LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (VII). EL ORDEN PÚBLICO EN LA ADUANA (1910).

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 12, el 25 de marzo de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

Siempre fue preocupación del Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de la Guardia Civil, junto al gobierno militar del Campo de Gibraltar, atender las necesidades de La Línea de la Concepción en materia de orden público, hoy llamada seguridad ciudadana.

Allí concurrían unas singulares circunstancias derivadas, para lo bueno y lo malo, de su vecindad con la colonia británica de Gibraltar. Otra cuestión diferente eran las capacidades para hacerlo como realmente se necesitaba. 

La respuesta habitual consistía en enviar pequeños refuerzos puntuales cada vez que era necesario, si bien la verdadera solución pasaba por aumentar su plantilla con carácter permanente, cuestión nada fácil.

Sirva como ejemplo la situación y el servicio que prestaba la Guardia Civil en 1910 como único cuerpo policial de ámbito estatal allí desplegado para velar por la seguridad ciudadana.

Ello suponía no sólo garantizar la seguridad de personas y propiedades en el municipio, como en el resto de España, sino también asumir un servicio realmente delicado y penoso que no se daba en ningún otro punto del país. 

De hecho, y en verdad, la Guardia Civil no quería prestarlo, pero siempre abnegada y disciplinada, cumplía una vez más lo ordenado.

Resulta que el 15 de abril de 1910 el gobernador militar del Campo de Gibraltar, general de división Julio Domingo Bazán, como delegado especial de orden público, dirigió sendo escrito al ministro de la Gobernación, Fernando Merino Villarino, solicitando aumentar la plantilla del puesto de la Guardia Civil de La Línea, con una pareja de infantería y otra de caballería.

La razón de ello era que había dictado un bando que “obliga a la fuerza de La Línea a una vigilancia excesiva que proporciona un trabajo constante y asiduo, si ha de cumplir su misión con el tacto preciso para evitar alteraciones en el Orden Público promovidas por los contrabandistas perjudicados por esa medida y con la perseverancia debida si ha de lograrse de una manera eficaz desaparezca el lamentabilísimo espectáculo que ante la vista de los extranjeros dan diariamente en el camino que une La Línea con Gibraltar, el numeroso personal maleante dedicado al comercio ilícito”.

Para entender bien lo que el general exponía hace más de un siglo, hay que conocer primero el importante y singular movimiento de transeuntes que tenía, desde finales del siglo XIX, la Aduana de La Línea.

Sirva la referencia del periodista Lutgardo López Zaragoza en su “Guía de Gibraltar y su Campo”, editada en 1899: “No tiene importancia en lo referente a su recaudación de derechos arancelarios, puesto que las mercancias que se introducen son muy limitadas; pero si la tiene para la represión de las introducciones ilegales de toda clase de artículos, especialmente del tabaco, … Transitan diariamente por sus puertas sobre 15.000 almas, 300 caballerías y 300 carruajes; estando desempeñados los servicios auxiliares de reconocimiento por la sección veterana de Carabineros, compuesta de un sargento, dos cabos y cuarenta individuos, mandados por un primer Teniente.”

Volviendo a la petición del gobernador militar, el subsecretario del ministerio de la Gobernación, Juan Fernández Latorre, por real orden comunicada de 23 de mayo de 1910, solicitó parecer al teniente general Joaquín Sánchez Gómez, director general de la Benemérita. 

Éste emitió su parecer el 21 de junio siguiente, tras recabar oportuno informe del teniente coronel Eduardo González de Escandón García, jefe de la Comandancia de Cádiz y subinspector accidental del 18º Tercio (Cádiz).  

Respecto a la pareja de infantería contestó que podía “considerarse virtualmente aumentada” con los 4 guardias civiles asignados al puesto recién creado en la barriada de El Zabal Bajo.

En cambio, “la pareja de caballería se hace todo punto imposible”, debido a que tras los trágicos sucesos revolucionarios acaecidos en Barcelona el verano anterior, había 700 guardias civiles de refuerzo procedentes de otras provincias concentrados todavía allí. 

Por otra parte, no era posible enviar más caballos al puesto de La Línea por haberse concentrado una veintena en la localidad coruñesa de Ferrol para atender prioridades de orden público allí surgidas. Y finalmente, la única fuerza de caballería reunida que quedaba en la provincia de Cádiz se hallaba en Jerez de la Frontera, donde era muy necesaria, por todo lo cual no había capacidad de cumplimentar nada de lo solicitado. 

