LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XC). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (8).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 25 de octubre de 2021, pág. 6.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El guardia 2º José Antonio Montes Gil, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular nº 13 de la Inspección General de la Guardia Civil, fechada el 1º de mayo de 1939, volvió a ser destinado a la Comandancia de Cádiz, causando alta en la revista del mes de junio siguiente. A su regreso de Jaén se reincorporó al puesto de San Roque, donde permanecería prestando servicio hasta marzo de 1941 que fue destinado al puesto de La Atunara, en La Línea de la Concepción.

Siendo guardia de 1ª clase pasó a la situación militar de retiro a finales de febrero de 1944, tras cumplir la edad reglamentaria. Ésta se había fijado en 50 años, cuando antes era a los 54, conforme lo dispuesto en la ley de 15 de marzo de 1940, mediante la que se reorganizaba “el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil”. 

No obstante, existía la posibilidad de solicitar voluntariamente la continuación en el servicio hasta las 56 años de edad, si se contaba con la aptitud física necesaria, para nutrir los “Tercios de Veteranos” creados en la citada ley. A éstos se les encomendó “la custodia de cárceles, penales, campos de penados y otros organismos similares, constituyéndose con personal especializado las Compañías afectas a la represión del fraude y vigilancia del contrabando en las Aduanas y en el interior del país”.

Consecuente con ello una orden fechada el 8 de mayo de 1940, dimanante del Ministerio del Ejército, cuyo titular era el general de división José Enrique Varela Iglesias, había dejado en suspenso la concesión del pase a la situación de retirado de aquellos que deseasen continuar prestando servicio. Tras el nombramiento, en julio de 1943, del nuevo director general de la Guardia Civil, general de división Camilo Alonso Vega, el criterio de concesión fue radicalmente restrictivo como lo demuestra lo sucedido al guardia 1º Montes. A pesar de haberlo peticionado en plazo y forma así como contar con el informe muy favorable del jefe del 16º Tercio Rural (Cádiz), coronel José Enríquez Ramírez-Cárdenas, le fue desestimado. La razón de ello se debió a la imposición, hacía ya más de veinte años, de unas sanciones disciplinarias de carácter leve que llevaban invalidadas casi dos décadas. 

Por otra parte hay que significar que dado que el sueldo que percibían los guardias civiles era ya de por sí reducido, la pensión de retiro a percibir lo era aún más, siendo proporcional a los años de servicio. Como los que pasaban a retiro a los 50 años solían tener todavía una importante carga familiar, se contemplaba en la mentada ley que pudiesen cubrir, con carácter preferente, “en concurrencia con otros agentes de fuerzas de Orden Público”, las plazas que hubiera vacantes de “guardias de puertos, aduanas, inspectores o vigilantes de Resguardos, porteros de los Ministerios y otros destinos menos activos que pudieran establecerse en la Administración Central, provincial o municipal”. 

En dichos destinos percibían del Estado el haber pasivo que hubiesen acreditado, más una gratificación mensual a satisfacer por la entidad a la que fueran afectos. Podían permanecer en esos puestos de trabajo hasta los 60 años de edad, pasando entonces a la situación de “jubilados”, si bien podían prorrogar seis años más la prestación de sus servicios, según la índole de los mismos y previo reconocimiento médico que determinase su aptitud. Todo ese periodo de servicio les valía para mejorar su pensión hasta llegar al ciento por ciento del que disfrutaban y que percibirían a partir de los 40 años de servicios.

Otra opción que se les daba en dicha ley, previa a alcanzar la edad de retiro, era que aquellos que cumpliesen 20 años de servicios en el Cuerpo, tuvieran derecho preferente para ocupar “las plazas de guardias de la policía urbana” que sacasen a concurso los ayuntamientos, así como las de guardas forestales y aquellas otras que pudieran señalarse y requiriesen determinada aptitud física. En tales casos percibirían el sueldo mensual previsto para el puesto de trabajo, a abonar por la corporación correspondiente, más un treinta por ciento de la pensión que tuviesen fijada por el Estado.

