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martes, 23 de febrero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LV). LAS ESPOSAS DE LOS GUARDIAS CIVILES DE CASAS VIEJAS (1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 22 de febrero de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


  

Finalizaba el capítulo anterior con el sargento Manuel García Álvarez, comandante de puesto de Casas Viejas, mortalmente herido de un disparo en la cabeza efectuado por los subversivos. Se encontraba todavía de pie, tambaleándose y apoyándose como podía, arengando en la defensa del acuartelamiento a los guardias civiles Manuel García Rodríguez y el sanroqueño Pedro Salvo Pérez.


Las declaraciones tomadas en el expediente de apertura de juicio contradictorio para acreditar si existían méritos para la concesión de la cruz laureada de San Fernando a este último, siguen aportando datos inéditos de lo sucedido en el interior de la casa-cuartel durante el ataque sufrido.


El guardia 2º García Rodríguez continuó relatando su testimonio al primer instructor, capitán Pablo Incera Vidal. Contó como el sargento tras resistir casi una hora no pudo ya más, “sin duda por la gravedad de la herida y la gran cantidad de sangre que por la misma perdía”.


Fue entonces cuando Salvo y él lo llevaron a la cama del primero, recostándolo junto al agonizante guardia 2º Román García Chuecos, herido gravemente también de otro disparo en la cabeza. El declarante manifestó que seguidamente aprovechó para ponerles a ambos, “una inyección de ergotina y dos de aceite alcanforado, dejándolos ya al cuidado de las mujeres que en el cuartel había”.


Llegados a este punto hay que significar que cuando se produjo al amanecer del 11 de enero de 1933, el ataque a la casa-cuartel de Casas Viejas, estaban en su interior, además del sargento y los tres guardias 2º citados, sus familias. Para ser sinceros hay que reconocer que la historiografía sobre los trágicos sucesos nunca se preocupó mucho, por no decir nada, de ellas. 


No hay que olvidar que entonces los guardias civiles vivían en su mayor parte con sus familias en casas-cuarteles. Un reducido sueldo que no llegaba a las 300 pesetas mensuales y numerosos cambios de destino a lo largo de su carrera militar, no les dejaba otra alternativa que residir en los pabellones del acuartelamiento, a pesar de tratarse habitualmente de unas viviendas que padecían un estado de habitabilidad y salubridad bastante precario. 


Las familias de los guardias civiles siempre fueron a lo largo de la historia, desde los tiempos fundacionales, las grandes sufridoras, con resignación y en silencio, de las tragedias y vicisitudes profesionales que padecieron aquellos. No existen historiadores que se hayan preocupado de ellas, salvo ocasionalmente alguna pequeña referencia. El tema de sus viudas y sus huérfanos, como el caso que nos ocupa, siempre fue aún peor. Siempre fueron los grandes olvidados. De hecho, a pesar de que existen en la geografía nacional diversos monumentos dedicados al benemérito Instituto, no hay ninguno consagrado a la familia del guardia civil, que bien se lo merece.

 

Volviendo a Casas Viejas, el comandante de puesto, que terminó falleciendo dos días más tarde en el hospital militar de Cádiz, estaba casado con Ramona González Milán y fruto de su matrimonio tenían dos hijos llamados Mercedes y Juan Manuel. El guardia 2º García Chuecos, que falleció también en Cádiz, el 4 de febrero siguiente, tras una larga y dolorosa agonía, estaba casado con Ignacia López de la Calle Palacio y tenían cuatro hijos llamados José, María, Pilar y Francisco. El guardia 2º García Rodríguez estaba casado con María Moreno de Castro y no tenían hijos. Y el guardia 2º Salvo Pérez estaba casado con Eulalia González Utar y entonces tenían todavía sólo un hijo llamado José.


En los expedientes instruidos, tanto a Salvo como a los otros tres defensores del benemérito Instituto, sólo consta la referencia genérica de la atención que prestaron las mujeres a los dos malheridos. En los numerosos testimonios recogidos en los mismos, entre los que hay incluso varios vecinos de Casas Viejas, no se encuentran los de las esposas por la sencilla razón de que ninguno de los dos instructores, tanto el ya citado capitán Incera como el de igual empleo, Federico Montero Lozano, auxiliado éste por el sargento Claudio Luengo Pizarro, en calidad de secretario, no lo creyeron necesario.


Pero tampoco lo hizo el juez especial de la causa núm. 12/1933, capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, destinado en el Regimiento de Costa núm. 1 de Cádiz, que instruyó el procedimiento judicial militar para depurar las responsabilidades penales de los atacantes a la casa-cuartel. Debió estimar que con las declaraciones tomadas a los guardias 2º García Rodríguez y Salvo Pérez era más que suficiente para acreditar los hechos vividos en el interior del acuartelamiento.