Realmente se trataba de una respuesta habitual y poco novedosa, pero en cambio si resultaba muy ilustrativo el extenso y sincero informe que el teniente coronel González de Escandón había emitido el 13 de junio a su director general. Abordaba con toda crudeza la corrupción de algunos guardias, sus causas y su propuesta de ejemplar expulsión.

Según relataba, el 12 de abril anterior el comandante militar de La Línea, teniente coronel de Infantería Juan García Aguirre, con aprobación del gobernador militar, había ordenado a la Guardia Civil un servicio diario continuado de mañana y tarde, “en la Zona comprendida desde la neutral de la Plaza Inglesa y la verja que cierra la Aduana Española de la Línea, al objeto de mantener el orden y obligar al público que transita de una a otra población, a no salirse de la carretera y extenderse como lo venía haciendo el campo de uno y otro lado de ella, parándose a ocultar entre sus ropas los géneros de ilícito comercio que sacan de Gibraltar, dando el triste espectáculo ante la vista de los extranjeros”.

Tras explicar detalladamente la práctica del servicio y los medios empleados así como los refuerzos que serían necesarios, el jefe de la Comandancia de Cádiz no dejaba también de exponer con preocupación, “lo perjudicial que en la práctica resultan estos servicios para la honorabilidad y prestigio del Cuerpo, cuyos individuos por buenos que sean en general, no están exentos, algunos de ellos, de la tentación de prevaricar, tentación que constantemente les acecha y asedia en un servicio en que a cada minuto están presenciando actos ilícitos, y la ocasión de tomar parte en ellos es continua, no bastando la mayor vigilancia para impedirlo y dando lugar a sucesos como el que doy cuenta a V.E. con esta fecha, proponiéndole la expulsión de cuatro individuos de buenísimos antecedentes que en otro puesto y servicio hubieran continuado siendo excelentes Guardias Civiles”.

Concluía dando su visión de cuales debían ser las prioridades de servicio en esa zona, proponiendo “el que la fuerza de la Guardia Civil no prestase servicio alguno fuera de Aduana de la Línea de la Concepción, servicio que parece ser de la única competencia del Cuerpo de Carabineros que cuenta con numerosa fuerza, y dejar la del Cuerpo para las de vigilancia y persecución de la numerosísima población maleante y criminal que se alberga en La Línea y sus barriadas de Zabal, Colonia, Campamento, Puente Mayorga, Guadarranque y Palmones, que da margen a la práctica de importantes servicios que entran de lleno en la finalidad y objeto del Instituto”.

Poco podía imaginar entonces aquél teniente coronel, que tan sólo tres décadas después, la Guardia Civil asumiría las misiones de Carabineros, tras desaparecer con la ley de 15 de marzo de 1940.

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (VI). LA CASA-CUARTEL DE EL ZABAL BAJO (1910-1922).

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 14, el 18 de marzo de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

La Línea de la Concepción a medida que iba entrando en el siglo XX aumentaba en número de edificaciones y de habitantes. Las prósperas relaciones económicas derivadas de actividades lícitas e ilícitas con la colonia británica de Gibraltar atraían a personas y personajes de toda clase y condición procedentes de otras provincias.

Si bien en buena parte se trataba de gente honesta y trabajadora, había un porcentaje nada desdeñable de individuos de mal vivir que amargaban la existencia del resto. Por tal razón las autoridades locales reclamaban una y otra vez, mayor presencia de la Guardia Civil como cuerpo competente de seguridad ciudadana.

En La Línea, además de su casco urbano, habían varias barriadas que para llegar a ellas entonces, había que recorrer a pie o a caballo, polvorientos caminos de tierra. 

En esa época la Guardia Civil de la casa-cuartel de la calle Jardines, que se trató en el capítulo anterior, centraba sus esfuerzos en la vigilancia de la ciudad y de mantener el orden público en las filas compuestas por miles de personas que diariamente regresaban de Gibraltar. 

Unas venían de trabajar honradamente y otras portando géneros de contrabando escondidos debajo de su ropa o en sus bultos de mano y carruajes. Los carabineros y sus matronas realizaban los registros corporales aleatorios al llegar a la aduana mientras que antes de entrar, los guardias civiles a caballo mantenían el orden de las filas en el mal llamado “campo neutral”. 

El resto del término municipal era recorrido a pie por parejas de guardias civiles de infantería, lo cual limitaba su movilidad y capacidad de actuación, especialmente respecto a las barriadas más alejadas como las de El Zabal y La Atunara. 

