LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXI). LAS COLUMNAS DE SAN ROQUE (1).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 23 de agosto de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

El 1º de agosto de 1936 el teniente Odón Ojanguren Alonso, jefe de la línea de San Roque, tenía allí los efectivos de los puestos de la residencia, de Jimena de la Frontera, de San Pablo de Buceite y de San Martín del Tesorillo. No llegaban a una treintena de guardias civiles.

 

Al acatar el bando de guerra declarado en el Campo de Gibraltar por el máximo responsable de la sublevación, teniente coronel de Infantería Manuel Coco Rodríguez, segundo jefe del Regimiento Pavía núm. 7, quedaron bajo las órdenes del comandante militar de la plaza.

 

En San Roque dicho bando se había declarado el 19 de julio tras la llegada del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº 3, mandado por el comandante de Infantería Amador de los Ríos Cabezón que había desembarcado horas antes en el puerto de Algeciras.

 

A este respecto hay que significar la relevancia y trascendecencia que tenía para los sublevados proclamar el estado de guerra. Al contrario de lo que algunos pudieran pensar no se trataba de una cuestión estética o de escenificar el poder militar alzado sobre el civil. En absoluto, nada de eso, a pesar de que prácticamente era entregar el “poder” a los militares. 

 

De hecho, el presidente de la República, Manuel Azaña Díaz, siendo presidente del gobierno Juan Negrín López, no proclamó el estado de guerra hasta el 23 de enero de 1939, autorizando por fin a las autoridades militares gubernamentales a dictar los oportunos bandos. Ya para entonces la contienda estaba perdida. Tres días después la ciudad de Barcelona era ocupada por los sublevados. El teniente general Vicente Rojo Lluch, que fue jefe del estado mayor central del Ejército Popular de la República, en su libro “Alerta los pueblos!: estudio político-militar del periodo final de la guerra española”, hizo una dura pero muy docta crítica sobre tan tardía declaración del estado de guerra. Dicha obra, cuya primera edición se publicó en 1939 en Argentina, es de libre acceso en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y su lectura es obligada para quienes quieran conocer parte de las principales causas por las que la República perdió la contienda.

 

La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, establecía que la suspensión de los derechos y garantías ciudadanas quedaría regulada en la Ley de Orden Público. Ésta, decretada y sancionada por las Cortes, se aprobaría el 28 de julio de 1933, regulando los estados de prevención, alarma y de guerra. En los dos primeros la autoridad civil mantenía plenas competencias en el ejercicio de su jurisdicción y potestades. Sin embargo, en el tercero, se daba a la autoridad militar el principal protagonismo.

 

Ello era sólo cuando la autoridad civil hubiera agotado todos los medios que en circunstancias ordinarias disponía, y en su caso, los que para las extraordinarias le otorgaban los estados de prevención y alarma. Si no podía por si sola, ni auxiliada por la judicial y la militar, dominar en breve espacio de tiempo la agitación, ni restablecer el orden, se prevendría en un bando que se publicaría con la “solemnidad posible”. Al propio tiempo la autoridad judicial ordinaria se pondría urgentemente en contacto con la militar y el auditor de la jurisdicción castrense, disponiéndose “la inmediata declaración del estado de guerra, procediendo seguidamente la autoridad militar a la adopción de las medidas que reclame la paz pública”. 

 

Una vez declarado el estado de guerra correspondía hacerse cargo del mando a la autoridad militar, quien publicaría los oportunos bandos y edictos donde se contendrían las medidas y prevenciones necesarias. Pero en todo ello, tras la interpretación interesada e ilegítima que hicieron los sublevados de dicha ley, obviaron lo más importante: dicha declaración le correspondía hacerla a la autoridad civil, no a la militar, así como que “cuando la rebelión o sedición se declare en más de una provincia”, correspondía no ya al gobernador civil sino al gobierno de la nación.

 

Dicha ley establecía que una vez agotado el plazo fijado se procedería a disolver los grupos que se hubieran formado, empleando la fuerza si fuera necesario, “hasta reducirlos a la obediencia”, deteniendo a los que no se entregasen y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. 

 

Por su parte, la autoridad militar dispondría que se instruyeran inmediatamente las causas que procedieran y se formasen los consejos de guerra que debiera de entender los delitos competencia de la jurisdicción castrense. Durante el periodo que estuviera proclamado el estado de guerra las autoridades civiles continuarían actuando en todas sus competencias excepto aquellas relacionadas con el orden público, “limitándose, en cuanto a éste, a las facultades que la militar les delegare y deje expeditas”. Ésta podía adoptar las mismas medidas que la civil en los estados de prevención y alarma. 

 

A tales efectos los Cuerpos de la Guardia Civil y de Carabineros, pasaban inmediatamente a depender de las autoridades militares existentes en su demarcación. Y eso fue lo que sucedió en San Roque.

 

Dado que la sublevación militar había fracasado, dividiendo a España en dos bandos, la situación degeneró en una fraticida guerra civil, donde la ocupación del terreno al adversario era prioritario. Es por ello que entre las diversas columnas de operaciones que se organizaron y partieron en los meses de agosto y septiembre de 1936 desde San Roque, estaban las que tenían por propósito tomar la localidad de Jimena de la Frontera y sus barriadas de San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo.

