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sábado, 15 de mayo de 2021

EFEMÉRIDES: 12 DE MAYO DE 1931. INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL EJÉRCITO EN SUSTITUCIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS.

Efemérides escrita por Jesús Núñez, e ilustrada con 2 fotografías en color, para la Sección de Magacín de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares


 

Por Orden Circular de 12 de mayo de 1931, dimanante del Ministerio de la Guerra, en su artículo 2º, se instituyó el “Día del Ejército”, al objeto de que todas las Armas y Cuerpos celebrasen en lo sucesivo, como fiesta propia el día 7 de octubre de cada año, en conmemoración de la gloriosa Batalla de Lepanto acaecida en dicha fecha del año 1571.

Hacía menos de un mes que se había proclamado la Segunda República y la razón de instituir oficialmente tan relevante efemérides fue, según se hizo constar textualmente en la mentada orden ministerial, la de “evitar la variedad de fechas en la celebración de las fiestas correspondientes a los Santos Patronos de cada Arma y Cuerpos del Ejército y de contribuir a la unificación de cuanto se relaciona con las Instituciones Armadas, y con el fin, a la vez, de dar a todos los actos marciales un carácter eminentemente militar, dentro del ambiente de cariño y afección populares en que el Ejército debe vivir y desenvolverse”.

Dicha disposición gubernativa se enmarcaba dentro la política laicista del nuevo Régimen, disponiéndose en su artículo 1º que en lo sucesivo dejarán de celebrarse por el Ejército los Santos Patronos que diversas disposiciones habían asignado a cada Arma o Cuerpo, suprimiéndose, por tanto, las fiestas consiguientes”. 

Hubo que esperar más de siete años, ya en plena Guerra Civil, para que las tradicionales festividades castrenses que habían sido suprimidas fueran oficialmente restablecidas. Concretamente fue mediante la Orden de 14 de noviembre de 1938, dictada en Burgos desde el Ministerio de Defensa Nacional. Conforme a la misma se pusieron “nuevamente en vigor, todas las disposiciones que proclamaron a los Santos Patronos Protectores especiales de cada una de las Armas y Cuerpos que tradicionalmente los han honrado y venerado como tales”.

A tal efecto, se citaba textualmente que quedaban nuevamente, “bajo la especial protección de Nuestra Señora, en sus advocaciones de la Purísima Concepción, del Pilar, de Covadonga, de Loreto y del Perpetuo Socorro, del Apóstol Santiago, de Santa Bárbara, de nuestro Santo Rey Fernando y de la española Santa Teresa de Jesús”.

miércoles, 12 de mayo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXVI) LA MUERTE DEL GUARDIA BERNARDINO (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 10 de mayo de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


Tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, ni el teniente de Infantería Rafael Torres del Real rindió el cuartel “Diego Salinas” ni su esposa Amelia Onetto Heredia, junto al hijo de ambos, fueron fusilados como represalia. 

Al igual que ocurrió aquella mañana del 27 de julio de 1936, con las amenazas de ejecutar a la familia del brigada de la Guardia Civil Julián Colodrero Vergara, si no se rendía la casa-cuartel, tampoco se cumplieron. Torres, siendo capitán del Batallón de Infantería Ceriñola núm. 6, fallecería el 13 de septiembre de 1938 a consecuencia de heridas sufridas en acción de guerra.

La llegada a San Roque de las fuerzas de auxilio procedentes de Algeciras, tras ser avisadas del ataque, provocó la desbandada de la columna gubernamental de Málaga. Su composición era muy variopinta y nada cohesionada dado que había sido organizada sobre la marcha. Estaba formada principalmente por militantes del Frente Popular y Carabineros de diferentes localidades. 

Carecía de la necesaria disciplina y adiestramiento así como de un mando único que dirigiera en condiciones las operaciones. Falto de planeamiento, su mayor error fue no dedicar su esfuerzo principal a atacar la casa-cuartel de la Guardia Civil y el acuartelamiento de Infantería, ambos con escasos defensores. En cambio, buena parte de sus efectivos recorrieron las calles, realizaron registros, practicaron incautaciones de diversos efectos y llevaron a cabo detenciones entre personal civil afecto a los sublevados, algunos de los cuales fueron ejecutados en la vía pública. 

Aquel error terminaría dando lugar a que la llegada de la citada columna de auxilio provocase, no sólo la estampida mencionada de las fuerzas gubernamentales hacia Málaga sino también una muy dura represión entre una población que era mayoritariamente contraria a la sublevación.

Hasta ese 27 de julio no se había derramado sangre en San Roque. Desde el día 19 estaba declarado el estado de guerra tras la llegada a la localidad de una columna del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta. A su mando estaba el comandante de Infantería Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón, quien tras resultar herido grave el 3 de septiembre siguiente en el frente de Toledo, fallecería el 24 de diciembre siguiente en el frente de Madrid, recién ascendido a teniente coronel. 

Los más comprometidos con el Frente Popular huyeron de San Roque por temor a represalias, se destituyeron a las autoridades municipales y se practicaron algunas detenciones pero no llegaron a producirse fusilamientos. El alcalde Luis Ortega López, posteriormente juzgado y condenado, sería sustituido por el alférez de la Guardia Civil José Sánchez Velasco, retirado por cumplir la edad reglamentaria. Siendo suboficial había sido comandante de puesto de San Roque y como ya se relató en un capítulo anterior tuvo un trágico final aquel 27 de julio. 

Al mando de la columna de auxilio que sobre las 11 horas de esa jornada llegó a San Roque, iba el teniente coronel Manuel Coco Rodríguez, segundo jefe del Regimiento de Infantería Pavía núm. 7. Era quien verdaderamente había encabezado la sublevación militar en la comarca. Su coronel, Emilio March López del Castillo, ajeno a la conspiración ya que acaba de ser destinado a Algeciras, mantuvo una postura inicial de tibieza. El 8 de octubre siguiente sería cesado de dicho mando y del de la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar. Fue sustituido por el de mismo empleo, Francisco de María Borbón y de la Torre.

El grueso de dicha columna de auxilio estaba integrado por componentes del III Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4, al mando del comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán. La noticia de su llegada, a sangre y fuego, causó pavor en la columna de Málaga cuyos componentes huyeron sin orden ni concierto.

El asesinato en las calles de San Roque de varias personas que habían sido detenidas en sus domicilios por considerarlas partidarias de la sublevación militar, motivaría seguidamente una brutal represión, mucho más numerosa en víctimas y muy prolongada en el tiempo. Del detalle de lo sucedido ya dio cuenta el cronista oficial Antonio Pérez Girón en su libro citado en un capítulo anterior.