Es por ello que el 3 de enero de 1910, el alcalde Bartolomé Lima Ortiz elevó al general de división Julio Domingo Bazán, gobernador militar del Campo de Gibraltar y delegado especial del Gobierno en materia de orden público, con residencia en Algeciras, una extensa y motivada instancia manuscrita.

En ella solicitaba la creación de un puesto de la Guardia Civil en El Zabal, “poblado por unos cuatrocientos edificios y albergues, cuyos moradores ocupan una situación en su mayoría desahogada por su posición social”.

Sus habitantes, colonos en buena parte, se quejaban de los atropellos producidos en sus propiedades, de los daños causados por pastoreo abusivo así como de robos de ganado.

Echaban la culpa a individuos procedentes de la provincia limítrofe de Málaga, principalmente, e incluso de la de Sevilla, resultando insuficiente la vigilancia ejercida en la barriada por los guardias municipales.

La situación había terminado por hacerse insostenible, razón por la cual, y de conformidad con lo acordado por el pleno de la corporación, en sesión de 27 de diciembre de 1909, se solicitaba la creación del puesto de la Guardia Civil, “porque con ello estarían garantizadas las vidas y haciendas de aquellos vecinos, desapareciendo la gente maleante que evade la persecución de la Guardia Municipal”. 

El ayuntamiento ofrecía por su parte, “el local necesario para el alojamiento de aquella fuerza, menaje, bandera y cuanto fuera necesario para ello”, proponiento su ubicación concreta en la zona conocida como El Zabal Bajo.

El gobernador militar elevó la instancia municipal el 1º de febrero siguiente, con su parecer favorable al considerarla “bien fundada por ser de verdadera necesidad su creación”, al ministro de la Gobernación. Éste era el gaditano Segismundo Moret Prendergast, cargo que compatibilizaba con la presidencia del Consejo de Ministros. 

Para Moret dicha petición no fue ninguna novedad ya que el alcalde, diez dias después de enviarle su instancia al general Domingo, le había remitido otra directa, y previamente a ambos, al coronel Luis López Mijares, jefe del 18º Tercio de la Guardia Civil, con cabecera en Cádiz. 

Es decir, lo había elevado por tres conductos diferentes con pretensión de conseguir su ansiado objetivo y aún asi utilizó un cuarto camino más, que fue el del apoyo de un político en Madrid muy destacado de la época. 

Se trataba de Natalio Rivas Santiago, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros y diputado a Cortes, quien abogó también por su creación, tal y como acredita otro documento.

Pero al final, el informe determinante fue el emitido por el teniente coronel Eduardo González de Escandón García, jefe de la Comandancia de Cádiz, a requerimiento del teniente general Joaquín Sánchez Gómez, director general de la Guardia Civil.

Éste, en escrito de 3 de marzo de 1910, participó al ministro que su creación, lo “considera de gran utilidad para el servicio, pudiendo constituirse con una clase y cuatro guardias del de La Línea a cuya demarcación pertenece el citado punto de Zabal Bajo”. Es decir, que no se ampliaba plantilla pero al menos se establecía una presencia permanente de la Benemérita en dicha barriada.

Finalmente, por real orden de 31 de marzo siguiente, siendo ya Fernando Merino Villarino, nuevo ministro de la Gobernación, tras hacerse cargo de la presidencia José Canalejas Méndez, se autorizó la creación del referido puesto. 

Poco más de dos meses después, el 9 de junio, se suscribió el contrato de cesión gratuita al Estado. Por un lado el alcalde y el teniente José Colombo de León, jefe de la línea de la Guardia Civil de la Línea de la Concepción. Y por otro, el propietario del edificio, Juan Márquez Martín, vecino de la localidad, para su uso como acuartelamiento del referido puesto. Como testigos firmaron Francisco Sánchez y Leovigildo San Pedro.

El arriendo fue acordado inicialmente por cuatro años, renovable, por la cantidad de 1.020 pesetas a abonar anualmente por el ayuntamiento, por meses vencidos, siendo dicho contrato aprobado por real orden de 5 de julio siguiente, del ministerio de la Gobernación.

Este acuartelamiento se mantuvo operativo hasta que el coronel Rafael Bernal Pastor, jefe del 16º Tercio, con cabecera en Málaga, que pasó a encuadrar la Comandancia de Cádiz tras la desaparición del 18º Tercio en 1920, dio cuenta el 3 de diciembre de 1922 a la Dirección General de la Guardia Civil, que la fuerza del puesto de El Zabal se había trasladado al de La Atunara. 