 

A ésta última marcharía el 4 de septiembre desde San Roque una columna cuyo núcleo principal estaba constituido por efectivos del Tercer Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache nº 4, mandadas por el comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán. Según el extracto de su diario de operaciones, recogido en el historial de dicha unidad, publicado en 2014 por Carlos González Rosado y Juan García del Río Fernández, efectuaron un golpe de mano en dicha barriada, “haciendo prisioneros tras vivo tiroteo, regresando a San Roque”. 

 

Lo que realmente ocurrió fue mucho más trágico, exponiéndose en este capítulo y siguiente, sólo lo relativo a la Guardia Civil. Antes de proseguir hay que corregir que en el capítulo anterior se dijo por error que en la barriada del Tesorillo sólo existía como fuerza armada un puesto de la Guardia Civil, cuando ello sólo sucedía en Buceite. En Tesorillo había otro de Carabineros, encuadrado en la 3ª Sección de Jimena de la Frontera. Estaba compuesto por un sargento, un carabinero de 1ª clase y nueve de 2ª, si bien al carecer de casa-cuartel vivían en casas particulares. Practicaban el servicio denominado de “partida”, vigilando la llamada “tercera línea”, para aprehender el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar.

 

Las columnas de San Roque llevaban siempre de guía a guardias civiles como buenos conocedores del terreno y cuando fueron aquel 4 de septiembre hacia la barriada del Tesorillo, lo hicieron con varios componentes de dicho puesto que se había replegado. Entre ellos estaba el guardia 2º Cristobal Riquelme Lobato que al día siguiente resultaría muerto en enfrentamiento armado.

 

(Continuará).

 

 

EL CAÑONERO “CÁNOVAS DEL CASTILLO” EN LA EXPLOSIÓN DE CÁDIZ (1947).

LXXIV Aniversario Explosión de Cádiz (1947-2021).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 18 de agosto de 2021, págs. 12-13.

El original está ilustrado con tres fotografías en blanco y negro.

Mucho, muchísimo se ha escrito sobre la trágica Explosión acaecida la noche del 18 de agosto de 1947 en la Base de Defensas Submarinas, recinto hoy ocupado por el Instituto Hidrográfico de la Marina. Sin embargo, queda aún mucho, muchísimo por relatar. Entre las asignaturas pendientes están las vicisitudes de las víctimas y de los héroes anónimos, verdaderos protagonistas de aquella catástrofe.

 

También se ha escrito mucho sobre la supuesta responsabilidad de la Armada por la negligencia que supuso tener almacenada tan importante cantidad de minas submarinas en una zona urbana. Su carga explosiva era muy inestable con altas temperatura y podía ser objeto de un ataque terrorista. La certeza absoluta de lo que realmente pasó no la tiene nadie y si alguna vez alguien la tuvo se la llevó a la tumba. 

 

Lo que si es cierto, tal y como acredité en un artículo publicado el 18 de agosto de 2008 en DIARIO DE CÁDIZ, es que diferentes mandos de la Armada fueron persistentemente avisando, desde al menos cuatro años antes, del grave peligro que existía de una catástrofe.

 

Cuando aquella noche el cielo se tiñó de rojo, las dotaciones de los buques de guerra atracados en el puerto de Cádiz o fondeados en su bahía, fueron los primeros en reaccionar. 

 

Hoy recordaremos al cañonero “Cánovas del Castillo”. Su comandante era el capitán de corbeta Juan Lazaga Azcárate. Se había hecho cargo de su mando el 1º de agosto. Tenía 40 años de edad. Dos días antes había entregado el mando del destructor “Huesca” al también capitán de corbeta Ramón Liaño de Vierna. 

 

El cañonero era un veterano de las Campañas de Marruecos y de la Guerra Civil. Construido por la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena fue entregado en 1923 y modernizado en 1937 en los astilleros gaditanos de Matagorda. Tenía casi 80 metros de eslora, unos 10 de manga y un desplazamiento de unas 1.300 toneladas. Su armamento principal eran cuatro cañones Vickers de 101’6 mm. y podía alcanzar casi 15 nudos de velocidad. Según el Estado General de la Armada de 1936 su dotación era de 220 hombres pero el del año 1949 lo rebajaba a 167. Entre ambos años estuvo omitida en dicho anuario naval ese tipo de información.

 

Fueron muchos, muchísimos los miembros de la Armada que aquella noche dieron anónimamente lo mejor de sí en auxilio de las víctimas. Gracias a la Orden General nº 236, de 23 de agosto de 1947, de la Capitanía General del Departamento Marítimo de Cádiz, mandada por el almirante Rafael Estrada Arnáiz, pudo saberse lo que hizo cada buque y unidad.

 

Lazaga en su declaración firmada el 26 de agosto, manifestó que en el momento de la Explosión se encontraba en su otro destino (compatibilizaba el mando del cañonero con la jefatura del Detall del Cuartel de Instrucción de Marinería en San Fernando). Solicitó un vehículo a su jefe, capitán de fragata Adolfo Baturone Colombo, y marchó enseguida a Cádiz. Al llegar a San José ya no pudo proseguir en automóvil pues le fue requerido para evacuar heridos graves. Pasada medianoche consiguió llegar al puerto de Cádiz donde estaba atracado su buque. 