Entre las muertes producidas aquella mañana, hubo algunas que ambos bandos achacarían al contrario, fruto del intercambio indiscriminado de disparos. Tal fue el caso del guardia civil retirado Bernardino Romero Romero, de 72 años de edad, natural de la localidad malagueña de Cortes y que había prestado sus servicios en la Benemérita gaditana hasta el 30 de octubre de 1916. La historiografía lo cita en el relato de víctimas como un “anciano” o “pensionista”, omitiéndose que había pertenecido al benemérito Instituto.

Según consta en el Registro Civil de San Roque su defunción fue inscrita el 30 de julio de 1936 por el secretario interino del juzgado municipal, Nicolás García Linares, siendo titular del mismo Francisco Vicente Montero Frowein. El fallecimiento se había producido tres días antes en su domicilio, sito en el número 8, piso alto, de la calle del Santísimo. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Dicha inscripción se practicó en virtud de lo ordenado por el juez de instrucción de San Roque, Rafael González de Lara Martínez, actuando como testigos Eleuterio Pérez Manzaneque y Cecilio Enríquez Morilla.

Un escrito firmado el 3 de agosto siguiente por el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, dirigido al inspector general del Cuerpo en Valladolid, aclara más las circunstancias de la muerte del guardia 2º Bernardino. Según el informe, entre las 6 y las 11 horas del 27 de julio anterior, “fue muerto violentamente a tiros de arma de fuego larga y corta, por turbas marxistas, que irrumpieron en la Ciudad de San Roque de esta provincia, procedentes de Málaga y pueblos costeros hasta el próximo Guadiaro, compuesta de elementos civil y militar todos armados”. Dicha versión contradice la de que resultó muerto por el disparo con fusil de un soldado regular índígena al asomarse al balcón de su casa.

El hecho de que su fallecimiento se produjera por disparos de arma larga y corta hace pensar que pudo ser ejecutado con fusil y rematado con pistola, tal y como ocurrió en otros casos. Al contrario que pasó con otras personas cuyos cadáveres quedaron abandonados en la vía pública, su cuerpo agonizante pudo haber sido trasladado por familiares al interior del domicilio, por ocurrir en sus inmediaciones.

El propósito de dicho oficio era documentar el fallecimiento del referido guardia civil retirado ya que era miembro de la Asociación de Socorros Mútuos de Tropa del Cuerpo. Su viuda se llamaba Ana Lagares Torres y los huérfanos eran Manuela, Bernardo, Rosa y Juan, de 21, 20, 18 y 13 años de edad, respectivamente. Habría de transcurrir más de un año para que sus herederos pudieran percibir la derrama correspondiente, consistente en 3.000 pesetas, equivalente al sueldo de un guardia 2º de infantería en activo durante unos diez meses aproximadamente. Hay que significar que dicha derrama se percibía cualquiera que fuese la causa de la muerte del asociado.

(Continuará).

 

martes, 4 de mayo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXV). LA SITUACIÓN AL INICIO DE LA GUERRA CIVIL (1936)


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 3 de mayo de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

  

En julio de 1936 el término municipal de San Roque contaba, además de la localidad que le da nombre, con las barriadas de Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, Campamento de Benalife, Puente Mayorga, Estación y Guadarranque.

 

La Guardia Civil, responsable del orden público, lo que hoy día se denomina seguridad ciudadana, tenía entonces sólo dos pequeños puestos para todo ello. El de San Roque y el de Campamento. 

 

La última revisión y aprobación de sus plantillas de personal se había efectuado el 18 de junio de 1936, a propuesta del jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García. Justo un mes antes del inicio de la sublevación militar. Fueron visadas de puño y letra por el jefe de la secretaría militar de la Inspección General del benemérito Instituto, coronel Gonzalo Delgado García. Éste sería fusilado en Paracuellos del Jarama cuatro meses después.

 

La plantilla del puesto de San Roque estaba compuesta por un brigada, un cabo, un guardia 1º y ocho guardias 2º, mientras que la de Campamento la integraban un cabo y 6 guardias 2º. Sin embargo, los primeros dependían del jefe de la línea de San Roque, teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso, mientras que los segundos lo hacían del de La Línea de la Concepción, Valeriano Silva Franco. Éste fallecería en agosto de 1936 a consecuencia de las heridas sufridas en acción de guerra en la zona de Guadiaro.

 

Por otra parte, la presencia del Cuerpo de Carabineros en el término municipal de San Roque era mucho más numerosa, tanto en efectivos como en despliegue. No hay que olvidar que por aquel entonces la Guardia Civil tenía establecida en el Campo de Gibraltar sólo una compañía, la 2ª de la Comandancia de Cádiz. Con cabecera en Algeciras estaba mandaba el capitán Miguel Romero Macías, el cual fallecería en marzo de 1938 por enfermedad contraída en el frente de Teruel.

 

En cambio, existía en el mismo espacio territorial una potente Comandancia de Carabineros mandada desde Algeciras por el teniente coronel Manuel Córdoba García. Éste terminaría siendo detenido y condenado por desafecto al alzamiento militar. Contaba con cinco compañías desplegadas por toda la Comarca, tanto en primera línea de costa como en segunda línea, tierra adentro. Su misión principal era prevenir y reprimir el contrabando procedente de la vecina colonia británica del Peñón.

 

En Puente Mayorga, que contaba entonces con un millar de habitantes, estaba concretamente la cabecera de la 3ª Compañía que prácticamente comprendía buena parte del término municipal de San Roque así como los de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, incluido lo que hoy es el de San Martín del Tesorillo, y Los Barrios. 

 

A su frente estaba el capitán Francisco Zamora Medina, que tras la sublevación se pasaría a la zona gubernamental de Málaga con buena parte de sus hombres, siendo detenido y condenado al final de la contienda. Tenía una plana mayor compuesta por un brigada y un carabinero. También era la residencia del oficial jefe de la sección. La plantilla del puesto de la residencia estaba compuesta por un brigada, un cabo, un corneta y trece carabineros. Existía igualmente otro puesto, pero con funciones aduaneras, para controlar la importación de carbón mineral procedente de Gibraltar, integrado por un cabo, un carabinero de 1ª y cuatro de 2ª clase. Además de ello, en la rada y afecto a la aduana de Puente Mayorga, había un puesto más, formado tan sólo por dos carabineros de mar que disponían de una embarcación a remo.

