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viernes, 25 de junio de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXII). LA GRAN DUDA: ¿REPLEGARSE SOBRE SAN ROQUE? (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de junio de 2021pág. 13.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Finalizaba el capítulo anterior refiriendo la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil, para explicar una de las razones por la cual los puestos ubicados dentro del mismo municipio, en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo, terminaron replegándose con sus familias sobre San Roque.

 

Hay que significar que dicho asunto, al desconocerse la existencia de esa normativa por historiadores e investigadores especializados en la guerra civil en el Campo de Gibraltar, ha dado lugar a que hayan hecho interpretaciones erróneas sobre la actitud y comportamiento de algunas de las pequeñas unidades del benemérito Instituto que quedaron aisladas.

 

De hecho, el desconocimiento afectó incluso a los propios mandos militares que encabezaron la sublevación de julio de 1936. Ello llegó a motivar, al replegarse la fuerza del puesto de alguna población gaditana en concreto y dejarla en manos de los “desafectos al Glorioso Movimiento Nacional”, la posterior detención, ingreso en prisión y procesamiento de su comandante por la jurisdicción militar. 

 

Tal fue el caso del sargento José Cortés Camacho, comandante de puesto de Olvera. Dicha localidad era también la residencia de la cabecera de la línea de Olvera, de la cual dependían el mentado puesto de la residencia así como los de Alcalá del Valle, Torre Alháquime y Setenil de las Bodegas. Su jefe era el teniente Marcial Sánchez-Barcáiztegui Gil de Sola, ausente al no haberse incorporado todavía a su nuevo destino y que ya fue citado en un capítulo anterior al ser el primer oficial de la Guardia Civil que llegó, procedente de Ceuta, con tropas de regulares indígenas a la casa-cuartel de San Roque.

 

Resultó que no habiendo oficial al frente, el sargento Cortés tomó la decisión, por propia iniciativa, de replegarse el 27 de julio de 1936 con sus guardias y familias sobre el puesto limítrofe de Algodonales, “al tener conocimiento de que los marxistas en gran número y bien pertrechados se aproximaban”. Valoró que sus capacidades de defensa eran nulas, dado tanto la reducida plantilla de personal de su unidad como las características y emplazamiento del acuartelamiento de Olvera.

 

Posteriormente, al considerarse que había podido incurrir en el delito de abandono de destino, pues como consecuencia de dicha decisión acontecieron en dicha localidad hechos muy graves, incluido el saqueo de la casa-cuartel desalojada, fue detenido e ingresado el 18 de octubre siguiente en la prisión militar de la capital gaditana, ubicada en el Castillo de Santa Catalina. Allí permanecería como procesado en la causa núm. 346/1936 que se le instruyó por el juzgado militar eventual de Cádiz, hasta que terminó siendo puesto en libertad el 26 de enero de 1937, tras ser sobreseida sin responsabilidad.

 

Repuesto Cortés como comandante del puesto de Olvera y ascendido posteriormente a brigada, uno de los argumentos utilizados para dicho sobreseimiento fue precisamente que dicho sargento, “tuvo en cuenta las instrucciones que en copia se unen y en las que se preveen situaciones como aquella por la que atravesaba”.

 

El auto de sobreseimiento provisional, elevado posteriormente a definitivo, se refería a la mentada Circular Muy Reservada”, núm. 278, en la que, entre otras cuestiones, se exponía que: “es preciso procurar por todos los medios que no se produzcan bajas en nuestra fuerza como consecuencia de las luchas desiguales que forzosamente se han producido y habrían de producirse manteniéndose los pequeños destacamentos en plan defensivo dentro de las Casas-Cuarteles al ser atacados a fondo por las grandes masas de perturbadores, en espera de auxilio, que al tratarse de un movimiento general y por infinidad de circunstancias pudieran tardar en llegar. Por ello, se impone la solución forzosa, de la concentración de los Puestos, de menor dotación o con peores vías de comunicación sobre aquellos otros de mayor contingente y con mayores medios de defensa.” 