 

Al subir a bordo comprobó que la Explosión no había afectado al cañonero ni al personal embarcado, procediendo inmediatamente a alistar la nave para salir al fondeadero que tenía ordenado. A la una y media de la madrugada tenía ya presión para una caldera y comenzó la maniobra de desatraque, pero como no tenía marineros para largar las estachas desde el muelle, éstas lo fueron por unos guardias civiles que estaban allí de servicio fiscal. A pesar de su buena voluntad no estaban habituados a ello y las lanzaron de golpe en vez de hacerlo poco a poco, y “como las máquinas estaban en el balancín, se lió el seno a la hélice”. Ello obligó a detener la maniobra y “tras varios intentos de avante y atrás se consiguió que la estacha escapolase de la hélice”, pudiendo desatracar a las 2’15 horas.

 

Media hora más tarde se fondeó frente a la “Machina” de Astilleros, alumbrando inmediatamente con el proyector la zona siniestrada que estaba a oscuras. Al amanecer mandó un bote a tierra con un oficial al frente, por si era necesaria ayuda, contestándose negativamente por el jefe de las Defensas Submarinas, capitán de fragata Miguel Ángel García-Agulló Aguado. Para entonces fuerzas de Infantería de Marina, Marinería, Ejército de Tierra y Guardia Civil se afanaban en seguir rescatando supervivientes. Al día siguiente volvieron a iluminar durante toda la noche la zona con su potente proyector. Sobre mediodía del 20 recibió la orden de atracar en el muelle pesquero. 

 

Muy interesante resultó el parte que el 19 de agosto dio a Lazaga el teniente de navío Gabino Aranda Carranza, 2º comandante del cañonero, relativo a lo acaecido en ausencia de aquél. Tenía 26 años de edad y llevaba destinado unos cinco meses.

 

Tras producirse la explosión, “el Oficial de Guardia ordenó tocar Babor y Estribor de guardia, se alistaron los kinstons y preparó a todo el mundo en estado de alarma”. Se activó una caldera y comunicó la otra. Se mandó un marinero a tierra para avisar telefónicamente al comandante pero resultó infructuoso al no haber enlace. También se envió a un contramaestre a la Comandancia de Marina, cuyo titular era el capitán de navío José Dueñas Ristori, para informarse de lo sucedido, siendo entonces cuando se enteraron. El personal franco de servicio se incorporó casi en su totalidad, excepto unos pocos que se quedaron prestando auxilio donde les sorprendió la catástrofe.

 

Aranda se presentó a bordo a las 22’20 horas y tras ser informado de donde fue la explosión ordenó preparar un pelotón de socorro bajo su mando, compuesto por 10 marineros armados y 18 sólo dotados de linternas, camillas y herramientas, auxiliándole el contramaestre 2º Miguel Martos Rodríguez, de 33 años de edad. Al llegar a tierra se dirigieron al lugar del siniestro y se pusieron a las órdenes del 2º comandante de Marina, capitán de fragata José Palomino Blázquez, prestando auxilio en el rescate de víctimas.

 

Pasada medianoche recibió la orden de volver al cañonero, donde ya estaba su comandante. Regresó sólo con 15 marineros, dejando el resto en tierra para seguir auxiliando a las víctimas.

 

Antes de hacerse a la mar estuvieron atendiendo en la enfermería del buque al alférez de navío Eduardo Velarde Díaz del dragaminas “Guadalete”, un marinero del “Grupo de Lanchas” y doce paisanos entre hombres, mujeres y niños.

 

Respecto a los daños causados a bordo por la onda expansiva se limitaron a la inversión momentánea del tiro de una de las calderas que dejó conmocionado unos minutos al fogonero de guardia así como la rotura de unos prismáticos y vajilla al caerse.

 

El “Cánovas del Castillo” causó baja en la Armada en 1959. Lazaga lo hizo al cumplir la edad reglamentaria en 1971, siendo capitán de navío y comandante de Marina de Ceuta. Aranda alcanzó el empleo de vicealmirante y fue jefe de la base naval de Rota y posteriormente del arsenal de La Carraca, pasando a la reserva activa en 1985.

 

HACE 175 AÑOS: LAS CARRERAS DE CABALLOS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA (1846). LA GUARDIA CIVIL GARANTIZÓ SU SEGURIDAD.

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 17 de agosto de 2021 en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 18; "EUROPA SUR", pág. 14; y "DIARIO DE JEREZ", pág. 18.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda celebra el segundo ciclo de su 176 edición, los días 18, 19 y 20 del presente mes de agosto. Fechas que coinciden con las organizadas hace 175 años por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de Sanlúcar de Barrameda. Concretamente se celebraron con un esplendor nunca antes visto los días 18 y 19 de agosto de 1846, coincidiendo con la feria local iniciada el día 15.

 

Desde el año anterior Sanlúcar se había incorporado “a esos espectáculos tan útiles y provechosos, que recientemente han protegido y premiado SS.MM. y el Gobierno”. Las carreras de caballos se habían convertido en todo un acontecimiento social. Así, por ejemplo, la “Gaceta de Madrid”, antecesor histórico del Boletín Oficial del Estado, recogía entonces las celebradas en la madrileña Real Casa de Campo y en El Puerto de Santa María.

 

Sin embargo, no habría parangón con las que, en su segunda edición, se iban a celebrar en Sanlúcar. La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar estaba dispuesta a que fueran las más espectaculares de todo el territorio nacional. Para ello aprobó el 20 de julio un programa de lujo que sería difundido por la “Gaceta de Madrid” el 31 de dicho mes. 