 

En Guadarranque, que tenía entonces unos 250 habitantes, había un puesto en su playa, constituido por un brigada, un cabo, un carabinero de 1ª y catorce de 2ª clase. Para la vigilancia de su río había otro puesto constituido por tres carabineros de mar con su correspondiente falúa a remo.

 

En El Toril, cruce de las carreteras de San Roque, Algeciras, La Línea de la Concepción y Málaga, existía entonces un puesto con una plantilla de un cabo y seis carabineros de 2ª.

 

En Guadalquitón había un puesto a pie de playa, formado por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª, mientras que en la costa de Carboneras, donde residía otro oficial jefe de sección, había otro puesto integrado por un sargento, un cabo, un corneta, un carabinero de 1ª y trece de 2ª. Otro puesto de playa era el de Torrenueva, constituido por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª. Aunque los tres estaban ubicados en el término municipal de San Roque, dependían de la 1ª Compañía de La Atunara, en La Línea. Lo mismo sucedía con el puesto de playa del Cachón de Jimena, afecto a la 2ª Compañía de La Línea. Su plantilla era un brigada, dos cabos, un carabinero de 1ª y veinte de 2ª.

 

En la barriada de la Estación había también otro puesto que tenía un brigada y cinco carabineros. Finalmente, enclavado ya en el casco urbano de San Roque, existía un puesto más, con un brigada, un carabinero de 1ª y siete de 2ª. Su comandante de puesto era José Hernández Hernández y sería fusilado junto a varios paisanos considerados desafectos a la sublevación militar.

 

El jefe de la sección, que residía igualmente en la ciudad, había sido hasta el 15 de julio de 1936, el alférez Enrique Lavado Ramos. Cesó en el servicio activo tres días antes de iniciarse la sublevación al haber cumplido la edad reglamentaria de 54 años, fijada entonces para su pase a la situación militar de retiro.

 

Según el censo de 1930 la población del municipio estaba compuesta por 10.610 habitantes. De ellos, 4.533 habían tenido la condición de electores en las elecciones generales de noviembre de 1933. Cuando se celebraron las siguientes, en febrero de 1936, ejercieron su derecho al voto 3.610. 

 

Tal y como detalla el profesor Diego Caro Cancela en su obra “La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos”, publicada en 1987 por la Diputación Provincial, los resultados fueron 3.148 votos (87’2 %) para el Frente Popular y 462 (12’8 %) para el Frente Antirrevolucionario.

 

Tras los sucesos del 27 de julio de 1936 en San Roque, relatados en capítulos anteriores, el teniente Ojanguren pudo entrevistarse con el teniente de Infantería Rafael Torres del Real, que había liderado la defensa del cuartel “Diego Salinas”. Fue entonces cuando tuvo conocimiento que había sucedido un hecho similar al acaecido durante el ataque a la casa-cuartel del benemérito Instituto.

 

Resultó, tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, que las fuerzas del Ejército fueron “intimidadas en dos ocasiones para que se rindieran, para lo que mandaron de emisario a Ernesto Onetto Heredia, hermano político del Teniente Torres del Real a fin de que si no entregaba el Cuartel en el plazo de diez minutos, darían muerte a su señora e hijo frente al Cuartel”. Ello sería reproducido textualmente por el capitán de la Guardia Civil Juan Antonio Ramos Hitos en su libro “Guerra Civil en Málaga (1936-1937). Revisión histórica”, publicado en 2003.

 

(Continuará).

  

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXIV). LA DEFENSA DE LA CASA-CUARTEL (1936)

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 26 de abril de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Según seguió relatando el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso en su extenso informe fechado el 29 de julio de 1936, la reacción del brigada Juan Colodrero Vergara ante “el encargo de los revolucionarios rojos que habían penetrado en la casa que habita la familia del mismo, teniendo en rehenes a su esposa y el resto de la familia”, fue la siguiente:

“Este digno Suboficial, con un alto espíritu y patriotismo, sobreponiéndose al dolor inmenso del momento, dio ejemplo al resto de la fuerza, con quienes al grito de ¡VIVA ESPAÑA! nos aprestamos con más ímpetu a la defensa”. Hay que significar que además de su esposa y cuatro hijos menores de edad ya citados en el capítulo anterior, se encontraba también como rehén su madre, Francisca Vergara Morales.

A este respecto hay que decir que aunque el brigada Colodrero era el comandante del puesto de San Roque, el mando de la defensa de la casa-cuartel correspondía al teniente Ojanguren. Los atacantes posiblemente desconocían tal circunstancia, pues aunque dicho suboficial hubiese querido rendirse, presionado por las circunstancias, su oficial no lo hubiera permitido. Se habían alzado en armas contra el gobierno legítimo de la República y si fracasaban sabían que serían fusilados.

Juan, el hijo del brigada que había servido de emisario se quedó con su padre en el acuartelamiento. Reanudado el tiroteo la defensa prosiguió y la amenaza de matar a los familiares del suboficial se comprobó posteriormente que no se cumplió.

Otros componentes de la columna malagueña procedieron a hacer fuego de cañón y de mortero, “con no muy afortunada eficacia”, desde una loma cercana, donde se encontraban instalados los depósitos del agua que abastecían la población. Según se desprendía del informe, los artilleros no debían ser muy duchos o no deseaban realmente hacer muchos estragos, “ya que de unos treinta y tantos disparos solamente hicieron blanco tres de ellos, afortunadamente sin consecuencias, quizá debido también a que la granada que utilizaban era la rompedora de 7’5.” Daba a entender que si hubieran disparado las de tipo ordinario, perforante o de metralla, los daños hubiesen sido mayores.

Transcurridas unas tres horas “de intenso y certero tiroteo” por parte de los guardias civiles sublevados, que no tuvieron bajas, los componentes de la columna atacante al ver que no conseguían tomar la casa-cuartel, decidieron enviar un nuevo parlamentario para exigir la rendición. Esta vez se trataba del juez de instrucción de San Roque, Rafael González de Lara Martínez, con el mensaje que, “de no efectuarlo así inmediatamente, darían muerte a todas cuantas personas tenían en rehenes, en unión de la esposa del mismo”.

Nada más entrar en el acuartelamiento el juez, “dio un ¡VIVA ESPAÑA! y un ¡VIVA LA GUARDIA CIVIL! y reclamó un arma para ayudarnos, sobreponiéndose con alto espíritu patriótico al dolor inmenso de esposo y de amigo fraternal de los amenazados”.

Una vez que los que tenían sitiada la casa-cuartel comprobaron que el emisario enviado también se había pasado al enemigo, continuó “intenso y nutrido fuego de ametralladora y fusilería hasta las 11 horas de dicha mañana en que los rojos al darse cuenta de la llegada de fuerzas Regulares y hermanas, hicieron una rápida y vergonzosa retirada que castigamos duramente con nuestros medios”.

