LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXLVI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (48).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de noviembre de 2022, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Continuando con el decreto de 16 de septiembre de 1935, que se citaba en el capítulo anterior, hay que significar que las funciones de inspección y disciplina, en los casos de alteración del orden público, sobre los Cuerpos de Miqueletes de Guipúzcoa (reglamento de 14 de noviembre de 1882), de Miñones de Vizcaya (reorganización de 15 de junio de 1904), de Miñones de Álava (reglamento de 24 de agosto de 1931), de Mozos de Escuadra de Barcelona (reorganización de 4 de mayo de 1892), de Vigilantes de caminos (reglamento de 12 de marzo de 1935), de Guardas jurados (artículos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de Peones camineros (real decreto de 22 de junio de 1914), de Guardería forestal, y Agentes del Resguardo de la Compañía Arrendataria de Tabacos (real decreto de 28 de marzo de 1902), “serían ejercidas, en nombre del Ministerio de la Gobernación, por el Instituto de la Guardia Civil”. Ello se debía a que era el Cuerpo competente en materia de seguridad pública que contaba con mayor despliegue territorial y entidad numérica.

En dicho decreto de 1935 también se regulaban las competencias y responsabilidades en caso de que se alterase el orden público en las localidades donde hubiera fuerzas de la Guardia Civil y de Carabineros.

En ese supuesto, ambos Cuerpos deberían coordinar sus servicios y prestarlos con sujeción a sus reglamentos y bajo los respectivos mandos, salvo que las circunstancias requiriesen una acción militar conjunta. Si ello sucediera tomaría el mando conjunto de toda la fuerza el de mayor empleo de ambos cuerpos, actuándose con arreglo a los preceptos de la legislación militar entonces vigente.

En aquellas localidades donde no existieran fuerzas de la Guardia Civil y sí de Carabineros, éstas debían comunicar los partes y noticias relacionadas con el orden público, tanto directamente al gobernador civil de la provincia como al comandante de puesto de la Guardia Civil en cuya demarcación estuvieran enclavadas. En tales casos, Carabineros tenía también la potestad y la responsabilidad de adoptar las medidas de carácter preventivo que considerasen conveniente. Y si finalmente resultaba alterado el orden público tenía la obligación de restablecerlo, cumpliendo sus deberes reglamentarios y dando cuenta de ello al gobernador civil. 

Prosiguiendo con la normativa dictada en 1935 que fue de gran interés para Carabineros, debe citarse el decreto de 28 de septiembre de dicho año, por el cual se reorganizaron las dependencias del Ministerio de Hacienda y los servicios afectos a dicho Cuerpo. Ese texto supuso una drástica reducción de unidades territoriales así como de la plantilla de personal de Carabineros que tendría que ir amortizándose en un determinado porcentaje, a medida que fueran produciéndose vacantes. 

A este respecto hay que significar que dicho decreto fue consecuencia directa de la ley de 1º de agosto de 1935, conocida como la “ley de restricciones”, cuyo propósito era reorganizar todos los servicios de todos los departamentos ministeriales. Había que reducirlos en todo lo posible con el objeto de disminuir el gasto económico todo lo que se pudiera. Siempre es loable la austeridad e incluso la restricción económica, como era esta ley, que persiga la contención, e incluso la rebaja del gasto público. Pero resultaba difícilmente entendible que dentro de todo ello se disminuyera el despliegue y potencial de servicio del Cuerpo que tenía precisamente por finalidad, prevenir y perseguir el contrabando y la defraudación que tanto perjudicaban al Tesoro público y a la industria y comercio españoles.

Respecto al mentado decreto hay que decir, de forma resumida, que su entrada en vigor supuso la supresión de las dos Circunscripciones; de cinco Zonas y trece Comandancias, por lo que éstas quedaron reducidas a diez y veinte, respectivamente; así como de toda la fuerza de Caballería del Cuerpo, convirtiéndose obligatoriamente en fuerza de Infantería. Todo ello además de suprimir la mayoría de las plazas de maestros armeros militares, de ordenanzas al servicio de los cuadros de mando, etc.

Como anécdota, mencionar que al publicarse al día siguiente el decreto de reorganización en la Gaceta de Madrid (antecedente histórico del Boletín Oficial del Estado), se omitió la Comandancia de Algeciras entre aquellas unidades que permanecerían. Ello evidentemente se trató de un error pues hubiera sido un gravísimo desatino suprimir precisamente la Comandancia de Carabineros que desde su creación en 1878, constituía la extrema vanguardia del Cuerpo en su constante lucha contra el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar. Tal omisión sería subsanada por la orden circular de 11 de octubre siguiente, publicada al día siguiente.

Su entrada en vigor afectó directamente a la estructura orgánica de Carabineros en la provincia de Cádiz al igual que en las limítrofes. Hasta entonces la antigua 6ª Zona, cuyo coronel tenía fijada su residencia en la capital gaditana, estaba integrada por las Comandancias de Cádiz y Algeciras, mandadas por tenientes coroneles. Es decir, todas las unidades de Carabineros desplegadas en la provincia gaditana estaban bajo un mismo mando superior. Sin embargo, con el nuevo decreto, la distribución orgánica cambió sustancialmente. 

La nueva 5ª Zona, cuya cabecera se estableció en la capital malagueña, quedó integrada por la 9ª Comandancia de Málaga y la 10ª Comandancia de Algeciras. La antigua Comandancia de Estepona, creada en 1889, había sido una de las suprimidas, pasando a convertirse en una fracción de la de Málaga. Y la nueva 6ª Zona, cuya jefatura se fijó en la capital hispalense, pasó a estar formada por la 11ª Comandancia de Cádiz y la 12ª Comandancia de Sevilla. Ésta tenía por demarcación las provincias de Sevilla y Huelva, pues la Comandancia de esta última resultó también suprimida.