Consecuente con lo anterior, cuando se celebró durante los días 25 y 26 de junio de 1934 el consejo de guerra contra 26 vecinos procesados de Casas Viejas, acusados de participar en el ataque a la casa-cuartel, no se citó como testigos a las esposas de los guardias civiles. Tampoco el presidente del tribunal militar, teniente coronel de Infantería Ernesto Marina Arias, destinado en el Regimiento de Infantería núm. 27 de Cádiz, ni el fiscal, auditor de 3ª del Cuerpo Jurídico Militar Juan Lázaro Fernández, asimilado a teniente y destinado en la Fiscalía de la 2ª División Orgánica, debieron considerar que su testimonio fuera relevante.

  

Seguramente pensaron que si durante la instrucción del procedimiento no se había estimado necesario no lo sería entonces durante la vista oral, pues para ello era suficiente el testimonio de los dos guardias civiles supervivientes. Costumbres de la época que actualmente no se hubieran repetido y que privó conocer no sólo la identidad concreta de todos los familiares que estuvieron en la casa-cuartel durante el ataque sino también su relato sobre la angustia y terror que debieron padecer mientras atendían a los heridos moribundos y temían por sus propias vidas.


También hay que tener en cuenta que lo que realmente centró toda la atención mediática, informativa, judicial y política, fue el posterior asesinato de los doce vecinos de la aldea cuando estaban detenidos y engrilletados por el capitán Manuel Rojas Feigenspan y sus guardias de Asalto. Tan brutal crimen relegó a un segundo plano el que se perpetró contra los guardias civiles y sus familias.


En la prensa de la época, la revista “Mundo Gráfico”, en su número 1.107, correspondiente al 18 de enero de 1933, publicó una fotografía con el rostro de la esposa del guardia 2º García Rodríguez, poniendo en valor el auxilio prestado a los dos malheridos. También publicó la fotografía del hueco hecho a golpes en la alacena del tabique colindante con el inmueble vecino, para poder refugiarse en él. Prácticamente publicaron lo mismo las revistas “Nuevo Mundo” (núm. 2.028 el día 20) y “Crónica” (núm. 167 el día 22). 


Aquellas familias horrorizadas pasaron a través del agujero abierto en la pared a la vivienda de Sebastiana Rodríguez Pérez-Blanco. Según contrato suscrito el 1º de abril de 1898, el propietario del edificio alquilado por el ayuntamiento para su uso como casa-cuartel era Antonio Vela Pérez-Blanco. Lo firmaron el alcalde de Medina Sidonia, Luis Lara Sánchez, y el teniente coronel José Gay González, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. La renta anual ascendía en 1933 a 720 pesetas.


(Continuará).

 

jueves, 18 de febrero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LIV). PROPUESTA DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO AL CABO PEDRO SALVO PÉREZ (1935).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de febrero de 2021pág. 20.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


 

En el Boletín Oficial de la Guardia Civil núm. 14 de 13 de mayo de 1935, se publicó la Orden General del Cuerpo, dada en Madrid el 25 de abril anterior, abriendo expediente de juicio contradictorio para el ingreso en la Orden Militar de San Fernando, a favor del ya cabo Pedro Salvo Pérez, natural de San Roque.


En dicho boletín oficial se publicaron cinco órdenes generales, todas ellas dictadas por el inspector general del benemérito Instituto, general de división Miguel Cabanellas Ferrer. La primera estaba dedicada a ensalzar el ofrecimiento altruista que había realizado el Patronato de los “Asilos de San Juan y Santa María” del Orfanato Nacional, ubicado en la localidad madrileña de El Pardo. Se trataba de un establecimiento de beneficencia del Estado que acogía a niñas y niños huérfanos entre 4 y 10 años de edad. Los trágicos sucesos revolucionarios del mes de octubre de 1934 habían costado la vida a 111 miembros de la Guardia Civil, además de 182 heridos, en su mayor parte en Asturias. El Patronato había ofertado, “espontánea y generosamente”, 20 plazas para aquellos que habían perdido a sus padres en dichos sucesos, defendiendo el orden y la ley.


Las otras cuatro órdenes generales estaban dedicadas a la apertura de expedientes individuales a los cuatro heroicos defensores de la casa-cuartel de Casas Viejas. El juez instructor de todos ellos, capitán de la Guardia Civil Federico Montero Lozano, había tomado ya las declaraciones que tanto él, como su antecesor, capitán Pablo Incera Vidal, nombrado por Orden General de 5 de abril de 1933, habían considerado oportunas en averiguación de los méritos contraídos.


Concluidas las actuaciones lo elevó el 11 de abril de 1935, dos años después de su inicio, al inspector general del Cuerpo como autoridad que había ordenado su instrucción, siendo entonces el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería.


Conforme lo dispuesto en el reglamento entonces vigente, la autoridad ordenante procedió dos semanas más tarde a su publicación en la correspondiente orden general, exhortando a los generales, jefes y oficiales, clases e individuos de tropa del Ejército, Marina e Institutos o Cuerpos armados que supieran algo en contrario o capaz de modificar la apreciación de los hechos publicados, a que se presentasen a declarar ante el juez instructor en el plazo de diez días.