 

El guardia 1º Montes al retirarse estableció su residencia en San Roque con su esposa Josefa Ramos Bellido, natural de Vélez-Málaga, y sus cuatro hijos llamados Sebastián, Josefa, Antonio y Jesús. Fallecería en noviembre de 1980 en La Línea de la Concepción a los 87 años de edad.

 

El guardia 2º José Barragán Vega, natural de la localidad malagueña de Cortes de la Frontera, tenía también 43 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde diciembre de 1930, procedente del puesto de Casas Viejas. Sus vicisitudes durante la contienda fueron similares a las de su compañero Montes ya que fue otro de los guardias civiles de la Compañía de Algeciras que estuvo concentrado hasta mediados de marzo de 1937 en San Pedro de Alcántara. También, a fin de marzo de 1939, marchó a Jaén formando parte de la 35ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil cuyo jefe era el capitán Eduardo Comas Añino, que estaba al mando de la Compañía de Algeciras.

Barragán, tras los mismos cambios de destino de la Comandancia de Cádiz a la de Jaén y retorno que tuvo su compañero Montes, fue nuevamente destinado al puesto de San Roque. Continuó prestando servicio en él hasta fin de junio de 1941, mes en el que pasó destinado al puesto de La Línea de la Concepción. 

En enero de 1944, casado con Cristobalina Reyes Sánchez, natural de Cádiz, y con cinco hijos, de los que cuatro eran hembras, pasó a la situación de retiro tras cumplir la edad reglamentaria. Inicialmente fijó su residencia en la barriada de San Martín del Tesorillo, perteneciente entonces al municipio de Jimena de la Frontera. El Consejo Supremo de Justicia Militar le asignó una pensión mensual de 227’50 pesetas. Por aquel entonces un guardia civil percibía poco más de 300 pesetas mensuales. Fallecería en la navidad de 1963 en Valencia cuando contaba 71 años de edad.

El guardia 2º Manuel Medina Martín, natural de La Línea de la Concepción, tenía 37 años de edad el 18 de julio de 1937. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde septiembre de 1929, procedente del puesto de Alcalá del Valle. En marzo de 1938 fue destinado al puesto de Zahara, perteneciente a la Compañía de Villamartín, donde fue ascendido en junio al empleo de cabo por méritos de guerra contraidos “en el primer periodo de operaciones desde el 17 de julio al 31 de diciembre de 1936”.

En la revista de julio de 1938 fue destinado al puesto de Puerto Serrano donde apenas permaneció tres meses ya que en octubre pasó al puesto de Arcos de la Frontera. Ordenada su incorporación a la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil, encuadrada en el Cuerpo de Ejército Marroquí, se presentaría en la localidad zaragozana de Caspe el 18 de noviembre. Durante el resto de la contienda seguiría las mismas vicisitudes del cabo Rodrigo Vázquez Villalobos, ya relatadas en un capítulo anterior. 

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXIX). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (7).

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de octubre de 2021, pág. 8.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Finalizada la contienda se procedió a iniciar por los vencedores la desmovilización de parte de sus tropas. También comenzó el retorno a sus puntos de origen de aquellas que habían ocupado las últimas provincias que permanecieron bajo control del gobierno de la República. 

Las compañías expedicionarias de la Guardia Civil se encontraban entre estas últimas, pero antes era necesario que permanecieran todavía varias semanas más dónde se encontraban destacadas. La razón de ello era evitar que las poblaciones de esas provincias se quedasen sin presencia de fuerzas del Cuerpo mientras se realizaba una primera criba depurativa de los que habían permanecidos leales al gobierno de la República desde el inicio de la contienda. Todos los ingresados durante la Guerra Civil fueron dados de baja inmediatamente.

De hecho, ya el inspector general del Cuerpo, teniente general del Ejército Emilio Fernández Pérez, se había anticipado dictando el 11 de abril de 1939 la Circular nº 8. Conforme a la misma, el personal de las compañías expedicionarias recién disueltas pasaría a formar parte, a partir de la revista de mayo, de las comandancias en cuyas provincias se encontraban en esa fecha.