 

Al igual que el contenido de dicha circular contribuyó a que el comandante de puesto de Olvera tomase la decisión de replegarse sobre el de Algodonales, donde había un oficial jefe de línea, algo similar ocurrió con la fuerza de los tres puestos ubicados en el término municipal de Jimena de la Frontera para realizarlo sobre el de San Roque. No hay que olvidar que al frente de la línea de Jimena no había tampoco destinado oficial alguno y que el más cercano era precisamente el de la línea de San Roque, teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso, en cuya residencia había además guarnición del Ejército.

 

El 18 de julio de 1936 el comandante de puesto de Jimena era el brigada Salvador Carrasco Zurita, el de Buceite era el cabo Antonio Casablanca Romero y el de Tesorillo era el cabo José León Pineda. Los tres tuvieron que tomar una decisión sin poder consultar a su superior ni recibir órdenes del mismo, actuando por propia iniciativa, ya que no tuvieron oportunidad de enlazar telefónica ni telegráficamente con San Roque ni con Algeciras, residencia del jefe de su compañía, capitán Miguel Romero Macías. Tal y como se verá más adelante la conclusión a la que llegaron no fue la misma para todos y en uno de los casos no tardaría en producirse un trágico e inesperado desenlace. 

 

Antes de proseguir en el ámbito general del Campo de Gibraltar y la vinculación específica de todo ello con San Roque hay que significar que los responsables de la conspiración en la provincia de Cádiz, al igual que en la mayor parte del país, no contaron en su fase de planeamiento con la Guardia Civil. Por una parte, existía una falta de confianza en sus cuadros de mando, dado su tradicional espíritu de lealtad al gobierno legalmente constituido, y por otra, los conspiradores tenían el convencimiento de que una vez iniciada la sublevación militar, las fuerzas del benemérito Instituto se sumarían al mismo, al igual que lo harían el resto de las guarniciones. Dicho propósito no se cumplió a nivel nacional y provocó una trágica contienda civil que duraría casi tres años y una muy dura represión sobre los vencidos.

 

Sin embargo, el planteamiento inicial dejaba en muy delicada situación, prácticamente a su suerte, a varias docenas de pequeños puestos desplegados por toda la provincia. Éstos no contaban con el respaldo y protección de guarnición militar alguna y realmente se trataban de un puñado de guardias civiles que vivían junto a sus familias en casas-cuarteles no aptas para la defensa. Todo ello sin olvidar además que la mayoría de los habitantes de las localidades en las que estaban enclavados eran manifiestamente afectos al gobierno de la República y por lo tanto contrarios a una sublevación militar.

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que dichos puestos quedaron sin posibilidad siquiera de enlace telefónico o telegráfico con sus superiores para pedir o recibir instrucciones, fueron sus comandantes (suboficiales o cabos) los que tuvieron que tomar finalmente una decisión. Tal y como se verá en el próximo capítulo, las decisiones de los tres jefes de puesto existentes en el municipio limítrofe de Jimena fueron diferentes, al igual que lo fueron sus consecuencias.

 

(Continuará).

 

 

 

sábado, 19 de junio de 2021

EFEMÉRIDES: 19 DE JUNIO DE 1880. COLOCACIÓN POR S.M. EL REY ALFONSO XII DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ACTUAL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL.


Efemérides redactada por Jesús Núñez, e ilustrada con 4 fotografías en blanco y negro, para la Sección de Magacín de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares



19 DE JUNIO DE 1880


 

El 19 de junio de 1880 se procedió por S.M. el Rey Alfonso XII a la colocación de la primera piedra para el “Asilo de huérfanas del Instituto de la Guardia Civil”. El simbólico acto, del que se hizo eco la prensa de época, tuvo lugar en la finca “El Juncarejo”, sita en el municipio madrileño de Valdemoro.

 

El terreno había sido donado a la Benemérita por Diego Fernández Vallejo, marqués de Vallejo, escriturándose el 1º de noviembre de 1878, previa autorización para su aceptación por Real Orden de 29 de octubre último. La realización de las obras había sido autorizada por una Real Orden del Ministerio de la Guerra de 2 de enero de 1879. 

