Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 19 de marzo de 2008, pág. 15.
El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.
La llamada Ley de la Memoria Histórica se ha convertido en un elemento de confrontación electoral, como se ha visto en la anterior campaña, volviendo a encender pasiones y rescoldos a favor y en contra de ella cuando apenas hace unas semanas que ha entrado en vigor y, prácticamente, no ha comenzado a materializarse.
Dicha Ley, según se dispone en su primer artículo, tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura; promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
Entre su articulado destaca el undécimo, en el que se hace constar expresamente que las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore.
Sin embargo, hay una cuestión que dicha Ley no contempla y que difícilmente llegará a recoger el texto de cualquier otra norma de rango similar que se pueda dictar en el futuro. Pero no por ello deja de constituir la particular recuperación de la memoria histórica de millares de familias españolas.
Se trata de los miles de combatientes que, encuadrados en los ejércitos de ambos bandos, nunca regresaron a sus hogares y de los que sus familiares nunca supieron lo que realmente pasó con ellos ni donde fueron enterrados sus restos.
La mayoría no se alistó voluntariamente ni empuñó las armas para defender o luchar por los ideales en conflicto. Buena parte se encontraba cumpliendo su servicio militar al estallar la Guerra Civil repartidos por toda la geografía española o fueron movilizados forzosamente por pertenecer a las quintas reclamadas. Se integraron en el bando de lo que ha pasado a conocerse como "leales geográficos" y marcharon a los frentes para entregar su vida por una causa sobre las que nadie les había preguntado previamente.
La provincia de Cádiz tiene numerosos testimonios de ello. El 18 de julio de 1936 había millares de soldados gaditanos prestando servicio en el Ejército y la Armada, tanto dentro como fuera de aquí, pasando a engrosar las fuerzas de uno u otro bando, en función del triunfo o fracaso de la sublevación militar.
Además, durante toda la contienda, como consecuencia del pronto triunfo de la sublevación en nuestra provincia, millares de gaditanos se convirtieron en movilizados forzosos para integrarse en la maquinaria militar del llamado bando nacional.
Enviados a los frentes, combatieron por toda la geografía española y los que fueron muriendo en la lucha o por las enfermedades terminaron siendo enterrados en cementerios o fosas comunes de fortuna sin que sus familiares nunca llegaran a saber su localización.
En el mejor de los casos, los padres o la viuda recibían una fría comunicación oficial dando cuenta del fallecimiento, sin facilitarse más datos. Y eso porque las familias gaditanas tenían a sus hijos o esposos en el bando de los nacionales. Si la sublevación los había sorprendido sirviendo en zona republicana, ni siquiera obtenían notificación alguna, dada la imposibilidad de ello, convirtiéndose así en la memoria familiar en "desaparecidos". Terminada la guerra, algunos llegarían a saber, sin certeza de cómo, ni cuándo ni dónde, que habían muerto.
Un testimonio de ello, que se pueden contar por centenares en la provincia de Cádiz, es el del joven soldado Juan Gil Teruel, un vecino de Paterna de Rivera, con 24 años de edad, casado y padre de dos hijos, que al movilizarse su quinta, tuvo que abandonar su trabajo y fue encuadrado en la 4ª Compañía del 4º Batallón del Regimiento de Infantería de Cádiz nº 33.
El 25 de marzo de 1937 resultó muerto en el frente cordobés de Pozoblanco, triste lugar para la memoria gaditana ya que fueron muchos los hijos de esta provincia que allí fallecieron.
El capitán jefe de su compañía, Antonio Arjona García, que también encontraría la muerte al mes siguiente junto a más de medio centenar de integrantes del batallón gaditano, remitió un breve oficio al alcalde de Paterna, para que a su viuda, "con las precauciones consiguientes", le hiciera llegar junto al pésame, "la noticia del fallecimiento de su esposo", asegurando que éste "era muy querido por sus bellas dotes personales y su valentía y entusiasmo por nuestra Causa".
Para la joven viuda, Carmen Gallo de la Vega, y sus dos hijos de corta edad, María y Francisco, la escueta comunicación escrita que el 20 de abril siguiente les entregó el Ayuntamiento, fue la única información que tuvieron de su muerte, no llegando nunca a conocer siquiera dónde se enterraron sus restos.
Casos como éste, que se dieron en España por millares en ambos bandos -y con mucho mayor dolor en el de los vencidos- no han quedado recogido en la exposición de motivos de la Ley de la Memoria Histórica, que contempla la "muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares". No fueron víctimas de la represión ni de la violencia política pero los mandaron a morir en una guerra que seguramente no era la suya.
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