En la zona sublevada se había redactado a principios de octubre de 1936, un borrador de norma que regulase el ingreso en la Guardia Civil de nuevos aspirantes, con carácter provisional, ya que no se contaba con personal suficiente habida cuenta que poco más de la mitad de su plantilla se encontraba en la zona gubernamental. En dicho borrador se daba preferencia a los que se hallasen en posesión de la cruz laureada de San Fernando o de la medalla militar individual; los hijos del Cuerpo; los licenciados del mismo que no hubiesen cumplido los 50 años de edad; los que hubieran prestado servicio “con motivo del actual movimiento militar salvador de España”, en las filas del Ejército o de “las Organizaciones de Falange Española, Requetés, Guardia Cívica y Milicias Nacionales”; y los hijos cuyos padres “perdieron la vida en defensa de la Patria”. 

Sin embargo, y al contrario de lo que inmediatamente había sucedido en la zona gubernamental, donde se admitió masivamente el ingreso de nuevos aspirantes cuya lealtad ideológica estuviese avalada por escrito por alguno de los partidos y organizaciones del Frente Popular, se decidió finalmente no hacer lo mismo en la zona sublevada. La Inspección General de la Guardia Civil, radicada en Valladolid, informó negativamente dicha propuesta.

Los únicos aspirantes que ingresarían durante la contienda serían los que se habían examinado antes del inicio de la sublevación militar y habían aprobado, estando pendientes de incorporación. En su mayor parte causaron alta en la revista del mes de agosto de 1936. El motivo principal de tal decisión residió en que la Guardia Civil venía realizando hasta la fecha una exhustiva investigación sobre todos los antecedentes personales y familiares del aspirante, al objeto de garantizar que los que ingresasen carecían de tacha alguna. 

Al estar entonces el país en guerra civil, con buena parte de las provincias todavía en zona gubernamental, no se podían completar dichas investigaciones, por lo que realmente no había seguridad sobre la limpieza de antecedentes desfavorables del aspirante. También fue un factor importante que desde la propia Guardia Civil se quisiera evitar la entrada masiva de personal procedente de milicias políticas por muy afines que fueran a los sublevados. De hecho, en el fuero interno del benemérito Instituto existía una gran desconfianza hacia a una posible avalancha de ingresos que pudiese “contaminar” al Cuerpo. 

Dicha medida preventiva, que se cumplió estrictamente hasta la finalización de la contienda, provocó durante ese periodo un importante decifit en las plantillas del benemérito Instituto, siendo mucho más patente al reanudarse el tradicional servicio peculiar en tiempos de paz. Es por ello que el 9 de mayo de 1939 el ministro de Defensa Nacional, general de división Fidel Dávila Arrondo, procedió desde Burgos a dictar una orden mediante la que disponía que, “el personal de tropa de la Guardia Civil que se encuentre en Cuerpos y Unidades del Ejército, causará baja en ellos, incorporándose a las Comandancias del Instituto, en cuyas demarcaciones se hallen aquéllos, en las que quedan a disposición del Inspector General del mismo”. Era muy necesario que los guardias civiles encuadrados en unidades del Ejército regresasen cuanto antes a su servicio peculiar donde más falta hiciesen.

Sin embargo, aquello era una medida provisional pues sus integrantes eran necesarios también en sus comandancias de origen donde además se encontraban sus familias. En el caso de quienes habían constituido la 7ª Compañía Expedicionaria, transcurridas dos semanas y reincorporada al servicio la mayor parte de la plantilla de Murcia, se dispuso que volvieran destinados a sus unidades de partida, debiendo causar alta en la revista del mes de junio.

Así, el cabo Rodrigo Vázquez Villalobos regresó a la Comandancia de Cádiz, reincorporándose el 28 de mayo al puesto de Espera, donde permanecería hasta su pase a la situación de retiro en enero de 1944. Viudo de primeras nupcias de Esperanza Iglesias Sánchez, sin descendencia, había contraido matrimonio con María Domínguez Jiménez, con quien había tenido dos hijos llamados José Antonio y Eloisa. Fijó su residencia en San Roque, donde conviviría con su familia hasta su fallecimiento en febrero de 1978 a la edad de 87 años.

