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martes, 7 de febrero de 2023

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLVII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (59).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 6 de febrero de 2023, pág. 9.


El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.


 

El capítulo anterior concluía con la propuesta de remisión, por parte de la Jefatura de Intendencia e Intervención y la Auditoría de Guerra de la Segunda Región Militar (Sevilla), de que las 356’39 pesetas que correspondían al capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, después de la subasta pública de sus muebles.


Dicha cantidad equivalía entonces, aproximadamente, al sueldo mensual de un guardia civil que llevase unos veinte años de servicio. Hacía más de dos años que el Cuerpo de Carabineros había desaparecido tras entrar en vigor la ley de 15 de marzo de 1940, pasando sus componentes a integrarse en el de la Guardia Civil.


Aquel dinero debía “quedar en depósito a disposición del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, hasta tanto se resuelvan las responsabilidades que haya dado lugar su actuación”. 


Trasladado ello por orden del capitán general de la Segunda Región Militar (teniente general Miguel Ponte Manso de Zúñiga) al gobernador militar de la provincia de Cádiz (general de brigada Luis Armada de los Ríos), y por éste a su vez, al juez instructor del expediente administrativo (teniente coronel de Infantería Antonio Matos Pantoja), fue remitido seguidamente a la delegación de Hacienda en Cádiz. Su titular, Ángel Pesini Pulido, una vez visto lo actuado, dispuso el 3 de noviembre de 1943 que dicha cuantía fuera puesta a disposición del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. 


Creado por la ley de 9 de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas, la finalidad represiva de ésta quedaba perfectamente clara desde su primer párrafo: “Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado; el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos su esfuerzos y todos sus sacrificios”. 


Dicha ley declaraba la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde 1º de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, “contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pa­sividad grave”. 


Entre los diferentes órganos que esa ley creó, estaban los tribunales regionales en todas las capitales de provincia donde existieran audiencias territoriales de la jurisdicción ordinaria. Estaban compuestos por un jefe del Ejército (coronel, teniente coronel o comandante), que actuaba como presidente; un funcionario de la carrera judicial de categoría no inferior a “juez de ascenso”; y un mili­tante de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. que fuera abogado. Las sanciones a imponer podían ser restrictivas de actividad, limitativas de la libertad de residencia y económicas.


El 9 de noviembre de 1943 el teniente coronel Matos, juez instructor núm. 1 y núm. 2 de expedientes administrativos, cuyas dependencias se encontraban ubicadas en el cuartel gaditano de Santa Elena, sito en el recinto amurallado de Puerta de Tierra, remitió escrito al presidente de la audiencia provincial de Cádiz, Juan García-Murga Mateos. Le interesaba que comunicara la fecha en la que la delegación de Hacienda efectuase la transferencia de la cantidad depositada perteneciente al capitán Lamadrid.


Instruidas diligencias previas núm. 688/1943 por dicha audiencia provincial, se dictó el 16 de noviembre auto de sobreseimiento, “por no ser los hechos imputados al Sr. Lamadrid en el expediente incoado por esa jurisdicción, de los que den lugar a responsabilidades políticas”. Por tal motivo, el 2 de diciembre siguiente, el presidente de la audiencia respondió al citado juez instructor militar que dejase sin efecto la transferencia acordada.


Una vez recibido dicho escrito, éste lo comunicó al capitán general, elevando el expediente en consulta para la resolución que se estimase oportuna. Tanto la Jefatura de Intendencia, el 2 de septiembre de 1944, como la Jefatura de la Intervención Militar de la Segunda Región Militar, cinco días más tarde, al igual que la Auditoría de Guerra, el 5 de octubre siguiente, dictaminaron que la cantidad sobrante, tras haberse compensado el total de la deuda, debía quedar a resultas de la causa núm. 47/1938 que se venía instruyendo al capitán Lamadrid por el delito de rebelión militar.


Cuatro días después el general subinspector de la Segunda Región Militar, José Martín Prats, de conformidad con el anterior dictamen, procedió a devolver el expediente al juez instructor por conducto del nuevo gobernador militar de Cádiz, general de brigada Luis Escassi Osuna.


Una vez unido al expediente administrativo el testimonio de la mentada causa núm. 47/1938, que se seguía por la jurisdicción castrense al capitán Lamadrid por el mentado delito de rebelión militar, el teniente coronel Matos, volvió a elevarlo el 16 de febrero de 1945, al capitán general de la Segunda Región Militar, en consulta para la resolución que procediese. 

 

El 8 de marzo siguiente, el coronel auditor Francisco Munilla Morales, jefe de la Auditoría de Guerra de la Segunda Región Militar, emitió su dictamen jurídico, proponiendo al capitán general que el saldo sobrante a favor del capitán Lamadrid continuase depositado en la caja sucursal de depósitos de la Delegación de Hacienda en Cádiz, “hasta que el procesado se presente o sea habido, toda vez que no aparece sujeto a ninguna otra responsabilidad, dándose por terminado este expediente y procediéndose después a su archivo en esta Región Militar”.


El día 26 de ese mismo mes, el delegado de Hacienda confirmaba al juez instructor del juzgado militar de Cádiz que dicha cantidad continuaba depositada y a su disposición. Finalmente, el general subinspector, de orden del capitán general de la Segunda Región Militar, de conformidad con lo propuesto por su asesor jurídico, decretó el 30 de junio de 1945 el archivo del expediente administrativo.