No consta la razón de dicho traslado pero debió ser muy probablemente, como sucedía en la mayor parte de los casos, por el mal estado del acuartelamiento. Al no destinarse los fondos económicos necesarios para su mantenimiento, terminaba por deteriorarse con el paso del tiempo. 

Se significa que conforme los contratos de la época, ello era responsabilidad de los propietarios pero dadas las ajustadas cantidades que recibían en concepto de alquiler, y su frecuente impago, terminaba por no compensarles y dejaban de cumplir sus obligaciones para forzar a su rescisión y abandono del inmueble por parte de la Benemérita.

No volvería a existir un puesto de la Guardia Civil en El Zabal hasta que tras producirse por la ley de 15 de marzo de 1940 la absorción de Carabineros, pasaron a integrarse, tanto el acuartelamiento como los efectivos que tenía dicho Cuerpo en esa barriada.

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (V). LA CASA-CUARTEL DE LA CALLE JARDINES (1908-1928).

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 6, el 11 de marzo de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro. 

La actual casa-cuartel de La Línea tiene más de un centenar de viviendas para los guardias civiles y sus familias, siendo el de mayor capacidad de toda la provincia. 

Pero ello no siempre fue así pues atrás quedan muchas décadas de sufrir inmuebles con aforo insuficiente y sin reunir las condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad y salubridad. 

Aquello fue lamentablemente casi una constante en numerosos acuartelamientos de la Benemérita, desde sus tiempos fundacionales hasta más de un siglo después.

Dicha penuria fue compartida con los Carabineros. Tras su integración en 1940 la situación empeoró aún más dada la desoladora situación económica del país. Ello perduró prácticamente hasta los años 60 del siglo XX. 

La razón, y la excusa de ello, repetida por activa y por pasiva por los sucesivos gobiernos desde la creación de la Guardia Civil en 1844, sin distinción de color ni régimen, era siempre la falta de disponibilidad presupuestaria.

Desgraciadamente, quienes velaban por la seguridad pública o luchaban contra el fraude fiscal no solían ver atendidas las necesidades más básicas de alojamiento para ellos y sus familias. No se trataba ya de que su exiguo sueldo no les permitiera alquilar una vivienda digna sino que en la mayor parte de sus localizaciones no existía siquiera esa posibilidad. 

El benemérito Instituto, que ha sido siempre la fuerza de seguridad pública con mayor número de efectivos y más amplio despliegue territorial, llegó a tener hasta unos tres mil acuartelamientos repartidos por todo el país. De hecho fue la primera institución que vertebró el Estado español siendo en muchos de sus confines la única representación del mismo. 

Su vasta diseminación, la permanente disponibilidad y movilidad de sus miembros, con sucesivos cambios de destino a poblaciones donde no existían viviendas donde alojarse, así como razones de seguridad y autoprotección, conllevaron a que tuvieran que vivir en acuartelamientos junto a sus familias, dando así lugar a las casas-cuarteles.

La falta de recursos económicos del Estado dio lugar a que ya en el artículo 19 del real decreto fundacional de 13 de mayo de 1844, se dispusiera que fueran las corporaciones municipales de los pueblos con puestos fijos de la Guardia Civil, las que tuviesen que facilitar inmuebles donde prestar servicio y vivir con sus familias.

El artículo 51 del segundo “Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil”, aprobado por real decreto de 2 de agosto de 1852, volvió a reiterar la cuestión y disponer expresamente que en todas las capitales de provincia, cabezas de partido y demás pueblos y despoblados en que estuviese determinada la permanencia de un puesto fijo, se proporcionaría la correspondiente casa-cuartel para la fuerza que a cada uno estuviese asignada.

Conforme a todo ello y a posteriores disposiciones similares dictadas, el ayuntamiento de La Línea de la Concepción acordó en sesión celebrada el 25 de octubre de 1907, proporcionar gratuitamente un inmueble para su uso como casa-cuartel. Aunque todavía no se ha podido acreditar, debió ser como consecuencia de la necesidad de desalojar el anteriormente ocupado, cuya ubicación concreta aún se desconoce.

El edificio finalmente alquilado por el consistorio se encontraba ubicado en la calle Jardines y se ocupó como casa-cuartel el 1º de abril de 1908, si bien, como ya se expuso en el anterior capítulo, el contrato se suscribió con carácter retroactivo el 8 de agosto siguiente.