El teniente Ojanguren prosigue su informe relatando que el primero en llegar hasta la casa-cuartel fue el teniente de la Guardia Civil Marcial Sánchez-Barcáiztegui Gil de Sola, acompañado de un sargento de Regulares y un soldado indígena. Resulta que dicho oficial, procedente de la Comandancia de Marruecos, había sido destinado el mes anterior a la de Cádiz, siendo nombrado jefe de la línea de Olvera, de la cual dependían los puestos de Olvera, Torre Alháquime, Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas. Sin embargo, no había llegado a incorporarse al estar convaleciente en Tetuán de una lesión, uniéndose allí a los sublevados. Siete meses después encontraría la muerte al frente de la 16ª Compañía de la Legión en el frente del Jarama.

Una vez liberada la casa-cuartel Ojanguren salió con sus guardias civiles “para efectuar la limpieza de dichos elementos rojos, proteger en lo que cabía al vecindario y comprobar los desmanes que hubieran verificado”. Aunque en su informe había referido que entre los atacantes predominaban los carabineros lo cierto es que la mayor parte eran anarquistas malagueños.

En el recorrido que hicieron por la calles de San Roque encontraron los cadáveres de varios vecinos de la localidad que habían sido sacados de sus domicilios y asesinados por componentes de la columna de Málaga. Esa jornada hubo más pero los que se citaban en el informe eran José Sánchez Velasco, alférez de la Guardia Civil retirado y presidente de la comisión gestora municipal nombrada al inicio de la sublevación militar; Juan López Zafra, secretario del juzgado de instrucción; Francisco Blasco Azcune, comandante de Infantería retirado; los propietarios Juan Linares Negrotto y José Castilla Delgado; así como el estudiante Augusto Castilla García.

Por otra parte, comprobaron que la familia del brigada Colodrero y las de dos guardias civiles que vivían fuera de la casa-cuartel habían sido maltratadas si bien se había respetado sus vidas. Respecto al domicilio del teniente Ojanguren, que igualmente residía en una vivienda particular, “fue saqueada, destrozando ropas, muebles, robando dinero y alhajas y prendiéndole fuego, que no sin haber causado grandes destrozos, pudo ser sofocado”. Los domicilios del brigada y del guardia 2º Manuel Medina Martín fueron igualmente saqueados.

Seguidamente procedieron a efectuar diversas detenciones, destacándose en el informe la del brigada comandante del puesto de Carabineros de San Roque, que previamente lo había rendido, “sin oponer resistencia, entregando el armamento y pasándose a los rojos”. 

También se hacía mención a la detención de un sargento y cinco carabineros que habían ocupado el “Centro Telefónico” de San Roque. Todos los detenidos que practicaron dicha jornada fueron entregados a disposición de la autoridad militar en el cuartel “Diego Salinas”. Allí se encontraba de guarnición, mandada accidentalmente por el teniente Rafael Torres del Real, la 1ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento de Infantería Pavía núm. 7. Habían resistido también al ataque de la columna malagueña tras varias horas de tiroteo. 

Por otra parte, el teniente coronel de Infantería Manuel Coco Rodríguez, como nuevo comandante militar del Campo de Gibraltar, que había encabezado la sublevación en la Comarca, ordenó directamente al teniente Ojanguren, la evacuación de la casa-cuartel hasta el mentado acuartelamiento del Ejército. La razón alegada fue no reunir aquella las debidas condiciones de seguridad en caso de un nuevo ataque desde Málaga.

Ojanguren concluyó su informe destacando que toda la fuerza del puesto de la Guardia Civil se había comportado durante la defensa de la casa-cuartel “con el más alto espíritu y patriotismo”. Igualmente destacó a los jóvenes José Ruiz Bullón y Esteban Espinosa Fernández, ambos de 18 años de edad, así como al ya mencionado Juan Colodrero Madrigal, de 15 años de edad, hijos respectivamente del guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez, del guardia 2º José Espinosa Sánchez y del brigada Colodrero. Sirvieron como enlaces y repartieron constantemente municiones a los defensores durante el ataque sufrido.

(Continuará).

  

 

jueves, 22 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXIII). EL ATAQUE A LA CASA-CUARTEL (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 19 de abril de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

La mayor tragedia del siglo XX que padeció San Roque fue la Guerra Civil. No sólo por los trágicos y sangrientos hechos que se vivieron en la localidad sino por todo lo posteriormente sucedido, incluida la larga represión que se padeció.

Hubo mucho dolor y sufrimiento no debiéndose jamás volver a repetir. Corresponde por lo tanto a los historiadores seguir investigando y desvelando, con objetividad y rigor, los documentos que todavía permanecen inéditos en archivos públicos y privados. Su conocimiento y estudio servirán para aportar luz y verdad sobre aquella sinrazón que fue nuestra incívica contienda.

Si bien en 2013 el cronista oficial Antonio Pérez Girón publicó con la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru, su obra “San Roque, guerra civil y represión”, de muy recomendable lectura, queda todavía mucho por seguir aportando. 

De hecho, en este capítulo se comienza a exponer un documento muy interesante que ha permanecido inédito hasta hoy. Se trata de un informe que emitió el 29 de julio de 1936 el teniente de la Guardia Civil Odón Oscar Aranguren Alonso, jefe de la línea de San Roque. Relata el ataque que sufrió dos días antes la casa-cuartel por una columna procedente de la provincia de Málaga y alguno de los sucesos acaecidos.

Iba dirigido al inspector general del benemérito Instituto de lo que había pasado a ser el bando sublevado, autodenominado “nacional”. Se trataba del general de brigada Federico de la Cruz Boullosa, jefe la 3ª Zona de la Guardia Civil, con residencia oficial en Valladolid. Fue el único de los cinco generales del Cuerpo que secundó la rebelión militar.

Tras el fracaso del golpe de estado del 18 de julio de 1936 la situación derivó en una guerra civil que duraría hasta el 1º de abril de 1939. La Guardia Civil, al igual que ocurrió en el resto de instituciones civiles y militares de la República se fracturó y dividió en dos. Inicialmente poco más de la mitad de las unidades de la Benemérita permanecieron leales al gobierno legalmente constituido, cumpliendo así la tradición del Cuerpo desde su etapa fundacional.