 

Tan sólo diez días después, el director general de la Guardia Civil, teniente general Fernando Cotoner Chacón, marqués de La Cenia, emitía una circular en la que tras agradecer la generosidad de los marqueses de Vallejo, reconocía la necesidad de abrir en el Cuerpo, “un ancho campo de instrucción y porvenir a los huérfanos e hijos de aquél, a quienes no es suficiente la Compañía de Guardias Jóvenes, toda vez que existen 309 aspirantes varones sin poder ocupar plaza, viéndose además todas las hembras privadas de análogo recurso”. Para ello expuso seguidamente el ejemplo a imitar del Arma de Infantería, “que por la asociación general de sus individuos sostiene en Toledo dos asilos de huérfanos de ambos sexos”.

 

El día de la ceremonia, la comitiva real llegó en tren a la estación de Valdemoro, siendo recibida por el general Cotoner. Una compañía del 14º Tercio del benemérito Instituto rindió los honores de ordenanza.

 

Acompañaban a Alfonso XII, su esposa la Reina María Cristina y sus hijas, las Infantas María de la Paz y Eulalia, así como un séquito compuesto, entre otros, por el ministro de la Guerra, teniente general José Ignacio de Echavarría del Castillo, marqués de Fuente Fiel; el teniente general Francisco de Ceballos Vargas, marqués de Torrelavega; el teniente general Rafael Echagüe Bermingham, conde del Serrallo; el obispo de Areópolis, Ciriaco María Sancha Hervás; y los consejeros de Estado Emilio Cánovas del Castillo, Pedro Antonio de Alarcón Ariza y Andrés Salavert Arteaga.

 

Entre otras autoridades y personalidades presentes se encontraban el senador José Pérez-Osorio Silva, marqués de Alcañices; el coronel de Caballería Pedro Agustín Girón y Aragón, III duque de Ahumada; el mentado marqués de Vallejo; el gobernador militar de Madrid, mariscal de campo Zacarías González Goyeneche; el alcalde de Valdemoro Facundo Fernández Catalina; el brigadier secretario de la Dirección General de la Guardia Civil José Arderius García; los coroneles del Cuerpo Carlos Denis Trueba, Francisco García Osorno y Manuel Giraldo López, así como el teniente coronel Vicente García Aguado.

 

Tras trasladarse a la iglesia parroquial donde se celebró una misa, todos los presentes se desplazaron a la finca “El Juncarejo”, en cuya parte más alta estaba prevista la construcción del edificio bajo la dirección del arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos.

 

Allí rindió honores el Batallón de Guardias Jóvenes con bandera, banda y música, todo ello bajo el mando del comandante Romualdo Galindo Ingarriza, como jefe de la “Comandancia de Valdemoro”. 

 

En el interior de esa primera piedra simbólica se depositó un ejemplar de la “Gaceta de Madrid” del día, una copia de la escritura y veinte monedas de curso legal.

 

Esa misma fecha el director general dictó una orden general en la que además de agradecer la presencia del Rey y su Familia, destacó que “cesa el exclusivismo que existía a favor de los hijos del Cuerpo, y todos, sin distinción de sexo, serán atendidos por igual”. 

 

Terminadas las obras en 1885 el colegio comenzó su andadura bajo el cuidado de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con una capacidad inicial para cien alumnas en régimen de internado.

 

En la actualidad, dicho centro, bajo el nombre de “Marqués de Vallejo”, es el colegio de huérfanos de la Guardia Civil, donde cursan sus estudios escolares niños y jóvenes de ambos sexos que tienen aquella condición, así como quienes sin tenerla guardan vinculación con el benemérito Instituto.

 

 

 

jueves, 17 de junio de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXI). DE JIMENA A SAN ROQUE (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 14 de junio de 2021pág. 17.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


Como ya se expuso en un capítulo anterior, el municipio de Jimena de la Frontera, limítrofe con el de San Roque, fue el último en ser ocupado por los sublevados en la provincia de Cádiz. El 28 de septiembre de 1936, tras duros combates, tomaron la localidad que le da nombre. Al día siguiente fue la pedanía de San Pablo de Buceite y el 8 de octubre corrió la misma suerte San Martín del Tesorillo. 

 

A partir de esa fecha la provincia gaditana quedó en su totalidad en poder de los alzados cuyo siguiente objetivo principal sería conquistar la capital malagueña, lo cual conseguirían el 8 de febrero siguiente. 