Así, después de siete años y medio que habían transcurrido desde que el capitán Lamadrid se refugiase en la colonia británica de Gibraltar con la finalidad de pasarse a las filas republicanas, con el dinero que se había llevado de la 3ª Compañía de Carabineros en Puente Mayorga, se concluyó definitivamente el expediente administrativo para el resarcimiento de dicha cuantía.


Sin embargo, quedaba pendiente de resolver la causa núm. 47/1938 que se venía instruyendo contra él por la jurisdicción castrense como supuesto autor de un delito de rebelión militar. Destinado al final de la contienda en la Comandancia de Carabineros de Figueras, en la provincia de Gerona, había pasado a Francia para evitar su detención.


(Continuará).

 

 

miércoles, 1 de febrero de 2023

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLVI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (58).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 30 de enero de 2023, pág. 11.


El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.


 

Tal y como ya se expuso en un capítulo anterior, el capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, al ejecutar el 29 de diciembre de 1937 su plan de pasarse a la zona republicana a través de la colonia británica de Gibraltar, había llevado consigo “la suma de 1.170 pesetas que para atenciones de la compañía se le tenía entregada”.


El entonces jefe de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, teniente coronel José Marqués Mesías, al mandar registrar el despacho de dicho oficial en el acuartelamiento de Puente Mayorga se comprobó que ese dinero había desaparecido, razón por la cual dio cuenta también de ello al juzgado militar eventual de Algeciras.


Su titular, el comandante de infantería Luis Álvarez Sánchez de la Nieta, sin perjuicio del procedimiento penal que había comenzado a instruir contra el capitán Lamadrid por el supuesto delito de rebelión militar, comunicó al teniente coronel Marqués que, “el descubierto dejado en caja por el procesado, es considerado como una falta de fondos o desfalco previsto en la R.O. de 28 de marzo de 1883”. 


Es decir, que por tal hecho, debía incoarse otro procedimiento diferente conforme la normativa referida. Hay que significar que en este caso dicho procedimiento no era de carácter penal sino administrativo, pues sin perjuicio de delimitarse y exigirse las responsabilidades penales que procedieran, lo que principalmente se pretendía con la instrucción del correspondiente expediente administrativo era reintegrar la cuantía objeto del desfalco.


Sobre el origen concreto del dinero que se había llevado el capitán Lamadrid hay que precisar que el 27 de diciembre de 1937, es decir, dos días antes de su huida, había recibido 1.350 pesetas. Fueron entregadas por el capitán Ignacio Molina Pérez, habilitado cajero de la Comandancia de Carabineros de Algeciras. Dicha suma equivalía entonces al haber mensual de un suboficial y tres carabineros. El jefe del Detall que había dado el visto bueno de la entrega era el comandante José Cumbre Tecle, siendo autorizada por el teniente coronel Marqués. 


De esa cifra, mil pesetas eran para las atenciones y necesidades de la 3ª Compañía de Puente Mayorga, correspondientes al mes de enero de 1938. El resto era un anticipo que había solicitado el propio Lamadrid con cargo al próximo sueldo que tenía previsto percibir. Necesitaba llevarse en su huida todo el dinero en metálico posible al objeto de poder afrontar cualquier imprevisto que se le presentase.


Al total de dicha cantidad le habían sido deducidas 180 pesetas. Cincuenta fueron abonadas en concepto de gastos ocasionados por la limpieza del pozo negro del acuartelamiento de Puente Mayorga. El resto correspondía a 50 y 80 pesetas entregadas en concepto de anticipo a cuenta de haberes, de los carabineros David Melgar Delgado y Nicolás Alcobendas Armijo, respectivamente. Por todo lo cual, la suma que había quedado en metálico bajo custodia del capitán Lamadrid y que se había llevado en su huida ascendía a 1.170 pesetas.


La certificación correspondiente, a efectos de su remisión a la autoridad competente, fue posteriormente extendida en su condición de habilitado-cajero por el capitán Molina, estampando su visto bueno el comandante Joaquín Moreno Lara como jefe del Detall.  


Dado que tanto el capitán Lamadrid como su esposa habían desaparecido y se hallaban en ignorado paradero, se procedió a requisar todos los efectos personales y muebles que se encontraban en domicilio. Éste les había sido rentado por el comandante de puesto de la Guardia Civil en la barriada sanroqueña de Campamento de Benalife, sargento Manuel Valle Valle.


Iniciado el expediente administrativo para reintegro de la cantidad desaparecida, concluyó la guerra civil sin noticias del paradero del capitán Lamadrid, no habiendo sido para entonces ni capturado ni presentado por propia iniciativa. Por lo tanto, Comenzado ya 1941, el instructor decidió elevar al capitán general de la Segunda Región Militar en Sevilla, teniente general Fidel Dávila Arrondo, por conducto del gobernador militar de Cádiz, general de brigada Pedro Jevenois Labernade, el inventario de todos los bienes incautados que se encontraban bajo la custodia de un depositario, solicitando autorización para su venta en pública subasta.


