CRIMEN Y CASTIGO ..., UNA TRAGEDIA EN LA JANDA.

Cincuenta años de un asesinato y el fusilamiento de sus autores.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 7 de septiembre de 2003, págs. 24-25. 

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Hace ya medio siglo que la tierra de esa hermosa localidad que es Alcalá de los Gazules se teñía de sangre por la muerte violenta de uno de sus hijos y la ejecución de sus autores en cumplimiento de la sentencia de un consejo de guerra celebrado en Cádiz.

El 25 de agosto de 1953 se denunciaba ante el cabo 1º Ramiro González Casillas, comandante del puesto de la Guardia Civil, que dos individuos desconocidos habían secuestrado en la tarde anterior al joven Francisco Romero Gallego, soltero y de 27 años de edad, hijo del propietario de la finca "El Pradillo", cuando se encontraba montando a caballo por la misma.

Los secuestradores, valiéndose bajo amenazas de un empleado llamado Antonio Sánchez Fernández que estaba trabajando como ayudante tractorista en la finca, habían enviado una carta manuscrita por la víctima dirigida a su padre, en la que se solicitaba la entrega de un cuarto de millón de pesetas de las de entonces como pago de su rescate, dejando el encargo de que caso de que aquel se encontrase en Jerez de la Frontera, se entrevistase con los hermanos Gabriel y Pedro Mariscal Recio, al objeto de que reunieran la suma exigida, todo ello bajo amenaza de matar al secuestrado.

Preocupados por salvar la vida del joven, se accedió inmediatamente a ello y sin dar aviso a la Guardia Civil, tal y como habían exigido los captores, se envió con el dinero al guarda jurado particular Antonio Román Estudillo hasta el punto indicado que era conocido como la "Boca de las Puercas", siendo sorprendido no obstante antes de llegar, en el paraje denominado la "Pasada del Carabinero", sito en la finca "Dehesa Briones". Allí uno de los secuestradores le dijo que Francisco Romero sería puesto enseguida en libertad.

Sin embargo al pasar las horas e incluso la noche sin que regresara su hijo, Juan Romero Rodríguez se personó en la casa-cuartel de la Guardia Civil para denunciar el hecho. 

El cabo 1º González, creyendo además que podía tratarse de alguna partida aislada del maquis que tanto había operado hasta no hacía mucho por aquella zona, dio cuenta inmediata a su jefe de línea, el brigada Ricardo Salazar Peñafiel, quien también tenía su residencia en Alcalá de los Gazules. 

Este a su vez lo hizo a su capitán Evaristo Tarín Luque, jefe de la 3ª compañía de Medina Sidonia, organizándose rápidamente la batida de la zona con guardias civiles y vecinos de la localidad.

Como consecuencia de ello fue localizado poco después el cadáver del infortunado joven en un lugar muy próximo a donde se había pagado su rescate, apreciándose varios impactos de bala en la cabeza y cuello. 

Al parecer había sido asesinado antes de recibirse el rescate, ya que el guarda Román se había quedado escondido durante varias horas por los alrededores esperando ver si soltaban al secuestrado y lo acompañaba en el camino de vuelta, no escuchando disparo alguno y regresando a casa de los padres de la víctima al no aparecer nadie.

Iniciadas las primeras investigaciones para capturar a los asesinos, el guardia civil José Sánchez Barroso obtuvo una información fundamental. 

Un vecino llamado Juan había visto un par de días antes cuando estaba recogiendo paja en una finca a dos individuos que incluso le habían pedido un poco de agua, reconociendo a uno de ellos como el "hijo del tuerto Barrocal", quien faltaba del pueblo hacía varios años. 

Personada fuerza de la Guardia Civil en el domicilio alcalaíno de un tío suyo conocido por "La Morena" se supo la dirección de su sobrino en San Fernando a donde se dirigieron seguidamente.

No habían transcurrido todavía doce horas desde el conocimiento del crimen cuando el primero de los sospechosos era detenido en su propia casa, tratándose de Francisco Reyes Torres, quien terminó por confesar los hechos manifestando que habían asesinado a su víctima ya que le había reconocido y garantizar así su impunidad.

También delató a su cómplice e igualmente vecino de San Fernando, Jerónimo González Romero, en cuya vivienda, tras ser minuciosamente registrada por los guardias civiles se encontraron escondidos en el interior de su colchón de matrimonio la cantidad de 234.753 pesetas y la pistola de 9 mm. corto con la que habían cometido su fechoría, siendo ambos puestos a disposición de la autoridad judicial militar por considerarse un delito de bandolerismo.

El cabo 1º Gregorio Núñez Navarro y los guardias civiles Antonio Alvarez Rodríguez, Felipe Vallejo Aparicio, Manuel Marcos Cuesta y Rafael Gómez Vela, que se habían destacado durante la investigación, serían felicitados días después por su coronel José Rodríguez, jefe del 37º Tercio de Málaga.

Los dos detenidos fueron juzgados en Cádiz por el consejo sumarísimo de guerra siendo condenados a la pena de muerte. 

Si bien el maquis en la provincia de Cádiz había casi desaparecido para entonces, tras la muerte en enfrentamientos con la Guardia Civil o el encarcelamiento de la mayor parte de sus integrantes, coexistían desde sus orígenes, delincuentes comunes que nada tenían que ver con la guerrilla antifranquista y que al confuso amparo de ella, perpetraban sus fechorías de atracos, robos y secuestros, siéndoles no obstante y precisamente por ello aplicada también toda la dureza de la inexorable justicia militar de la época.

Dado que el crimen había estremecido y conmocionado a la tranquila población de Alcalá de los Gazules, donde la víctima y su familia eran muy conocidas, el teniente coronel Angel Fernández Montes de Oca, jefe entonces de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, solicitó al tribunal militar que la ejecución se llevara a cabo en la localidad donde había ocurrido el suceso y no en la capital tal y como inicialmente estaba previsto, accediéndose a ello.

Conducidos bajo escolta hasta Alcalá de los Gazules y en la madrugada del 29 de agosto de hace cincuenta años, un piquete de guardias civiles procedía a ejecutar la sentencia judicial militar, siendo enterrados seguidamente los cuerpos de los dos fusilados en el cementerio de la localidad. DIARIO DE CADIZ se hizo eco del suceso y publicó entonces la luctuosa noticia.

La ejemplaridad que también se buscaba con aquella tremenda acción, por otra parte muy acorde con la época, tuvo los efectos deseados y la tranquilidad volvió a imperar en Alcalá de los Gazules. Asimismo quien todavía conservaba clandestinamente armas o efectos, procedentes de la todavía no lejana guerra civil o de su apoyo al maquis, pues aquella fue una zona crucial de paso y actuación de las partidas, se deshizo de ellas o las escondió.

En enero de 1999, y DIARIO DE CADIZ dio detallada cuenta de ello, un vecino de Alcalá de los Gazules localizaba ocultas entre las ruinas de un antiguo molino, dos pistolas marca Astra de 9 mm. largo, una pistola similar marca "República Española" de igual calibre, un revólver tipo Smith&Wesson de 11 mm., una granada de mano de las habitualmente utilizadas durante la guerra civil así como abundante munición de diversos calibres y épocas, cuyo año de fabricación más reciente era curiosa y precisamente el de 1953. 

Evidentemente no corrían tiempos para seguir guardando en el domicilio esas cosas.