La apertura del juicio contradictorio había sido solicitada mediante instancia por el propio interesado, entonces guardia 2º de infantería. El expediente estaba encabezado con la orden de proceder y el parte-informe que había elevado el coronel Ricardo Salamero Ortiz, jefe del 16ª Tercio (Málaga), en el que estaba encuadrada la Comandancia de Cádiz, como responsable interino de la 2ª Zona, tras el cese del general de brigada Manuel Gómez García por su presunta vinculación en la intentona golpista de agosto anterior.


Dicho escrito comenzaba exponiendo: “El expresado Guardia defendió la Casa-cuartel del Puesto de Casas Viejas en unión de otro solo Guardia, despues de haber quedado fuera de combate el Sargento que lo mandaba y otro individuo; continuando ellos dos solos la defensa, que ejecutaron con valor y tesón ejemplar durante el lapso de tiempo comprendido entre las siete de la mañana que empezó el asedio, hasta la una y treinta de la tarde, cercados por gran número de revolucionarios armados que tenían rodeado el edificio y deseaban apoderarse de sus armamentos, hasta que a dicha hora llegaron refuerzos del Cuerpo, procedentes de Medina Sidonia, que hicieron huir a los rebeldes y los auxiliaron a todos, habiendo resultado dicho Guardia herido levemente de arma de fuego en una pierna”.


Continuaba informando que el guardia 2º Salvo era de estado casado, con un hijo, y 32 años de edad, contando 16 años, 3 meses y 9 días de servicio en el Cuerpo así como que carecía de notas desfavorables en su historial, observando buena conducta y mereciendo buen concepto.

 

Entre los documentos que se aportaron al expediente destacaban cuatro sendas felicitaciones del director general de la Guardia Civil, teniente general Juan Zubia Bassecourt, cuando se encontraba destinado en el puesto de Algeciras. 


La primera, fechada el 23 de febrero de 1921, era “por su brillante comportamiento en la inundación habida en la aldea de Palmones por desbordamiento de los ríos Guadarranque y Palmones, en los días 12 al 15 del actual, cooperando en unión de sus compañeros a salvar de las corrientes del agua a los habitantes de ella, y sus enseres”.


La segunda, datada el 24 de enero de 1922, fue por un benemérito servicio prestado en Algeciras. Se le concedió “por lo noble y acertadamente que procedió, secundando las órdenes de su Capitán, extrayendo de entre los escombros de un edificio que se derrumbó cuando estaba en construcción, a once obreros que en él trabajaban”.


La tercera correspondía al 24 de julio de ese mismo año, “por los relevantes servicios prestados en la feria de Algeciras, en unión de la demás fuerza, granjeándose el elogio de las Autoridades civiles”.


La cuarta, formulada el 8 de enero de 1923, fue “por el celo y actividad desplegados en conseguir descubrir y detener a los autores de un robo con escalo cometido el 22 del anterior, en el domicilio de Juan Jiménez Gómez, vecino de Algeciras, rescatando todos los efectos robados”. 


La declaraciones que fueron prestándose a lo largo del expediente fueron de gran interés, aunque no tuvieron trascendencia pública, para conocer lo que realmente aconteció durante el ataque en el interior de la casa-cuartel, un pequeño edificio de dos plantas en régimen de alquiler. Gracias al contenido de las mismas se supo que el pabellón de Pedro Salvo se convirtió en el principal baluarte de la resistencia. Situada en la planta superior, dominaba perfectamente la plaza y la calle frontera al acuartelamiento.


En la manifestación prestada por el otro superviviente, guardia 2º Manuel García Rodríguez, se detallaba como subió al dormitorio de Salvo, abrió la ventana lateral derecha y rodilla en tierra disparó con su fusil contra los atacantes, recibiendo un impacto de perdigones en la mejilla izquierda. A su espalda estaba el guardia 2º Román García Chuecos que al igual que el sargento Manuel García Álvarez, cayeron mortalmente heridos por el fuego de los atacantes. Transcurrido un rato cesó temporalmente el tiroteo, momento que aprovechó para gritar a Salvo, que estaba en la planta baja defendiendo la puerta de entrada, para que subiera y le ayudase con los heridos.


Según relató, entre los dos acostaron a Román, que presentaba un impacto de gravedad en la cabeza, en la cama de Salvo. Dejó a éste la defensa desde la ventana y él pasó a hacerlo desde el descansillo de la escalera, lugar que dominaba la parte posterior del edificio, al objeto de evitar que los atacantes pudieran materializar el asalto por esa zona.


Mientras tanto el sargento, que inicialmente había caido al suelo tras recibir un disparo en la cabeza comenzando a sangrar, se levantó y se puso a alentarles y darles ánimos, negándose a acostarse en la cama, a pesar de las reiteradas peticiones de ambos guardias. 


(Continuará).

 

miércoles, 10 de febrero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LIII). EL TESTIMONIO DEL CABO PEDRO SALVO PÉREZ SOBRE EL ATAQUE DE CASAS VIEJAS (1933).