También implicó, al suprimirse por razones meramente económicas toda la fuerza de Caballería en el Cuerpo de Carabineros, que se liquidó la sección de caballería cuya jefatura estaba ubicada en la ciudad de San Roque con puestos desplegados en las localidades de la residencia, Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa. Sus componentes pasaron a integrarse en los puestos de Infantería de su localidad, mientras que el ganado debía cederse al Ejército, y caso de no ser aceptado se procedería a su enajenación mediante cumplimiento de los requisitos legales.

Entre las medidas que sí se pueden considerar positivas, tras la supresión de los ordenanzas, estaban la reducción del número de carabineros que se empleaban fuera de los servicios privativos del Cuerpo, así como la prohibición expresa de “utilizar personal de tropa de Carabineros para servicios domésticos o particulares de cualquier clase”. El incumplimiento de este último precepto tenía la consideración de falta grave y daba lugar a imponer la sanción correspondiente.

Finalmente, destacaban también como medidas muy acertadas que el personal de Carabineros tenía que prestar necesariamente en costas y fronteras seis años, por lo menos, de servicio, así como que “en ningún caso podrán prestar servicio en la misma Comandancia ni en su territorio, los parientes hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad y afinidad, cualesquiera que sean sus respectivas graduaciones”. Para su cumplimiento se daba tan solo un plazo, improrrogable, de treinta días, “a contar de la publicación de este decreto en la Gaceta”.

(Continuará).

EFEMÉRIDES:17 DE NOVIEMBRE DE 1887. REORGANIZACIÓN DEL NEGOCIADO DE ULTRAMAR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.

Efemérides redactada por Jesús Núñez, e ilustrada con una fotografía en blanco y negro, para la Sección de Magacin, correspondiente al mes de Noviembre de 2022, de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. 

 

                                             17 DE NOVIEMBRE DE 2022

 

En 1849 el capitán general de Cuba, Federico Roncali Ceruti, ante el deficiente estado de la seguridad pública en la isla, solicitó autorización para crear allí el Cuerpo de la Guardia Civil que tanto prestigio estaba alcanzando en la Península. Seguidamente, el teniente general Rafael de Arístegui Vélez Ladrón de Guevara, con ocasión de un viaje que giró a Cuba como jefe de una comisión que debía proponer al gobierno de la nación, “todas las mejoras de que era capaz aquella preciosa posesión”, propuso igualmente la implantaciónn de la Guardia Civil.

 

Si bien ambas propuestas quedaron entonces sin aprobación, sí se pudo comenzar a poner en marcha con el nuevo capitán general, José Gutiérrez de la Concha Irigoyen. Así, en 1851 se organizaba un Tercio en comisión con una reducida fuerza de Infantería para ensayar en Cuba el servicio de la Guardia Civil. Su éxito inicial fue posibilitando el aumento de plantilla y la incorporación de fuerzas de Caballería. En 1854, con Juan de la Pezuela Ceballos como capitán general, ya quedó plenamente formalizado, ampliándose a partir de entonces plantilla y despliegue territorial.

 

Algo similar sucedió en la Isla de Puerto Rico. En 1857, siendo su capitán general, Fernando Cotoner Chacón, se propuso por primera vez al gobierno de la nación, la creación en dicha isla de un Tercio de la Guardia Civil, compuesto por fuerzas de Infantería y de Caballería. En 1864 volvió a intentarlo, también sin éxito, el entonces capitán general, Félix María de Messina Iglesias. No sería hasta 1869, siendo capitán general, José Laureano Sanz Posse, que por fin comenzó a organizarse en comisión, el tan esperado Tercio de la Guardia Civil.

 

Hasta 1871 los Tercios existentes de la Guardia Civil en Cuba y Puerto Rico, estaban constituidos en comisión por personal procedente del Ejército de Ultramar en su mayor parte, no estando por lo tanto integrado en el Cuerpo de la Guardia Civil de la Península, lo cual originaba problemas de diversa índole.

Así, por Real Orden de 10 de julio de dicho año, conocida como la “Ley de la Amalgama”, se dispuso cesar en comisión la fuerza que prestaba servicio de la Guardia Civil en ambas islas para llevar a cabo la unificación de los Tercios de Ultramar con los de la Península. 

A partir de ese momento comenzaría un complejo y largo proceso de integración. Los capitanes generales de Cuba y Puerto Rico serían los directores natos de la Guardia Civil en sus islas, asumiendo durante el tiempo que el personal prestaba servicio allí, todas las facultades y atribuciones que la normativa vigente prescribía para el director general de la Benemérita en la Península. 

No obstante, para la gestión de todo lo relacionado con la Guardia Civil de Ultramar fue necesario crear en el seno de la Secretaría de la Dirección General del Cuerpo, un negociado específico que se sumó a los otros seis ya existentes, publicándose el detalle de todo ello en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de 8 de noviembre de 1872. Era director general el teniente general Cándido Pieltain Jove-Huergo. Fue nombrado Jefe de la Sexta Sección (Ultramar) el coronel de Caballería Fernando Casamayor Aparici, auxiliado por el teniente de la Guardia Civil Lino Fabrat Respau.

En 1879 se dispuso la supresión de dicha Sección, siendo sus asuntos asumidos por la Secretaría y otras secciones. Esa situación se mantuvo hasta finales de 1885, siendo recuperada a partir de enero del siguiente año como “Negociado de Ultramar”, si bien en esta ocasión pasó a ser el séptimo de los ubicados en la Secretaría de la Dirección General de la Guardia Civil.

Por real orden de 16 de noviembre de 1887, siendo director general de la Guardia Civil el teniente general Tomás García-Cervino López de Siguenza, se dispuso la creación en la Secretaría de un nuevo negociado que entendiera de los asuntos referentes al personal de Caballería y Remonta. 

Ello motivó, a partir del día siguiente, 17, una nueva reorganización de los negociados y distribución de los trabajos, conforme se detalló en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de 24 de diciembre de 1887. 