El guardia 2º José Espinosa Sánchez, natural de Jimena de la Frontera, tenía 48 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde junio de 1930, procedente del puesto de Los Barrios. El 1º de abril de 1937, según comunicó el jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García, al inspector general del Cuerpo en Valladolid, dicho guardia 2º falleció en la clínica militar de Algeciras como consecuencia de una enfermedad que venía padeciendo. Tenía 49 años de edadn y dejó viuda a Catalina Fernández Rodríguez, con quien había contraido matrimonio en Jimena en octubre de 1916. También dejó ocho huérfanos: Gaspara de 20 años de edad, Esteban de 19, Francisco de 15, Josefa de 14, Manuel de 12, Aurora de 9, Amparo de 8 y Dulce Nombre de 4. 

El guardia 2º José Montes Gil, natural de la localidad albaceteña de La Gineta, tenía 43 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde diciembre de 1932, procedente del puesto de Chipiona. Cuando comenzaron las operaciones de las columnas de los sublevados sobre la provincia limítrofe de Málaga, fue uno de los guardias civiles de la Compañía de Algeciras que fueron concentrados en una de sus localidades, permaneciendo hasta mediados de marzo de 1937 en la localidad de San Pedro de Alcántara.

Permanecería en San Roque prestando servicio peculiar propio del benemérito Instituto hasta que el 30 de marzo de 1939, jornada anterior de la victoria de los sublevados, marchó concentrado a la provincia de Jaén, formando parte de la 35ª Compañía Expedicionaria. Como consecuencia de la mentada Circular nº 8 de 11 de abril siguiente, pasó destinado a la comandancia jienense, causando alta en la revista del mes de mayo.

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXVIII). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (6).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de octubre de 2021, pág. 11.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

El 27 de noviembre de 1938 se había procedido en la población zaragozana de Caspe al relevo por miembros de la Comandancia de Cádiz, de buena parte de los componentes de la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil que llevaban en zona de operaciones desde el 1º de mayo. Ello no afectó al cabo Rodrigo Vázquez Villalobos pues apenas llevaba allí poco más de una semana. 

El día 30 del mes siguiente, tras haber estado apenas cuatro jornadas en la localidad tarraconense de Bot, regresaron a Calpe, donde tenían su acantonamiento. Dos semanas después, el 14 de enero, marcharon para la provincia de Tarragona, “acompañando al Cuerpo de Ejército Marroquí para tomar parte en las operaciones sobre Cataluña”, tal y como consta en el diario de operaciones de la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil. 

Desde Tortosa participaron sucesivamente durante la semana siguiente en la toma de las poblaciones de Roquetas, Jesús y María, Reguers, Cambrils, Reus, Tarragona capital, Valls y Montblanch. Incluso hicieron una incursión hasta la localidad limítrofe leridana de Vinaixa para regresar a Reus, saliendo para la provincia de Barcelona. Allí entraron en Stiges y en Villanueva y Geltrú.

El día 26 el cabo Vázquez, junto a su compañía, tomó parte en la ocupación de la capital barcelonesa. Junto al estado mayor de la 13ª División, mandada por el coronel de Caballería Fernando Barrón Ortiz, habilitado para ejercer el empleo de general de brigada desde el 9 de abril de 1937, marcharon a San Baudilio de Llobregat. Allí permanecerían hasta el 14 de febrero, procediendo durante los diez días siguientes a prestar “servicio de vigilancia” en la localidad de El Prat de Llobregat.

Finalizadas las operaciones en Cataluña se dispuso que el Cuerpo de Ejército Marroquí, y con él la 13ª División, pasase a incorporarse al Ejército del Sur, mandado por el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra. Consecuente con ello se procedió el 24 de febrero al embarque en tren de toda la compañía con destino a la ciudad pacense de Mérida. Cuatro días después marcharon a Trujillanos y tras tres semanas de descanso salieron de operaciones para el sector cordobés de Peñarroya-Pueblo Nuevo. Allí tomarían parte en la ocupación de los pueblos de El Viso, Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba. El 26 de marzo llegaron a Almadén, provincia de Ciudad Real, donde tras permanecer tres días en “servicio de campaña” regresaron a Trujillanos. El 31, víspera del fin oficial de la contienda, salieron para Murcia.

