LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXXI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (83).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 24 de julio de 2023, pág. 16.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

 

Continuando con las vicisitudes del alférez Manuel González Navarro, jefe de la Sección de Carabineros de Puente Mayorga, éste había ascendido a dicho empleo por orden del Ministero de Hacienda, de 2 de marzo de 1936. Se encontraba destinado como brigada en Huelva y encuadrado en la 12ª Comandancia de Sevilla, cuya demarcación comprendía ambas provincias bajo el mando del teniente coronel Gregorio del Saz Roca. 

Dicha comandancia dependía a su vez de la nueva 6ª Zona de Carabineros (antigua 7ª), cuya jefatura ostentaba el coronel Luis Pilar López, con residencia en la capital hispalense. Su jurisdicción abarcaba también la de la 11ª Comandancia de Cádiz. 

El 28 de ese mismo mes, Manuel González pasó destinado a la 10ª Comandancia de Algeciras, incorporándose el 18 de abril, asignándosele el mando de la Sección de Puente Mayorga, barriada sanroqueña donde estaba también la cabecera de la 3ª Compañía.

Hay que significar que la 10ª Comandancia de Algeciras, al igual que la 11ª de Cádiz, habían sido las únicas integrantes, hasta la mentada reorganización que el Instituto de Carabineros sufrió en octubre de 1935, de la entonces denominada 6ª Zona, cuya cabecera estaba en la capital gaditana. 

Su jefatura había estado ejercida hasta fin de mayo de 1935 por el coronel Joaquín Rodríguez Mantecón, que fue destinado a la 8ª Zona (Oviedo). Fue nombrado para sustituirle el coronel Ubaldo Ferreira Peguero, procedente de la 13ª Zona (Figueras). Pero como éste estaba adscrito desde marzo a la “Comisaría general para la Represión del Contrabando y la Defraudación”, en Madrid, no llegó a incorporarse a Cádiz hasta que se suprimió dicho órgano, por decreto del Ministerio de Hacienda de 7 de julio de 1935. 

El coronel Ferreira apenas tuvo oportunidad de ejercer el mando de la 6ª Zona de Carabineros de la provincia de Cádiz, ya que como consecuencia de la mentada reorganización que conllevó la supresión de su jefatura, quedó a partir de noviembre, “para eventualidades del servicio a las órdenes del Excmo. Señor Ministro de Hacienda, en Cádiz, y afecto para efectos administrativos a la 11ª Comandancia (Cádiz)”.

Dicha reorganización, que supuso suprimir 5 zonas de las 15 que existían y 13 comandancias de las 33 que habían, no dejó de tener su controversia respecto a la provincia de Cádiz, ya que cada comandancia gaditana se hacía depender de una jefatura de zona diferente. 

La 10ª Comandancia de Algeciras, mandada por el teniente coronel José Marqués Mesías, que había sustituido en agosto a Antonio Pastor Palacios, de la nueva 5ª Zona de Málaga y la 11ª Comandancia de Cádiz, mandada por el teniente coronel Leoncio Jaso Paz, de la nueva 6ª Zona de Sevilla. La excepcionalidad de fracturar la unidad provincial gaditana existente hasta entonces, con los consiguientes perjuicios que conllevaba, se debió a intentar una mejor acción de mando y coordinación de servicio frente al contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar.

Como ya se expuso en su momento, en 1878, el grave problema del contrabando originado desde el Peñón, motivó que la Comandancia de Carabineros de Cádiz se dividiese en dos, pasando a crearse la de Algeciras, constituyendo el Campo de Gibraltar su demarcación. Una década más tarde, en 1889, visto el buen resultado y las lecciones aprendidas, se creó la Comandancia de Estepona, segregándola de la de Málaga. El contrabando que zarpaba del Peñón se alijaba principalmente en las costas próximas de las provincias de Cádiz y Málaga.

En la reforma provocada a raíz del decreto del Ministerio de Hacienda, de 28 de septiembre de 1935, desarrollado en órdenes posteriores, se había suprimido también la Comandancia de Estepona. Ésta estaba mandada hasta entonces por el teniente coronel Alfonso López Vicencio. Al desaparecer dicha unidad como tal, retornó su demarcación a la de Málaga, mandada entonces por el teniente coronel Carlos Florán Casasola, que a fin de junio había sustituido a José de Lera Darnell.

Se creó por lo tanto, la nueva 9ª Comandancia de Málaga-Estepona, considerándose que era mejor que la coordinación de servicios y la acción de mando frente al contrabando procedente de la colonia británica, fuesen dirigidos por un único coronel que tuviera jurisdicción a ambos lados del Peñón. Éste sería Enrique Crespo Salinas, que hasta entonces había mandando la 5ª Zona que comprendía las Comandancias de Málaga y Estepona, con residencia en la capital malagueña, y que a partir de la reorganización mandaría la nueva 5ª Zona que encuadraría la 9ª Comandancia de Málaga-Estepona y la 10ª Comandancia de Algeciras. 