El 14 de marzo la Auditoría de Guerra emitió informe favorable para que se procediera a realizar los trámites oportunos para su celebración, “destinándose el producto de la misma a cubrir el descubierto dejado por el capitán Don Manuel Lamadrid Rivas en la Caja de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, y caso de no ser suficiente la cantidad resultante de dicha subasta se abonará el resto mancomunadamente por los claveros”. Estos últimos eran tres: el propio capitán jefe de la compañía que continuaba en ignorado paradero, el habilitado-cajero y el jefe del Detall en la fecha del desfalco. 


El 9 de octubre siguiente se trasladó la correspondiente autorización desde la Subinspección General de Servicios y Movilización de la Segunda Región Militar. Transcurrido casi año y medio, habiéndose cumplimentado todos los trámites y anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se procedió el 12 de febrero de 1943 a celebrar pública subasta de los bienes embargados. El acto se llevó a cabo en la sede del juzgado militar de Cádiz, asistiendo el juez instructor del expediente, teniente coronel de Infantería Antonio Matos Pantoja; el depositario de los bienes a subastar, Manuel Muñoz García; el “voz pública”, soldado de Infantería y maestro nacional Ricardo Moreno Laínez, así como el secretario, José Sánchez González. 


Al no presentarse oferta alguna que cubriera al menos dos tercios de la tasación, se acordó por el tribunal allí constituido que, conforme la normativa vigente, se aceptase como postura admisible la que cubriese el importe del capital a reintegrar más los gastos. Fijada dicha cuantía total en 1.500 pesetas fue adjudicado en tercera subasta el lote completo por esa cantidad a Pedro Moreno Páez. Dicha cifra era inferior al valor real de los bienes y dado que los dos apellidos del rematante que resultó adjudicatario coinciden con los de la esposa del capitán Lamadrid, es muy probable que se tratase de su propio cuñado.

Deducidos de la cantidad abonada los gastos de honorarios de los peritos que tasaron los bienes así como por acarreos de muebles y efectos desde donde los custodiaba el depositario hasta la sede del juzgado donde se había celebrado la subasta, resultó un sobrante de 356’39 pesetas a favor del capitán Lamadrid. La cantidad desfalcada se había reducido a 1.123’61 pesetas al compensarse 46’90 pesetas que se le debía de dietas atrasadas.


El 17 de junio de 1943 la Jefatura de Intendencia e Intervención de la Segunda Región Militar propuso a su capitán general, teniente general Miguel Ponte Manso de Zúñiga, que el dinero sobrante, debía “quedar en depósito a disposición del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, hasta tanto se resuelvan las responsabilidades que haya dado lugar su actuación”.


El 28 de septiembre siguiente la Auditoría de Guerra informaba lo mismo, dando ese proceso por terminado. El 2 de octubre siguiente, la sección de Contabilidad de la Segunda Región Militar remitía lo acordado, en tal sentido y para su cumplimiento, al gobernador militar de Cádiz, general de brigada Luis Armada de los Ríos.


(Continuará).

 

miércoles, 25 de enero de 2023

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (57).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 23 de enero de 2023, pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

La razón por la cual el comandante de Infantería retirado Luis Álvarez Sánchez de la Nieta, juez instructor de la causa núm. 47/1938 contra el capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, remitió el informe citado en el capítulo anterior, al Servicio de Información Militar, fue porque, “en los hechos de autos ha podido tener participación de una forma directa o indirecta, súbditos de potencias extranjeras con residencia en España”.


Así lo hizo constar en el resumen fechado el 7 de febrero de 1938, que desde Algeciras, remitió a la Auditoría de Guerra de la 2ª División Orgánica en Sevilla. Se tenía conocimiento de que en el Campo de Gibraltar existían redes de apoyo para ayudar a huir a la colonia británica, como primera escala, a quienes quisieran marchar a la zona republicana. 


Dichas redes estaban integradas por españoles residentes a ambos lados de la “Verja”. Dentro del Peñón se daba por hecho que había también británicos, sobretodo de origen gibraltareño, que venían prestando su colaboración a la causa republicana, a pesar de que existía una importante corriente de simpatía hacia los sublevados. Sin embargo, en casos como el relatado, se sospechaba de que algunos de los británicos residentes en la comarca, estaban también prestando su colaboración a esas redes, facilitando información o gestionando apoyos logísticos, constituyendo por lo tanto un posible delito de espionaje o conexos con el mismo, tal y como informaba el juez instructor.


Prosiguiendo con la instrucción de la causa núm. 47/1938, el comandante Álvarez remitió al general jefe del Ejército del Sur (general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra), a la Auditoría de Guerra y a la Fiscalía militar de la Segunda División Orgánica, así como a la jefatura de la Comandancia de Carabineros de Algeciras (teniente coronel José Marqués Mesías), copia del auto de procesamiento contra el capitán Lamadrid por el supuesto delito de rebelión militar. Igualmente libró sendos oficios a los responsables locales de los Cuerpos de la Guardia Civil y del de Investigación y Vigilancia (antecesor histórico junto al de Seguridad del actual de Policía Nacional), quienes participaron que las gestiones habían resultado infructuosas, “para la búsqueda y captura del procesado”.


El Boletín Oficial del Estado núm. 476, 9 de febrero de 1938, publicaría una disposición de la Secretaría de Guerra, fechada en Burgos dos días antes y suscrita por el general de división Germán Gil Yuste, por la que el capitán Lamadrid pasaba a la situación militar de procesado. 


