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jueves, 1 de julio de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXIII). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE BUCEITE (1).



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de junio de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

El 18 de julio de 1936 el comandante del puesto de la Guardia Civil ubicado en San Pablo de Buceite, barriada de Jimena de la Frontera, era el sargento Antonio Casablanca Romero, recién ascendido. Con la fuerza de su puesto terminaría replegándose, tras no pocas vicisitudes, sobre San Roque, poniéndose a las órdenes del teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso.

 

Casablanca había nacido hacía 37 años en la localidad onubense de San Bartolomé de la Torre y era hijo de un sargento del Cuerpo. Llevaba 16 años casado con Concepción Muñoz González y tenía cuatro hijos llamados Dolores, Antonia, Francisco y José, de 15, 14, 12 y 10 años de edad respectivamente. En el puesto de Algeciras estaba destinado también como cabo un hermano mayor llamado José.

 

Antonio, como cabo del Cuerpo llevaba destinado desde 1928 en el Campo de Gibraltar, primero en Tarifa y luego en Facinas, donde siendo comandante de puesto le sorprendió la proclamación de la Segunda República. Permaneció a su mando hasta marzo de 1934 que pasó a ejercerlo en el de Buceite.

 

En dicha barriada pronto se hizo acreedor de un gran aprecio y respeto entre las autoridades municipales y ciudadanos de la localidad. De hecho, la comisión gestora del ayuntamiento de Jimena, en la etapa del Frente Popular, había acordado por unanimidad en la sesión celebrada el 3 de junio de 1936, que se elevase un escrito al ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella. Como estaba próximo el ascenso de Casablanca al empleo de sargento, se solicitó que pudiera proseguir con el mando del mentado puesto, “como premio a su meritísima labor en bien de la República, del orden público y del vecindario en general”.

 

Doce días más tarde el alcalde Cristóbal Vera Saraiba cumplimentó el acuerdo municipal si bien el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, contestaría negativamente el día 30 de dicho mes por conducto del gobernador civil de la provincia de Cádiz, el comandante de Artillería Mariano Zapico Menéndez-Valdés.

 

La razón expuesta para ello era que el benemérito Instituto tenía una plantilla de sargentos fijada para cada comandancia, por lo cual cuando ascendiera el cabo Casablanca sería destinado a una unidad en la que hubiese vacante de su clase. No obstante, se daban “las gracias por los elogios que dicho ayuntamiento hace del excelente comportamiento de la clase de referencia”. Por lo tanto, ascendido a sargento el 11 de julio siguiente, el inicio de la guerra civil le sorprendería al frente del puesto de Buceite pero pendiente de un nuevo destino.

 

Al producirse la sublevación militar buena parte de los puestos de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz tardaron varios días en saber lo que realmente estaba sucediendo. Al no recibir orden alguna dimanante de la jefatura de la comandancia, impartida por conducto de sus mandos territoriales, ya que se encontraban incomunicados, la reacción preventiva más habitual fue la de acuartelarse en defensiva a la espera de conocer la situación y recibir instrucciones de la superioridad.

 

Y eso es lo que hizo el sargento Casablanca. Si bien en su hoja de servicios se detallan las vicisitudes acaecidas a partir de dicha fecha, resulta más interesante aún el relato que realizó, transcurridos ya cinco lustros, con ocasión de una instancia que elevó el 4 de diciembre de 1962 al entonces jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde. La razón de la petición realmente nada tenía que ver con la guerra civil pero quiso dejar testimonio de ello junto a otras vicisitudes profesionales. Su verdadero objetivo era de tipo asistencial ya que se encontraba aquejado de una grave dolencia y su situación económica era precaria. 

 

Eran tiempos donde la Guardia Civil no estaba acogida al régimen de la Seguridad Social ni tenía acceso a sus prestaciones sanitarias. Salvo aquellos casos que pudieran ser atendidos por la sanidad militar, eran los propios afectados quienes debían asumir los costes económicos derivados de la enfermedad que se padeciese. Las farmacias militares sufragaban sólo el 20% del coste de la medicación, teniendo que abonar el enfermo el 80% restante, y la estancia en hospitales militares no era posible en procesos de enfermedades complejas de larga duración. En aquel entonces quedaban todavía muchos años para la creación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Toda esta cuestión, relativa a la precarierad asistencial sanitaria que padeció durante muchos años el colectivo militar y sus familias sería impensable en la actualidad, si bien daría por cierto para escribir y mucho en otra clase de artículos. 

 

Volviendo a la instancia del entonces capitán Casablanca, ya retirado por haber cumplido en 1957 la edad reglamentaria, solicitaba que “se habilite una fórmula para que los beneficios del Seguro de Enfermedad se hagan extensivos a los Militares activos o retirados, y de no ser ello posible por no gravar los presupuestos del Estado, sea la Asociación Mútua del Cuerpo, puesto que tiene el carácter de benéfica, la encargada de subvenir a estas apremiantes y humanas necesidades de sus socios, con lo cual se daría una gran satisfacción a los necesitados que no disponen de otros ingresos, teniendo que soportar mermas en sus haberes pasivos, consistentes en el 50%”.

 

Hay que significar que Casablanca fue comandante de puesto en San Roque entre junio de 1937 y agosto de 1940, salvo el periodo que formó parte de una compañía expedicionaria de la Guardia Civil en el frente de Aragón. Su último destino en servicio activo fue como ayudante de la 237ª Comandancia de Cádiz. 

 

La extensa instancia la iniciaba relatando las vicisitudes acaecidas en los primeros días de la guerra civil hasta completar su repliegue sobre San Roque al finalizar la tarde del 31 de julio de 1936.

 

Conforme a su exposición el inicio de la sublevación militar le sorprendió en la barriada de Buceite, “zona roja, y al verse incomunicado, trató de ponerse en contacto con sus superiores, lo que no pudo conseguir, ya que todas las comunicaciones se hallaban controladas por el flamante titulado Comité republicano, en vista de ello, ordenó a la fuerza de su puesto constituida por 6 individuos que se preparase para la defensa quedando desde ese momento acuartelados por temerse un asalto al destacamento por milicianos rojos que en gran número invadieron la barriada armados y luciendo sendos brazaletes rojos”.

 

Entre los componentes del puesto de Buceite se tiene constancia documental de que al menos formaban parte del mismo, además del sargento Casablanca, los guardias civiles Francisco Gil Herrera, José Murillo Arroyo, José Nieto Jiménez y Juan Rocha Coronil. La casa-cuartel estaba ubicada en los números 10 y 12 de la calle Jimena en la mentada barriada.

 

Se mantuvo acuartelado, familias incluidas, hasta que el 25 de julio (en su hoja de servicios consta que fue el día 24) recibió un telegrama dimanante del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ordenándole que se replegase sobre Jimena de la Frontera y se pusiera a las órdenes del teniente jefe de la sección de Carabineros cuya residencia estaba fijada en dicha población.

 

(Continuará).

 

 

 

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