El Negociado de Ultramar pasó a ser el octavo de la Secretaría y estar mandado por el coronel graduado, teniente coronel del Ejército, comandante de la Guardia Civil Rodrigo Bruno Pérez, auxiliado, en calidad de agregado, del comandante de Infantería Andrés Somoza Díaz. Los cometidos concretos que se le encomendaron fueron los de: Organización del Cuerpo en Ultramar; Uniformidad; Personal de Jefes, Oficiales y tropa; Reclutamiento y embarque para dichos dominios; Propuestas reglamentarias y relaciones de aspirantes; Clasificación de los Jefes y Oficiales que regresasen a la Península; y Estadísticas referentes a los asuntos de que entiende. 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXLV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (47).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 14 de noviembre de 2022, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

La Comandancia de Carabineros de Algeciras inició el año 1935 compuesta por un total de 60 puestos desplegados por todo el Campo de Gibraltar e integrada por cinco compañías de infantería (1ª de Atunara, 2ª de La Línea de la Concepción, 3ª de Puente Mayorga, 4ª de Algeciras y 5ª de Tarifa) así como una sección de caballería con residencia de su jefe en San Roque.

El teniente coronel Antonio Pastor Palacios apenas estuvo siete meses al frente de la Comandancia de Carabineros de Algeciras ya que en agosto de 1935 fue destinado a mandar la Comandancia de Badajoz. Fue sustituido por el de igual empleo, José Marqués Mesías, procedente por ascenso de la Comandancia de Málaga. 

Eran tiempos donde la duración en el mando de unidades era escasa, siendo frecuente el cambio de destinos. Ello, en verdad, perjudicaba el ejercicio de su buen mando pues siempre es necesario, además de tener formación adecuada y capacidad de liderazgo, que exista una cierta permanencia en el destino. Al estar apenas un año, e incluso en ocasiones menos, no daba tiempo siquiera a conocer como debiera ser, la demarcación, el personal destinado y las peculiaridades concretas del servicio a prestar.

Ejemplo también de aquello fue el año anterior. Al comienzo de 1934 se encontraba al mando de la Comandancia de Algeciras el teniente coronel Enrique Crespo Salinas, también citado en un artículo anterior. Mientras tanto, al frente de la Comandancia de Cádiz se hallaba el de igual empleo, Andrés Castro Alonso.

Éste había sido destinado a mandar dicha unidad por una orden del Ministerio de Hacienda de 21 de julio de 1933, procedente del mando de la Comandancia de Cáceres. Casi seis meses después, el 13 de enero de 1934, pasó a la situación de reserva, por haber cumplido 60 años que era entonces la edad reglamentaria. Como curiosidad decir que percibió, a partir del 1º de febrero siguiente, un sueldo mensual de 825 pesetas, más la pensión de 50 pesetas correspondiente a la cruz de la Orden de San Hermenegildo. Le fueron abonadas por la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas al fijar su residencia en la población madrileña de Carabanchel Bajo. Fuera de la capital del reino eran las delegaciones provinciales de Hacienda las encargadas de ello.

En esa misma orden ministerial había sido destinado también el hasta entonces jefe de la Comandancia de Algeciras, teniente coronel Ángel Verdes Rodríguez, para el mando de la Comandancia de Barcelona. Le sustituyó el de mismo empleo, Ignacio Orduña del Campo, que a su vez había estado mandando la Comandancia de Cádiz hasta dicha fecha. 

Curiosa y sorprendentemente, el teniente coronel Orduña fue destinado al mando de la Comandancia de Algeciras cuando le quedaban tan solo nueve días para pasar a la situación de reserva por cumplir la edad reglamentaria. En su caso, el sueldo a percibir a partir del 1º de agosto fue algo mayor que el del teniente coronel Castro, al haber prestado servicio durante más tiempo, alcanzando la cuantía de 916’66 pesetas mensuales, más la pensión de la cruz citada. La orden ministerial que determinó su pase a la reserva fue dictada al día siguiente de la de su destino a Algeciras y publicada en la misma Gaceta de Madrid. No llegó a incorporarse al Campo de Gibraltar y fijó su residencia en la capital gaditana.

Otra curiosidad, nada habitual además en esa época, fue que tan solo cuatro semanas después de cesar en el servicio activo, le fueron concedidos dos meses de licencia para visitar las ciudades italianas de Nápoles, Roma y Venecia así como las capitales de Austria (Viena) y de Francia (París). En julio de 1935, tras cumplir 62 años de edad, pasaría a la situación de retiro, volviendo a fijar la misma residencia.

A fin de enero de 1934 sería destinado al frente de la Comandancia de Cádiz el teniente coronel Leoncio Jaso Paz, procedente del mando de la Comandancia gerundense de Ripoll. Sería un caso realmente excepcional ya que permanecería desde entonces en aquella hasta su detención al inicio de la Guerra Civil, siendo fusilado por los sublevados el 6 de agosto de 1936 en la capital gaditana.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el año 1935 fue de abundante producción normativa para el Cuerpo de Carabineros y tuvo también su influencia en el Campo de Gibraltar y en especial en San Roque.

La primera orden ministerial de trascendencia se dictó el 15 de febrero, disponiendo que el Instituto de Carabineros, en el desempeño de sus peculiares servicios como resguardo de la Hacienda Pública, dependiese inmediatamente, por delegación del ministro de Hacienda, de la Comisaría General para la Represión del Contrabando y la Defraudación. Sin embargo, poco duró tal iniciativa ya que como se mencionó en el artículo anterior, creada por decreto de 27 de mayo de 1934 fue suprimida por falta de dotación presupuestaria por decreto de 5 de julio de 1935. En esa fecha el representante de Carabineros en dicha Comisaría general era el teniente coronel Waldo Ferreira Peguero, jefe de la Comandancia de Algeciras.