Llegada a esta fecha hay que significar que concluida la Guerra Civil el 1º de abril siguiente con la victoria por las armas de quienes se habían sublevado casi tres años antes contra el gobierno de la República, la Guardia Civil inició un largo proceso de reorganización interna. Éste culminó en su primera fase con la absorción de los componentes, acuartelamientos y material del Cuerpo de Carabineros. Desaparecido tras la entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 1940, sus funciones de vigilancia de costas y fronteras así como de resguardo fiscal del Estado serían asumidas por la Guardia Civil. Tras una segunda fase motivada por el consiguiente proceso de integración, que fue lento pero sin pausa, si bien muy complejo y no exento de polémicas internas, la Guardia Civil reiniciara su camino pero con mayor fortaleza y más competencias.

El primer paso que se dio en abril de 1939 con las compañías expedicionarias de la Guardia Civil que estaban integradas en las Divisiones y Cuerpos de Ejército que estaban desplegadas en las provincias que habían permanecido hasta el final bajo control gubernamental, fue su disolución. La guerra civil había finalizado y ya no era necesaria su actuación como policía militar, siendo en cambio imprescindible reintegrarse a su servicio peculiar en las unidades territoriales del benemérito Instituto. 

En el caso concreto de la 7ª Compañía Expedicionaria, a la que continuaba perteneciendo el cabo Vázquez junto a otros muchos guardias civiles procedentes del Campo de Gibraltar, se ordenó su disolución el 3 de abril por el inspector general del Cuerpo, teniente general Emilio Fernández Pérez.

Sin embargo, su personal no regresaría todavía a sus unidades de procedencia ya que serían destinados en su totalidad a la Comandancia de Murcia. Ocho días después el inspector general dictaba la Circular nº 8 por la que el personal de las compañías expedicionarias recién disueltas pasaría a formar parte, a partir de la revista de mayo, de las comandancias en cuyas provincias se encontraban.

Se trataba de un destino temporal ya que por Circular nº 13 se dispondría su regreso a las comandancias de origen. En el caso de los de la extinta 7ª Compañía Expedicionaria, causarían alta nuevamente en la Comandancia de Cádiz en la revista del mes de junio. La razón de ese destino temporal de un mes aproximadamente se debía a que debía mantenerse un servicio mínimo en la provincia de Murcia, ya que los guardias civiles destinados en julio de 1936 en esa Comandancia debían ser objeto de una investigación inicial, y en su defecto también de depuración, tanto por su actitud como por su actuación a partir de la fecha de la sublevación militar hasta el fin de la contienda. En principio todos fueron desarmados y a medida que superaban el proceso volvían a ser reintegrados en el servicio. Aquellos que no lo conseguían eran encarcelados y procesados por la jurisdicción militar.

Los guardias civiles murcianos primero habían sido reconvertidos en guardias nacionales republicanos como consecuencia del decreto de 30 de agosto de 1936, que reorganizó la Guardia Civil y cambió su denominación. Casi cuatro meses después, por decreto de 26 de diciembre, pasó a crearse el llamado “Cuerpo de Seguridad”, disponiéndose la disolución de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación así como las “Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”. Los procedentes de la Guardia Civil terminaron encuadrados en el “Grupo Uniformado” del nuevo “Cuerpo de Seguridad”.

La Comandancia de Murcia al iniciarse la sublevación se había mantenido en su conjunto, salvo algunas excepciones, leal al gobierno de la República. No obstante su jefe, el teniente coronel Antonio Borges Fe, fue cesado en el mando y pasado el 28 de octubre de 1936 a la situación de disponible forzoso por desafecto. El 2 de mayo siguiente sería condenado por el “Tribunal Especial Popular” de Murcia a la pena de 12 años y 1 día de internamiento en campos de trabajo, acusado del delito de rebelión militar. Ello a su vez no impediría que en agosto de 1941 se le instruyera por el juez instructor provincial de “Responsabilidades Políticas” de Murcia, el correspondiente expediente como consecuencia de no haberse sumado inicialmente al “Glorioso Alzamiento Nacional”.