 

Conforme al mismo, a las once horas del 18 de agosto, “los señores que componen la junta directiva central, directivas de los diferentes pueblos de que consta la sociedad”, se reunirían en el gran patio del edificio de Santo Domingo, al objeto de abrir el registro, “para rectificar las reseñas de los caballos, potros y yeguas matriculados que han de optar a los premios de exhibición y carrera, conforme al reglamento formado al efecto”. El acto se cerraría a las dos de la tarde y durante ese tiempo la banda de música de la sociedad tocaría piezas escogidas.

 

Los caballos, potros y yeguas de exhibición deberían presentarse sin ninguna clase de adorno, siendo conducidos del diestro, excepto los de escuela que debían traer montura y brida “a gusto de sus dueños”. Todos los que se presentasen a exhibición por la mañana tenían la obligación de concurrir también por la tarde para la adjudicación de premios.

 

A las tres y media de la tarde estaría situada “en la playa de esta ciudad”, una línea de 800 varas de longitud y 40 de latitud. Teniendo en cuenta que una vara medía 0’866 metros, se trataría de un respetable espacio de casi 700 metros de largo por casi otros 35 de ancho. A la derecha habría una grada de tres varas de alto, al precio de 4 reales de vellón por asiento, mientras que a la izquierda habría otra, “de cómodos bancos con alzapiés para evitar la humedad del piso a los que los ocupen”, siendo su precio cinco veces superior.

 

Ambas gradas tendrían a su frente, “un barandal de madera, pintado de blanco, en cuya extensión se hallarán colocados simétricamente en astas, también pintadas, un considerable número de vistosas y variadas banderolas, marcando las extremidades de esta línea grandes banderas españolas, en cuyos puntos estarán colocadas las mesas de arranque y parada, preparadas con gusto y comodidad para el uso de los señores jueces”.

 

La cabeza de dicha línea estaría formada por un palco de 40 varas de frente, “perfectamente entoldado y adornado”, donde tendrían asiento las autoridades civiles y militares, provinciales y locales, así como las juntas directivas. Las carreras podrían verse también en la orilla desde carruaje o caballo propio a razón de 20 reales de vellón por persona y animal. 

 

Al costado derecho del palco presidencial se colocarían dos grandes pilares pintados, con remates en sus proximidades, formando la entrada general del público, y en su frente otros dos iguales que marcasen la de los caballos para exhibición, carrera y paseo.

 

A las cuatro de la tarde todas las autoridades y juntas directivas saldrían en comitiva hacia la playa desde el ayuntamiento en carruajes lujosamente enjaezados. Primero la junta directiva del Puerto de Santa María, seguida de la de Cádiz, de Jerez de la Frontera, de Las Cabezas de San Juan, jueces de arranque y parada, comisiones inspectoras de exhibición y adjudicación de premios, junta directiva central, junta de ornato y mejoras públicas, autoridades locales, de marina y provinciales. Todo ello precedido y cerrado de una escogida escolta de Caballería del Ejército con su banda de música. Recorrerían las calles Ancha, de Muleros, plaza de la Aduana y Calzada, en cuyo paseo estaría formada la fuerza de Infantería que despejaría la línea de carreras.

 

Éstas se celebrarían entre caballos españoles y extranjeros, realizándose las apuestas particulares correspondientes. Una vez concluidas, el presidente de la comisión de adjudicación de premios diría en alta voz los nombres de los caballos, dueños y premios obtenidos. Seguidamente se organizaría una comitiva que realizaría un recorrido triunfal por las calles de Isabel II, Barrameda, Santo Domingo Alta y Baja, y Ancha, hasta el ayuntamiento.

 

Encabezaría la banda de clarines de la sociedad, “en caballos blancos ricamente enjaezados, con penachos, adornos y monturas gravina y oro”, que irían anunciando con escogidas marchas la entrada de los caballos vencedores, “conducidos por lujosos palafreneros”. Abriría a estos el paso una sección de batidores del Ejército, seguidos de un piquete de Infantería, precedidos de tiradores y cornetas y la banda de música de la sociedad. La retaguardia de los anteriores sería cubierta por caballería de la Guardia Civil que a su vez precedería a los caballos y yeguas premiados por exhibición así como el de escuela. Los costados del desfile de los animales galardonados serían custodiados por guardias civiles de infantería.

 

Cerrarían el desfile los gastadores, banda de tambores y música de Infantería del Ejército seguidos de los carruajes, correspondiendo el último lugar al resto de fuerza de Caballería con su banda de música a la cabeza. Las calles del tránsito estarían completamente engalanadas con vistosas banderas, “y para mayor lucimiento, un número considerable de aldeanos, vestidos con exactitud y gusto, alumbrarán con hachas esta marcha triunfal”.

 

Al llegar al ayuntamiento y situada la comitiva en su balcón, volvería a leerse el nombre de animales y dueños galardonados, recogiéndose los premios en el salón de plenos. Inmediatamente, y en presencia de la comisión correspondiente, un niño de corta edad, extraería un número de un “globo” que se colocaría en un tablado, conteniendo igual cifra de contraseñas al de billetes vendidos para el sorteo durante el evento, a razón de 4 reales de vellón siendo el premio de 1.000. Con ello se darían por terminadas las carreras y exhibición de ese día.

 

A la mañana siguiente habría exhibición de tiros de caballos y por la tarde se volvería a repetir el ceremonial de la comitiva desde el ayuntamiento, con la diferencia de que estaría encabezada por cinco batidores de la Guardia Civil y cerrada por un piquete de Caballería del benemérito Instituto.