La siguiente orden ministerial de interés fue dictada tan solo una semana después de la anteriormente citada, el 22 de febrero. En ella se dispuso que las dos Circunscripciones en las que se agrupaban las 15 zonas y 33 comandancias de Carabineros, trasladasen desde Madrid su capitalidad y residencia de sus jefaturas a las ciudades de Córdoba y Valladolid. La principal razón de ello era que estuvieran más próximas a las unidades que tenían que inspeccionar. Las Comandancias de Cádiz y Algeciras, con la 6ª Zona de Cádiz, dependían de la 1ª Circunscripción que mandaba el general de brigada Eliso García del Moral Sánchez. Licenciado en Filosofía y Letras, merecen citarse sus destinos como comandante en la Comandancia de Estepona (1914-1915) y como teniente coronel en la Comandancia de Cádiz como jefe de la misma (1918-1922). 

De gran importancia fue el decreto de 16 de septiembre de 1935, relativo a las autoridades, cuerpos y organismos que estaban obligados a cooperar en la defensa del orden y seguridad públicos. Eran tiempos complejos, complicados y de conspiraciones. Diez meses después España comenzaría a desangrarse en una fratricida guerra civil tras el fracaso inicial de una sublevación militar.

La ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 imponía a todas las fuerzas y agentes de la autoridad, la obligación de velar por la conservación del orden. Por lo tanto, y conforme se hacía constar en el decreto citado, “los individuos del Cuerpo de Carabineros, aparte la obligación de denunciar los delitos y detener a los delincuentes, tienen la de cooperar al mantenimiento del orden”.

También se disponía que los jefes de las comandancias recibirían instrucciones referentes al orden público por conducto de los gobernadores civiles. Las informaciones que adquiriese el personal de Carabineros, en relación con el orden público, debían ponerlas en conocimiento de los jefes de las fuerzas de la Guardia Civil más próximas, quienes, sin perjuicio de adoptar las medidas procedentes, las transmitirían al gobernador civil de la provincia.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXLIV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (46).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 7 de noviembre de 2022, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Durante el año 1935 se producirían importantes cambios para el Cuerpo de Carabineros que no sólo repercutirían a su comandancia en el Campo de Gibraltar sino también a sus unidades desplegadas en el término municipal de San Roque, tal y como se expondrá en el próximo capítulo. No hay que olvidar que dicho municipio y el de La Línea de la Concepción fueron los dos que más fuerza de Carabineros tuvieron siempre en nuestra Comarca.

El año comenzó con el general de división Miguel Cabanellas Ferrer como inspector general de Carabineros, pero por decreto de 15 de febrero sería cesado. Con esa misma fecha fue sustituido por el de igual empleo, Gonzalo Queipo de Llano Sierra. El primero, a propuesta del ministro de la Gobernación, Eloy Vaquero Cantillo, fue nombrado inspector general de la Guardia Civil, cargo que ya había ocupado hasta su fulminante cese tras el fracaso de la “Sanjurjada”, mientras que el segundo procedía de Madrid, donde se encontraba en la situación de disponible.

Hay que significar que Queipo de Llano ocupaba por segunda vez la jefatura del Cuerpo de Carabineros. Había sido nombrado a fin de septiembre de 1933, a propuesta del entonces ministro de Hacienda Antonio Lara Zárate, tras haber sido jefe del Cuarto Militar del presidente de la República. Y fue cesado en mayo de 1934, a propuesta del entonces nuevo ministro de Hacienda, Manuel Marraco Ramón, quien por cierto, fue el mismo que volvió a proponerlo en febrero del año siguiente para desempeñar nuevamente el cargo de inspector general.

El nuevo jefe de la Comandancia de Algeciras, que había sido nombrado justo al inicio de 1935, era el teniente coronel Antonio Pastor Palacios. Procedía por ascenso de la 2ª Circunscripción de Madrid, donde había estado destinado como secretario del general de brigada Julio Bragulat Pascual. Su efímero predecesor había sido el teniente coronel José Casanova Tornero, procedente de disponible forzoso y afecto a la Comandancia de Baleares. Tras ser destinado el 1º de noviembre con carácter forzoso a la Comandancia de Algeciras, solicitó inmediatamente su pase voluntario a la situación de retiro para Palma de Mallorca, siéndole concedido y causando baja en el Cuerpo a fin de mes.

El titular anterior, teniente coronel Enrique Crespo Salinas, mencionado en el último capítulo, había ascendido a coronel en octubre, siendo destinado a mandar la 5ª Zona de Málaga, que comprendía las Comandancias de Málaga y la vecina de Estepona con sus tres compañías de la residencia, Marbella y Ronda. 

Por otra parte, al inicio también de 1935, el jefe de la 6ª Zona, cuya demarcación comprendía toda la provincia gaditana, con sus Comandancias de Cádiz y Algeciras, era el coronel Joaquín Rodríguez Mantecón, que tenía fijada su residencia en la capital. Pero tampoco permaneció mucho tiempo a su frente ya que a finales del mes de mayo fue destinado a mandar la 8ª Zona con sede en Oviedo. Fue sustituido en Cádiz por el de igual empleo, Waldo Ferreira Peguero, procedente de la jefatura de la 13ª Zona, con residencia en la localidad gerundense de Figueras. Éste, sin perjuicio del mando de la provincia gaditana, continuaría adscrito a la “Comisaría General para la Represión del Contrabando y la Defraudación”, cargo para el que había sido también designado en marzo de 1935, y en las condiciones dispuestas en el decreto de 27 de mayo de 1934, por el que se creó dicho organismo.

El comienzo de la exposición de motivos de dicho decreto no podía ser más explícito: “El creciente volumen que el contrabando y la defraudación vienen de modo sucesivo alcanzando ha llegado a un punto tal en la curva de su desarrollo, que fuerza al Gobierno a adoptar medidas de adecuada defensa para contener el impulso de su avance y, en definitiva, para dominarle, a fin de conjurar el considerable quebranto que en el interés de la Hacienda pública viene produciendo, cada vez más acentuadamente, esta forma especial de delincuencia”.