La duración inicial del arriendo era de diez años por un importe anual de 3.000 pesetas. Firmaron Juan Lucena, en ruego del administrador Enrique Lozano Macías, el alcalde José Cayetano Ramírez Galuzo, el primer teniente de la Guardia Civil Arturo Blanco Horrillo, y los testigos Manuel Rodríguez y Antonio Paniagua.

El administrador se comprometió a ejecutar en el edificio cuantas obras de reparación fueran necesarias, a efectuar un blanqueo general interior y exterior cada año en los meses de abril o mayo, así como la limpieza de los pozos negros siempre que fuera preciso, pues entonces no había red de alcantarillado. 

Por su parte, el alcalde, en representación del ayuntamiento, se obligaba a abonar al arrendatario por meses vencidos la renta acordada, con cargo al presupuesto municipal. Igualmente se comprometió a elevar dicha cuantía en la proporción correspondiente al interés legal del importe del capital que el propietario invirtiera, si se aumentase la fuerza asignada a dicho puesto, y precisara para la instalación de los guardias y sus familias, ejecutar obras de ampliación en el edificio. Finalmente, también contraía el compromiso de proporcionar otro edificio, si el reseñado dejara de reunir las condiciones necesarias, en cuyo caso quedaría nulo dicho contrato.

En definitiva, todo un conjunto de obligaciones que como se verá en los siguientes capítulos no se cumplió con el paso del tiempo por ninguna de las partes, dada la incapacidad presupuestaria, siendo los guardias civiles y sus familias los principales perjudicados por todo ello.

Mientras tanto La Línea seguía creciendo en edificaciones y habitantes, lo cual determinó la creación dos años después, de los puestos de El Zabal Bajo y La Atunara cuyas vicisitudes serán relatadas en próximas entregas.

La relevancia que tenía La Línea para la Benemérita motivaba que fuera prioritario tener un oficial allí. Y caso de que la plaza del titular quedase vacante por cualquier razón, se comisionaba inmediatamente a otro hasta que quedara cubierta.

Ejemplo de ello fue la orden impartida por el coronel Feliciano de Francisco López, jefe del 18º Tercio (Cádiz). El primer teniente Vicente González García, jefe de la vecina Línea de Jimena de la Frontera, se hizo cargo del mando accidental de la existente en La Línea de la Concepción, “pasando a residir a la expresada población por su preferente importancia”, desde el 30 de junio de 1911 hasta 4 de agosto siguiente que se incorporó su nuevo adjudicatario, según consta en la correspondiente hoja de servicios.

Dicho oficial había contraido el 2 de agosto del año anterior, matrimonio en La Línea, con la joven Herminia Espinosa Álvarez, natural de dicha localidad. Cinco lustros más tarde, siendo teniente coronel mandaría la comandancia gaditana y casi cuatro años después el tercio.   

En 1928 dependían del teniente de La Línea de la Concepción los puestos de la residencia, La Atunara, San Roque y Campamento. Seguía la misma casa-cuartel y su renta anual ascendía ya a 5.080 pesetas. Disponía de 10 pabellones de casados y 1 de solteros con 6 plazas, amén de una cuadra para 11 caballos. 

La fuerza del puesto de La Línea era 1 sargento, 1 cabo, 1 corneta, 1 guardia 1º y 9 guardias 2º de infantería así como 1 guardia 1º y 5 guardias 2º de caballería.

El censo de población era entonces de unos 19.000 vecinos y 63.200 habitantes, lo cual le convertía en la población que mayor aumento había registrado de toda la provincia.

Ello iría motivando constantes peticiones de aumento de plantilla y un acuartelamiento más grande, surgiendo vicisitudes inéditas que seguiremos desvelando.

EL CUERPO DE CARABINEROS DE COSTAS Y FRONTERAS. HOY SE CUMPLEN 190 AÑOS DE SU CREACIÓN.

CXC Aniversario Fundación Carabineros (1829-2019). 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 15, el 9 de marzo de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.            

El 9 de marzo de 1829, hoy hace 190 años, reinando Fernando VII, se aprobó un extenso real decreto, “organizando el Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras para impedir el contrabando”.

Para su organización y dirección, como inspector general, se designó al mariscal de campo y marqués de Rodil, José Ramón Rodil Campillo. Se trataba de un militar con una trayectoria historiográfica apasionante e impresionante. Poco más de una década después sería nombrado presidente del consejo de ministros, además de ostentar la cartera del ministerio de la Guerra.

Interesantísimo personaje de la España del siglo XIX está huérfano de una biografía actualizada. La única editada, más bien una hagiografía, cuenta ya noventa años de antigüedad y se debe al entonces comandante de Carabineros del Reino, Manuel de Ochoa Lorenzo.