 

Antes de continuar hay que significar que en estos capítulos no se pretende relatar las innumerables y trágicas vicisitudes que acontecieron en las primeras semanas de guerra civil, pues para ello ya hay obras publicadas al respecto más alguna que está en camino. El propósito es dar a conocer circunstancias y hechos relacionados con los guardias civiles, de los que poco se suele saber, vinculados de una u otra forma con el municipio de San Roque. Normalmente obran en los archivos del Servicio de Estudios Históricos del benemérito Instituto o en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior. En su mayor parte proporcionan información inédita y en ocasiones aclara, complementa o incluso contradice lo publicado por otros historiadores e investigadores. 

 

Dicho lo anterior hay destacar que en los tres núcleos de población existentes en el término municipal de Jimena de la Frontera había entonces puestos de la Guardia Civil y por lo tanto las correspondientes casas-cuarteles. Cuando en su momento se aborde la historia de la Benemérita en dicho municipio, ya se profundizará en las vicisitudes que de sus plantillas al inicio de la contienda. Ahora el relato sólo se circunscribirá a los principales hechos relacionados con esos tres puestos que tuvieron que evacuar sus acuartelamientos y terminaron replegándose sobre el de San Roque, pasando a reforzar sus efectivos. Todo ello bajo el mando del teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso.

 

Hasta el 30 de abril de 1936 el mando titular de la línea de Jimena de la Frontera lo habia estado ejerciendo el teniente Valeriano Silva Franco, cesando al haber sido destinado por el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio (Málaga), a mandar la de La Línea de la Concepción. Si bien el teniente Alfredo Fernández Fernández se incorporó el 20 de mayo siguiente a mandar la línea de Jimena, procedente de la Comandancia de Teruel, apenas lo ejerció ya que Ojanguren, que había estado haciéndose hasta entonces cargo accidentalmente de la misma, tuvo que volver a hacerlo también unos días más en junio. 

 

Fernández sería destinado el día 18 de dicho mes al mando de la línea de Rota, por lo que al iniciarse la sublevación militar, la línea de Jimena, que había sido reasignada al empleo de alférez, estaba vacante y agregada a efectos de vigilancia del servicio, al teniente Ojanguren desde San Roque.

 

Al inicio de julio de 1936 la plantilla del puesto de Jimena estaba constituida por un brigada, 2 guardias 1º y 5 guardias 2º de infantería así como un cabo y 2 guardias 2º de caballería; la del puesto de Buceite, por un cabo, un guardia 1º y 6 guardias 2º de infantería; y la del puesto del Tesorillo, por la misma fuerza que el anterior.

 

Tras tenerse conocimiento de la sublevación militar en el Campo de Gibraltar, estos tres núcleos de población citados permanecieron leales al gobierno de la República. En ello fue determinante la resolutiva actuación del teniente de Carabineros Manuel Martínez Mora (hijo del capitán de dicho Instituto Manuel Martínez Núñez), jefe de la 3ª Sección, con residencia en Jimena, encuadrada en la 3ª Compañía de Puente Mayorga (San Roque). 

 

Mantuvo todo el tiempo bajo sus órdenes la fuerza de su unidad, integrada por los puestos de la residencia así como los del Tesorillo y Castellar de la Frontera, a los que terminó ordenando su repliegue sobre Jimena. En completa coordinación con el alcalde de dicha localidad, Cristóbal Vera Sarabia, y el comité local del Frente Popular organizó la defensa de la localidad.

 

Según consta en su hoja de servicios, además del personal de su sección, concentró también al de los puestos de las estaciones ferroviarias de San Pablo de Buceite, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, “y al ocuparse ésta por el Ejército Nacional no fue habido”, dándosele por desaparecido. El 27 de enero siguiente sería dado de baja definitiva por abandono de destino en el Ejército, y por lo tanto también del Cuerpo de Carabineros. Junto a fuerza a sus órdenes y numerosa población civil, huyó de Jimena hacia Málaga antes de la entrada de las tropas sublevadas.