 

En la “gran carrera general” sólo se permitirían caballos españoles y el premio al vencedor era un talego de terciopelo carmesí con adornos de oro que contendría 6.000 reales de vellón en plata. 

El programa previsto no defraudó.

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXX). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 16 de agosto de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 18 de julio de 1936 el comandante del puesto de la Benemérita establecido en la barriada de San Martín del Tesorillo, entonces perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, era el cabo José León Pineda. Éste había nacido en la localidad malagueña de Casares, tenía 45 años de edad y estaba casado con una vecina de San Roque. 

 

Antes de ingresar en la Guardia Civil había prestado servicio como carabinero durante tres años en la Comandancia de Algeciras. Al cumplir su compromiso no quiso reengancharse y se licenció con la conceptuación de “buena conducta”. Posteriormente se presentó a los exámenes de ingreso en la Benemérita, aprobándolos. A este respecto hay que significar que su caso si bien no era habitual, tampoco fue excepcional. La vida de un guardia civil de aquella época era muy dura y difícil pero más aún lo era la de un carabinero dada la penosidad del servicio de vigilancia de costas y fronteras. De hecho, la de Algeciras era una de las comandancias denominadas “de fatiga”. 

 

El cabo León era buen conocedor de la barriada del Tesorillo pues ya había estado destinado en ese puesto como guardia 2º en los últimos años del reinado Alfonso XIII si bien la proclamación de la Segunda República le había sorprendido destinado en el puesto sanroqueño de Campamento. Tras ascender al empleo de cabo en septiembre de 1932, ser destinado a Barcelona y destacado a Badajoz, regresaría al Campo de Gibraltar en abril del año siguiente, siendo asignado al puesto de Los Barrios. A partir de febrero de 1934 pasó a mandar el puesto de El Tesorillo.

 

Dicha unidad había sido creada el 20 de julio de 1886 y la casa-cuartel, cincuenta años después, estaba ubicada desde 1927 en los números 17 y 19 de la calle Larga. El edificio, cedido su uso con carácter gratuito, pertenecía a la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro, cuyo propietario era en 1936 el banquero mallorquín Juan March Ordinas, muy implicado en la sublevación. Dicha sociedad había sido creada en 1887 por la marquesa de Larios, Margarita Larios Martínez, sus dos hijos Manuel Domingo y Martín Larios Larios, así como por Ricardo Larios Tashara. Cuando se aborde la historia de la Guardia Civil en dicha barriada desde sus orígenes ya se profundizará en la razón de su implantación y la vinculación con esa familia de procedencia malagueña. 

 

La plantilla de dicho puesto en julio de 1936 estaba integrada, además de un cabo como comandante del mismo, por un guardia 1º y seis guardias 2º de infantería. Hasta el momento se tiene constancia de que al menos estaban destinados en esa fecha los guardias 2º Joaquín García Moya, natural de Gaucín (Málaga); José Mondéjar Gutiérrez, natural de Algeciras; Andrés Pérez González, natural de Gaucín; Cristóbal Riquelme Lobato, natural de Jimena de la Frontera; y Manuel Valenzuela Cubillo, cuya naturaleza concreta no se ha podido acreditar pero familiarmente muy vinculado con el Campo de Gibraltar, especialmente La Línea de la Concepción.

 

Cuando se tuvo conocimiento en la barriada de que se había producido una sublevación militar contra el gobierno de la República, la reacción inicial del cabo León fue idéntica a la que tuvieron los comandantes de puesto de Jimena y Buceite, ubicados en el mismo municipio. En capítulos anteriores se expusieron las circunstancias por las que la línea de Jimena, de la que dependía también el puesto de El Tesorillo carecía de oficial al mando. Por tal motivo, a efectos de vigilancia de servicio, su teniente era Odón Oscar Ojanguren Alonso que se encontraba en San Roque. Es decir, a poco más de veinte kilómetros pero el puesto de El Tesorillo carecía de telefono, motivo por el cual no tenía enlace directo con dicho oficial.

 

Así, una vez acuartelados en defensiva, transcurrieron los primeros días en espera de recibir instrucciones de su superior jerárquico, tener noticias sobre lo que realmente estaba sucediendo y conocer el verdadero alcance de la situación. En la barriada, al contrario que en Jimena y Buceite, no había puesto de Carabineros por lo que la Guardia Civil era la única fuerza armada que existía. (Nota posterior del autor del artículo: por error involuntario se afirma en este texto que no había puesto de Carabineros en San Martín del Tesorillo cuando realmente sí existía, tal y como se hizo constar expresamente en el Capítulo LXXIV, pues donde no lo había era en San Pablo de Buceite, razón por la cual se hará la oportuna aclaración/rectificación en el Capítulo LXXXI).

 

Se desconoce si al igual que ocurrió con Jimena y Buceite, recibió el comandante del puesto de El Tesorillo la orden de concentrarse sobre la primera población citada para ponerse a las órdenes del teniente jefe de la sección de Carabineros allí establecida. Pero si la recibió, el cabo León no la cumplió y actuó, por propia iniciativa, conforme disponía la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil y ya mencionada en capítulos anteriores. Su propósito fue el de replegarse con personal y familiares sobre San Roque.