En el bando gubernamental el inspector general era el general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, que el 19 de julio fue nombrado ministro de la Gobernación. Le sustituyó el general de brigada de la Guardia Civil José Sanjurjo Rodríguez de Arias, hasta entonces jefe de la 4ª Zona (Madrid). Sin embargo, la Benemérita tendría un efímera vida oficial en dicho bando. Por decreto de 30 de agosto siguiente se dispuso reorganizarla, pasando a denominarse Guardia Nacional Republicana. Transcurridos cuatro meses se procedió a la disolución del mismo con motivo de crearse el nuevo Cuerpo de Seguridad.

Hasta el 19 de julio no se declaró el estado de guerra en San Roque, siendo proclamado por Fuerzas del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta, desembarcadas ese mismo día en el puerto de Algeciras. Las fuerzas locales del Ejército, de la Guardia Civil y de Carabineros secundaron la sublevación militar. El alcalde Luis Ortega López fue detenido y destituido siendo nombrado presidente de la nueva comisión gestora municipal José Sánchez Velasco, alférez de la Guardia Civil en situación de retiro por haber cumplido la edad reglamentaria. 

Tal y como relata Pérez Girón en su obra, la tragedia no se inició en San Roque hasta el amanecer del 27 de julio siguiente. Y es aquí donde enlazamos con el mentado informe inédito suscrito por el teniente Ojanguren en relación a lo acaecido aquella aciaga jornada. Dado que fue emitido tan sólo dos días después de los hechos, aporta una información de sumo interés sin contaminar por otros factores. 

Según consta en el mismo, a las 6 horas de esa jornada fue observado por los guardias civiles que estaban prestando servicio de vigilancia en la casa-cuartel, sita en la calle Herrería núm. 14, “que en dirección a la misma y por la carretera general de Málaga, se acercaban rápidamente a la población varios automóviles y camiones ocupados por bastante personal, enarbolando bandera roja”. Posteriormente se contabilizarían hasta 25 camiones además de un número indeterminado de vehículos ligeros, estimándose en unos dos mil los componentes de la columna que llegó a San Roque. 

El comandante de puesto, Juan Colodrero Vergara, avisó inmediatamente al teniente Ojanguren, quien por razones de seguridad ya no pernoctaba en su vivienda de alquiler en la localidad, haciéndolo en la casa-cuartel. En esos momentos se encontraban en el edificio el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez y los guardias 2º Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gámez, José Espinosa Sánchez, José Montes Gil, José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Pacheco Sánchez y José Corbacho Franco.

El teniente ordenó inmediatamente que dicho personal y los familiares que se encontraban en ese momento en el acuartelamiento, pasasen a ocupar los lugares que previamente se habían establecido en el plan de defensa. Los guardias fueron distribuidos por las ventanas conforme su distinción de tiradores con arma larga mientras que las familias se refugiaron en las zonas más seguras, protegidas por colchones, cestas, sacos terreros, etc. que se habían preparado desde días antes en previsión de un ataque.

Parapetados y con los fusiles preparados quedaron en espera del desarrollo de los acontecimientos. Observaron que al frente de un centenar de personas armadas que de forma bastante compacta habían tomado posiciones en las proximidades, iba un cabo del Cuerpo de Carabineros que portaba un brazalete rojo. Éste intimidó a voces la rendición de la casa-cuartel procediendo seguidamente a disparar su fusil contra una de las ventanas.

A partir de ese momento se procedió al intercambio de disparos entre atacantes y defensores. Buena parte de aquellos eran carabineros siendo el resto paisanos. El cabo mentado cayó enseguida herido, pero los atacantes a pesar del fuego que se hacía sobre ellos fueron avanzando hacia la puerta principal del acuartelamiento. Al serles lanzada por el teniente Ojanguren una granada de mano tipo Lafitte que al explosionar les ocasionó varias bajas, cesaron su progresión. 

Continuó el tiroteo desde sus respectivas posiciones durante una hora y media aproximadamente, utilizando los atacantes incluso varias ametralladoras. Una de estas quedó anulada como consecuencia de los disparos de los guardias civiles. También fueron alcanzados, resultando dañados, tres de los vehículos ligeros que habían empleado para trasladarse. 

Transcurrido el tiempo citado cesó el fuego al presentarse como parlamentario el hijo mayor del comandante de puesto. Tenía 15 años de edad y se llamaba Juan Colodrero Madrigal. La familia del brigada había sido tomada como rehén por los atacantes. Fueron capturados su esposa, Leocadia Madrigal Calderón, y sus cuatros hijos menores de edad, llamándose los otros tres José, Natividad y Rosario. Como no había pabellón disponible en la casa-cuartel ya que eran familia numerosa, habitaban una vivienda de alquiler en la localidad. Algún vecino de San Roque debió informar en dónde vivían. 

La petición que traía el adolescente para los defensores de parte de los atacantes era la “de rendirse en el término de diez minutos, y de no ser así, le darían muerte a todos y bombardearían el Cuartel”.

(Continuará).

 

domingo, 18 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXII). EL PROYECTO FRUSTRADO DE LA NUEVA CASA-CUARTEL (1935).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 12 de abril de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

Desde los inicios de la etapa fundacional del benemérito Instituto uno de los principales problemas que padeció la Guardia Civil fue el alojamiento de quienes lo integraban y de sus familias. Una muy recomendable película de 1966, cuyo título es “El primer cuartel”, dirigida por Ignacio Ferrés Iquino, da buena cuenta de ello, amén de poner en valor principios tan fundamentales del Cuerpo como son el honor y la disciplina.

Como ni el Estado ni los ayuntamientos disponían de edificios propios que pudieran ser utilizados para tal menester, se tuvo que acudir en la mayor parte de los casos al arrendamiento de inmuebles de titularidad privada cuya renta era sufragada principalmente por las corporaciones municipales. Mientras se mantuvo dicho sistema, los guardias civiles así como sus familias, soportaron durante décadas y décadas, en sufrido silencio, unas casas-cuarteles que con harta frecuencia no reunían las condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad y salubridad.

La sinrazón de ello era que cuando se procedía a alquilar el correspondiente edificio para su uso como acuartelamiento, se fijaban en las cáusulas del contrato una serie de compromisos de conservación y mantenimiento que con el transcurso de los años su propietario dejaba voluntariamente de cumplir. El motivo principal de tan deplorable inobservancia era que como no se procedía a la actualización de las rentas, no se cumplía por parte del arrendador su obligación contractual. Todo ello con el ánimo de forzar la elevación de la cuantía del alquiler o provocar la rescisión del contrato. De esta forma la Guardia Civil terminaba desalojando el inmueble y su propietario podía dedicarlo a otra actividad más lucrativa.