Tal y como se expuso en su momento, la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, tuvieron sus “Delegaciones Regias para la persecución y represión del contrabando”, creadas por real decreto de 20 de diciembre de 1921 y reorganizadas por real decreto de 13 de noviembre de 1923. La República no fue menos y plenamente consciente del grave problema que era el contrabando y el fraude, se volvieron a dictar normas extraordinarias al respecto y se creó un nuevo organismo específico para combatirlo con mayor eficacia.

Concretamente, se dispuso la creación de dicha Comisaría general en el seno del Ministerio de Hacienda. Por delegación del ministro, el citado Marraco, tenía como funciones esenciales las de “unificar, organizar y disponer los servicios necesarios o convenientes para la prevención, vigilancia y persecución del contrabando y la defraudación que puedan intentarse o cometerse en relación con las rentas de Aduanas, alcoholes, azúcares, achicorias, cafés, tés y cervezas, así como con los artículos estancados o monopolizados por la Administración, con los de ilícito comercio, y con aquellos cuya importación o exportación se hallaren prohibidas por las disposiciones vigentes, aún cuando la prohibición fuera temporal o condicionada”.

A tal efecto, dicho organismo pasó a centralizar todos los servicios de policía fiscal relativos a las mentadas formas de fraude que no estuvieran especialmente atribuidos a los Cuerpos u organismos represores, y de éstos, los que se estimasen necesarios a los fines de su peculiar función. También quedaba facultado de modo expreso para disponer en todo el territorio nacional “y plazas de soberanía”, cuantos servicios considerase necesarios, así como ordenar su práctica, bien por los individuos que lo formen o por los Resguardos oficiales y de las entidades subrogadas en los derechos de la Hacienda pública. Igualmente, podían solicitar el apoyo de todas las autoridades, funcionarios y fuerzas que no dependieran del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por la vigente ley de Contrabando y Defraudación.

La citada Comisión general quedó constituida por un comisario general, un comisario jefe, siete comisarios y un número de agentes de inspección que en ningún paso podía exceder de quince. El comisario general podía recaer en cualquier persona que estimase adecuada el ministro pero el comisario jefe, aún siendo también de su libre elección, debía tratarse de un abogado del estado. El resto de nombramientos de comisarios y agentes era igualmente potestad del ministro, pero debían ser funcionarios pertenecientes a “los Cuerpos general de Hacienda y especiales de Aduanas, Carabineros, Vigilancia, Pericial de Contabilidad, Profesores Mercantiles y a los Resguardos de las Compañías subrogadas”. Se significa que en su servicio especial los miembros de dicha Comisaría general estaban autorizados a utilizar las embarcaciones de “los resguardos de Carabineros y de las Compañías Arrendatarias de Tabacos y Petróleos”.

Sin embargo, dicha iniciativa para fortalecer la persecución de contrabando y el fraude, donde el procedente de la colonia británica de Gibraltar era el mayor exponente, no perduró mucho.  Por decreto de 5 de julio de 1935, al no contener crédito alguno la nueva ley de Presupuestos para el sostenimiento de dicha Comisaría general, se procedió a su supresión.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXLIII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (45).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 31 de octubre de 2022, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

El servicio peculiar del benemérito Instituto de Carabineros en el Campo de Gibraltar siempre fue muy duro y penoso, prestándose en unas condiciones realmente ingratas, tanto para carabineros y cabos como para los cuadros de mando, de sargento a teniente coronel inclusive. Las misiones de estos era vigilar, impulsar y dirigir el servicio, especialmente de noche por ser la franja de mayor número de alijos en la costa, siendo la media realizar 25 salidas nocturnas por mes, sin que ello les eximiera de la correspondiente actividad diurna. 

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores, la Comandancia de Carabineros de Algeciras, dado el persistente contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar, era una unidad “de fatiga”. Consecuente con ello, el carácter preferente para poder pasar destinado a otra comandancia se consolidaba al año efectivo de prestar servicio en el Campo de Gibraltar. Caso de disfrute de licencia temporal por asuntos propios, vacaciones o enfermedad, dichos periodos no servían para el cómputo anual. 

Por tal razón, era habitual que cada poco más de un año o dos a lo sumo, la mayor parte de sus miembros, mandos incluidos, cambiase de destino. Esta constante rotación tenía sus ventajas e inconvenientes. En positivo, el más importante era que al no haber permanencia en la prestación diaria de servicio en el mismo lugar, no había facilidad para la connivencia con contrabandistas, siempre dispuestos a tentar y corromper a sus peores enemigos que eran los carabineros. En negativo, destacaba sobre todo, que cuando se comenzaba a tener el adecuado conocimiento de las peculiaridades específicas de su servicio en el punto donde lo prestaba, así como del terreno y de las personas de su entorno profesional, alcanzando con todo ello un buen grado de eficacia, se marchaba destinado a otro lugar y quien le reemplazaba tenía que comenzar de nuevo. 

En el Campo de Gibraltar, además del marítimo, había tres tipos de destinos operativos terrestres. El más duro y penoso de estos últimos era el que se prestaba en primera línea, a pie de costa, en parajes alejados de los núcleos de población y siempre expuesto a las inclemencias atmosféricas de frío, calor, lluvia y viento sin tener donde resguardarse. Siempre esperando la llegada del alijo procedente vía marítima del Peñón, al objeto de aprehender el contrabando y capturas a sus autores. A ello había que añadir que sus acuartelamientos apenas tenían capacidad para albergar a sus familias, por lo que tenían que dejarlas en las localidades más próximas en modestas viviendas alquiladas con cargo a su reducido sueldo. 

A continuación estaba el servicio de segunda línea, donde solían residir en acuartelamientos ubicados en el interior de las poblaciones o en viviendas rentadas, pero con la misión de evitar que el contrabando que había vulnerado la primera línea pudiera traspasar la que ellos vigilaban, sobre todo apostándose para ello en cruces y caminos, teniendo que soportar también las inclemencias del tiempo.