 

Hecho prisionero al final de la contienda, durante la que había ascendido al empleo de capitán por méritos de guerra, fue juzgado en consejo de guerra celebrado en Valencia. Se le condenó como autor del delito de adhesión a la rebelión militar, en sentencia firme de 17 de agosto de 1939, a la pena de 30 años de reclusión mayor, con las accesorias de pérdida de empleo, interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. Por orden ministerial de 11 de noviembre de 1943 se le concedió la libertad condicional cuando estaba cumpliendo condena en la prisión central de Burgos. El consejo de ministros celebrado el 31 de mayo siguiente le conmutaría la pena inicial por la de 6 años y un día.

 

A diferencia de la firme actitud de Carabineros la reacción inicial de los tres comandantes de puesto de la Guardia Civil en el municipio de Jimena de la Frontera, sin oficial in situ que les diera órdenes concretas, fue la de acuartelarse y permanecer atrincherados en las casas-cuarteles a la espera de recibir instrucciones de su cadena de mando. Transcurida una semana, no sin ciertas vicisitudes, se replegarían sobre San Roque, en algunos casos incluso con familiares, para ponerse a las órdenes del teniente Ojanguren.

 

Para entender mejor la razón de ello es imprescindible ser conscientes de la ausencia de medios de comunicación para conocer lo que realmente estaba sucediendo, de la férrea diciplina interna de la Benémérita cuyas órdenes se reciben exclusivamente por conducto de sus mandos orgánicos y las instrucciones particulares que entonces se tenían. 

 

En relación a esto último hay que significar que se encontraba entonces en vigor la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil, siendo su titular el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, relativa a prevenciones sobre concentración de la fuerza de los Puestos en caso de subversión.

 

La misma comenzaba su texto diciendo: “Atento el mando a las enseñanzas y experiencias que ha proporcionado el reciente movimiento anárquico en las múltiples facetas de su desarrollo y en cuanto ha tenido relación con el ataque sistemático a los Puestos Rurales de escasa dotación y adquirido conocimiento de la táctica empleada por los elementos revolucionarios, …”.

 

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXX). LA GUERRA EN EL GUADIARO (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 7 de junio de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

Además de distinguirse el cabo de la Guardia Civil Manuel Gómez Rueda en los combates que se libraron el 6 de agosto de 1936 en la zona del Guadiaro, hubo más miembros del benemérito Instituto que destacaron en sucesivas acciones.

 

Así, tal y como consta en la documentación original citada por el capitán Juan Antonio Ramos Hitos, sobresale la actuación del cabo Fermín Jiménez Pelegrín, perteneciente también a la Comandancia de Málaga. Su segundo apellido realmente era Peregrina, y al igual que el cabo Gómez, también estaba destinado en la capital malagueña.

 

Tras el frustrado intento de ocupar la localidad de San Roque en la mañana del 27 de julio, las fuerzas gubernamentales se habían retirado casi en desbandada hasta la línea del Guadiaro. Los sublevados, con las unidades de regulares indígenas al frente realizaron tan sólo una corta explotación del éxito, pues no disponían de efectivos ni medios suficientes para progresar y sostener el esfuerzo. Además había ya en el lugar un indeterminado pero importante número de adversarios desplegados en una zona que no conocían. 

 

Precisamente para suplir dicha carencia, guardias civiles destinados en San Roque, La Línea de la Concepción y Jimena de la Frontera, prestarían servicio de guía sobre el terreno de las tropas africanas. Al librarse combates en el Guadiaro se producirían bajas de miembros de la Benemérita por ambos bandos. La guerra civil enfrentó guardias civiles contra guardias civiles. 

 

Una de las acciones más destacadas acaeció el 13 de agosto en la Loma de Guadiaro. El cabo Fermín Jiménez se encontraba al frente de dos ametralladoras con las que habían sido dotadas todas las Comandancias de la Guardia Civil tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

 

Tal y como figura en el parte de hechos, suscrito por el brigada Francisco Torrubia Mateos, nombrado jefe de la Comandancia de Málaga, “sobre las 7 horas comenzó de la zona rebelde un nutrido tiroteo de ametralladoras y fusilería, por lo que el citado Cabo emplazó la máquina a su cargo en un reducto construido al efecto la noche anterior, colocando al personal en sus puestos y contestando al fuego, viendo que el enemigo tenía establecida una línea de combate de 1.500 a 2.000 metros desde la desembocadura del río hasta la loma que domina el puente de la carretera en tres escalones”.