 

Si bien no se cuenta con un relato similar al que dejó escrito el sargento Antonio Casablanca Romero sobre su repliegue desde Buceite hasta San Roque, pasando por Jimena, si hay constancia en el expediente personal del cabo León que ello se llevó a efecto el 29 de julio.

 

Concretamente se trata de un parte suscrito el 24 de noviembre de 1936 por el segundo jefe de la Comandancia de Cádiz, comandante José Enríquez Ramírez, dirigido al inspector general del Cuerpo en Valladolid. Éste se trataba entonces del general de brigada de Infantería Marcial Barro García, quien lo ejercía con carácter interino y sin perjuicio de su destino al frente de la décimo tercera Brigada de Infantería con cabecera en dicha plaza. Había sido nombrado a principios de septiembre por el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general de división Miguel Cabanellas Ferrer, con residencia en Burgos. 

 

En dicho oficio daba cuenta de que dos días antes, el jefe de la 2ª Compañía, capitán Miguel Romero Macías, con residencia en Algeciras, había informado que, “al verse la fuerza del puesto del Tesorillo, en la necesidad de evacuar aquella casa-cuartel, el día 29 de Julio último, la que posteriormente fue saqueada por las turbas marxistas, han desaparecido de la misma, donde las dejaron inopinadamente, las tarjetas de identidad que se consignan al margen”. Concretamente eran las correspondientes al cabo León y a los guardias 2º García Rey, Pérez González y Valenzuela Cubillo.

 

De su lectura se desprende que la salida de la casa-cuartel de San Martín del Tesorillo debió de ser en unas condiciones similares a las ya relatadas en el caso de Jimena. Es decir, prácticamente sólo con el uniforme y por supuesto con la dotación de armamento y munición reglamentarias. 

 

La población de la barriada, mayoritariamente favorable al Frente Popular y por lo tanto al gobierno de la República, debió desconfiar desde el primer momento de la actitud del cabo León y sus guardias civiles, estableciendo al igual que sucedió en Jimena la oportuna vigilancia sobre sus movimientos. 

 

Muy probablemente debieron abandonar la casa-cuartel en la madrugada del 28 al 29 de julio y realizar la marcha a pie durante varias horas hasta San Roque. Aquí pasaron a prestar servicio hasta que recibieron la orden de incorporarse a la columna que tomaría El Tesorillo el 8 de octubre siguiente.

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXIX). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE JIMENA DE LA FRONTERA (y 2).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 9 de agosto de 2021, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

¿Qué pasaría por la cabeza del brigada Salvador Carrasco Zurita la madrugada del 31 de julio de 1936?. Al contrario del sargento Antonio Casablanca Romero, que dejó testimonio escrito de ello en 1937 y 1962, el comandante de puesto de Jimena no tuvo oportunidad pues sería asesinado poco tiempo después.

 

Debió ver salir sigilosamente al comandante de puesto de Buceite con los guardias civiles del mismo, acompañados de los componentes del propio puesto de Jimena y algunos familiares.

 

Hasta un rato antes el sargento Casablanca había intentado convencerle para acompañarlos en su repliegue hasta San Roque, pero tal y como se relató en capítulos anteriores, fue inútil.

 

Entre los miembros del puesto de Jimana que se marcharon, dejándolo sólo, sin que él lo impidiera, estaban al menos el guardia 1º Mateo García Pérez, natural de Alora (Málaga); y los guardias 2º Manuel Cruces Dorado, natural de Castellar de la Frontera; Sebastián Campos Palacios, natural de Campillos (Málaga); José Palominos Palacios, natural de Alpandeire (Málaga); y Francisco Ramírez Mesa, natural de Algodonales.

 

Si bien todavía faltan por identificar algunos integrantes más del puesto de Jimena que el 18 de julio de 1936 estaban destinados en el mismo, sí que hay constancia de que el guardia 2º Fernando Núñez Villatoro, natural de La Línea de la Concepción, tampoco acompañó al sargento Casablanca en el repliegue a San Roque. 

 

Y no lo hizo porque tal y como figura anotado en el apartado correspondiente al año 1936 de su hoja de servicios: “El 18 de julio al estallar el glorioso movimiento Nacional, en ocasión en que se encontraba en La Línea de la Concepción (Cádiz) se internó en Gibraltar pasándose al campo rojo, por cuyo motivo es baja en la Comandancia de Cádiz por fin del citado mes de agosto”.

 

Cuando en un futuro próximo se relaten las vicisitudes históricas del puesto de Jimena desde sus orígenes en el siglo XIX, al igual que se viene haciendo con el de San Roque, se dedicará un capítulo a las andanzas de este guardia civil que tras combatir durante la Guerra Civil en las filas gubernamentales y ser internado en un campo francés de refugiados a su finalización, tuvo que exiliarse al norte de África.

 

Volviendo al brigada Carrasco no se puede precisar cuándo fue detenido ni por quién exactamente. No obstante, es de suponer que en la mañana del mismo 31 de julio fue interrogado y se le exigirían responsabilidades por no haber impedido, al ser el guardia civil de mayor empleo, los planes de huida de sus subordinados ni haber alertado de ello.

 

Resulta difícil imaginar a ese hombre sólo en la casa-cuartel, sita en el número 74 de la calle Reina de los Ángeles, que posteriormente sería saqueada, esperando su suerte. Posiblemente entre las cosas que debieron pasar por su cabeza estaría la promesa de lealtad a la República que había prestado el 1º de abril de 1933 en Cádiz, ante la enseña nacional tricolor del Regimiento de Infantería nº 27.

