una salida económicamente beneficiosa a aquellos miembros del benemérito Instituto que viéndose obligados a dejar el servicio activo por cumplir la edad reglamentaria, todavía tenían una importante carga familiar. De esta forma, su exigua pensión se complementaba con otro sueldo, por humilde que fuese. Por otra parte era también una garantía para el empresario ya que contrataba a una persona de honestidad acreditada.

Finalmente, el guardia 2º Pacheco, viudo de Isabel Ramírez Millán, natural de la población malagueña de Jimena de Libar y vecina de San Roque, fallecería en esta localidad en febrero de 1988.

El penúltimo de los guardias civiles que en julio de 1936 participó en la defensa de la casa-cuartel de San Roque fue José Pareja Gómez. Nacido en Vélez-Málaga tenía 49 años de edad cuando se produjo la sublevación militar. Había ingresado en la Guardia Civil en febrero de 1918 y llevaba destinado en el puesto de San Roque desde julio de 1923, procedente del puesto de Jimena de la Frontera.

Junto al teniente Odón Ojanguren Alonso fue el primero en ser destinado a otra unidad, concretamente se incorporó el 26 de septiembre de 1936 al de Tarifa, donde permanecería durante los cuatro años siguientes. En su caso, no llegaría a ser concentrado en el frente ni formaría parte de ninguna de las compañías expedicionarias enviadas desde la Comandancia de Cádiz.

A fin de noviembre de 1940 pasaría a la situación militar de retiro tras cumplir sobradamente la edad reglamentaria que acababa de implantarse con la entrada en vigor de la mentada ley de 15 de marzo anterior. Fijó su residencia en la capital malagueña y se le concedió una pensión mensual de 129 pesetas tras 22 años de servicio en la Guardia Civil. Por aquel entonces y con ese tiempo de abono apenas se percibía un haber pasivo que suponía poco más del 40% del sueldo mensual, establecido entonces en unas 300 pesetas aproximadamente. 

Sin embargo, no llegó a cobrar aquella pensión siquiera un año ya que falleció en octubre siguiente en Málaga a los 55 años de edad. Estaba casado con Rafaela Guerra Chacón con quien tenía tres hijos llamados Remedios, José y Herminia.

(Continuará).