Regresando a las vicisitudes del alférez Manuel González Navarro, tras estar dos meses y medio al mando de la sección de Puente Mayorga, se le concedieron 8 días de permiso para resolver asuntos particulares en la localidad onubense de Cortegana, regresando el 12 de julio.

Una semana después la guerra civil había comenzado, aunque en esa fecha sólo se tenía conocimiento en el Campo de Gibraltar de la incipiente sublevación militar. Bajo las órdenes de su capitán, Francisco Zamora Medina, no se opuso a la misma y junto al resto de la unidad, al igual que sucedió en otros lugares, mantuvo una actitud pasiva en espera de la resolución de los acontecimientos.

Sin embargo, llegado el 25 de julio, la actitud cambió radicalmente. En principio, el municipio de San Roque, tanto en su ciudad como en las diferentes barriadas, había triunfado la sublevación militar. En dicho término municipal, las fuerzas del Ejército, pertenecientes al Regimiento de Infantería Pavía nº 7, destacadas en el acuartelamiento “Diego Salinas”, junto a la de los puestos de la Guardia Civil de San Roque y Campamento, se habían sumado a la rebelión. Mientras tanto las unidades de Carabineros desplegadas por todo el municipio y su costa, seguían a la expectativa, sin mostrar oposición alguna.

Aún no se había llevado el ataque a la ciudad de San Roque por una columna mixta de fuerzas del Ejército y de Carabineros junto a milicianos del Frente Popular, procedente de la provincia vecina de Málaga, ni el triunfo de la sublevación se había consolidado todavía con firmeza en el Campo de Gibraltar. Faltaban aún dos días para dicho ataque, que finalmente resultó un fracaso, y cuya secuencia ya fue relatada.

En su hoja de servicios consta: “El día 25 del citado mes de Julio y al ordenarle a este Oficial se concentrase en esta residencia (Algeciras) –con motivo del actual Movimiento Nacional- con la mayor parte de la fuerza a sus órdenes, internándose en Gibraltar, de donde según noticias, pasó a unirse a las fuerzas marxistas en Málaga y en esta situación finó el año”. 

Es decir, no volvieron a tener noticias de él. Por tal motivo, según orden comunicada de la “Secretaría de Guerra del Estado Español”, de 27 de enero de 1937, causó baja definitiva del Ejército, “por abandono de destino”.

Había cruzado a pie y de paisano, la “Verja” junto a su capitán y medio centenar de carabineros. Detenido en Málaga, tras su caída, fue juzgado el 17 de marzo siguiente en consejo de guerra, siendo condenado a la pena de muerte y fusilado seis días después.

 

LA CONDUCCIÓN DE PRESOS QUE NUNCA LLEGÓ (1936).

LXXXVII Aniversario Guerra Civil (1936-2023)

 

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 20 de julio de 2023, págs. 28 y 29.

El original está ilustrado con once fotografías en blanco y negro. 

  

El 17 de julio de 1936 salió desde Puerto de Santa María hacia Pamplona 

 

 

Junto a la estación ferroviaria portuense se encuentra el antiguo monasterio de la Victoria, que entre 1886 y 1981 fue prisión estatal. Por su puerta han entrado y salido decenas y decenas de millares de personas que, por una u otra causa, fueron privadas de libertad. 

En muchas ocasiones, por diferentes razones, fueron trasladadas a otros establecimientos ubicados en otras provincias. La escolta de su conducción, al objeto de evitar fugas, correspondió a la Guardia Civil, ingrata misión que tiene encomendada desde su creación. 

Dichos traslados solían hacerse en vehículos celulares o en vagones de ferrocarril. Para garantizar la seguridad de esas conducciones era necesario disponer del potencial de servicio suficiente. Por tal motivo, al comienzo de 1936, el puesto de la Guardia Civil de Puerto de Santa María era uno de los que mayor número de componentes tenía en la Comandancia de Cádiz.

El 18 de julio tenía por casa-cuartel un edificio que se encontraba en los números 77 y 79 de la entonces calle Federico Laviña, hoy Cielo. El inmueble era propiedad de Augusto Marenco Fortes, fallecido unos meses antes, y la renta era sufragada entre el ayuntamiento y el estado. Tenía una plantilla de 23 efectivos. De ellos, 20 eran de infantería (1 sargento, 2 guardias de 1ª clase, 16 guardias de 2ª y 1 corneta) y 3 de caballería (1 cabo y 2 guardias de 2ª).

Su comandante era el sargento Rafael Abad de la Vega. Procedía del Colegio de Guardias Jóvenes, ubicado en Valdemoro. Fue creado en 1853 por el duque de Ahumada, organizador y primer inspector general del benemérito Instituto, para “premiar en los hijos las virtudes de los padres”. Había nacido el 19 de diciembre de 1897 en la población cordobesa de Pedro Abad y tenía otro hermano, de mayor edad y llamado Agustín, que era corneta de la Guardia Civil y que estaba destinado en el puesto de Medina Sidonia.