Y el tercero, era el servicio que se prestaba en el interior de los recintos aduaneros, muy ingrato por el constante desgaste que suponía el registro diario de quienes pretendían introducir el contrabando oculto en sus ropas y equipajes. El más penoso era el denominado de “puertas” que se prestaba en los accesos de “la Verja” en La Línea de la Concepción y por donde diariamente pasaban más de diez mil personas.

Al comenzar 1934, mandaba la Comandancia de Algeciras el teniente coronel Enrique Crespo Salinas, destinado en agosto anterior, procedente de la Comandancia de Sevilla. Había sido su jefe hasta el fracaso de la “Sanjurjada” del 10 de agosto de 1932, siendo cesado y quedado disponible. Igual suerte corrieron la mayor parte de sus mandos subordinados, los comandantes Gregorio del Saz Roca y Manuel del Valle Aparicio; los capitanes José Tristán Palacios y Joaquín Cortés Aguilar; los tenientes Eugenio Ruiz Pimentel, Alonso Martínez Mora, Manuel Martínez Espinosa y Adolfo Torres Aguilar Tablada; así como el alférez Ramón Villares Vázquez.

El anterior jefe de la Comandancia de Algeciras, Ángel Verdes Rodríguez, había sido destinado en julio de 1933 a mandar la Comandancia de Barcelona. Como la mayor parte de sus predecesores, apenas había estado poco más de un año en el Campo de Gibraltar. Procedente por ascenso de la Comandancia de Lugo, fue destinado a Algeciras en febrero de 1932, sustituyendo al teniente coronel José de Lera Darnell, que fue designado para el mando de la Comandancia de Málaga. En la vecina Comandancia de Estepona también había habido relevo, pues el teniente coronel Mariano Larios Rodríguez había sustituido a Manuel Aranda Lendines.

En lo referente a los mandos de Carabineros desplegados en el municipio de San Roque, también cambiaron la practica totalidad, salvo excepciones. Al iniciarse 1934, en la 1ª Compañía de Atunara, el sargento José Sendín Benito había relevado al de igual empleo, Antonio Millán Torres, como comandante del puesto de infantería de Torrenueva, donde el cabo Emilio Bajo Iglesias había sustituido también a su homólogo Francisco Parrado González; el sargento Francisco Díaz Robles como comandante del puesto de infantería de Carboneras, en vez de Julián Escribano Navarro, donde el cabo Antonio Hernández Zambrano, si bien era de caballería, ocupó la vacante dejada por Enrique García Andrino; y el sargento Eugenio Fernández Flores relevó a Luis Fúnez Gallego como comandante del puesto de infantería de Guadalquitón, donde el cabo Joaquín Tesón Hernández sustituyó a Enrique Chaver Gorro.

En la 2ª Compañía de La Línea de la Concepción se encontraba en el puesto de infantería de Cachón de Jimena como comandante del mismo, el sargento Francisco Alcázar Muñiz en vez de Carlos González Rodríguez, encontrándose destinados allí los cabos Emiliano Toledano Sánchez-Crespo y Abelardo Piorno Miranda en lugar de Manuel Domínguez Martínez y Juan Seisdedos Grande.

Y finalmente, en la 3ª Compañía de Puente Mayorga continuaba siendo jefe de la Sección de la Estación de San Roque, el suboficial de infantería José Martín Maldonado, pero solo hasta febrero dado que cumpliría la edad reglamentaria para el retiro; y como comandantes de puestos de Carabineros ubicados en dicho municipio se encontraban destinados el suboficial José Olivares Oña en vez de Domingo García Gutiérrez en el de infantería de Guadarranque, donde el cabo Emilio Pacheco Martín reemplazó a José Casas Mota; el sargento Bernardo Terrés Rubi en sustitución de Paulino Zamora Serrano en el de infantería de Puente Mayorga y el cabo Pedro Castaño Santiago en lugar del de caballería Juan López Márquez; el sargento Alfonso Martínez Santos sí que continuaba como comandante de puesto de la aduana de Puente Mayorga, donde el cabo Máximo Sauceda de la Montaña relevó a Juan Ruiz Jáuregui; también continuaba el sargento Sebastián Dorado Santos en el puesto de caballería de San Roque, si bien por sólo unos días ya que el mismo enero cumplía la edad reglamentaria para el retiro, mientras que en cambio sí que prosiguió el cabo Alfonso Fortío Grajera; y el cabo José Gutiérrez Jiménez, que al ser excedente en plantilla de caballería había pasado a prestar servicio en el puesto de infantería de El Toril, sustituyendo a Eladio Ramos Rodríguez.

(Continuará).

 

 

SEMBLANZA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN LA CATÁSTROFE DE CÁDIZ DE 1947.

Palabras pronunciadas por Jesús Núñez, el 22 de octubre de 2022, con ocasión de la entrega en Cádiz de los Premios Medicina Gaditana, edición 2022, concedidos por el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz.

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Buenas tardes señoras y señores.

 

Sean mis primeras palabras para agradecer al Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, Dr. D. Juan Antonio Repetto López, el haberme invitado a este solemne acto.

 

Igualmente, quiero expresar mi público agradecimiento al Ilmo. Sr. D. Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz, Coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, por ser mi introductor de embajadores ante este Excmo. Colegio y por su afectuosa presentación de mi persona ante todos ustedes.

 

Constituye un honor para mi haber sido invitado para impartirles en esta ceremonia de entrega de los premios Medicina Gaditana 2022, una semblanza –porque por razón de tiempo no llegará a conferencia- sobre la asistencia sanitaria que se prestó con ocasión de la Explosión acaecida en nuestra ciudad el 18 de agosto de 1947.

 

Cuando ocurre una catástrofe lo primero que se hace es rescatar, atender y evacuar a las víctimas hasta los centros sanitarios, pues es lo más importante, sin perjuicio de esclarecer lo sucedido y depurar en su caso las responsabilidades correspondientes.

 

Pero después de ello, lo más importante es la atención sanitaria a esas víctimas que se suele prolongar en el tiempo, cuestión trascendente que se reconoce poco y se olvida pronto.