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de febrero de 2021pág. 10.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



El 21 de mayo de 1934 comenzó la vista oral de la causa instruida contra el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigenspan, acusado de ser el responsable del asesinato, por fuerzas de Asalto del Cuerpo de Seguridad, de doce vecinos de Casas Viejas cuando se encontraban detenidos. 


Uno de los testigos principales fue el ya cabo Pedro Salvo Pérez, natural de San Roque y superviviente del ataque anarquista contra la casa-cuartel el 11 de enero de 1933. Al inicio del juicio estaba destinado en el puesto de Minas de El Castillo de las Guardas, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, si bien se encontraba concentrado en el puesto de Algeciras de la Comandancia de Cádiz.


Su celebración, que levantó gran expectación en la prensa de la época, fue en la audiencia provincial de Cádiz, cuya jurisdicción comprendía entonces trece partidos judiciales. Sus cabezas y pueblos eran: Algeciras (Algeciras, Ceuta y Tarifa), Arcos de la Frontera (Arcos, Algar, Bornos, Espera, Prado del Rey y Villamartín), Cádiz, Chiclana de la Frontera (Chiclana, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera), Grazalema (Grazalema, Benaocaz, El Bosque, Ubrique y Villaluenga del Rosario), Jerez de la Frontera (dos partidos dada su gran extensión), Medina Sidonia (Medina, Alcalá de los Gazules y Paterna de Rivera), Olvera (Olvera, Alcalá del Valle, Algodonales, El Gastor, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime y Zahara), Puerto de Santa María (El Puerto, Puerto Real y Rota), San Fernando, Sanlúcar de Barrameda (Sanlúcar, Chipiona y Trebujena) y San Roque (San Roque, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios y Castellar de la Frontera).


El palacio de justicia gaditano, derribado hace ya más de cincuenta años, estaba ubicado en la entonces denominada plaza Rafael Guillén, dedicada a un alcalde republicano de Cádiz en el siglo XIX. Antigua plaza de la Reina es la actual Martínez Campos. La audiencia provincial tenía sólo dos salas. La primera despachaba las causas instruidas en los partidos judiciales de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Grazalema, San Roque y Medina Sidonia, mientras que la segunda veía las de Jerez, Puerto de Santa María, Arcos, Algeciras, Olvera y Sanlúcar. Casas Viejas era entonces una pedanía de Medina.


El cabo Salvo prestaría declaración como testigo en las tres causas judiciales que hubo sobre Casas Viejas así como ante una comisión parlamentaria que se constituyó para investigar sobre los sucesos. Sin embargo, la manifestación prestada en un procedimiento interno instruido por la Guardia Civil, es prácticamente desconocida. 


Se trató del expediente de juicio contradictorio abierto a favor del sargento Manuel García Álvarez, comandante del puesto de Casas Viejas, muerto a consecuencia de los disparos recibidos durante el ataque. Su apertura fue dispuesta mediante Orden General del Cuerpo fechada el 5 de abril de 1933, por el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería. 


La viuda del referido sargento, Ramona González Milán, había instanciado “en súplica de que se le conceda a su difunto esposo el ingreso en la Orden Militar de San Fernando”. Ésta, conforme al reglamento entonces vigente, tenía por objeto premiar los “heroicos servicios militares de campaña”. 


La defensa de la casa-cuartel de Casas Viejas por cuatro componentes del benemérito Instituto frente a una numerosa turba armada, había sido incluida en el decreto del Ministerio de la Guerra, de 18 de enero de 1933, declarándolo “hecho de guerra”.


Como instructor del expediente se nombró al capitán Pablo Incera Vidal, jefe del escuadrón de caballería en Jerez, posteriormente continuado por el de igual empleo, Federico Montero Lozano, destinado en el 4º Tercio Móvil (Madrid) y futuro jefe de la compañía de Jerez.


Mucho se ha difundido sobre los asesinatos de los campesinos por Rojas y los suyos pero poco de la muerte de los dos guardias civiles. La declaración del cabo Salvo en el expediente fue reproducida en la Orden General de 25 de abril de 1935.


Ante el capitán Incera manifestó que sobre las seis horas del 11 de enero de 1933, hallándose acostado en su habitación, oyó en la puerta de su pabellón unos golpes, al mismo tiempo que le decían con insistencia que se armase y saliese enseguida porque se hallaban copados. Acto seguido se preparó y bajó al patio, donde se hallaban su sargento y el guardia 2º Manuel García Rodríguez, disponiéndose aquél a salir al exterior del cuartel para verificar un reconocimiento, lo cual realizó acompañado del declarante. 


Según relató, al volver la esquina izquierda del cuartel sonó a su espalda, es decir, frente a la fachada principal, un disparo de escopeta. Se volvió rápidamente y efectuó dos disparos con su fusil en dirección a una casa en construcción, donde observó gente armada con escopetas. Había resultado herido en una pierna por perdigones, con carácter leve y no sería atendido hasta las veinte horas de ese mismo día.