Ello implicaba, conforme lo dispuesto en el artículo noveno del decreto-ley de 7 de noviembre de 1935, sobre situaciones de los mandos en activo, entonces vigente, que se le cesaba en el mando de su compañía, pasando a percibir los cuatro quintos del sueldo correspondiente a su empleo, más los devengos de carácter personal a que tuviera derecho. El tiempo que permaneciese en dicha situación le sería abonable para haberes pasivos y quinquenios, pero no para perfeccionar derechos a la Orden Militar de San Hermenegildo. Caso de absolución o sobreseimiento, quedaría anulada dicha restricción. 


La realidad es que al pasarse a la zona republicana y prestar servicio en ella, habiéndosele declarado en rebeldía, se dejó de abonar el sueldo correspondiente, al igual que el tiempo servido en aquella no se le computaría para perfeccionar ni derechos pasivos ni quinquenios.


Por otra parte, el comandante Álvarez remitió requisitoria para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y tabla de anuncios del juzgado militar eventual de Algeciras, “interesándose la comparecencia del procesado en el término de ocho días bajo apercibimiento de ser declarado rebelde”.

 

Cumplido dicho plazo sin presentarse ni ser hallado, se dictó auto declarándolo en rebeldía, siendo aprobado en Sevilla el día 14 de febrero de 1938, por el auditor de brigada (asimilado a teniente coronel) Francisco Clavijo Peñarrocha. Éste, integrante del Cuerpo Jurídico Militar, al iniciarse la sublevación en julio de 1936 se encontraba destinado en la Fiscalía de la 2ª División Orgánica como teniente auditor de 1ª (asimilado a comandante), siendo destinado a fin de diciembre de ese mismo año a la Auditoría de dicha gran unidad con ocasión de ascenso y existir vacante.


Además de aprobar la declaración de rebeldía formulada por el juez instructor contra el capitán Lamadrid, dispuso también la suspensión de las actuaciones y su archivo, “hasta la presentación o captura del encartado”. Deducidos los testimonios prevenidos y unidos los correspondientes acuses de recibo se procedió a su cumplimentación.


La guerra civil concluyó el 1º de abril de 1939 con la victoria de quienes se habían sublevado contra el gobierno de la República. El capitán Lamadrid, ascendido a mayor, tal y como se expuso en un capítulo anterior, ni se había presentado ni había sido capturado, pues continuó sirviendo hasta el final en zona republicana en el Cuerpo de Carabineros.


La causa núm. 47/1938, en circunstancias no aclaradas, terminó por extraviarse, razón por la cual, cuando en 1955, transcurridos casi diecisiete años, fue necesario reabrirlo tras su regreso voluntario a España, procedente del exilio en Francia, y no localizarse el procedimiento, hubo que reconstruirlo. Se significa que dicho retorno se había producido el 12 de agosto de 1954, fijando su domicilio en la ciudad de Cádiz, presentándose en el puesto de la Guardia Civil y en la comisaría de Policía de la capital. 


La orden para ello la impartió el 26 de febrero de 1955 desde Sevilla el teniente general Eduardo Sáenz de Buruaga Polanco, capitán general de la Segunda Región Militar, quien por cierto, dos años después sería nombrado director general de la Guardia Civil. Y la recibió el comandante de Infantería Manuel Jordán Jordán, juez instructor del Juzgado de Jefes y Oficiales en Algeciras. Éste, al producirse la sublevación militar de julio de 1936, era suboficial del Regimiento de Infantería de Cádiz núm. 33, siendo nombrado alférez provisional seis meses después.


Como secretario en la reconstrucción de dicha causa nombró al capitán de Infantería Francisco Barbero Téllez, que ya lo era del citado juzgado. La sublevación militar le había sorprendido siendo sargento destinado en el Regimiento de Infantería Pavía núm. 7, de guarnición en el Campo de Gibraltar.


Dado que la causa original por el supuesto delito de rebelión militar no había podido ser localizada, se había adjuntado a la orden de proceder, remitida desde la Secretaría de Justicia de la Segunda Región Militar, el testimonio de particulares de un expediente administrativo por desfalco, instruido al capitán Lamadrid, fechado en Sevilla el 8 de enero de 1945, es decir, diez años antes. Su finalidad era que sirviese de base en la reconstrucción ordenada del procedimiento penal militar extraviado. 


El administrativo había sido expedido por el soldado de Intendencia Miguel Carot Barolle, secretario del Juzgado Militar de Ejecutorias núm. 44, del que era juez el comandante de Ingenieros Francisco Cáceres Velasco. Éste, al iniciarse la sublevación militar, se encontraba como teniente de la antigua escala de Reserva en la situación de retirado, por haberse acogido, tras la proclamación de la Segunda República, al decreto de 25 de abril de 1931, ya expuesto en el capítulo anterior. 


(Continuará).

 

 

jueves, 19 de enero de 2023

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLIV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (56).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 16 de enero de 2023, pág. 9.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.