Uno de sus principales cometidos era mandar la escolta de las conducciones de presos consideradas de mayor complejidad. Normalmente se desarrollaban sin incidencias dignas de mención. Sin embargo, una excepción fue la acaecida el 9 de junio de 1936.

Debía trasladar una veintena de presos desde el penal portuense hasta la “Casa de Trabajo” existente en Alcalá de Henares. Dicho establecimiento era el primer centro de custodia, “de régimen de trabajo o colonia agrícola”, creado al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes, promulgada el 8 de agosto de 1933. Fue consensuada con todos los partidos políticos y aprobada por mayoría, siendo Manuel Azaña Díaz, presidente del consejo de ministros.

El sargento Abad nombró servicio de escolta con él, al guardia 1º Antonio Gentil Jiménez así como a los guardias 2º Francisco Maldonado Conejo, Manuel Castillo Fernández, Antonio Campos García, Pedro Marqués Bauzá, Antonio Sánchez Reynaldos, Manuel Morente Quintana, Manuel Montalbán Carballo y Miguel Riverola Marín.

La conducción se realizó en un vehículo celular, con aparente normalidad, hasta que al llegar de madrugada a la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela, descubrieron que se habían fugado doce presos. Éstos, aprovechando un fuerte temporal de agua que se había desencadenado al anochecer, practicaron un hueco en el suelo del furgón. Levantaron unas tablas que se desprendieron fácilmente, “dado el estado de vejez del coche”, y que el suelo no estaba reforzado con chapa. Los centinelas no se apercibieron, pues al estar la carrocería en mal estado y entrar el agua por varios sitios, habían apiñado a los reclusos para que no se calasen. La escasa iluminación interior y el hecho de que el resto de los presos se dedicaran todo el tiempo a cantar en voz alta, contribuyeron a que la escolta no se apercibiera de la evasión.

Los fugados no fueron localizados y se inició el correspondiente expediente judicial militar para el esclarecimiento y depuración de los hechos. Ocho de ellos, pendientes de depurar responsabilidad disciplinaria o penal, por posible negligencia, iniciaron el 17 de julio siguiente, un nuevo servicio de conducción de presos. Para la mayoría de ellos sería el último que practicasen. Todavía no sabían que ese mismo día, en Melilla, se iniciaba la sublevación militar contra el gobierno de la República y comenzaría una guerra civil que duraría casi tres años.

En esta ocasión, Abad, además volver a formar la escolta con nueve guardias del puesto, de los cuales repitieron siete, nombró también, como segundo jefe, al cabo Manuel Garoz Puebla. Éste había nacido el 24 de diciembre de 1896 en la población toledana de Estrella de la Jara y se había incorporado al Puerto de Santa María en abril de 1936, procedente de la Comandancia de Badajoz.

Esta vez la conducción de presos se haría por ferrocarril. Debían conducir a veinte reclusos “de filiación extremista”, desde el penal portuense hasta la prisión navarra de Pamplona. Se trataba de una conducción importante en la que, después de lo acaecido el mes anterior, no podía haber incidencia alguna. 

Ajenos a lo que iba a suceder, llegaron a la mañana del día siguiente a la estación ferroviaria de Mediodía en Madrid. Allí tuvieron conocimiento de la sublevación militar que se había producido en el norte de África. Les esperaban fuerzas del 14º Tercio de la Guardia Civil para reforzar la conducción hasta la cárcel Modelo, donde debían pernoctar los reclusos y ser recogidos al día siguiente para continuar en otro tren hasta Pamplona.

Ese 18 de julio, donde el ambiente era ya tenso por las noticias que estaban llegando, el sargento Abad junto a sus hombres, acudió al acuartelamiento del 4º Tercio. Éste se encontraba en la calle Guzmán el Bueno, donde actualmente se halla la Dirección General de la Guardia Civil. Allí se presentó y dio novedades de haber cumplimentado la primera etapa. Seguidamente pernoctaron en la sala de transeúntes. Tenían previsto recoger a primera hora de la mañana siguiente, la veintena de reclusos que debían continuar conduciendo hasta Pamplona y regresar seguidamente vía férrea al Puerto de Santa María. 

Dicho traslado debió haber proseguido por lo tanto, en la mañana del 19 de julio, pero ya para entonces España estaba en llamas. No era posible continuar hacia Navarra ni regresar a Cádiz. Los presos siguieron todavía ese día encarcelados, mientras que Abad y sus hombres fueron agregados al 4º Tercio para reforzar los servicios que se establecieron. La sublevación militar había estallado también en Madrid pero fracasó al día siguiente tras la caída del cuartel de la Montaña.