 

El informe siguió relatando lo sucedido: “El enemigo rebelde tenía establecidas seis ametralladoras y a retaguardia varios morteros que batían las alturas de San Enrique de Guadiaro e iniciaba un movimiento envolvente, por lo que el Cabo Fermín ordenaba sin cesar la variación de tiro para batir el centro y los flancos. A la acción de las ametralladoras del Cuerpo se sumó la del ejército popular que se encasquilló al momento. Ante la proximidad, a unos 50 metros del numeroso enemigo, se ordenó la retirada que fue protegida por la máquina del Cuerpo y fusiles …”.

 

Precisamente ese 13 de agosto y en esa misma zona resultaría herido grave el teniente de la Guardia Civil Valeriano Silva Franco, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, de la que dependía entre otros el puesto sanroqueño de Campamento. Según consta en su hoja de servicios el hecho sucedió “en la mañana del 13 de agosto y hallándose operando la columna que al mando del comandante de Regulares Enrique García de la Herrán, sobre el río Guadiaro y Tesorillo, en la que iba como práctico del terreno”. Falleció doce días más tarde en el hospital civil de La Línea, a donde había sido evacuado. Fueron baja también otros dos regulares indígenas.

 

Por parte gubernamental esa misma fecha, el informe de la Benemérita republicana daría cuenta del fallecimiento en acción bélica de otro guardia civil más, así como de dos heridos, pertenecientes todos ellos a la Comandancia de Málaga: “Al iniciarse la retirada fue herido en el pecho el Guardia segundo Antonio Rueda Rodríguez, el que fue transportado hasta Guadiaro donde falleció teniendo que abandonar su cadáver, asimismo resultó herido en el brazo izquierdo el Guardia segundo Francisco Ruiz León y lesionado por caída el de la misma clase José López Gil.”

 

Finalmente se concluía que “la fuerza actuó en el encuentro con gran valor, elevadísimo espíritu, serenidad y pericia que no sólo contribuyó a castigar muy considerablemente al enemigo, originándole muchas bajas vistas, sino también a que en la precipitada retirada de las irregulares milicias no se produjesen sensibles pérdidas como así lo ha participado el Capitán Jefe de la columna a la que pertenecía nuestra fuerza de la que ha hecho los mejores encomios y la prensa ha recogido el caso que ha enaltecido con toda clase de elogios”.

 

El guardia 2º Rueda sería ascendido de forma póstuma al empleo inmediato, junto a otros 154 componentes más petenecientes a diversas comandancias, en una orden suscrita el 5 de marzo de 1937 por el subsecretario del ministerio de la Gobernación, Carlos Rubiera Rodríguez. Todo ello, “en atención a las circunstancias que concurren en el personal del Instituto de la Guardia Nacional Republicana que ha resultado muerto en combates sostenidos en los diferentes frentes de operaciones durante la campaña actual, o como consecuencia de heridas adquiridas en la lucha”.

 

Respecto al cabo Fermín Jiménez, y en la misma resolución ministerial que el cabo Manuel Gómez, “de acuerdo con la Comisión de Ascensos del Comité Central de la Guardia Nacional Republicana”, le sería conferido el empleo de sargento el 23 de octubre de 1936. Finalizada la contienda se le aplicaría la Ley de 9 de febrero de 1939, sobre Responsabilidades Políticas. Habría que esperar hasta el 10 de febrero de 1945, para que se resolviese, siendo Alejandro Moner Sánchez, presidente de la Audiencia Provincial y del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Málaga, el archivo del expediente núm. 792/1940 que se le venía instruyendo. Consecuente con dicha resolución, publicada en el BOE núm. 254, de 11 de septiembre siguiente, el propio interesado o sus herederos en su caso, recobraban “la libre disposición de sus bienes quedando sin más requisitos levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieren llevado a efecto en los mismos.