El instructor de la causa núm. 47/1938 del juzgado eventual militar de Algeciras contra el capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, jefe de la 3ª Compañía (Puente Mayorga), por el supuesto delito de rebelión militar, fue el comandante de Infantería Luis Álvarez Sánchez de la Nieta. Éste había ascendido a finales de 1930 estando encuadrado en el Somatén de la 2ª Región Militar, cuya cabecera estaba ubicada en Sevilla. Un par de meses antes de la proclamación de la Segunda República, fue nombrado auxiliar de Somatenes en el Campo de Gibraltar con residencia en Algeciras. Al iniciarse poco después la reforma del Ejército por el gobierno provisional republicano fue uno de los militares que se acogió al retiro voluntario, reincorporándose al servicio activo tras la sublevación de julio de 1936, siendo nombrado posteriormente juez instructor militar eventual en Algeciras.


El secretario de dicha causa fue el teniente de Infantería Rafael Pierra Rebollo, perteneciente a la Escala de Reserva e igualmente retirado al acogerse al citado retiro voluntario. Su último destino en activo había sido como ayudante de plaza del comandante militar de Tetuán en el Protectorado de España en Marruecos. 


Existía un gran exceso de plantilla de cuadros de mando en el Ejército. Conforme figuraba en el Anuario Militar correspondiente a dicho ejercicio había, según se hacía constar expresamente en el decreto de 25 de abril de 1931, 258 generales (exceptuada la segunda reserva de generales) y 21.996 jefes. oficiales y asimilados. Ello provocaba la práctica paralización de las escalas y una gran demora en los ascensos. Por tal motivo se concedió, manteniendo su sueldo, el pase voluntario a la situación de segunda reserva a todos los generales que lo solicitasen, así como a la situación de retirado de todos los jefes, oficiales y asimilados que voluntariamente lo peticionasen. Tanto el comandante Álvarez como el teniente Pierra fueron dos de los ocho millares de mandos que se acogieron a tal medida.


Aunque parece ser que la mentada causa núm. 47/1938 debió extraviarse en algún momento sin determinar, siendo necesaria su posterior reconstrucción, pudo conocerse el resumen de lo actuado gracias a una certificación expedida en Algeciras el 7 de febrero de 1938, por el citado juez militar instructor y dirigida a la Auditoria Militar de la 2ª División Orgánica (Sevilla).


El procedimiento se inició, como ya se expuso, por orden del gobernador militar del Campo de Gibraltar, tras recibir parte del teniente coronel jefe de la 10ª Comandancia de Algeciras, con motivo de, “haber desaparecido el capitán de Carabineros Don Manuel Lamadrid Rivas del puesto de su mando el 29 de diciembre del pasado año, en ocasión de estar dando un paseo en una embarcación, acompañado de su señora”. Si bien en su hoja de servicios redactada en zona republicana se citaba el día 30 como fecha de la fuga, la correcta debió ser el 29.


De las gestiones practicadas parecía ser que, “el citado oficial acostumbraba a practicar el arte de la pesca casi diariamente, unas veces solo y otras, acompañado por personal de aquella vecindad (Puente Mayorga), siéndole facilitada una embarcación al efecto por el Sr. Ayudante de Marina Don Manuel López Lazaga, cuya embarcación utilizaba el capitán de referencia también para el servicio”.


Aquél se trataba del Oficial de 1º (asimilado a teniente de navío) de la Reserva Naval Movilizada que ejercía también sus funciones en Puente Mayorga y al iniciarse la sublevación se presentó voluntariamente. Era capitán de la marina mercante al que, en julio de 1929, se le había concedido el ingreso en la Reserva Naval (escala de capitanes), otorgándosele la categoría de oficial 2º (asimilado a alférez de navío) y adscribiéndosele a la Comandancia de Marina de Barcelona. Se daba la circunstancia de que siendo capitán del vapor “España núm. 3” se le había concedido la cruz de 1ª clase del mérito naval, blanca, y se habían dado “las gracias a toda la tripulación de dicho buque por lo intensa y eficazmente que trabajó con motivo de los pasados sucesos en Asturias”, refiriéndose a la frustrada revolución acaecida en octubre de 1934 contra el gobierno radical-cedista. 


Según lo acreditado en la causa, el capitán Lamadrid había salido sobre las 15’30 horas del 29 de diciembre de 1937, acompañado de su esposa, María Moreno Páez, “con el fin de dar un paseo marítimo”. Él vestía un mono azul que solía utilizar para la pesca. Sobre las 19’00 horas, dado que no había regresado, el comandante de puesto de la Guardia Civil en la barriada sanroqueña de Campamento de Benalife, “dueño de la casa-habitación” donde se alojaba el citado capitán, extrañado de su ausencia, “y aún más por acompañarle la esposa, temiéndose por tanto una desgracia y en esta creencia se dispuso por la Ayudantía de Marina fuera reconocida toda la costa por si la citada embarcación hubiese arribado a un punto de ella, al mismo tiempo que se daba cuenta por teléfono a la Comandancia de Marina de Algeciras quien ordenó un servicio de vigilancia por mar, todo ello sin resultados favorables”.


Al día siguiente, “se tuvo noticias de la llegada a Gibraltar de capitán Lamadrid y su señora, a cuyo efecto fue remolcada la embarcación denominada <<Dieguito>> por un remolcador procedente de la vecina plaza inglesa, siendo esperada en el muelle de la misma por el Cónsul rojo y otras personas”.