El caso es que el 3 de abril de 1939 los componentes de la extinta 7ª Compañía Expedicionaria pasarían a integrarse en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia y el capitán Herrero se convertiría en su jefe accidental hasta ser relevado una semana después por otro mando de mayor antigüedad.

 

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXVII). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (5).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de octubre de 2021, pág. 11.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 18 de noviembre de 1938 el cabo Rodrigo Vázquez Villalobos, que hasta marzo había estado destinado como guardia 2º en el puesto de San Roque, se incorporó en la localidad zaragozana de Caspe a la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil. Ésta pertenecía al Tercer Grupo de dicho Instituto en el Cuerpo de Ejército Marroquí. 

Un día antes, el jefe de dicha compañía, capitán Ángel Fernández Montes de Oca, había sido relevado por el de mismo empleo, Victoriano Herrero Llorente. El primero procedía del mando de la Compañía que tenía su cabecera en la ciudad de Cádiz mientras que el segundo procedía de la Comandancia de Segovia, donde desempeñaba los cometidos de cajero. No era habitual que siendo todos los componentes de una comandancia determinada, en este caso de la de Cádiz, se enviase un capitán de otra provincia a mandarla. 

Pero la razón de ello era la escasez de oficiales que padeció el Cuerpo en el bando sublevado durante la Guerra Civil. Una vez deducidos los que habían fallecido durante la contienda por diversas causas, no siempre bélicas, los que se habían mantenido leales al gobierno de la República y se encontraban sirviendo en el bando contrario, los que estan presos por diferentes causas y los que habían cumplido la edad reglamentaria de retiro, sólo quedaban los que estaban en activo. Estos se repartían entre tres cometidos: el servicio peculiar en las unidades territoriales, el servicio en unidades del Ejército y el servicio en las unidades expedicionarias. Durante la Guerra no hubo ingresos de nuevos oficiales en la Guardia Civil, salvo promoción interna, al igual que no hubo tampoco ingreso de nuevos guardias. 

Un par de meses antes se había incorporado el teniente Alfredo Fernández Fernández, jefe de la línea de Rota, en sustitución de Odón Ojanguren Alonso, cuyos servicios “especiales” en relación a la colonia británica de Gibraltar le hacían imprescindible en La Línea de la Concepción.

En Andalucía el empleo de unidades expedicionarias de la Guardia Civil fue una constante en los sublevados desde el inicio del alzamiento militar. En la primera fase de la contienda se organizaron en aquellas ciudades donde había triunfado la sublevación unas columnas de operaciones compuestas habitualmente por un heterogéneo grupo de unidades militares. Estas procedían tanto del norte de África como de las guarniciones provinciales sumadas a la sublevación. Solían predominar las fuerzas de Infantería y era habitual contar en los primeros meses con el apoyo de milicias civiles de falangistas y requetés. Respecto a estas últimas hay que decir que en su mayoría eran de nueva filiación pues en las elecciones de febrero de 1936 sus resultados habían sido insignificantes.

En esa primera fase hubo básicamente dos tipos de columnas. El objetivo fundamental de las primeras era ocupar los pueblos de la provincia donde la sublevación había fracasado o dónde siquiera se había producido. Ello sucedió en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, no dejando de operar hasta quedar en su totalidad en poder de los sublevados. En las de Córdoba, Granada y Málaga se librarían muy duros combates al ofrecerse fuerte resistencia gubernamental y salvo la última, que cayó en febrero de 1937, no se llegarían a ocupar completamente hasta el final de la contienda. Las de Almería y Jaén permanecerían bajo control gubernamental hasta el final de la contienda.