Al ser contestado desde el edificio que había enfrente con dos disparos más, se replegó junto a su sargento al interior del acuartelamiento. Cuando estaban cerrando la puerta del mismo, hicieron desde el exterior una nueva descarga contra ella si bien no produjo daño alguno. 


Una vez dentro del cuartel recibió orden de su sargento para que permaneciera en el patio defendiendo la puerta de entrada mientras los otros tres componentes del puesto se prestaban a hacerlo desde las ventanas de la planta superior. Permaneció allí hasta que avisado por el guardia 2º Manuel García de que arriba había heridos, subió a prestarle auxilio, encontrándose al sargento que había sido alcanzado de un disparo, al parecer de gravedad. Estaba todavía de pie en el interior del pabellón del declarante. También vio al guardia 2º Ramón García Chuecos, tendido en el suelo y con una herida en la cabeza de aspecto también grave. 


Seguidamente entre él y el guardia 2º Manuel García le llevaron a la cama del declarante, insistiendo al sargento para que también se acostase, cosa que no pudieron conseguir ya que se negaba a ello. Se dedicó entonces a seguir defendiendo la fachada delantera del cuartel desde una de las ventanas, puesto que desde el exterior continuaban haciendo disparos. Mientras tanto su compañero defendía la parte posterior. 


Transcurrido algún tiempo, el sargento, que constantemente les había estado dando ánimos e instrucciones, comenzó a decaer, sin duda debido a la gravedad de la herida y la pérdida de sangre que había sufrido, por lo que entre los dos guardias le trasladaron a la cama donde se encontraba el otro herido. Una vez lo dejaron acostado continuaron atendiendo la defensa del acuartelamiento, hasta que aproximadamente transcurridas unas cuatro horas llegaron fuerzas del Cuerpo al mando del sargento Rafael Anarte Viera, “librándoles de la situación crítica en que se hallaban”. 


Anteriormente, en evitación de que los que intentaban asaltar la casa-cuartel, consiguiesen hacerse con los fusiles de los dos heridos mortales, habían procedido a quitarles los cerrojos y esconderlos, dejándolos así inutilizados.


Los familiares que vivían en la casa-cuartel (inmueble alquilado) habían podido refugiarse en el edificio contiguo tras abrir un boquete en la pared que los separaba. 


(Continuará).

 

viernes, 5 de febrero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LII). LA HISTORIA DEL GUARDIA PEDRO SALVO PÉREZ. SUPERVIVIENTE DE CASAS VIEJAS (1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1º de febrero de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



Pedro Salvo Pérez nació en San Roque el 21 de noviembre de 1900. Treinta y dos años después sería uno de los cuatro miembros del benemérito Instituto que sufrió el ataque anarquista al puesto de Casas Viejas y uno de sus dos supervivientes.

Su madre, Juana, le dio a luz en la casa-cuartel de la Guardia Civil sita en el núm. 14 de la calle Herrería. Su padre era entonces el cabo José Salvo Viera, muy conocido por todos ya que antes de ascender en 1896, llevaba más de diez años destinado como guardia 2º en San Roque. De hecho, ha sido citado en algunos capítulos correspondientes al siglo XIX y principios del XX por su participación en diversos servicios policiales relevantes y actuaciones beneméritas.

Al quedarse Pedro huérfano de padre cuando todavía era un niño, le fue solicitado por su madre entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro. Posteriormente lo solicitaría también para su hermano pequeño Juan, nacido en Tarifa. 

Los orígenes de dicho centro se remontan a la real orden de 1º de abril de 1853 por la que la reina Isabel II dispuso su creación, a propuesta del duque de Ahumada, como “Compañía de Guardias Jóvenes”, con el propósito de “premiar en los hijos las virtudes de los padres”. 

Cuando Pedro ingresó el 22 de marzo de 1913, con tan sólo doce años de edad, acababa de entrar en vigor su nuevo reglamento orgánico. Había sido aprobado por real orden circular del ministerio de la Guerra, de fecha 15 de julio anterior.

Conforme a su artículo 1º, el Colegio tenía por objeto, “educar a los huérfanos e hijos de los Jefes, Oficiales e individuos de tropa que hayan servido o presten sus servicios en la Guardia Civil o deseen ser guardias segundos en las Comandancias del Cuerpo a la edad que se determine;  cursar los estudios de las carreras y profesiones que más adelante se señalan; aprender un oficio o ingresar en un Cuerpo del Ejército como voluntario en las condiciones reglamentarias, para cuyo efecto se les dará en dicho Colegio las enseñanzas precisas a fin de que estén en condiciones de poder optar al ascenso a cabo. Por último, ampliar los estudios profesionales de la Guardia Civil para salir del Colegio en condiciones de ascender a cabos a los dos años de práctica en un puesto”. 