Pues exáctamente eso era lo que sucedía desde 1898 con la casa-cuartel de San Roque ubicada en el núm. 14 de la calle Herrería, edificio hoy día inexistente. Tal y como ya se relató en un capítulo anterior, el 16 de agosto de 1934, el coronel subinspector del 16º Tercio, Fulgencio Gómez Carrión, dio cuenta al inspector general del Cuerpo, que se había ordenado la instrucción del correspondiente expediente para buscar un nuevo inmueble, al objeto de habilitar su uso como acuartelamiento. Si bien, por el momento, no se ha localizado que fue de dicho expediente ni la propuesta final del instructor, lo cierto es que se continuó ocupando dicho inmueble.

En 1935 se restableció nuevamente como unidad tipo sección la línea de San Roque. Su jefatura pasó a ostentarla a partir del mes de abril el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso. Bajo su dependencia la integraban los puestos de San Roque, Algeciras y Los Barrios. Como no había disponibilidad de pabellón para él y su familia en la casa-cuartel, tuvo que alojarse de alquiler en una vivienda particular cuya renta era sufragada por la corporación municipal.

Al residir fuera de la casa-cuartel, el principal problema que ello originaba era que cada vez que acontecía alguna novedad relacionada con el servicio, al no disponerse de otro medio de enlace, tenía que desplazarse un componente del puesto hasta su domicilio para darle oportuna cuenta de lo acaecido. Por otra parte, desde el consistorio, su titular quería poder contactar rápidamente con el teniente, caso de que la situación lo demandase, pues se trataba de un periodo en el que eran habituales las alteraciones del orden público.

Es por todo ello que en la sesión ordinaria de la corporación municipal celebrada el 29 de mayo de dicho año, presidida por el alcalde Francisco Viñas Vinuesa, a la que asistieron los concejales Pedro Santillana Cruces, José Molina Sánchez, Demófilo Pérez Delgado, Andrés Pérez Velasco, José Jiménez Fernández y José Guijón Paéz, se acordó en el punto 8º, “la conveniencia de que el Ayuntamiento costee el abono de un aparato telefónico en el domicilio del Sr. Teniente de la Guardia Civil de esta Ciudad, con objeto de que esté mejor atendido el servicio”.

Por otra parte, parece ser que la solución que se había decidido dar a la casa-cuartel, dado su lamentable estado de conservación y habitabilidad, fue la de construir un nuevo acuartelamiento, encargándose por el consistorio municipal la redacción del correspondiente proyecto al perito Joaquín Almagro Fernández.

Éste pertenecía a una familia muy ligada a la construcción en San Roque. En esa época estaba al frente de la fábrica de baldosas hidráulicas “Santa Isabel”, un negocio familiar que había sido fundado en 1920 y con razón social en el núm. 19 de la calle Vallecillo Luján. Durante la monarquía de Alfonso XIII, concretamente en ese año, fue nombrado concejal en la etapa del alcalde Bernardo Souza González. Posteriormente, a fin de julio de 1928, tras superar la correspondiente oposición, había ingresado en los Cuerpos Subalternos de Ingenieros del Ejército como ayudante de obras militares (asimilado a teniente), pasando a prestar su servicio a la Comandancia de obras, reserva y parque de Ingenieros de la 2ª Región. Curiosamente, su padre, Antonio Almagro Benítez, ya fue mencionado en un capítulo anterior cuando en el año 1898 había sido designado por el ayuntamiento como maestro de obras para reconocer el estado del inmueble de la calle Herrería núm. 14 como futuro acuartelamiento de la Benemérita.

El caso es que en el acta levantada por el secretario del ayuntamiento de San Roque, Emilio Cano Linares, relativa a la sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 1935, presidida por el alcalde Viñas, se hizo constar que el concejal Santillana dirigió una pregunta relacionada con la presentación del expuesto para la construcción de una casa-cuartel de la Guardia Civil en la localidad, contestándosele que aún no había sido aportada por Almagro. 

Casi dos semanas después, con ocasión de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 bajo la misma presidencia, fue el concejal Guijo Páez quien preguntó si había sido ya presentado por Almagro el estudio requerido para la construcción del mentado acuartelamiento, contestándosele también negativamente. Ello motivaría que se acordase entonces encargar a otro técnico la redacción del proyecto. Por el momento, no se ha localizado que fue de todo aquello, pero lo cierto es que el inicio de la Guerra Civil en julio del año siguiente abortó, como tantas otras cosas que eran muy necesarias, cualquier proyecto que estuviera en fase de planeamiento. A la casa-cuartel de la calle Herrería le quedaban todavía unos cuantos años más, tal y como se verá en próximos capítulos.

Mientras tanto, sin perjuicio de que los tiempos se fueran tornando cada vez más convulsos, rumbo hacia la terrible tragedia que supondría la guerra civil, era también patente la preocupación de los mandos de la Guardia Civil por el mal estado generalizado de las casas-cuarteles en la provincia.

Prueba de ello es la providencia del coronel Gómez Carrión el 6 de diciembre de 1935 en el libro de la Comandancia de Cádiz mandada por el teniente coronel Sebastián Hazañas González: “Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible prosmicuidad las familias con gran detrimento del decoro y moralidad necesarias e imprescindibles. En la provincia existen varias casas-cuarteles en esas lamentables condiciones …”.

 

 

viernes, 16 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXI). ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL HOMENAJE A LA BENEMÉRITA (1935)


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 5 de abril de 2021pág. 14.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 


El 29 de abril de 1935 la comisión gestora de la Diputación de Cádiz acordó, según palabras de su presidente Pedro Icardi Blanca, rendir un homenaje a la Guardia Civil por todos los municipios de la provincia, “donándole una bandera con su vitrina, como tributo de simpatía a los indiscutibles merecimientos de dicho Cuerpo que con una abnegada labor y espíritu de sacrificio viene constituyendo en todos los instantes de la vida pública de los pueblos, el sostén y base firmísima del mantenimiento del orden y la paz social”. 

Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad con el apoyo de los vocales, Manuel Caramé Pineda, alcalde de San Fernando y representante del distrito de San Fernando-Chiclana de la Frontera, de quien partió la iniciativa; Pedro Porras Jurado, alcalde de Setenil y representante del distrito de Olvera-Grazalema; y José Soto Revolo, representante del distrito de Algeciras-San Roque, por el Campo de Gibraltar, habiendo excusado justificadamente su ausencia el vocal Manuel Narváez Ortega, alcalde de Jerez de la Frontera y representante de dicho distrito. 