 

Sobre el guardia 2º Francisco Ruiz, que había resultado herido, en otra orden ministerial de 22 de octubre de 1936, además de ser citado previamente en orden de su unidad como “muy distinguido”, fue ascendido al empleo de cabo. El resto de guardias 2º de la Comandancia de Málaga que fueron igualmente citados como muy distinguidos por los combates librados en la zona del Guadiaro el mentado 13 de agosto, eran Antonio Reyes Perea, Leoncio Hernández Alberca, Manuel Jurado Centurión, Rafael Cañete García, Joaquín Rodríguez León, Francisco Bélmez Carrasco, José Rueda Rodríguez, Francisco Guerrero Molina, José García Sanz, Mateo Sánchez Román y Cristóbal Lara Gómez.

 

Tras la toma de la ciudad de Málaga el 8 de febrero de 1937, serían detenidos y fusilados días después como guardias 2º Antonio Reyes y Francisco Guerrero, ya que los ascensos obtenidos con posterioridad al 18 de julio anterior, como consecuencia de resoluciones del gobierno de la República, no serían reconocidos por los sublevados.

 

(Continuará).  

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXIX). LOS PRIMEROS COMBATES DEL GUADIARO (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 31 de mayo de 2021pág. 14.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Vista la situación descrita en el capítulo anterior, el coronel Fulgencio Gómez Carrión se desmoralizó y firmó el 20 de julio de 1936 su último documento como máximo responsable del 16º Tercio. Era consciente que todo estaba ya perdido.

 

Según consta en su expediente personal, con dicha fecha participó al inspector general del Cuerpo que se daba de baja médica para el servicio al encontrarse enfermo “por padecer agotamiento físico y ciática”, ingresando en el hospital militar de Málaga. Igualmente comunicó que entregaba el mando y despacho del 16º Tercio al teniente coronel Aquilino Porras Rodríguez, jefe de la Comandancia de Málaga. 

 

Ya no volvió a hacerse cargo de dicha jefatura, permaneciendo un largo periodo de estancia hospitalaria en el que se le diagnosticó enajenación mental. Ello le permitió sobrevivir algunas semanas más que sus colaboradores más directos. Dado de baja definitiva para el servicio activo el 1º de agosto siguiente, fue procesado como ex-coronel por el juzgado militar especial de instrucción de Málaga en la causa núm. 93/1936, por el delito de rebelión militar. 

 

El resto de encartados en dicho procedimiento, encabezados por quien había sido el comandante militar de la provincia, general de brigada de Infantería Francisco Patxot Madoz, sería sacado por “una muchedumbre armada” el 22 de agosto de la prisión donde estaban recluidos. Fueron “fusilados por el pueblo” como represalia a uno de los bombardeos aéreos sufridos en la ciudad. Finalmente Fulgencio Gómez sería fusilado el 20 de septiembre siguiente junto a medio centenar de detenidos de diversa procedencia social, considerados desafectos a la causa republicana. El 16 de agosto ya lo había sido el teniente coronel Porras junto a varios jefes y oficiales de la Guardia Civil que también estaban detenidos.

 

El mando del Tercio le fue conferido inicialmente al capitán Cristóbal Román Durán y el de la Comandancia al brigada Francisco Torrubia Mateos, a quien se le acababa de otorgar dicho empleo a propuesta del gobernador civil. Había ascendido a sargento el mes anterior pero su activa y acreditada lealtad al régimen republicano frente a la sublevación militar le propició esa nuevo y rápida promoción. 

 

El capitán Román en cambio sería apartado por desafecto y dado definitivamente de baja para el servicio el 10 de diciembre siguiente en la Guardia Nacional Repúblicana, nombre con el que se rebautizó a la Guardia Civil en la zona gubernamental. Según consta en su expediente personal, el 5 de enero siguiente se pasó por el sector granadino de Loja al bando sublevado, “llevando documentación y planos de los frentes de guerra”. 


 

Lo hizo en unión del capitán Antonio Fernández Sevillano, los guardias 2º Francisco González Infantes y Segundo Cardoso Gómez, todos ellos de la Comandancia de Málaga, así como del cabo de la Guardia de Asalto José Molina Podadera y su hermano Vicente, soldado del ejército republicano.