Pedro fue filiado inicialmente como “guardia joven de menor edad”, que eran aquellos comprendidos entre los 8 y los 15 años. Al cumplir 16 y hasta que alcanzó los 19 años de edad, continuó en el Colegio como “guardia joven de mayor edad”, siéndole este último periodo de abono como servicio activo. 

Por fin, tras prestar juramento de fidelidad a la bandera el 12 de octubre de 1919, festividad de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, fue nombrado el 1º de diciembre siguiente guardia civil de 2ª clase, de infantería. Seguidamente fue destinado al puesto de la capital en la Comandancia de Cádiz, si bien apenas permaneció allí cinco meses. El 28 de abril siguiente se incorporaba al puesto de Algeciras, su nuevo destino, regresando así al Campo de Gibraltar de su niñez.

Cumplido el primer compromiso de cuatro años de servicio en el Cuerpo volvió a reengancharse por otros cuatro más, siendo entonces destinado el 24 de mayo de 1923 a la Comandancia de Navarra, donde permanecería casi dos años. Salvo un mes que fue concentrado a Barcelona como refuerzo del orden público, el resto del tiempo estuvo sucesivamente destinado en los puestos de Urdax, Almandoz, Monreal y Artajona.

Estando destinado en el primero de ellos hizo uso del arma reglamentaria en el transcurso del servicio contra un paisano que resultó herido de un disparo. Ello motivó la correspodiente incoación de un procedimiento penal militar, al objeto de depurar las correspondientes responsabilidades. Practicadas las diligencias pertinentes fue procesado por un delito de lesiones menos graves. Sin embargo quedó extinguida la acción penal antes de enjuiciarse, al resultar beneficiado por las medidas de gracia dispuestas en el polémico real decreto de 4 de julio de 1924, de la presidencia del Directorio Militar.

Tal y como encabezaba su exposición, tras finalizar “el proceso sustanciado contra el Alto Mando en Marruecos con motivo de los trágicos sucesos de julio de 1921”, era muy necesaria la concesión de “una amplia amnistía”. La masacre de millares de soldados españoles en Annual a manos de kabilas rifeñas había motivado la exigencia y depuración de responsabilidades conforme al código de justicia militar. Pero para que no pareciera que sólo se trataba de exculpar a los mandos encartados se dispuso enmascararlo en un “amplísimo indulto, aplicable no sólo a los sentenciados y procesados por causas originadas en el desastre de 1921, sino a otros que están encomendados a la justicia por delitos políticos o de prensa y aun comunes”.

En marzo de 1926 causó alta nuevamente en el puesto de Cádiz, tras ser destinado a la comandancia gaditana, volviendo a reengancharse por cuatro años más. Durante poco más de un año coincidiría con su hermano Juan, que había estado destinado en el puesto de Conil de la Frontera y concentrado en Melilla. 

El 15 de abril de 1928 contrajo matrimonio con la joven Eulalia González Utar, natural de Algeciras, con quien tendría tres hijos llamados José, Miguel y Eulalia. En la revista de junio pasó destinado al puesto de Casas Viejas, donde prestaría servicio hasta los trágicos sucesos acaecidos en enero de 1933 ya relatados en capítulos anteriores, en los que resultó herido leve en una pierna. 

Después de lo sucedido pasó destinado en la siguiente revista de febrero al puesto de Algeciras hasta el mes de junio. Tras haber sido declarado por decreto de 18 de enero, hecho de guerra lo acaecido en Casas Viejas, Pedro fue ascendido por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio siguiente, al empleo de cabo.

Si bien fue destinado seguidamente a la provincia de Sevilla, siéndole sucesivamente asignados los puestos de Lora del Río, Las Pajanosas, Badolatosa y Minas de El Castillo de las Guardas, realmente nunca llegó a incorporarse ya que por decisión de la Inspección General se mantuvo concentrado, sin derecho a pluses, hasta noviembre de 1934 en el puesto de Algeciras.

En la revista del mes siguiente fue destinado formalmente a la Comandancia de Cádiz, siéndole asignado el puesto de Torrealháquime. Encontrándose allí en junio de 1935 le sería notificada la resolución del “Expediente de resarcimiento con motivo del destrozo que sufrió el mobiliario durante los sucesos ocurridos en el Puesto de Casas Viejas el año 1933, al evitar el asalto de la Casa Cuartel por los revolucionarios”. La indemnización concedida por los daños sufridos en los muebles de su pabellón, utilizados como parapetos en las ventanas contra los disparos, fue de 385 pesetas. Su sueldo mensual era entonces de unas 300 pesetas. 

El 1º de julio de 1935 pasaría destinado al puesto de Algeciras. Ya para entonces había prestado declaración en los tres juicios celebrados. 

(Continuará).

 

jueves, 28 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LI). EL TESTIMONIO DEL GUARDIA BARRAGÁN (CASAS VIEJAS, 1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 25 de enero de 2021, pág. 18


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



En los trágicos sucesos de Casas Viejas acaecidos el 11 y 12 de enero de 1933, resultaron muertos por disparos, dos miembros de la Guardia Civil, otro del Cuerpo de Seguridad y veintidos vecinos. Ello dio lugar a la instrucción de dos procedimientos judiciales. Uno contra los insurrectos por el ataque a la casa-cuartel y otro contra el capitán Manuel Rojas Feigenspan por el asesinato de doce detenidos. 