 

Voy a hablarles durante veinte minutos sobre la asistencia sanitaria, civil y militar, prestada con ocasión de la Catástrofe de Cádiz, acaecida tras la explosión de un almacén de minas en la Base de Defensas Submarinas el 18 de agosto de 1947, sita entonces donde hoy está el Instituto Hidrográfico de la Marina, en la Plaza de San Severiano.

 

Sobre las causas, nunca se aclararon, si fue fruto de la inestabilidad del explosivo que contenían las minas sometidas a las altas temperaturas de una calurosa jornada del mes de agosto, o a una acción de sabotaje, ya que 1947 fue el año de mayor actividad guerrillera contra el Régimen franquista. 

 

Hay teorías para todo ello, pero lo que sí que quedó clara, es la barbaridad y la negligencia que supuso almacenar tan ingente cantidad de explosivo –había más de dos mil minas submarinas- en el interior de un núcleo urbano.

 

El almacenaje de esas minas procedentes de la Segunda Guerra Mundial y el riesgo que ello suponía fue puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes por los propios mandos de la Armada en Cádiz. 

 

Parece ser que estaba previsto su traslado a unos almacenes sitos en el Cerro de San Cristóbal, en el limite del término municipal de El Puerto de Santa María con el de Jerez de la Frontera, propiedad del Ejército, mientras se construían unas naves para ello en el denominado “Rancho de la Bola”, enclavado en el municipio jerezano y propiedad de la Armada, pero desgraciadamente la tragedia aconteció antes.

 

El pasado 18 de agosto, con motivo del LXXV aniversario de la Catástrofe (1947-2022), publiqué en DIARIO DE CÁDIZ, la primera parte de un artículo sobre la meritoria actuación de la Sanidad de la Armada en esa triste jornada.

 

En esta ocasión voy a abrir el abanico historiográfico para tratar, con toda justicia, de la Sanidad civil, significando que Sanidad civil y Sanidad militar fueron solo una, y como tal, reconocidas pública y oficialmente, como se verá al final de esta semblanza.

 

La Catástrofe, acaecida sobre las 21’45 horas de aquel aciago 18 de agosto de 1947, cuando ya había anochecido, fue de tal magnitud que la Barriada de San Severiano quedó totalmente devastada, y la onda expansiva arrasó todo el exterior de la ciudad cuyo casco antiguo quedó afortunadamente protegido por las murallas de Puerta de Tierra.

 

Hubo al menos 152 muertos, más de 350 heridos graves y fueron atendidas unas diez mil personas por lesiones leves, de las cuales se calcula que un 80% lo fueron por cortes de cristales y cascotes provocados por la onda expansiva de la explosión.

 

Fueron más de dos mil viviendas afectadas, donde además de quedar arrasadas las existentes en la Barriada de San Severiano, hubo daños materiales en el resto de la ciudad de Cádiz así como en las de San Fernando y El Puerto de Santa María.

 

La Comunidad Sanitaria entera, civil y militar, se movilizó al completo: médicos, farmacéuticos, practicantes y auxiliares, se presentaron inmediatamente en sus puestos de trabajo.

 

En la parte militar de Sanidad se adoptaron inicialmente cuatro medidas principales: se activaron inmediatamente el Hospital Militar de Cádiz, dependiente del Ejército de Tierra, y el Hospital de San Carlos en San Fernando, dependiente de la Armada; se atendieron desde el primer momento heridos civiles en las enfermerías de los acuartelamientos y buques de guerra a donde algunos de ellos fueron inicialmente evacuados junto a heridos militares; se envió desde San Fernando, personal sanitario (médicos) a los hospitales civiles junto a material sanitario y de iluminación pues la ciudad de Cádiz quedó completamente sumida en la oscuridad tras la explosión; y se acondicionaron espacios en naves y edificios de los acuartelamientos de San Fernando, instalando camas y otros elementos auxiliares, para poder alojar y atender a los heridos, caso necesario, que fuesen allí evacuados.

 

Por parte de la Sanidad civil se activaron inmediatamente tres medidas: activaron todos los hospitales y centros sanitarios de Cádiz que no resultaron dañados por la explosión así como los de San Fernando, El Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez de la Frontera; permanecieron abiertas durante la noche todas las farmacias; y se envío a Cádiz todo el personal y material sanitario que fue posible.

 

Por razón de tiempo es imposible extenderme en detallar toda la labor que centenares de médicos, farmacéuticos, practicantes y auxiliares realizaron aquella noche y en los días siguientes.

 

Es por ello que solo voy a referir algunos casos concretos como ejemplo de todo ello. Sirva la adaptación de esa frase habitual que se emplea en la milicia, de que en unos pocos se premian los méritos de muchos, para decir que en los casos que exponga de unos pocos se reflejan los actos meritorios de muchos.

 

En la ciudad de Cádiz el verdadero hospital de referencia fue el inicialmente llamado de San José y realmente conocido por todos como de Mora, en honor de su benefactor, José Moreno de Mora Vitón, actualmente reconvertido en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Cádiz. También fue importante receptor de heridos el hospital de San Juan de Dios, ubicado junto al ayuntamiento capitalino. Y por supuesto fue también muy importante el ya citado y hoy día desaparecido Hospital Militar, reconvertido hoy día en sede del Rectorado de la Universidad de Cádiz.

 

En el Hospital de Mora, el decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, Tomás Sala Sánchez, que tenía la especialidad de pediatría, estuvo desde el primer momento coordinando la distribución de servicios y la atención sanitaria de los numerosos heridos que comenzaron a llegar después de la Explosión.

 

Por supuesto, hubo también otros centros sanitarios, de menor entidad y capacidad, que prestaron todo el auxilio posible, atendiendo principalmente lesionados de poca consideración. Pero también hubo otros centros sanitarios que no pudieron prestar asistencia alguna al haber quedado destruidos o gravemente dañados por la explosión.