Como inspector general del nuevo cuerpo dependía directamente del “Secretario de Estado y Despacho Universal de Hacienda”. Su titular era Luis López-Ballesteros Varela, considerado como el fundador de la Hacienda moderna en España.

A él se le deben importantes reformas administrativas y creaciones bajo su mandato como las Intendencias de Guerra y Marina, la Junta de Fomento de Riqueza Pública y la Caja de Amortización de la Deuda. Fundó el Banco Español de San Fernando sobre los restos del de San Carlos, y estable­ció en Madrid la Bolsa de Comercio y el Conservatorio de Artes. También creó la Inspección Fiscal de Aduanas y el expediente de responsabilidades de los funcionarios. Entre sus logros cabe citar el Código de Comercio y la Ley de Enjui­ciamiento de los Negocios y Causas Comerciales. 

El nuevo Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras nació fruto de las lecciones aprendidas sobre las instituciones que le precedieron, encargadas de perseguir el contrabando y el fraude que tanto daño hacían a las arcas del Estado. También fue consecuencia de la imperiosa necesidad de hacer frente a la corrupción, la descoordinación y la falta de eficacia de sus predecesores.

La protección de los recursos financieros de los estados es muy remota, habiendo constituido siempre su prioridad ya que sin financiación no había disponibilidad de recursos económicos para sufragar su mantenimiento.

Es decir, sin impuestos no había estados, pues necesitaban de su recaudación para existir. Hacía falta por lo tanto quien recaudara y quien velara para que no se defraudase.

Así, por ejemplo, en Andalucía durante la ocupación árabe estuvo reglamentado el “almojarifazgo”, un impuesto obligatorio que se satisfacía por toda clase de mercancías importadas o exportadas. Los funcionarios encargados de su cobro eran denominados “almojarifes”.

Fernando III mantuvo y aceptó dicho tributo tras la conquista de Sevilla en 1248 y su hijo Alfonso X extendió en todos sus dominios a sus “almojarifes”, reglamentando sus atribuciones en el Código de las Siete Partidas.

Con el paso del tiempo los sistemas de recaudación y protección fueron variando, imperando durante varios siglos, especialmente el XVII y XVIII, el de arriendo.

Consistía en sacar a pública subasta la exclusividad del derecho de cobro de un determinado impuesto en un territorio. Sus adjudicatarios estaban autorizados a organizar partidas de gente armada, llamadas “rondas”, para recaudar dicho tributo mediante cualquier procedimiento, lo cual les convertía a veces, en función de sus métodos e intereses, en más peligrosos que los contrabandistas.

Se establecieron tantas “rondas” como arrendadores, y a su vez, tantos de éstos por territorio, como impuestos había, motivando falta de homogeneidad.

Dicho sistema fue abandonado al administrarse directamente desde mediados del siglo XVIII la mayor parte de las rentas generales por la Real Hacienda, creándose posteriormente la Dirección de Rentas, pero los resultados no fueron los esperados.

Tampoco se consiguió con la organización del Resguardo General de Rentas, que pretendía auxiliar a la recaudación y reprimir el fraude a la vez que proteger la industria nacional.

Con frecuencia fue necesario el apoyo de fuerzas del Ejército, no dando los resultados deseados ya que su empleo, con personal de recluta forzosa, no era idóneo para la persecución de contrabandistas y defraudadores.

La Guerra de la Independencia en 1808 contra el invasor francés empeoró la situación, agravándose aún más a su finalización seis años después. Las medidas adoptadas posteriormente tampoco funcionaron.

En1820, durante el Trienio Liberal, se creó un efímero “Resguardo militar” para costas y fronteras, así como otro, denominado “sedentario”, para el interior, quedando ambos bajo la dependencia de la Dirección General de Rentas. 

En 1825 se formaron columnas de infantería y caballería para la persecución del contrabando, bajo dependencia directa de los capitanes generales, con un asesor por provincia para sustanciar las causas. Pero tampoco resultó.

La solución eficaz y definitiva pasaba por crear un cuerpo de ámbito estatal que se encargara específicamente de tan importante misión, integrado por personal profesional que estuviera sometido a la organización y jurisdicción militar. 

Tal y como se afirmaba en el real decreto de 9 de marzo de 1829, de organización del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, el contrabando constituía “un delito o un robo del Estado, además de que por la extensión que ha logrado, y la combinación de los medios y formas que ha llegado a emplear, ha preparado resultados muy funestos, y degenerado en oprobio del honor y del amor a la patria”.  