En ellos prestaron declaración como testigos, cinco componentes del puesto de San Roque que acudieron allí para restablecer el orden y la ley. Se trataban de los guardias civiles de 2ª clase de infantería Antonio Ruiz Sánchez, Rodrigo Vázquez Villalobos, José Espinosa Sánchez, José Barragán Vega y Manuel Medina Martín, cuyas vicisitudes fueron reseñadas en el capítulo anterior.

La Comandancia de Cádiz, a cuyo frente se encontraba el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo, fue la primera en informar de los hechos, por conducto del teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, enviado expresamente allí. 

Casas Viejas pertenecía al municipio de Medina Sidonia y dependía de la línea cuya cabecera esta ubicada en dicha localidad, mandada por el alférez Manuel Martínez Pedré. Estaba encuadrada en la Compañía de San Fernando cuyo jefe era el capitán Enrique Reula Gómez. Sin embargo, ninguno de ellos dirigió dispositivo alguno a pesar de que hubiera sido lo procedente por ser su demarcación.

En aquella época la vigilancia del orden público en la provincia gaditana correspondía a la Guardia Civil, siendo practicamente inexistente la presencia del uniformado Cuerpo de Seguridad y muy reducida la del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, cuyos específicos cometidos los desempeñaban de paisano. Era un modelo policial muy diferente del actual. 

La Benemérita debiera haber sido la única fuerza policial que interviniese en una aldea rural como era entonces Casas Viejas. No fue acertado que actuase una unidad de Asalto del Cuerpo de Seguridad sin experiencia en ese entorno. Además había llegado en la madrugada del 12 de enero, procedente de Jerez de la Frontera, sin que sus miembros hubiesen podido descansar desde que dos noches antes saliesen en tren de Madrid. 

No fue un problema de coordinación policial pues simplemente no hubo coordinación alguna. Desde el Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Santiago Casares Quiroga, el director general de Seguridad, Arturo Menéndez López, capitán de Artillería en situación de “al servicio de otros Ministerios”, ordenó a su compañero de empleo y arma, Rojas, que marchase a Casas Viejas con su fuerza de Asalto y se hiciera cargo del dispositivo.

Rojas, que nunca debió ser enviado allí pues la historia hubiese sido bien diferente, fue informado de la situación. Lo hicieron el teniente de la Guardia Civil García Castrillón y el de Seguridad, procedente de Infantería, Gregorio Fernández Artal, destinado en la compañía de Asalto de Sevilla. Éste venía de San Fernando, donde estaba concentrado con su unidad para reforzar el orden público.

Rojas hizo caso omiso de lo que ambos le aconsejaron. Cuando llegó con sus guardias de asalto, la situación estaba controlada en la población. Tan sólo quedaba un pequeño grupo de insurrectos armados que no había huido al campo como el resto y se había atrincherado en una choza con sus familiares. No habían podido ser reducidos, por lo que se estaba esperando a que amaneciera para conseguirlo. 

Sin embargo, tras recibirse en base a la información facilitada, un telegrama del gobierno civil de Cádiz dando órdenes terminantes de arrasar la choza, Rojas procedió sin contemplaciones a ello. El trágico resultado fue la muerte de ocho de las diez personas que se encontraban en su interior y de un guardia de asalto que intentó entrar. 

Al inicio de la mañana del día 12, por orden de Rojas, que estaba decidido a dar un brutal escarmiento, se procedió a la detención de catorce vecinos. La mayoría no había participado en los hechos. Fueron llevados a la corraleta de la choza todavía humeante y salvo dos, el resto murieron allí fusilados sin piedad. Fueron rematados con un tiro de gracia en la cabeza. Varios tenían puestos los grilletes siéndoles retirados después de asesinados.

Los dos detenidos que se salvaron fue gracias al guardia civil Juan Gutiérrez López, del puesto de Chiclana de la Frontera, que había estado destinado anteriormente en Casas Viejas. Convenció al guardia de asalto Luis Menéndez Álvarez para que los dejasen escapar de una muerte segura.

Además de lo expuesto, otros dos vecinos más de la aldea, ajenos a la insurrección, habían resultado muertos por disparos indebidos de las fuerzas de seguridad durante las detenciones y registros. 

El periodista Tano Ramos en su libro “El caso Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936)”, galardonado en 2011 con el “Premio Comillas de Historia, Biografías y Memorias”, recogió los principales testimonios judiciales de varios guardias civiles que fueron testigos de lo acaecido. 

Ningún componente del benemérito Instituto disparó contra la docena de detenidos en la corraleta de la choza al igual que una parte de los guardias del Cuerpo de Seguridad no secundaron la acción criminal iniciada por su capitán. Otros en cambio sí lo hicieron. 