A partir de entonces, cada uno de los once componentes de la escolta portuense, protagonizarían las más variadas vicisitudes que, por razón de espacio, sería imposible detallar aquí pero que garantizarían un magnifico guión para una película o la trama argumental de una novela. Una incipiente guerra civil les había separado de su destino en Puerto de Santa María y de sus familias, a las que no sabían si algún día volverían a ver.

El sargento Abad fue uno de los que finalmente se llevó la peor parte. Se mantuvo leal al gobierno de la República y ocupó diferentes destinos, entre ellos el mando del destacamento que protegía el Ministerio de la Gobernación, edificio ocupado actualmente por la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid en la Puerta del Sol. Formó parte de la Guardia Nacional Republicana, nueva denominación que se le dio a la Guardia Civil por decreto de 30 de agosto de 1936, y cuando por otro decreto de 26 de diciembre siguiente, se creó el nuevo Cuerpo de Seguridad, que supuso la disolución de, “los Cuerpos de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación, y Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”, se integró en el mismo. Ascendido sucesivamente a brigada y teniente, fue condenado por un consejo de guerra, tras concluir la contienda, a la pena de 20 años de reclusión mayor, siéndole posteriormente conmutada por la de 6 años de prisión menor.

El cabo Garoz, que también pasó a la Guardia Nacional Republicana, desempeñó diferentes cometidos, significándose el mando del destacamento que daba seguridad a la legación diplomática de Finlandia. Detenido y encarcelado inicialmente por desafecto, al oponerse a su asalto, consiguió evadirse una vez puesto en libertad y reintegrado al servicio. Tras superar la investigación pertinente se reincorporó al puesto del Puerto de Santa María el 1º de noviembre de 1937.

Respecto al resto de la escolta, sus vicisitudes fueron también muy variadas. El único guardia 1º, Francisco Román Pliego, prestó servicio en zona gubernamental hasta el final de la contienda, pero tras ser depurado favorablemente, como le correspondía haber pasado a retiro por cumplir la edad reglamentaria en mayo de 1937, así lo hicieron en 1939 con efecto retroactivo; el guardia 2º Campos, el 9 de septiembre de 1936 se evadió de la zona gubernamental por Talavera de la Reina, regresando al puesto portuense; Castillo continuó prestando servicio en zona gubernamental hasta el final de la contienda, siendo finalmente depurado y expulsado de la Guardia Civil el 12 de diciembre de 1941; Maldonado también prosiguió y ascendió a cabo, siendo expulsado tras ser condenado el 6 de octubre de 1939 por delito de auxilio a la rebelión, a la pena de 14 años, 8 meses y un día de reclusión temporal; Montalbán también continuó pero resultó muerto el 17 de septiembre de 1936; Morente permaneció hasta concluir la guerra, reintegrándose a su puesto, tras resultarle favorable la investigación practicada, siendo declarada el 25 de diciembre de 1940 su inutilidad física; Riverola también continuó durante toda la contienda, pero fue depurado y separado del servicio el 24 de octubre de 1941; y Sánchez, que prosiguió en zona gubernamental, fue depurado favorablemente y continuó prestando servicio en la Guardia Civil.

Respecto al expediente judicial militar iniciado antes de la contienda, decir que se reanudó y concluyó en la posguerra. Según consta en una certificación expedida el 12 de noviembre de 1940 por el guardia 2º Enrique Rodríguez Flores, secretario del procedimiento instruido en esclarecimiento y depuración de los hechos que motivaron el 9 de junio de 1936 la fuga de doce presos, cuyo juez instructor era el comandante Luis Peralta Villar, 2º jefe de la Comandancia de Cádiz, se resolvió sin declaración de responsabilidad. Todo ello conforme el parecer de la auditoría de guerra de la capitanía general de Sevilla.

Al fin y al cabo, aquella fuga había ocurrido antes de la contienda y en España habían pasado cosas mucho más graves e importantes … 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXX). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (82).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 17 de julio de 2023, pág. 16.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

La condena que se le impuso en consejo de guerra al capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina, que el 18 de julio de 1936 fuera jefe de la 3ª Compañía (Puente Mayorga) de la 10ª Comandancia de Carabineros de Algeciras, fue de 30 años de reclusión mayor, como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar. Dicha pena le sería conmutada posteriormente por la de 12 años y un dia de reclusión menor.

Lamentablemente no se han podido localizar el resto de vicisitudes de Zamora, siquiera la fecha y lugar de su fallecimiento, pero sí hay constancia de un auto dictado el 7 de mayo de 2004 por el Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), siendo su presidente el coronel auditor José María Vigier Glaria y vocales el teniente coronel auditor Carlos Melón Muñoz y el comandante auditor Juan Luis Martínez Caldevilla. 

Dicho auto tenía su origen en un escrito suscrito por María Antonia Zamora Calvet, hija del protagonista involuntario de esta historia. Había solicitado la aplicación a su padre, y a título póstumo, de la anmistía contemplada en la Ley 46/1977, de 15 de octubre.