La respuesta era “la formación de un cuerpo militar especialmente aplicado a destruir el contrabando (porque también es este oficio el color y la base de los malhechores en este reino), organizado con sus buenas condiciones militares, y no hetereogéneamente compuesto, dirigido y mandado por jefes familiarizados con el mando, la rapidez del servicio y la disciplina, fundado sobre el honor militar, y animado de este espíritu: un cuerpo especial y permanente en fin”.

Su artículo 1º estableció que el servicio activo del resguardo en las costas y fronteras recibiría “una organización militar, fuerte y especial”, dependiente de una Inspección general, separada y distinta de la Dirección General de Rentas.

Según el artículo 2ºse establecía “para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales, la protección y fomento que procuran las leyes de Aduanas”.

En todo lo relacionado con su servicio especial de Resguardo y persecución del contrabando así como percibo de sueldos, haberes y gratificaciones, dependería del ministerio de Hacienda. Respecto a su organización, régimen de personal y jurisdicción, lo sería del ministerio de la Guerra, cuyo titular era el mariscal de campo Miguel de Ibarrola González. 

Como consecuencia de la Ley de 15 de marzo de 1940, que supuso la desaparición de los Carabineros, la Guardia Civil que este año cumple 175 años, asumió sus misiones. Actualmente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que tiene la competencia del resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.

La Comandancia de Algeciras honra 190 años después la memoria del marqués de Rodil dando su nombre a uno de sus salones.

LA GUARDIA CIVIL EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (IV). LAS TRES CASAS-CUARTELES (1896-1910).

CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019). 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" pág. 10, el 4 de marzo de 2019.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

En 1897 las Cortes aprobaron para el ejercicio económico 1898-99, con cargo a los presupuestos del Ministerio de la Guerra, un aumento de 3.641 guardias civiles, al objeto de completar y fortalecer en toda España el despliegue territorial del benemérito Cuerpo, que pasaba a contar con una plantilla de 18.970 efectivos.

Gracias a ello, la presencia y la acción de la Guardia Civil pudo extenderse a las Islas Canarias y plaza de Ceuta, que eran las dos únicas partes del territorio nacional donde todavía no se había desplegado.

En el caso concreto de nuestra ciudad hermana, sita al otro lado del Estrecho, supondría la supresión de la sección de orden público establecida allí. Su oficial y tropa retornarían a sus respectivos cuerpos militares de procedencia y entregarían su acuartelamiento a la Guardia Civil.

Dicho aumento de plantilla produjo una importante reorganización del Instituto, creándose entre otros, por real orden circular de 30 de junio de 1898, el 18º Tercio. Éste, quedó integrado por las Comandancias de Cádiz y Huelva, con cabecera en la capital gaditana y bajo la jefatura del coronel José Gay González. 

Con ello la Guardia Civil gaditana dejaba de depender, por primera vez desde la fundación de la Benemérita en 1844, del mando ubicado en la capital hispalense, pasando a hacerlo directamente de la Dirección General del Cuerpo en Madrid. 

También supuso modificar la numeración de sus compañías, pasando en el caso de la 9ª de Algeciras del antiguo 4º Tercio de Sevilla, a ser la 2ª compañía de Algeciras del nuevo 18º Tercio de Cádiz. San Fernando pasó a ser la 1ª y Villamartin la 3ª.

Con dicha orgánica y despliegue finalizaron el siglo XIX tanto la Comandancia de Cádiz como la 2ª Compañía de Algeciras. Comenzaría un nuevo y largo periodo en el que la Guardia Civil del Campo de Gibraltar en general, y la de La Línea de la Concepción en particular, experimentarían al igual que su entorno, una gran evolución.

Respecto a Ceuta, se creó por real orden circular del Ministerio de la Guerra, de 1 de julio de 1898, una sección fija. Se destinó para su mando al primer teniente José Leardi de los Santos Reyes, así como 1 sargento, 2 cabos, 2 guardias 1º y 30 guardias 2º de infantería.

Quedó encuadrada, junto a las líneas de Tarifa, la recién creada de Jimena de la Frontera en sustitución de la de Alcalá de los Gazules, y La Línea de la Concepción, en la citada 2ª compañía de Algeciras. Ésta seguía dependiendo de la Comandancia de Cádiz, mandada entonces por el teniente coronel Manuel de la Barrera-Caro Fernández.