Por lo tanto, ya no quedó duda alguna de que la huida había sido premeditada, preparada y en colaboración prestada desde la colonia británica, donde existía una red de apoyo, integrada principalmente por republicanos españoles y algunos gibraltareños, para ayudar a aquellas personas que querían pasarse a la zona republicana a través del Peñón. Mientras la vecina provincia de Málaga permaneció bajo control gubernamental el traslado de los huidos vía marítima era más sencillo, pero tras su caída en febrero de 1937 la situación se complicó, aunque no por ello se dejó de prestar la ayuda necesaria a los que conseguían alcanzar la colonia británica.


Muy poco después se informó al juzgado militar desde la jefatura de la Comandancia de Carabineros de Algeciras que, “el capitán Lamadrid en su huida llevaba consigo la suma de 1.170 pesetas que para atenciones de la compañía se le tenía entregadas”. 


Registrada la casa-habitación e intervenidos todos sus efectos personales, se procedió seguidamente a dictar auto de procesamiento contra dicho oficial, “por considerarlo autor de un supuesto delito de rebelión militar y encontrándose ausente y en ignorado paradero, se acordó llamarlo por requisitoria”.

 

Por el juez instructor se procedió a comunicar a la jefatura de la Comandancia de Carabineros de Algeciras que, “el descubierto dejado en caja por el procesado, es considerado como una falta de fondos o desfalco previsto en la R.O. de 28 de marzo de 1883”. También remitió un informe al Servicio de Información Militar, “en comunicación reservada de cuantos extremos consta en lo actuado por si de ello se desprende un delito de espionaje o conexos del mismo”. Esto último lo hizo conforme lo dispuesto en la circular de la Secretaría de Guerra, de fecha 14 de agosto de 1937.


 (Continuará).

 

sábado, 14 de enero de 2023

LOS GUARDIAS CIVILES DE CASAS VIEJAS: LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DE LOS TRÁGICOS SUCESOS (1933-2023).

XC Aniversario Sucesos Casas Viejas (1933-2023)

 

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en la edición digital de "LA RAZÓN" el 11 de enero de 2023.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.



Hace justo noventa años, el 11 de enero de 1933, también un miércoles como hoy, comenzaban los trágicos sucesos de Casas Viejas, entonces una pequeña aldea enclavada en municipio gaditano de Medina Sidonia. 

 

Lo allí acontecido terminó provocando la campaña abstencionista de los anarquistas en las elecciones generales del 19 de noviembre de ese mismo año, convocadas tras la caída de Manuel Azaña como presidente del gobierno republicano-socialista.

 

Son sobradamente conocidos, pues la producción historiográfica ha sido profusa en ello, los trágicos sucesos del cerco al casarón de “Seisdedos”, Francisco Cruz Gutiérrez, donde terminaron muriendo acribillados y carbonizados ocho de las personas que se encontraban en su interior, pudiendo escapar dos con vida. Previamente había resultado muerto por disparos de escopeta un guardia del Cuerpo de Seguridad y heridos tres componentes del mismo (antecedente histórico de la Policía Nacional), así como la matanza a tiros de una docena de campesinos cuando se encontraban detenidos y engrilletados, crimen por el cual resultaría condenado su responsable, el capitán Manuel Rojas Feigenspan, perteneciente al mencionado Cuerpo.

 

Aquellos fueron unos crímenes execrables, pero no fueron los únicos. El primero de todos los que se perpetraron tuvo por víctimas a guardias civiles, aunque ello apenas ha despertado interés en la historiografía. 

 

Durante la Segunda República numerosas casas-cuarteles del benemérito Instituto fueron atacadas con armas de fuego y explosivos por aquellos que llamándose revolucionarios eran los que menos creían en un sistema democrático. La Guardia Civil, como Cuerpo de mayor número de efectivos y con más amplio despliegue territorial, era el principal garante del orden y la ley establecidos en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes constituyentes. Es por ello que, por los enemigos de España y su República, fue siempre un enemigo a batir.

 

En este caso concreto, cuando se cumplen noventa años de aquellos trágicos sucesos que convulsionaron a toda la sociedad de la época y que dieron lugar a sendos procedimientos penales, tanto por la jurisdicción ordinaria como por la militar, amén de una comisión parlamentaria, hay que destacar que comenzaron con el derramamiento de sangre de guardias civiles. La barbarie de lo posteriormente acaecido los relegó al olvido, pero su gesta y su heroísmo, nunca recompensados, merecen ser hoy recordados.

 

Tampoco suele explicarse que aquel conato revolucionario que se inició antes del alba de aquel 11 de enero de 1933, en el que por un grupo de campesinos se proclamó unilateralmente el comunismo libertario fue un acto ilegal y violento contra el ordenamiento constitucional vigente. Aunque eso tampoco ha interesado mucho.

 

En aquella modesta casa-cuartel se encontraba su plantilla al completo: el comandante de puesto, sargento Manuel García Álvarez, y tres guardias civiles llamados Román García Chuecos, Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez. También se encontraban varios de sus familiares.

 

No habían despuntado todavía los primeros rayos del sol cuando un grupo numeroso de revolucionarios, armados de escopetas, cercó el pequeño edificio, ubicado en la plaza de la localidad. Les instaron a rendirse y entregar las armas. El comunismo libertario había sido proclamado y nadie podía osar a oponerse. Y quien lo hiciera sería abatido a tiros de escopeta. Así era la revolución que quería implantarse por la fuerza de las armas.