Conforme se disponía en su artículo 1º, quedaban amnistiados, entre otros, “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”. En todo caso estaban comprendidos en la amnistía, “los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar”.

El fin que perseguía dicha petición era la mejora de pensión que ella percibía en virtud de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.

El título primero de dicha ley era de aplicación a los oficiales, suboficiales y clases de tropa a que se refería el artículo 1º del Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo, por el que se regulaba la situación de los militares que tomaron parte en la guerra civil, y el artículo único de la Ley 10/1980, de 14 de marzo.

Conforme al real decreto-ley mencionado, los oficiales, suboficiales y clases de tropa que hubieran consolidado su empleo, o hubieran ingresado como alumnos de las academias militares, con anterioridad al 18 de julio de 1936, pertenecientes a las Fuerzas Armadas o fuerzas de Orden Público y que tomaron parte en la guerra civil, tendrían derecho a solicitar los beneficios que se concedían en el mismo.

Respecto a la condición de profesionales, a los solos efectos de aplicación de los beneficios económicos derivados del reiterado real decreto-ley, se les reconocía a quienes, con anterioridad al 18 de julio de 1936, se hubieran reenganchado en algún Cuerpo militar, pertenecieran en esa fecha a las Fuerzas de Orden Público o fueran miembros del Escuadrón de Escolta del Presidente de la República o alumnos de las Escuelas de Marinería de la Armada.

Conforme se establecía en el artículo 2º de la citada Ley 37/1984, el personal afectado pasó a la situación militar de retirado, con los derechos y obligaciones inherentes a la misma, con el empleo que, por antigüedad, habrían alcanzado de haber continuado en servicio activo hasta la fecha en que, por edad, les hubiera correspondido el pase a la precitada situación militar.

Y en su artículo 3º, que era el que afectaba directamente a la hija del capitán Zamora, se disponía que las viudas y huérfanos de aquellos militares tendrían derecho a percibir todas las prestaciones legales que correspondiesen, con arreglo al sueldo regulador que, en cada caso, hubieran alcanzado los causantes del mismo en el momento de su fallecimiento.

Admitido a trámite y estudiado por lo tanto el escrito presentado por María Antonia, y previo informe favorable del fiscal jurídico militar, el tribunal militar acordó que dado que el delito por el cual había sido condenado su padre, se encontraba comprendido en el ámbito de aplicación de la mentada Ley 46/1977, de amnistía, procedía hacerle aplicación de la misma, a título póstumo.

Ella falleció el 12 de enero de 2021, a los 92 años de edad en Barcelona. Tal vez sus hijos, nietos y bisnietos, desconozcan la historia del capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina, ascendido a mayor durante la guerra civil, pues ha sido muy habitual que el testimonio oral de lo padecido a causa de la misma, no se haya transmitido de generación en generación.

Si hubiera sido hecho prisionero en Málaga hubiese tenido el mismo final que tuvo el alférez Manuel González Navarro, jefe de la Sección de Carabineros de Puente Mayorga, que fue fusilado el 23 de marzo de 1937 en dicha ciudad. Hijo de José González y Antonia Navarro, había nacido el 25 de febrero de 1885 en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. 

Tenía un dilatado historial militar. Procedente de la Caja de Reclutas núm. 19 de Utrera (Sevilla), donde “quedó filiado para servir en clase de soldado por el tiempo de 12 años”, fue soldado, y posteriormente cabo, del Regimiento de Infantería del Serrallo núm. 69, de guarnición en Ceuta, donde se incorporó en la revista del mes de abril de 1907. 

Permaneció allí hasta fin de mayo de 1909, ingresando en la revista de agosto siguiente en la Comandancia de Carabineros de Cádiz, en clase de carabinero de infantería, donde permaneció hasta enero de 1913. Durante ese periodo, concretamente el 9 de enero de 1911, contrajo matrimonio canónico en Sevilla con Ana Zamudio Sánchez.

En la revista de febrero de 1913 pasó destinado a la Comandancia de Sevilla, donde en enero de 1915 fue promovido al empleo de cabo, incorporándose dos meses más tarde a la Comandancia de Tarragona. Apenas permaneció allí año y medio ya que causó alta en la Comandancia de Huelva en la revista de noviembre de 1916. Dos años después fue destinado nuevamente a la Comandancia de Cádiz. 

En noviembre de 1924 fue promovido a sargento, siendo destinado a la Comandancia de Zamora si bien apenas prestó servicio allí un par de meses ya que nuevamente pasó a la Comandancia de Cádiz. Tampoco permaneció mucho tiempo aquí ya que en la revista de noviembre de 1926 fue destinado nuevamente a la Comandancia de Sevilla.

En agosto de 1932 pasó a la Comandancia de Lérida. Allí, el 23 de febrero del año siguiente, “prometió servir bien y fielmente a la República, obedecer sus Leyes y defenderla con las armas”. Dos meses más tarde fue destinado a la Comandancia de Huelva, donde en noviembre de 1934 ascendió a brigada. En agosto anterior manifestó por escrito, “no pertenecer como socio afiliado o adherido a ningún Centro, partido, agrupación o sociedad que revista carácter sindical o societario”.