La razón del homenaje era la misma que había concurrido en otras muchas provincias españolas. El movimiento insurreccional contra la legalidad republicana vigente que se había producido en octubre del año anterior en buena parte del país, principalmente en Asturias y Cataluña, causó 111 muertos y 182 heridos entre los componentes de la Guardia Civil, así como el ataque a numerosas casas-cuarteles.

Lo que se inició como una huelga general convocada por los partidos políticos y sindicatos de izquierda para protestar por la entrada de varios ministros derechistas en el gobierno presidido por el radical Alejandro Lerroux García, se convirtió en una intentona revolucionaria extremadamente violenta. Ello provocó la declaración del “Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española”, así como una durísima represión gubernamental para restablecer el orden y la ley en la que se emplearon incluso fuerzas del Ejército de África.

La magnitud de la tragedia, dado el elevado número de bajas sufridas por ambas partes, impactó profundamente en el seno de la sociedad de la época. En la parte que afectó al benemérito Instituto se proyectó desde el gobierno una estrategia de potenciación de sus capacidades humanas y materiales, así como de fortalecimiento moral. Esto último se materializó a través de solemnes homenajes y reconocimientos, institucionales y públicos, por toda la geografía nacional.

La primera medida efectiva que tuvo proyección normativa fue la creación de la “Corbata de la Orden de la República”, mediante decreto de 30 de octubre de 1934: “con ocasión del último movimiento revolucionario se han registrado en los Institutos y Cuerpos armados, casos de verdadero heroísmo, no sólo de alguno de sus individuos, sino de sus unidades en masa, contribuyendo con ello de manera eficacísima a la defensa de la Patria y a la mayor exaltación y gloria de la República”.

Hay que significar que la Orden de la República había sido creada por decreto de 21 de julio de 1932, “con el propósito de que puedan recibir honrosa recompensa por sus especiales merecimientos los ciudadanos que más se distingan en el servicio de España y de la República”. 

Como era una recompensa civil de carácter individual, se creó la categoría de la Corbata, a similitud de algunas órdenes militares, “destinada a premiar, como recompensa colectiva, los actos heroicos de institutos armados o de colectividades civiles en el cumplimiento de su deber, o que hayan prestado excepcionales y especialísimos servicios de carácter cívico, humanitario, etc.”

En realidad, dicha ampliación se realizó, en palabras de Eduardo Benzo Cano, subsecretario del ministerio de la Gobernación, “para premiar de manera relevante los grandes servicios que la Guardia Civil ha prestado”, estando incluso “en proyecto la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cuyas condecoraciones premiarán los servicios distinguidos dentro de los peculiares del Instituto”. No obstante, para que esto último fuera una realidad, habría que esperar cuatro décadas, concretamente hasta 1976.

Por decreto de 11 de febrero de 1935 el gobierno dispuso “conceder la corbata de la Orden de la República al Instituto de la Guardia Civil, para premiar como recompensa colectiva los innumerables actos heroicos llevados a cabo por el personal del mismo y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que ha rendido a España y a la República en el cumplimiento de sus deberes”. Se trató de la primera y única Corbata de la Orden de la República que se concedió. Si bien nunca fue expresamente abolida, tras la Guerra Civil cayó en un profundo y oscuro silencio en el que todavía continúa sumida.

Por otra parte, como hasta entonces poco más de una docena de unidades de la Guardia Civil tenían concedido el derecho de uso de enseña nacional, se dispuso a partir de 1935, su concesión a tercios y comandancias, estando entre estas últimas la de Cádiz. Y es aquí donde surgió la iniciativa de la comisión gestora de la Diputación gaditana.

Consecuente con ello se solicitó la participación de todas las corporaciones municipales de la provincia. Así, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 1935 en la casa consistorial de la “Ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar”, tal y como se citaba en el acta correspondiente, se trató la propuesta de la Diputación en el punto 7º del orden del día. 

Fue presidida por el alcalde Francisco Viñas Vinuesa y asistieron los concejales Pedro Santillana Cruces, José Molina Sánchez, Demófilo Pérez Delgado, Andrés Pérez Velasco, José Jiménez Fernández y José Guijón Paéz. También estuvo presente el interventor municipal interino, José Reathy Rendón, levantando acta el secretario Emilio Cano Linares:

“Leído oficio del Sr. Presidente de la Diputación provincial de Cádiz invitando a este Ayuntamiento a sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia, al benemérito Instituto de la Guardia Civil, donándole una bandera con su vitrina, se acuerda por unanimidad adherirse cordialmente a dicho homenaje y contribuir con veinticinco pesetas a la realización del mismo.” Para que el lector tenga una referencia, dicha cantidad equivalía aproximadamente a cinco jornales agrícolas. 

El 5 de julio siguiente, el alcalde dirigió una carta al presidente de la Diputación comunicándole que se “acordó por unanimidad sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia al benemérito Instituto de la Guardia Civil”.

Finalmente, el emotivo homenaje a la Guardia Civil se celebró el 8 de diciembre siguiente en la plaza de España de la capital gaditana, ante el monumento a la Constitución de 1812, asistiendo junto a numerosísimo público las autoridades civiles y militares de toda la provincia. Entre ellas se encontraba el alcalde de San Roque

Los padrinos de la bandera fueron Carmen Oliver Cobeña, esposa del gobernador civil, Luis de Armiñán Odriozola, y el filántropo gaditano Elías Ahuja Andría, gran benefactor de los huérfanos de la Guardia Civil. La enseña fue entregada al teniente coronel Sebastián Hazañas González, jefe de la Comandancia de Cádiz, acompañado del general de brigada Federico de Santiago Iglesias, jefe de la 2ª Zona en Córdoba.

 

lunes, 5 de abril de 2021

ORÍGENES HISTÓRICOS DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 1º de abril de 2021 en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 44; "EUROPA SUR", pág. 24; "DIARIO DE ALMERÍA", pág. 35; "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 33; "DIARIO DE JEREZ", pág. 36; "DIARIO DE SEVILLA", pág. 40; "EL DÍA DE CÓRDOBA", pág. 24; "GRANADA HOY", pág. 26; "HUELVA INFORMACIÓN", pág. 28; y "MÁLAGA HOY", pág. 30.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.


 

Fue creado por Real Orden de 1º de abril de 1853

 

Andalucía ha aportado tradicionalmente el mayor porcentaje de alumnos

 

  

 

El 26 de enero de 1853, el inspector general de la Guardia Civil, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, II duque de Ahumada, elevó por conducto del Ministerio de la Guerra una propuesta para crear una “Compañía de Guardias jóvenes, que a la edad de 12 años reuniesen la circunstancia de ser hijos de subalternos y clases de tropa del Cuerpo de Guardias Civiles”.