El objetivo final de las segundas, mucho más numerosas en cuanto a efectivos y material así como más robustas en cuanto a potencial bélico, era ocupar Madrid. Durante su marcha hacia la capital de la República fueron tomando poblaciones de todo tipo que encontraban a su paso. Su núcleo principal estaba formado por tropas legionarias y de regulares indígenas. 

En ambos tipos de columnas fueron incorporados, en mayor o menor número y con carácter expedicionario, guardias civiles. La Comandancia de Cádiz fue una de la que desde el primer momento envió efectivos a todos los frentes, acompañando a las unidades combatientes. Sus misiones principales, además de las propias de policía militar, consistieron durante los primeros meses en organizar y dotar inicialmente los puestos del benemérito Instituto en aquellas localidades que los sublevados iban ocupando y realizar los interrogatorios a los prisioneros que se capturaban.

A partir de 1938, comenzaron a constituirse, conforme las instrucciones impartidas por su Inspección General, unidades expedicionarias robustas entidad compañía, ecuadradas en divisiones y cuerpos de ejército. Efectivos de la Comandancia de Cádiz llegaron a integrarse en la 7ª, 15ª y 35ª Compañías Expedicionarias. La primera que es la que interesa a efectos del presente relato finalizaría la contienda en Murcia, la segunda en Barcelona y la tercera en Jaén. Ésta última tendría muy escaso recorrido pues se constituyó el 30 de marzo de 1939 y fue disuelta muy poco después. 

En cambio, la 7ª Compañía llegaría a combatir incluso en la Batalla del Ebro sufriendo bajas. Se había constituido el 1º de mayo de 1938, quedando afecta al Cuerpo de Ejército Marroquí y marchando en tren para Zaragoza ese mismo día. Todos sus integrantes pertenecían a la Comandancia de Cádiz y estaba inicialmente compuesta por 104 efectivos: 1 capitán, 3 alféreces, 6 brigadas, 12 cabos, 2 cornetas, 1 trompeta, 1 guardia 1º y 78 guardias 2º. 

Su primer mando fue el ya mentado capitán Fernández. Los primeros mandos de las tres secciones fueron los alféreces Jaime Bardisa Rebasa (jefe de la línea de Tarifa, perteneciente a la Compañía de Algeciras), Francisco Gómez Rivas (jefe de la línea de Alcalá de los Gazules, perteneciente a la Compañía de San Fernando) y José Pérez Campanario (jefe de la línea del Puerto de Santa María, perteneciente a la Compañía de Cádiz).

En ese primer contingente había, además del alférez Bardisa otros veintiuno componentes más procedentes de unidades asentadas en el Campo de Gibraltar: el brigada Antonio Casablanca Romero, el cabo Antonio García Gálvez y el guardia 2º José Blanco de la Rosa, del puesto de San Roque; el cabo José Gutiérrez López, del puesto de Los Barrios; el cabo Domingo Vera Fernández y los guardias 2º Isaac Alzate Villapún y Manuel Velázquez Tardío, del puesto de Facinas; el guardia 1º Juan Albornoz Parra y los guardias 2º Eduardo Vázquez Nieto, Francisco Tomás Palomo, Andrés Arjona Mármol, Manuel León Guerrero y Ángel Mora Hornero, del puesto de Algeciras; el guardia 2º Bernardo Rodríguez Martín, del puesto de Tarifa; los guardias 2º Manuel Durán Jiménez y Diego Jiménez González, del puesto de La Línea de la Concepción; el guardia 2º Francisco Gil Jiménez, del puesto de San Martín del Tesorillo; el guardia 2º Manuel Moreno Pérez y el corneta Manuel Ruiz Blanco, del puesto de Jimena de la Frontera; y los guardias 2º Luis Portillo Alba e Ildefonso Vera Sánchez, del puesto de San Pablo de Buceite.

Volviendo a las vicisitudes del cabo Rodríguez Villalobos y dejando para mejor ocasión las operaciones en las que se vio envuelta su compañía, significar que con ella participaría en diversas acciones en los frentes de Aragón y Cataluña hasta el 24 de febrero de 1939. Posteriormente fue enviado a los frentes de Extremadura y Córdoba. 

(Continuará).