Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 21 de agosto de 2005, pág. 26.
El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.
Su esposa, María Muñoz Arteaga, tuvo que luchar lo indecible para que oficialmente se reconociera su condición de viuda y la de huérfanas a sus cuatro hijitas: Amalia, María del Carmen, Elena y María Josefa.
José María Fernández Gómez, tal y como se relató en Diario de Cádiz el 30 de marzo de 2003, fue detenido el 19 de julio de 1936 e ingresado en el penal de El Puerto de Santa María. Su delito era el mismo que el de sus compañeros también asesinados Francisco Cossi Ochoa, presidente de la Diputación, y Manuel de la Pinta Leal, alcalde de Cádiz: ser dirigentes locales de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, presidente de la República.
De nada le sirvió que La Información publicara el 16 de agosto de 1936 una carta de Loreto Goenaga, madre superiora de las Hermanas de la Caridad del Hospital de la Misericordia de Puerto Real, donde agradecía su vital actuación en la noche del 18 de julio, gracias a lo cual evitó que fuera incendiada la iglesia de la Victoria. Incluso el director del periódico, que apoyó de forma entusiasta la sublevación militar, reconoció también que consiguió con su presencia evitar que fuese saqueado y quemado dicho edificio.
Cuando María Muñoz fue el 22 de agosto a ver a su marido al penal, la única respuesta que obtuvo fue la de que ya no estaba allí y que no volviera más. Y efectivamente, nunca regresó allí ni supo más de su paradero, aunque con el tiempo alguien se encargó de decir veladamente que lo habían matado, si bien por ello no dejó de ser un "desaparecido". La justicia de Queipo de Llano ya había empezado a funcionar en la provincia de Cádiz.
Ni viuda ni huérfanas conocieron lo acontecido. Aquella falleció en 1984 sin saberlo y esas niñas, que hoy son ya abuelas, han sabido muy recientemente parte de lo sucedido gracias a los documentos que la Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, y muy especialmente Antonio Molins, les han hecho llegar.
Cuando el pasado 19 de junio, Elena Fernández Muñoz, hija del alcalde "desaparecido", acompañada de dos de sus hijos –Arantxa y Manolo–, depositaba un ramo de flores ante el monumento que se inauguraba en el cementerio, levantado en recuerdo a los fusilados de Puerto Real, ya sabía cuándo y por dónde había sido asesinado su padre, así como que sus restos se encontraban próximos a esa zona si bien todavía no se ha localizado el sitio exacto.
Gracias esa documentación supo que el 27 de octubre de 1936, el juzgado militar especial de Puerto Real requirió al Ayuntamiento "certificación acreditativa de los bienes que resulten amillarados por todos conceptos a nombre de los individuos complicados en el movimiento marxista destructor que se relacionan al dorso", entre los que estaba su padre, al que incautaron la librería familiar que tenían –ya había sido saqueada– en la calle Cánovas del Castillo. También, paradójicamente, el juez militar interesó el 18 de diciembre los "motivos de su cesación" como alcalde.
La condición oficial de "desaparecido" perduró varios años más, tal y como fueron ratificando por ejemplo el propio Ayuntamiento en una comunicación de 3 de julio de 1939 al colegio oficial del cuerpo de agentes comerciales de Cádiz y la Caja de Recluta nº 18 en un informe de 15 de abril de 1940.
Elena también se enteró de que tres días después y por orden del juzgado de instrucción, el juez municipal Rafael de Cózar y Vargas-Zúñiga se inscribió el fallecimiento de su padre en el registro civil, si bien se hizo constar expresamente que se ignoraba el lugar y causa de la muerte así como el cementerio de sepultura de su cadáver, lo cual realmente era falso.
La verdad se ocultó, pues el 13 de marzo anterior el juez se había dirigido por escrito al alcalde franquista para que se practicasen gestiones "por los agentes de su autoridad" para saber si José María Fernández "falleció sobre las tres horas del día 21 de agosto de 1936 en la carretera de Puerto de Santa María a esta población a consecuencia de shock traumático así como si el expresado individuo fue sepultado en el cementerio de esta villa".
A este respecto hay que significar que dicha causa era la que habitualmente se hacía constar en la certificación de defunción de buena parte de los fusilados en la represión que se desató tras el triunfo de la sublevación militar.
Sin embargo, su padre continuó oficialmente "desaparecido", pues por ejemplo el 25 de enero de 1941 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia un edicto por el que "se cita a D. José María Fernández Gómez, en ignorado paradero, …, para que en término de cinco días hábiles comparezca ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Sevilla, …, a fin de notificarle la sentencia dictada en el expediente instruido contra el mismo".
También supo que a su madre, necesitada de sacar adelante a las cuatro hermanitas, no le quedó otro remedio que elevar el 29 de enero de 1945 una instancia al gobernador civil y presidente de la junta provincial de beneficencia, para solicitar su inscripción en el censo de ayudas económicas y sociales, como "huérfanas de la Revolución Nacional y de la Guerra".
Los documentos que en vida llegaron a poder de su madre continuaron sin decir la verdad que ellas ansiaban conocer. Así por ejemplo, el 9 de enero de 1947 en los expedientes de declaración de "huérfanas de guerra", los testigos Francisco Romero Mena y Diego Ojeda Barca, manifestaron en presencia de la viuda y el alcalde franquista, que "el referido padre ha desaparecido de esta población, sin tener noticia alguna de su paradero, lo que les hace presumir la defunción del mismo".
Hoy, 69 años después del asesinato de su padre, Elena, que nunca guardó odio ni rencor, sólo quiere saber dónde está, para enterrarlo cristiana y dignamente.
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