Al suprimirse la Comandancia de Huelva, con motivo de la reorganización de las zonas y comandancias de Carabineros, dispuesta el 2 de noviembre de 1935, pasó a integrarse en la 12ª Comandancia de Sevilla,

(Continuará).

 

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXIX). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (81).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 10 de julio de 2023, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

  

 

Por orden de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, de 4 de octubre de 1936, el capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina dejó cuatro días después el frente del río Guadiaro que discurre entre las provincias de Cádiz y Málaga.

No se ha podido documentar la razón del cambio, pero probablemente fuera por la necesidad de contar con cuadros de mandos profesionales leales al gobierno de la República, así como redistribuir idóneamente los existentes.

De hecho, poco después, mediante orden de 3 de noviembre siguiente, del Ministerio de Hacienda, donde se destinaban 44 jefes y oficiales de Carabineros, Zamora, presentado en Málaga, procedente de la 3ª Compañía de Puente Mayorga, de la 10ª Comandancia (Algeciras), pasó a desempeñar una “comisión activa del servicio”, y afecto para haberes, a la 15ª Comandancia de Carabineros. Ésta, tras la reorganización dispuesta, a propuesta del ministro de Hacienda Joaquín Chapaprieta Torregrosa, en el decreto de 28 de septiembre de 1935, y la posterior subsanación del error de ajuste en el cuadro de clasificación, tenía además por demarcación territorial las provincias de Zaragoza, Soria, Logroño, Álava, Burgos, Palencia, León, Valladolid, Segovia, Ávila, Guadalajara, Teruel, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Córdoba y Jaén.

Zamora no fue el único oficial procedente de la Comandancia de Algeciras al que le fue asignado nuevo cometido. Entre otros oficiales evadidos del Campo de Gibraltar ocupado por los sublevados, estaban también los tenientes Andrés Lajarín Martínez, jefe de la Sección de Carboneras, perteneciente a la 1ª Compañía de Atunara, y Manuel Martínez Mora-Núñez, jefe de la Sección de Jimena de la Frontera, perteneciente a la 3ª Compañía de Puente Mayorga; así como el alférez Manuel González Navarro, jefe de la Sección de Puente Mayorga, perteneciente a la referida 3ª Compañía. Los tres quedaron comisionados en la 9ª Comandancia de Málaga.

Hay que significar que la mentada orden ministerial estaba suscrita por delegación, por el abogado del estado Luis de la Peña Cuesta. Este curioso personaje había sido nombrado director general de lo Contencioso del Estado en el Ministerio de Hacienda, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. 

Al iniciarse la sublevación militar, la presidencia del consejo de ministros, a cuyo frente se encontraba José Giral Pereira, lo nombró vocal, en decreto de 29 de julio siguiente, de la “Junta Central de Socorros, encargada de recoger, administrar y distribuir los donativos voluntarios en metálico hechos con la finalidad de atender a los combatientes contra la sublevación militar de Julio de 1936 y a las familias de los muertos e inutilizados en dicha campaña”. 

También fue nombrado, por decreto de 1º de agosto siguiente, “censor” de la “Junta de la Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación”, ubicada en Madrid, dada su condición de académico “afecto a la legalidad”. Dicha institución, “de acuerdo con los componentes del Frente Popular y en nombre del Gobierno de la República”, había sido incautada, ya que estaba constituida, “en su gran mayoría  por personas que en los momentos actuales y por su actitud pasiva –traducida en la interrupción de la vida académica- no se han hecho acreedores a la confianza del Gobierno para continuar rigiendo un organismo dependiente del Ministerio de Instrucción pública. 

El 16 de septiembre siguiente, ya con Juan Negrín López como ministro de Hacienda, fue nombrado director general de Rentas públicas, teniendo que dimitir como director general de lo Contencioso del Estado. A partir de esa fecha, y hasta que por decreto de 9 de enero de 1937 se aceptó su nueva dimisión, firmó por delegación, todas las ordenes ministeriales relativas a los componentes del Instituto de Carabineros. Entre ellas, las relativas a las vicisitudes de los pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, tanto de los que permanecieron leales al gobierno de la República, como de los que se sumaron a la sublevación militar, causando en este caso, baja gubernamental en el Cuerpo. 

Si bien, por decreto de 10 de octubre de 1936 había sido nombrado por el consejo de ministros, a propuesta del de Justicia, entonces Mariano Ruiz Funes, como magistrado del Tribunal Supremo, continuó desempeñando sus responsabilidades en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, apenas dos meses después, por otro decreto de 13 de marzo de 1937, se dispuso su separación definitiva del servicio, “con pérdida de todos los derechos inherentes a su cargo, por abandono de destino”. Se ignora que fue de su suerte, pero próxima ya a finalizar la contienda, el bando contrario, por orden fechada en Burgos el 14 de marzo de 1939, del Ministerio de Hacienda, también fue separado definitivamente del servicio y dado de baja en la escala de abogados del Estado. Debió sobrevivir a la guerra civil ya que entre 1977 y 1980 hay constancia de que una persona con esa misma filiación promovió reclamaciones judiciales, via contencioso-administrativa, frente a la expropiación de una finca de su propiedad en la provincia de León.