Pero la dependencia orgánica de la Guardia Civil de Ceuta respecto al Campo del Gibraltar duró poco. Como consecuencia de las múltiples misiones que le fueron encomendadas en el interior de la plaza y su extenso campo exterior, al suprimirse también la sección de guardabosques, se decidió aumentar su plantilla. 

Así, por real orden circular de 23 de abril de 1900, se fortaleció convirtiéndose en la 4ª compañía de la Comandancia de Cádiz. Dejó de depender de la de Algeciras y se le confirió su mando al capitán Eugenio Moro Pacheco. 

Mientras tanto, en la obra editada el año anterior por el periodista linense de “El Sino”, Lutgardo López Zaragoza, titulada “Gibraltar y su campo: guía del forastero”, se detallaba la fuerza de la Guardia Civil destacada en La Línea de la Concepción. 

Concretamente refería que el jefe de línea era el primer teniente José Sanz Benavent, pronto sustituido por Francisco Luque Gálvez, siendo comandante de puesto el sargento Juan García Soria. 

Describía que había una plantilla de infantería compuesta por los cabos Juan Moreno Cuadro y Manuel Vargas Rodríguez con 15 guardias así como una más reducida de caballería, integrada por los cabos Félix Rubio Macías y Estanislao Rueda Jiménez con otros 5 guardias más. 

Contrastados esos datos con los efectivos reales de la época, el autor debió tomar seguramente en cuenta la fuerza total que entonces prestaba servicio allí. Es decir, tanto la destinada como la de refuerzo. 

También mencionaba que de La Línea dependían los puestos de la residencia, San Roque, Jimena de la Frontera y Casas del Castaño. En ello hay que matizar que los dos últimos ya no le estaban subordinados.

El de Casas de Castaño es uno de los puestos más desconocidos en el Campo de Gibraltar. Creado hacia 1852 desapareció hace más de un siglo y se ubicaba en el término municipal de Los Barrios, casi limítrofe al de Alcalá de los Gazules.

A principios del siglo XX La Línea de la Concepción se había convertido en la localidad del Campo de Gibraltar que más había aumentado en número de habítantes, asentamientos y construcción de edificaciones.

Ello obligó a potenciar la presencia de la Guardia Civil hasta con tres casas cuarteles en el término municipal. 

El primero de ellos, que existía desde los tiempos en que se llamaba La Línea de Gibraltar, cuando era todavía una pedanía de San Roque, no se ha podido ubicar todavía en el callejero. La creencia es que entre 1850, aproximadamente, y 1908 debió haber varios acuartelamientos en condiciones muy precarias que fueron sucediéndose uno a otro.

La primera referencia concreta y documental que se conserva de ocupación de una edificación en La Línea de la Concepción como casa-cuartel de la Guardia Civil, data del 1º de abril de 1908. 

El año anterior la corporación municipal, en sesión celebrada el 25 de octubre, adoptó “el acuerdo de proporcionar acuartelamiento gratuito y en las condiciones que el servicio exija a la fuerza de la Guardia Civil de este puesto durante todo el tiempo que exista establecido”.

Por alguna razón, posiblemente el desalojo forzoso por mal estado del inmueble anterior, debió ser necesario trasladar la fuerza del puesto y sus familias a un nuevo acuartelamiento.

Conforme al contrato que se conserva, se trataba de un edificio, hoy día inexistente, administrado por Enrique Lozano Macías, sito en la calle Jardines. Fue alquilado por el Ayuntamiento por un importe inicial de 3.000 pesetas anuales durante un plazo de diez años.

Firmaron también el acuerdo de arriendo, el alcalde José Cayetano Ramírez Galuzo y el primer teniente Arturo Blanco Horrillo, jefe de la Línea de la Guardia Civil de La Línea de la Concepción.

Pero el hecho de que dicho contrato se suscribiera con carácter retroactivo el 8 de agosto siguiente, es decir transcurridos más de cuatro meses de su ocupación real, refuerza la creencia de que debió haber una causa urgente de desalojo del inmueble anteriormente ocupado. Muy probablemente relacionado con su mal estado de habitabilidad.

Por real orden de 30 de septiembre de 1908, del Ministerio de la Gobernación, dicho contrato fue finalmente aprobado. Pero como el edificio era insuficiente para alojar toda la plantilla necesaria para afrontar las necesidades de seguridad ciudadana de La Línea de la Concepción, fue necesario en menos de dos años crear otros dos puestos más: El Zabal Bajo y La Atunara, que serán objeto de próximos artículos, sobre su historia y vicisitudes.