 

Dicha institución de seguridad pública y naturaleza militar había recorrido ya más de ocho años desde su fundación en 1844. Durante es breve periodo no sólo se había afianzado como uno de los instrumentos más eficaces y prestigiosos del Estado sino que además, gracias a su espíritu benemérito, se había hecho acreedor al afecto y gratitud de todos los españoles de bien.

 

Ello había supuesto a su vez un coste humano irreparable entre sus filas. En ocasiones, sacrificando la vida en el cumplimiento del deber y en otras, quedando impedido para seguir ejerciéndolo como consecuencia de las lesiones sufridas en acto de servicio.

 

Es por eso que el duque de Ahumada tuvo desde el inicio de la andadura del benemérito Instituto, el propósito de premiar en los hijos, las virtudes de sus padres, dándoles la oportunidad de poder tener un futuro profesional y continuar la carrera militar en la Guardia Civil si así lo deseaban y acreditaban los requisitos exigidos. 

 

El presidente del consejo de ministros era entonces el teniente general Federico Roncali Ceruti, conde de Alcoy y el ministro de la Guerra era el teniente general Juan de Lara Irigoyen. Éste, con el beneplacito y apoyo del primero, tras realizar el correspondiente estudio sobre la motivación y viabilidad, despachó la propuesta del duque de Ahumada con Isabel II.

 

Si bien la reina no se pronunció inicialmente de forma expresa sobre dicha propuesta, ya que fue necesario peticionar algunos informes complementarios, sí dejó entrever anticipadamente “su inagotable piedad”, en palabras del propio duque de Ahumada. Resultó que aprovechando una real orden de 6 de marzo, dimanante del Ministerio de la Guerra, mediante la que se aprobó la distribución de la fuerza del Cuerpo que se había propuesto el 24 de febrero anterior, Isabel II accedió a que se dejase de cubrir una plaza por compañía de infantería, “con el objeto de que con la economía que produzca puedan cubrirse los gastos de la creación de una Compañía de Guardias jóvenes”.

 

Aunque todavía no estaba autorizada formalmente su creación sí se confirmaba tácitamente con tal disposición que la reina accedía a la propuesta del duque de Ahumada para “la formación de una Compañía-Colegio de jóvenes, donde serán admitidos, mantenidos, vestidos y educados militarmente en los términos que designe el reglamento que se formará, los hijos de los Guardias, Cabos y Sargentos de este Cuerpo, a quienes pueda corresponder y aspiren a disfrutar esta gracia, con tal que a su buena conducta no adolezcan de imperfección o defecto físico”. 

 

A tal efecto, y para ir preparando la selección de los aspirantes, el duque de Ahumada dictó el 16 de marzo siguiente, una circular dirigida a los coroneles y tenientes coroneles jefes de Tercio. Los Tercios eran unidades orgánicas del despliegue territorial de la Guardia Civil que comprendían varias provincias. Así, por ejemplo, Andalucía contaba con dos Tercios: el 3º, con cabecera en Sevilla y del que dependían las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; y el 7º, con cabecera en Granada, que encuadraba las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

 

En dicha circular se impartían instrucciones sobre el derecho de preferencia a ingreso de esos jóvenes. Al objeto de que llegase a conocimiento de todos los que considerasen que tenían derecho a solicitar plaza en la Compañía-Colegio, se ordenó que además de su publicación en la correspondiente orden general de cada Tercio, se difundiera también a través de los boletines oficiales de cada provincia.

 

Conforme a las mentadas instrucciones se establecían tres categorías. La 1ª correspondía a los hijos de guardias, cabos y sargentos, que desde la creación del Cuerpo, “hubiesen muerto de heridas, golpes u otro accidente, recibidas aquellas u ocurridos estos en función del servicio, o que de sus resultas hubiesen fallecido”. En tal caso los huérfanos debían tener al menos la edad de 8 años cumplidos y ser solicitado por sus madres o tutores.

 

La 2ª categoría comprendía a los hijos del personal de los empleos citados, “que estuviesen separados del servicio por inutilidad adquirida en el que presta la Guardia Civil”. En este caso los aspirantes debían contar con 14  años y no ser mayores de 16, ya que la edad de 18 era la prefijada para dejar de pertenecer a la Compañía-Colegio y ser alta en el Cuerpo. Las peticiones debían ser elevadas por sus padres.

 

Y finalmente, la 3ª categoría comprendía a los de 14 años de edad que siendo hijos de los que ostentaban los referidos empleos, estuvieran sirviendo en la Guardia Civil, o que en adelante lo hicieran. En tal caso, los padres debían solicitarlo expresamente y proceder de la clase de voluntarios o de contingentes reenganchados, teniendo preferencia los que contasen con más años de servicio en el Cuerpo. 

 

Los aspirantes de la 1ª categoría tenían preferencia para ocupar la totalidad de las plazas. Si no se ocupasen se completaría con los jóvenes de la 2ª categoría, y si aún resultasen vacantes, se terminarían de cubrir con los de la 3ª.


Las solicitudes, dirigidas al inspector general del Cuerpo, debían de cursarse por conducto del comandante de la línea (sección) de la Guardia Civil más próximo al lugar donde residiera el aspirante, con objeto de emitir los correspondientes informes. Además de cumplimentarse el formulario que se adjuntaba en la circular, debían documentarlas con la fe del bautismo del interesado, la partida de casamiento de sus padres y en su caso, el certificado de defunción del padre o la copia de su licencia o cédula de retiro.


Dicha circular concluía ordenando que los mandos a través de los cuales se elevasen las peticiones, debían informar “si el joven, para quien se pide la gracia, es digno de ella por su conducta, y en los que no sean hijos de los muertos en acción de guerra, si adolecen de algún defecto físico, tal que por él no puedan pertenecer a la milicia, cuando en su día puedan pertenecer al Cuerpo.”


Finalmente, por real orden de 1º de abril de 1853, dimanante del Ministerio de la Guerra, se aprobó la creación de una Compañía de Guardias Jóvenes, “regulando su fuerza a la de dos plazas por cada una de las Compañías que componen el Cuerpo de su cargo, cuyas plazas deberán proveerse con jóvenes que reúnan las precitadas circunstancias o la de haber muerto su padre en acción de guerra o función del servicio del Cuerpo, y los cuales disfrutarán sólo del haber de soldados de infantería del Ejército”.


Este fue el origen histórico del actual Colegio de Guardias Jóvenes, sito en Valdemoro (Madrid), constituyendo tradicionalmente los andaluces el mayor porcentaje del alumnado.