 

Aquellos cuatro guardias civiles eran de condición humilde y clase sencilla, de esos que despectivamente algunos los definían como “desertores del arado”. Pero todos ellos poseían una firme vocación de servicio y un gran amor a la profesión, tal y como dejarían sobradamente acreditado.

 

Es por ello que cuando fueron intimados a rendirse y entregar sus armas, tenían muy claro, a pesar de estar en manifiesta inferioridad, que la Guardia Civil muere, pero no se rinde. Y así fue.

 

El asedio duró unas seis horas, hasta que llegaron los primeros refuerzos procedentes de Medina Sidonia. Los guardias civiles, parapetados tras los colchones amontonados en las ventanas de la planta superior se defendieron heroicamente con sus fusiles, economizando municiones en la medida de lo posible sin que se dejase de disparar sobre sobre ellos. Sus familiares, mujeres y menores de edad, ante las postas y plomos de escopeta que entraban por las ventanas y se incrustaban en las paredes, tuvieron que romper el tabique que limitaba con el edificio contiguo y refugiarse en él.

 

Cuando las fuerzas de auxilio los liberaron, mientras los revolucionarios huían en desbandada, yacían mortalmente heridos el sargento y el guardia Chuecos, quienes fallecerían días después como consecuencia de las graves heridas sufridas. Los otros dos guardias resultaron heridos leves.

 

Una semana después fueron todos ascendidos al empleo superior inmediato. En abril, su inspector general, el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, ordenó incoar expediente contradictorio para determinar si eran acreedores a la concesión a todos ellos de la cruz laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar que recompensa el valor heroico. 


Transcurridos dos años de instrucción, fue elevado al Consejo Director de la Orden Militar de San Fernando, el cual acordó, en sesión celebrada el 18 de julio de 1935, proponer su anulación al ministro de la Guerra. La razón alegada fue un defecto de forma. El inspector general de la Guardia Civil no era competente para ordenar la instrucción del expediente, sino el general jefe de la 2ª División Orgánica (Sevilla).

 

El procedimiento volvió a iniciarse. El 21 de abril de 1936 el vocal ponente del Consejo Director mentado, vicealmirante José Núñez Quixano, tío bisabuelo de quien escribe estas líneas, tras estudiar el expediente informó favorablemente que procedía proponer al ministro de la Guerra, “la autorización para iniciar el juicio contradictorio”.

 

Nunca volvió a iniciarse, pues tres meses después comenzó nuestra fratricida Guerra Civil y aquellos cuatro guardias civiles quedaron sin recompensa, aunque fuese a título póstumo para dos de ellos.

 

 

 

 

 

LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS, NOVENTA AÑOS DESPUÉS (1933-2023).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ", el 10 de enero de 2023, pág. 22.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

  

 

El miércoles 11 y el jueves 12 de enero de 2023 se conmemoran el noventa aniversario de los trágicos sucesos de Casas Viejas. No hay un hecho en la historiografía gaditana que haya motivado tanta producción como aquél. 

 

Desde 1933 se ha escrito mucho con pasión, sin perjuicio de algunos que lo han hecho también con parcialidad o desde la tergiversación. Pero hay dos obras que son de obligada lectura para quienes quieran conocer del asunto en profundidad y sacar sus propias conclusiones.

 

Ninguno de sus dos autores, al escribirlas, tenían la misma opinión ni por lo tanto terminaron redactando el mismo colofón, pero la lectura de ambas resulta no solo necesaria, sino imprescindible para saber qué sucedió y por qué sucedió. Y ello se debe a dos razones muy importantes: la primera que ambos autores son dos personas honestas y la honestidad a la hora de escribir siempre es esencial; y la segunda, es que ambos buscaron e investigaron, con rigor y sincero ahínco, no solo la verdad de los hechos, sino también sus causas y sus consecuencias así como las microhistorias de sus protagonistas. Desvelaron pasajes inéditos y arrojaron luz en otros que permanecían oscuros.

 

Me estoy refiriendo, por orden de publicación, al periodista Tano Ramos y “El caso Casas Viejas: Crónica de una insidia (1933-1936)”, editada 2012 por Tusquets y galardonada con el XXIV Premio Comillas; y al profesor Salustiano Gutiérrez Baena con “Los Sucesos de Casas Viejas: crónica de una derrota”, editada en 2017 por Beceuve. Lamentablemente “Salus” nos dejó hace poco más de dos años.

 

Hoy, afortunadamente, aquella “aldea del crimen”, como entonces la denominó el insigne novelista Ramón J. Sender, Premio Nacional de Literatura en 1935 y Premio Planeta en 1969, no tiene nada que ver con la actual Benalup-Casas Viejas, municipio independiente de Medina Sidonia desde 1991.

 

Lo sucedido hace noventa años se sigue conmemorando y rememorando, que no es lo mismo que celebrarlo, porque las tragedias nunca se deben festejar. Aunque fue un hecho inicialmente de ámbito local tuvo rápidamente una gran repercusión nacional, pasando a constituir uno de los principales asuntos de interés para la prensa de la época y por lo tanto para la vida política del país. Llegó a tener su propio peso específico en las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de ese mismo año. 