 

El 22 de abril de 1931, una semana después de proclamarse el nuevo régimen, se había dictado a través del Ministerio de la Guerra un decreto que comenzaba diciendo: “La revolución de Abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las instituciones hoy desaparecidas. No se entiende, en modo alguno, que las fuerzas de mar y tierra del país, estaban ligadas en virtud de aquel juramento por un vínculo de adhesión a una dinastía o una persona. La misión del Ejército, dice el artículo 2º de la Ley constitutiva, es sostener la independencia de la Patria”.

 

Hay que significar que se refería a la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878, entonces vigente, siendo el texto completo de dicho artículo el siguiente: “La primera y más importante misión del Ejército es sostener la independencia de la patria, y defenderla de los enemigos exteriores e interiores”.

 

Conforme al artículo 22 de dicha ley, el benemérito Instituto de la Guardia Civil era un Cuerpo integrante del Ejército, “para prestar auxilio a la ejecución de las leyes y para la seguridad del orden de las personas y las propiedades”. Posteriormente la Ley Adicional de 19 de julio de 1889 volvió a ratificar dicha pertenencia y hacía constar expresamente que dependería “del Ministerio de la Guerra para los efectos de la organización y disciplina, y cuando por causa o estado de guerra dejasen de prestar el servicio que particularmente les está encomendado o se reconcentrasen para ejercer una acción militar, dependerán también del Ministerio de la Guerra y de las Autoridades militares como fuerzas armadas”.

 

También es de resaltar que el artículo 1º de dicha ley adicional, igualmente vigente en 1931, establecía: “El Ejército constituye una institución nacional regida por leyes y disposiciones especiales, y cuyo fin principal es mantener la independencia e integridad de la patria y el imperio de la Constitución y las leyes”.

 

Por lo tanto, el decreto de 22 de abril de 1931, establecía una nueva fórmula de adhesión, bajo la premisa de que, “la República es para todos los españoles, pero sólo pueden servirla en puestos de confianza los que, sin reservas y fervorosamente adopten su régimen”. Aquellos que rehusasen la nueva promesa de fidelidad serían retirados del servicio activo, entendiéndose que ello no tenía carácter de sanción, sino de “ruptura de su compromiso con el Estado”.

 

Se fijó un plazo de cuatro días a partir de su publicación en la “Gaceta de Madrid”, para que todos los generales en situación de actividad o reserva, y todos los jefes, oficiales y asimilados que no estuvieran en la de retirados o separados del servicio, prestasen “solenme promesa de adhesión y fidelidad a la República”. Su texto era el siguiente: “Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas”.

 

Curiosamente dicho decreto no establecía un plazo tan inmediato para que “las clases e individuos de tropa” hicieran lo mismo, sino que se dejaba a decisión del Ministerio de la Guerra dar las órdenes e instrucciones precisas para ello. En el caso de la Guardia Civil transcurrieron casi dos años para que comenzase a materializarse.

 

El caso es que el brigada Carrasco cumplió su promesa y no se sumó a la sublevación militar. Ello le costó la vida pero no a manos de los que se habían alzado en armas contra la República como sucedió en otros casos, sino por aquellos que se habían opuesto a la rebelión. Su muerte fue una venganza más.

 

Según consta en su hoja de servicios: “En 7 de septiembre fue asesinado por los marxistas en Jimena de la Frontera por no haberse evacuado con la fuerza del Cuerpo que lo verificó a San Roque”. El teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de Cádiz, informó el 8 de marzo de 1937 al inspector general, que dejaba viuda, Amalia Fernández Jiménez, y huérfana, Concepción, de tres años de edad. 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXVIII). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE JIMENA DE LA FRONTERA (1).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", el 2 de agosto de 2021, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Cuando el 18 de julio de 1936 se inició la sublevación militar, el municipio de Jimena de la Frontera era el único del Campo de Gibraltar que tenía desplegados tres puestos de la Guardia Civil. El de mayor entidad era el ubicado en la población que daba nombre al término municipal. Los otros dos estaban ubicados en las barriadas de San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo. 

 

Los tres estaban integrados en una unidad superior, entidad sección, denominada línea, cuyo oficial jefe tenía su despacho oficial en la casa-cuartel de Jimena. Ésta se encontraba ubicada por aquel entonces y desde 1930, en el número 74 de la calle Reina de los Ángeles, travesía principal de la localidad en honor a su patrona. Se trataba de un edificio de propiedad municipal cedido gratuitamente para su uso por el benemérito Instituto. 

 

Hasta el 18 de junio el mando de la línea de Jimena estuvo desempeñado por el teniente Alfredo Fernández Fernández. Pero al ser éste destinado en esa fecha para el mando de la línea de Rota, aquella tuvo que ser agregada a efectos de vigilancia de servicio al teniente Ocón Oscar Ojanguren Alonso, jefe de la línea de San Roque.

 

El mando accidental de la línea de Jimena le correspondió al brigada Salvador Carrasco Zurita, comandante del puesto de Jimena desde el 5 de junio de 1935. Había nacido el 20 de junio de 1889 en San Roque y estaba casado en segundas nupcias, desde diciembre de 1932, con Amalia Fernández Jiménez, natural de La Línea de la Concepción pero que desde pequeña residía en San Roque, “donde reside la población de Gibraltar”. Tenían una hija llamada Concepción, de tres años de edad.