Regresando a las vicisitudes del capitán Zamora, que han podido ser parcialmente reconstruidas gracias a las disposiciones publicadas en la “Gaceta de la República” y el “Boletín Oficial del Instituto de Carabineros”, editados sucesivamente en Madrid, Valencia y Barcelona, en función del repliegue que se veía obligado a realizar el gobierno de la República, motivado por la modificación de los frentes de guerra.

Antes de finalizar 1936 pasó destinado a la Comandancia de Carabineros de Barcelona, donde por orden del Ministerio de Hacienda, de 12 de junio de 1937, de con­formidad con lo propuesto por la “Comisión de Clasificación y Ascensos de Carabineros”, creada por decreto de 10 de octubre de 1936, se resolvió promover su ascenso al empleo de mayor (asimilado a comandante), “por su ac­tuación desde que estalló el movimien­to subversivo, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antiguedad del día 30 de Noviembre de 1936”.

El 3 de julio siguiente, a propuesta del jefe de las fuerzas del Instituto de Cara­bineros en Cataluña y Huesca, se dispuso por el Ministerio de Hacienda que el mayor Zamora pasase destinado en su nuevo empleo a la Jefatura del Detall de la Comandancia “fija” de Barcelona.

Por orden de 20 de enero de 1938, dimanante del Ministerio de Hacienda, fue designado para el mando del Batallón de Carabineros núm. 42, compatibilizando puntualmente dicha responsabilidad con la de vocal de la “Junta de Gobierno y Administración del Colegio de Carabineros”. Éste, por las vicisitudes bélicas había sido trasladado desde la población madrileña de El Escorial hasta la localidad valenciana de Alacúas.

Diez meses más tarde, por orden de 25 de octubre, pasó destinado a la “Jefatura de Fuerzas del Este” en concepto de auxiliar, sustituyendo al de igual empleo Urbano Rubio Alonso, que pasó a su vez a encargarse del mando del citado batallón.

Aquí se le pierde temporalmente el rastro documental de sus vicisitudes durante la contienda. Tras su finalización sería juzgado por un consejo de guerra y condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor, como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar, conmutada posteriormente por la de 12 años y 1 día de reclusión menor.

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLXXVIII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (80).

 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 3 de julio de 2023, pág. 16.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

  

La hoja de servicios del capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina, jefe de la 3ª Compañía (Puente Mayorga), concluye con la siguiente vicisitud correspondiente a 1937: “Según orden comunicada de la Secretaría de Guerra del Estado Español, número 1.941 de 27 de enero marginal, este Oficial causa baja definitiva en el Ejército por hallarse incurso en el artículo 2º del Decreto del Gobierno Nacional número 93 (B.O. número 51), por abandono de destino, y, en consecuencia en este Instituto y Comandancia en fin del referido mes”.

Quien había suscrito tal anotación, a 31 de enero de 1937, era el propio jefe de la 10ª Comandancia de Carabineros de Algeciras, teniente coronel José Marqués Mesías. Todo ello, tras haber hecho constar en las vicisitudes relativas a 1936 que: “El día 25 de julio y al ordenársele a este Oficial se concentrara en esta residencia (Algeciras) con motivo del actual Movimiento Nacional con la fuerza de su Compañía, desapareció de su residencia, de donde según noticias, pasó a unirse a las fuerzas marxistas en Málaga”.

Sin embargo, ¿qué fue de este oficial procedente del Arma de Infantería y que había participado en las campañas de Marruecos como oficial de la Legión? Pues hoy día se puede saber, gracias a la documentación obrante en su expediente personal existente en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior; diversas resoluciones publicadas en la “Gaceta de Madrid” y la “Gaceta de la República”; así como la documentación inédita muy recientemente facilitada por el doctor en Historia y coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar Joaquín Gil Honduvilla, autor del libro “Militares y sublevación. Cádiz y provincia 1936. Causas, personajes, preparación y desarrollo”, publicado en 2013 por Muñoz Moya editores.

De singular interés resulta el “Procedimiento sumarísimo de urgencia” núm. 80/17/1937, instruido tras la ocupación de la ciudad de Málaga, acaecida el 8 de febrero de 1937, contra el capitán Zamora y su subordinado directo, el alférez de Carabineros Manuel González Navarro. Éste era el jefe de la Sección de Puente Mayorga, de la que dependían a su vez los puestos de la residencia, tanto de aduana como de marinos, así como los de Guadarranque y el de marinos de dicho río que le daba nombre. 