 

Tras practicarse la correspondiente investigación sobre su conducta y días antes de la ocupación de la capital malagueña, pasó a prestar servicio bajo las órdenes del gobernador militar del Campo de Gibraltar. La misión encomendada fue “para su utilización en columna de operaciones”, según participó el comandante Manuel Márquez González, como jefe accidental de la Comandancia de Cádiz, al inspector general interino de la Guardia Civil en Valladolid, general de brigada de Infantería Marcial Barro García. A los pocos meses de finalizar la Guerra Civil sería destinado a mandar la compañía gaditana de Villamartín, donde permanecería casi un año. Realmente se podría escribir una novela basada en sus actividades y vicisitudes acaecidas a lo largo de su carrera profesional que culminaría con el empleo de coronel.

 

Respecto al brigada Torrubia, tras ser ocupada el 8 de febrero de 1937 la capital malagueña por los sublevados, sería detenido y fusilado al igual que le sucedió a más de medio centenar de guardias civiles de diferentes empleos, reconvertidos en guardias nacionales republicanos y considerados desafectos al “Glorioso Movimiento Nacional”. La represión en ambos bandos se cebaría especialmente con los componentes de la Guardia Civil. Ni en una ni otra zona habría piedad ni perdón para ellos. Esa es otra de las trágicas historias de aquella contienda que queda pendiente de relatar con luz y taquígrafos.

 

Gracias también al ya mentado capitán Ramos Hitos, infatigable escritor e investigador lamentablemente fallecido hace unos años, se conocen una serie de vicisitudes, referidas a guardias civiles de la Comandancia de Málaga y que tuvieron por escenario el término municipal de San Roque. Acaecieron en las primeras semanas de la Guerra Civil y fueron dadas a conocer con ocasión de un extenso artículo publicado en enero de 1994 en la revista profesional “Guardia Civil”.

 

Resultó que cuando el 27 de julio de 1936 se produjo el ataque a la localidad de San Roque por parte de una numerosa columna procedente de Málaga, ya relatado en capítulos anteriores, hubo un reducido grupo de guardias civiles que formaban parte de la misma.

 

Si bien no participaron en los hechos relatados en su momento en el interior de la población ni en el ataque a la casa-cuartel, acreditaron “su valor y entusiasmo por la causa republicana”. Según la documentación original consultada por Ramos, cuando al llegar las fuerzas de auxilio procedentes de Algeciras, encabezadas por tropas de regulares indígenas, los integrantes de la citada columna malagueña iniciaron la retirada, “un tanto precipitada y confusa dada la heterogeneidad de los grupos combatientes”.

 

Realmente lo que entonces se produjo fue una desbandada pero aquellos guardias civiles de la Comandancia de Málaga que se habían quedado en las afueras de San Roque, protegiendo la columna de camiones, lograron que algunos de los conductores que habían iniciado la huida regresasen para poder recoger al mayor número de componentes republicanos que fuera posible.

 

Otra de las vicisitudes recogidas en la documentación original está fechada el 6 de agosto siguiente: “las dos máquinas ametralladoras de esta Comandancia, servidas por la fuerza del Cuerpo que formaba parte de la columna de leales que operaba sobre el frente de San Roque, sostuvieron un intenso tiroteo con otra rebelde que avanzaba en dirección a San Enrique de Guadiaro, logrando con la eficacia del fuego ponerla en fuga sin que lograra su objetivo y sin que produjera ninguna baja en las fuerzas leales. La actuación de dicha fuerza es digna del mayor elogio, mereciendo unánimes felicitaciones por su alto espíritu militar y valor demostrado en defensa de la República, resaltando sobre ello la enérgica actuación del Cabo Manuel Gómez Rueda”.

 

A dicho cabo, “de acuerdo con la Comisión de Ascensos del Comité Central de la Guardia Nacional Republicana”, le sería conferido el empleo de sargento el 23 de octubre de 1936. Tras no pocas vicisitudes terminaría sobreviviendo al final de la contienda y a la posguerra, no siéndole reconocido ascenso alguno y dado de baja definitiva para el servicio. Habría de esperar al inicio de la Transición democrática, cuando en aplicación del real decreto-ley núm. 10/76, sobre amnistía, de 30 de julio, se le concedió el 3 de junio de 1977 el pase a la situación de retirado a los efectos económicos de percibir una pensión. 

 

(Continuará).