 

Carrasco, perteneciente al reemplazo de 1910, había ingresado en el Ejército como soldado de Artillería en 1911, prestando su servicio militar en la Comandancia de Artillería de Melilla. Participó durante los dos años siguientes en diversas operaciones de campaña, ascendiendo a cabo y siéndole concedida la medalla de Melilla y una cruz de plata del mérito militar con distintivo rojo. 

 

Tras ingresar en la Guardia Civil en 1913 estuvo destinado como guardia 2º de infantería en la Comandancia del Norte, perteneciente al 14ª Tercio (Madrid) así como en las de Pontevedra y Tarragona. Ascendido al empleo de cabo, por elección, pasó destinado inicialmente a la Comandancia del Este, perteneciente al 21º Tercio (Barcelona) y seguidamente a la Comandancia de Cádiz donde prestó servicio en diferentes puestos durante una década. En ese periodo contrajo matrimonio y enviudó, no teniendo descendencia.

 

Al alcanzar en octubre de 1930 el empleo de sargento por antigüedad, fue destinado a la Comandancia de Cádiz, pasando a prestar servicio en el puesto de la capital, donde le sorprendería en abril del año siguiente la proclamación de la Segunda República. Dos años más tarde, el 1º de abril de 1933 prestaría promesa de fidelidad a la bandera ante la enseña nacional del Regimiento de Infantería nº 27, de guarnición en Cádiz, asentado en las murallas de Puerta de Tierra.

 

A mediados del mes de julio siguiente se incorporó al puesto ubicado en la barriada sanroqueña de Campamento de Benalife como comandante del mismo, si bien apenas estuvo unos meses ya que a finales de diciembre ascendió al empleo de sargento 1º. Seguidamente pasó al puesto de San Roque, también como comandante del mismo, dónde comenzó a prestar servicio a mediados de enero de 1934. 

 

Tras serle impuesta una sanción disciplinaria por razones ya expuestas en un capítulo anterior y que terminó de extinguir en el mes de mayo de 1935, fue destinado con carácter forzoso a principios del mes siguiente al puesto de Jimena, con igual responsabilidad. 

 

Al inicio del mes de julio de 1936 la plantilla del puesto de Jimena estaba compuesta, además del suboficial citado, por un cabo y dos guardias 2º de caballería así como por dos guardias 1º y cinco guardias 2º de infantería.

 

El brigada Carrasco era un hombre de salud bastante precaria, tal y como se acredita a lo largo de su hoja de servicios donde constan numerosas bajas médicas por diversas causas así como varias licencias temporales por enfermedad, de unos dos meses de duración cada una. Incluso recientemente había llegado a estar ingresado en el hospital militar de Sevilla.

 

Hay que significar que en aquella época los miembros del benemérito Instituto solían intentar por todos los medios evitar que un tribunal médico los declarase inútiles para el servicio o excluidos totales, conforme a los cuadros de limitaciones establecidos en la legislación vigente. La razón era muy sencilla. Sin perjuicio del gran amor a la profesión que se pudiera profesar así como el tradicional espíritu de servicio y sacrificio de la Benemérita, la situación económica en la que quedaba el que causaba baja en el Cuerpo por falta de aptitud psicofísica era tan lamentablemente precaria, casi de indigencia, que nadie quería ser objeto de un dictamen desfavorable. La mayoría de aquellos hombres solían tener familia a su cargo, con frecuencia numerosa, a la cual con grandes sacrificios intentaban sacar adelante. Todo ello bajo estrictos parámetros de honestidad.

 

Es por todo ello que el brigada Carrasco, visto su historial médico, bien seguro que hubiera tenido razones más que suficientes para haber causado baja por problemas de salud y el tribunal correspondiente así lo hubiera dictaminado. Pero muy posiblemente el hecho de haber vuelto a contraer matrimonio y tener una hija de tan corta edad a la que sacar adelante le motivó a continuar en el servicio activo. No podía entonces saber que ello le costaría la vida.

 

Cuando se produjo la sublevación militar, el brigada Carrasco se encontraba de baja médica para el servicio desde el día 3 de julio. No se daría de alta, y presionado por las circunstancias, hasta el día 22 de dicho mes.

 

La situación debió ser angustiosa para él. Por una parte, desde el inicio de la sublevación los guardias civiles de Jimena, al igual que en otros muchos puntos del país, habían optado por acuartelarse en defensiva. La carencia de enlace telefónico, como era el caso de Jimena, impedía poder contactar con sus superiores inmediatos que eran el teniente Ojanguren en San Roque y el capitán Miguel Romero Macías, jefe de la Compañía de Algeciras.

 

La llegada el 25 de julio del sargento Antonio Casablanca Romero con el personal del puesto de Buceite, debió ser más motivo de preocupación que de otra cosa. Tal y como se relató en capítulos anteriores, habían recibido la orden del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, para concentrarse en Jimena y ponerse a las órdenes del teniente de Carabineros Manuel Martínez Mora. Éste, era el jefe de la 3ª Sección, con residencia también en la localidad, encuadrada en la 3ª Compañía de Puente Mayorga (San Roque). 

 

El objetivo de todo ello era formar parte de la columna que se iba a enviar desde la provincia de Málaga, para atacar las poblaciones de San Roque y La Línea de la Concepción que se encontraban en poder de los sublevados.

 

(Continuará).