Inicialmente fue instruido por el oficial 3º (asimilado a teniente) de la “Escala Honorífica de Complemento del Cuerpo Jurídico Militar”, Ángel Domenech Romero. Éste, que se había sumado a la sublevación militar, era abogado e hijo del decano de los procuradores de los tribunales de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Pronto fue sustituido por el de igual empleo de la escala de complemento del Cuerpo Jurídico Militar, Fernando Vázquez Domínguez. Como secretario actuó el abogado habilitado Diego Ruiz González.

En dicho procedimiento consta que el capitán Zamora, el alférez González, así como 51 clases y carabineros, habían cruzado el 25 de julio de 1936, la “Verja” para entrar en la colonia británica de Gibraltar. Lo hicieron de forma separada y vestidos de paisano para no llamar la atención, no portando consigo armamento reglamentario alguno. De allí, días después, pasaron vía marítima al puerto de Málaga.

Según transcripción facilitada desde el estado mayor del “Cuartel General del Generalísimo” en Salamanca, el 25 de febrero de 1937, de un telegrama remitido el 4 de agosto de 1936 por el coronel comandante militar de Málaga al ministro de la Guerra en Madrid, se refería sobre dicho grupo: “Este personal prefería huir antes que prestar servicio a los rebeldes y vienen dispuestos a trabajar por el restablecimiento del orden. Lo he autorizado para que queden aquí y he dispuesto que sean vestidos y armados para autorizarlos para cuando actuasen por frente de Estepona a donde los voy a enviar a reforzar aquel Frente que vigila el río Guadiaro”.

Continuando con la transcripción, decía: “De lo más importante que dice este Capitán es que la gente de Algeciras está muy desmoralizada y sin embargo cruzan frecuentemente a Gibraltar y mantienen relaciones con esta Plaza, de donde sacan víveres y otros auxilios sin que el Cónsul de España lo impida, no siendo el titular del Consulado el que se encuentra en este punto, sino un Vice-Cónsul, que tengo entendido no debe ser adicto a la causa”.

Aunque no se precisaba en el procedimiento, era muy probable que dicho texto se obtuviera de la numerosa documentación intervenida y analizada tras la ocupación por los sublevados, de la comandancia militar de Málaga.

El 7 de mayo de 1937 el juez instructor, oficial 3º Fernando Vázquez, dictaba una providencia por la que se disponía que solicitase al primer jefe de la Comandancia de Carabineros de Málaga, que remitiese informe relativo a la situación en que se encontraban el capitán Zamora y el alférez González, así como que diese, “las órdenes oportunas para su detención y conducción a las Prisiones Militares si se hallasen en libertad”.

Cumplimentado inmediatamente, se informó que el capitán Zamora, “pertenecía a la Comandancia de Algeciras, de donde huyó en los últimos días de julio de 1936, presentándose en esta Capital, desde donde se trasladó a Guadiaro, y con fecha 8 de octubre marchó a Madrid por haberlo dispuesto así la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda con fecha 4 del mismo mes”. 

Respecto al alférez Gonzalez, se informó, “que vino a Málaga de la misma procedencia, con dicho Capitán, fue condenado a la pena de muerte según comunicó a esta Comandancia el Ilmo. Sr. Auditor del Ejército del Sur, en escrito de 25 de marzo último”. Dos días antes había sido fusilado en cumplimiento de la sentencia dictada el 17 de marzo de 1937 por el “Consejo de Guerra Permanente” núm. 3 de la plaza de Málaga. 

No fue el único componente de Carabineros ejecutado ya que a lo largo del mes de febrero y marzo lo fueron varias decenas que se habían mantenido leales al gobierno de la República. El más caracterizado de ellos fue el comandante Andrés Surís Miró, que al iniciarse la sublevación militar se encontraba destinado como 2º jefe en la 9ª Comandancia de Málaga. A su vez, el primer jefe de la misma, teniente coronel Carlos Florán Casasola había sido fusilado con anterioridad, al igual que lo fue en Estepona su hijo Carlos Florán Barberán que era falangista, junto otros oficiales de Carabineros que se sumaron al alzamiento militar.

Dado que el capitán Zamora no se encontraba en Málaga cuando fue ocupada, pues de haber estado y ser detenido, hubiera sido fusilado seguramente como sucedió con el alférez González, el juez instructor, teniente Vázquez, elevó el 14 de mayo de 1937 a la auditoría de guerra de la 2ª División Orgánica (Sevilla), propuesta de archivo provisional, “hasta tanto se presente o sea habido”. Respecto al alferez de Puente Mayorga, dado que había sido pasado por las armas, solicitó el archivo definitivo.

Ocho días después, se celebró en Málaga el consejo de guerra, que tras examinar el procedimiento sumarísimo urgente núm. 80, acordó el archivo provisional de las actuaciones contra el capitán Zamora, “por comprobarse que se encuentra en rebeldía en campo rojo”.

(Continuará).