 

Supondrían el fin del bienio republicano-socialista (1931-1933), tras una potente campaña abstencionista de los anarquistas y el error estratégico de las izquierdas al concurrir separadamente; y el principio del bienio radical-cedista (1933-1935), al participar en coalición todo el amplio espectro de las derechas.

 

Centrándonos en los hechos acaecidos en Casas Viejas es innegable que su origen fue fruto de la injusticia social y la explotación económica que se venía arrastrando y padeciendo desde hacía siglos. Pero también es cierto que aquella tragedia comenzó con una revuelta armada e ilegal contra el orden y la ley vigentes, cuestión importante que suele obviarse.

 

La primera violencia y acto de ilegalidad que se ejerció al amanecer del miércoles 11 de enero de 1933 fue el ataque, a tiro limpio, contra la casa-cuartel de la Guardia Civil. Allí residían los agentes de la autoridad que bajo mandato del gobierno de la República tenían encomendada la misión de velar por la legalidad constitucional aprobada por las Cortes constituyentes el 9 de diciembre de 1931.

 

Curiosamente, este acto de disparar masivamente contra la casa-cuartel, es el de todos los acaecidos en los trágicos hechos de Casas Viejas, al que menos importancia se le suele dar por quienes escriben sobre aquellos sucesos. Durante la Segunda República numerosas casas-cuarteles de la Guardia Civil fueron atacadas y eso tiene poco de convivencia democrática. En este caso, el comunismo libertario había sido proclamado unilateralmente por un grupo de revolucionarios armados y sí o sí, había que imponerlo por la fuerza de las escopetas. Quien se opusiera a ello debía ser abatido por el fuego de las mismas.

 

Los componentes del puesto de la Guardia Civil, un sargento y tres guardias, representaban entonces la legalidad constitucional republicana. Pero eso preocupaba muy poco a quienes en número muy superior dispararon sobre ellos y sus familiares, pues no debe olvidarse que dentro de la casa-cuartel había mujeres y menores. Esto no pareció importarles mucho a los atacantes. Afortunadamente, desde el interior pudieron romper a golpes la endeble pared que les separaba del edificio contiguo y refugiarse las familias en éste. 

 

Mientras tanto, el ataque continuó hasta la llegada, sobre la una y media de la tarde, de refuerzos de la Guardia Civil procedentes de Medina Sidonia. Tras intenso tiroteo se produjo la desbandada de los agresores. El sargento comandante de puesto, Manuel García Álvarez, y uno de los guardias, Román García Chuecos, habían resultado mortalmente heridos por los disparos de los rebeldes, falleciendo poco después, así como resultando heridos leves los otros dos guardias. También hubo que lamentar durante el tiroteo la muerte de un vecino y dos más heridos, todos ajenos al ataque, por disparos de quienes habían acudido en auxilio de los asediados. 

 

Lo que sucedió seguidamente es sobradamente conocido. Sobre las dos de la tarde llegaron más refuerzos, esta vez en su mayoría pertenecientes a las Secciones de Asalto del Cuerpo de Seguridad (antecedente histórico de la Policía Nacional) bajo el mando de un teniente, Gregorio Fernández Artal, procedentes de San Fernando, donde se hallaban concentrados en previsión de incidentes por una huelga declarada de ámbito nacional. 

 

Comenzaron registros y detenciones hasta llegar al famoso casarón de “Seisdedos”, Francisco Cruz Gutiérrez, donde se atrincheraron con él algunos parientes y vecinos. La mayoría, incluido el patriarca, no había participado en el ataque.

 

Se intentó entrar y detenerlos. Respondieron a tiros y cayó muerto el guardia de seguridad Ignacio Martín Díaz, resultando otro herido. Comenzó el cerco y el intercambio de disparos. Sobre las ocho de la tarde llegó otro refuerzo de guardias civiles y dos horas más tarde el delegado gubernativo con un pequeño grupo de guardias civiles y de seguridad que portaban una ametralladora y granadas de mano. Continuó el tiroteo y dos cabos de seguridad resultaron heridos por disparos de escopeta. 

 

De madrugada llegó el fatídico capitán Manuel Rojas Feigenspan al frente de un nutrido grupo de fuerzas de Asalto del Cuerpo de Seguridad, destinadas en Madrid y enviadas a Jerez de la Frontera por la huelga citada. Ordenó la barbarie de quemar el casarón con sus defensores dentro. Dos personas escaparon y ocho perecieron. La mayoría no había participado en el ataque al acuartelamiento.

 

Horas mas tarde Rojas ordenó nuevos registros y detenciones, practicándose catorce más, resultando muerto otro vecino ajeno al ataque. Sólo dos detenidos estuvieron en él. Doce de ellos, cuando estaban engrilletados ante el casarón, fueron despiadadamente asesinados por los guardias de seguridad a tiros iniciados por Rojas. Éste sería condenado inicialmente a 21 años de prisión, siéndole posteriormente rebajada sensiblemente la pena. Los otros dos detenidos se salvaron gracias al guardia civil Juan Gutiérrez López que los libertó presintiendo lo que iba a suceder.

 

Han transcurrido ya noventa años de toda aquella barbarie. ¡Ojala nunca se hubiera producido un caso Casas Viejas ni derrota alguna!.