 

Tal fue el caso, por ejemplo, de la Clínica “María Auxiliadora” del doctor Pedro Luis Sicre de la Casa, cirujano y comandante médico honorario de Sanidad de la Armada. Situada en la Barriada de San Severiano, resultó prácticamente destruida. De entre sus escombros se rescató el cuerpo de una persona fallecida y varios heridos. 

 

En esas tareas de rescate se distinguiría sobresalientemente un joven sobrino suyo, Federico de la Puente Sicre, que al año siguiente ingresaría en la Academia General Militar, sería con el paso de los años Inspector del Arma de Ingenieros y llegaría a alcanzar el empleo de general de división del Ejército de Tierra.

 

El domicilio familiar del doctor Sicre quedaría igualmente destruido. De sus once hijos, nueve se encontraban en el momento de la explosión en el cine “Avenida”, sito en la plaza de toros, lo cual seguramente, al igual que a otros muchos gaditanos, les salvaría la vida o evitaría que resultasen heridos. Dos de ellos, entonces adolescentes, Pedro Luis y José Carlos Sicre Buenaga, que también participarían en las tareas de rescate, llegarían con el tiempo a ser igualmente médicos de la Armada. El primero, traumatólogo, alcanzaría el empleo de comandante antes de pasar a la situación de Reserva activa, mientras que el segundo, urólogo, llegaría a ser coronel director del Hospital Naval de la Zona Marítima del Cantábrico, en El Ferrol.

 

En la ciudad de San Fernando, además del Hospital Naval de San Carlos, Zona Marítima del Estrecho, fueron también derivados los heridos de la explosión al hospital de San José y al centro de Cruz Roja. En su mayor parte presentaban lesiones por rotura de cristales e impacto de cascotes, si bien hubo algunos heridos graves al no dar ya más de sí los centros sanitarios de Cádiz.

 

Respecto al Centro de Cruz Roja quiero mencionar la actuación de otro joven, éste de 18 años de edad, llamado Juan García Cubillana, actualmente coronel médico retirado de Sanidad de la Armada que cuenta con 93 años de edad, y padre de mi introductor de embajadores en este acto.

 

En agosto de 1947 acababa de terminar el segundo y último curso de practicante. La explosión de Cádiz se hizo sentir notablemente en San Fernando y al igual que hicieron centenares de profesionales sanitarios, sin necesidad de aviso alguno, en una época que no existían apenas medios de comunicación, se presentó inmediatamente en su puesto de trabajo. En su caso, se trataba del citado centro de Cruz Roja, donde había estado realizando sus prácticas, pensando por lo tanto que allí podría ser más útil.

 

Al llegar le encomendaron participar en el triaje de los heridos que venían siendo evacuados desde Cádiz en turismos y camiones, al objeto de atenderlos en dicho centro o derivarlos a otros de San Fernando. Uno de los niños heridos que ayudó a sacar de uno de los vehículos se llamaba Juan Deudero Quevedo, de 12 años de edad. Su madre, Mercedes, había resultado muerta por la explosión, al igual que su hermanita Carmen, de tan solo 7 años de edad. Con el paso del tiempo dicho niño se convertiría en un prestigioso catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

 

Desgraciadamente también hubo de lamentar fallecidos por la explosión en la Comunidad Sanitaria. Uno de ellos fue el doctor Pedro Rodrigo Sabalette, internista y neuropatólogo, antiguo catedrático de patología de la Facultad de Medicina de Cádiz y en 1947 ya lo era de la de Sevilla. Era hijo del afamado doctor Leonardo Rodríguez Lavín, catedrático de fisiología y antiguo decano de la Facultad de Medicina de Cádiz así como presidente que fue por dos veces del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Su hijo Pedro se encontraba disfrutando junto a su familia de unos días de vacaciones veraniegas en la casa paterna gaditana. Dos de sus tres hijos, Ana, de 13 años, y Pedro, de 10 años, resultaron también muertos a consecuencia de la explosión. 

 

Hay que poner de relieve que tras la catástrofe acudió personal sanitario desde muchas localidades de la provincia así como de las de Sevilla y Huelva, mereciendo ser destacada la magnífica labor de organización y coordinación llevada a cabo por el entonces Jefe Provincial de Sanidad en Cádiz, Donato Fuejo García. Éste, médico del Cuerpo de Sanidad Nacional, llevaba ya cinco años desempeñando dicha jefatura.

 

En agosto de 1947, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz era el doctor Ángel Matute Valls. Como no era posible recompensar y reconocer a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Sanitaria que habían participado en la atención de las víctimas de la explosión, el Gobierno decidió conceder por Decreto de 17 de octubre de 1947, dimanante del Ministerio de la Gobernación, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz como entidad representativa de los médicos, farmacéuticos, practicantes y demás auxiliares sanitarios, civiles y de los Ejércitos, de dicha provincia y de los procedentes de otras, especialmente de Sevilla y Huelva, que acudieron a prestar humanitarios y eficaces servicios a los siniestrados. 

 

La concesión de tan alta recompensa conllevaba el tratamiento de “excelentísimo”, razón por la cual el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz pasó con legítimo derecho a ostentarlo desde su concesión.

 

Dicha Orden Civil de Sanidad había sido creada por Decreto de 27 de julio de 1943, como restablecimiento, bajo esta nueva denominación, de la antigua Cruz de Epidemias, cuya concesión fue reglamentada por real orden de 15 de agosto de 1838. Vigente aquella en la actualidad, continúa estando destinada a premiar servicios por méritos relevantes de carácter sanitario así como los prestados con motivo de la asistencia y lucha de acontecimientos epidémicos.

 

Hoy, 75 años después de aquel relevante servicio sanitario, humanitario y benemérito, la Comunidad Sanitaria gaditana en general, y este Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, puede sentirse muy orgulloso de todos aquellos que precediéndoles, hicieron posible tan alto reconocimiento gracias a su abnegado y meritorio servicio, dedicación y sacrificio.

 

Muchas gracias por su atención y su paciencia.