En unos casos hubo guardias civiles que no fueron testigos de la masacre al encontrarse en otros lugares de la aldea. En otros casos, los que la presenciaron se abstuvieron de participar en ese horror perpetrado por los de Asalto que siguieron a Rojas.

De hecho, el teniente García Castrillón, que había quedado relegado a un segundo plano desde que Rojas se hizo cargo de la situación y éste desoyó reiteradamente sus consejos, siquiera se encontraba presente en la corraleta cuando se inició la matanza. Presagiando lo que iba a suceder se retiró impotente, del lugar en compañía del delegado gubernativo, Fernando de Arrigunada Martín-Barbadillo y del carabinero José Canalejo Moreno, perteneciente al puesto de Medina Sidonia de dicho Cuerpo. 

Las declaraciones más relevantes prestadas por guardias civiles, además de las del propio teniente, fueron las del mentado guardia Gutiérrez así como las de igual empleo Juan Sánchez Gómez, destinado entonces en el puesto de La Línea de la Concepción, procedente del de San Roque, ya citado en capítulos anteriores. 

No obstante, también resultaron de interés las declaraciones del inicialmente mentado guardia 2º Barragán Vega. Relató que como había estado destinado anteriormente durante cuatro años en Casas Viejas acompañó a las patrullas de Asalto porque conocía el pueblo. También declaró que las detenciones y registros de las casas lo disponían los oficiales de dicho Cuerpo. Además del capitán Rojas y el teniente Fernández Artal estaba el de igual empleo de Infantería, Sancho Álvarez Rubio. Barragán no llegó a señalar a ningún sospechoso ya que llevaba más de dos años destinado en San Roque e ignoraba la condición de los vecinos en esos momentos.

Cuando la docena de detenidos se encontraban en el interior de la corraleta Barragán se hallaba a unos cincuenta metros de la choza. De repente escuchó unos disparos seguidos de otros muchos, como fuego graneado. Al aproximarse vio los cadáveres de los detenidos. La tragedia se había consumado.

  

miércoles, 20 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (L). LOS GUARDIAS DE SAN ROQUE EN CASAS VIEJAS (1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de enero de 2021, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



En Casas Viejas, sobre las siete horas de la mañana del 11 de enero de 1933, un nutrido grupo de campesinos armados, tras proclamar el comunismo libertario, asaltar la oficina de arbitrios y quemar su documentación, iniciaron el ataque a la casa-cuartel de la Guardia Civil.

En su interior se defendieron, y protegieron a sus familias, el sargento Manuel García Álvarez y los guardias 2º Román García Chuecos, Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez. Los dos primeros fallecerían días después como consecuencia de los disparos recibidos, mientras que los otros dos resultaron heridos leves.

Aquella brutal agresión contra quienes representaban el orden y la ley en esa pedanía de Medina Sidonia, motivó que se enviasen inicialmente en su auxilio fuerzas del benemérito Instituto así como de Asalto pertenecientes al Cuerpo de Seguridad. 

Las primeras estaban compuestas por once guardias civiles al mando del sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules. Fueron los primeros en llegar sobre la una y media de la tarde, procedentes de Medina Sidonia, consiguiendo media hora más tarde que cesara el ataque y huyeran los insurrectos.

Las segundas estaban integradas por doce guardias de asalto bajo el mando del teniente de Infantería Gregorio Fernández Artal, destinado en Sevilla y procedente de San Fernando, donde estaban concentrados. Llegaron a Casas Viejas sobre las cinco de la tarde, junto otros cuatro guardias civiles más. 

Posteriormente, cuando ya un grupo de los agresores se había atrincherado en una choza en vez de huir como había hecho el resto, llegaron otros dos contingentes policiales más. 

Uno perteneciente a la Guardia Civil, compuesto por dieciséis efectivos bajo el mando del teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción. Tenía también a su cargo en esas fechas, con carácter interino, la línea de Jimena de la Frontera. Llegó a Casas Viejas sobre las ocho de la tarde procedente de Jerez de la Frontera, donde estaba concentrado desde la jornada anterior al frente de dicho contingente, en previsión de que se produjeran incidentes. 

El otro grupo, mucho más numeroso, pertenecía a las fuerzas de Asalto del Cuerpo de Seguridad. A su frente estaba el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigespán, destinado en Madrid y que también había sido enviado el día 10 a Jerez en previsión de disturbios. Al llegar vía ferrocarril el día siguiente por la mañana, recibió la orden del director general de Seguridad, Arturo Menéndez López, igualmente capitán de Artillería, de dirigirse a Casas Viejas para hacerse cargo del mando de todo el operativo. Rojas, acompañado de 45 de sus hombres, llegó a dicha pedanía al inicio de la madrugada del día 12. El resto de la fuerza que trajo de Madrid, la había distribuido como refuerzo en las poblaciones de Cádiz, Jerez y Medina Sidonia.

Entre los guardias civiles se encontraban cinco del puesto de San Roque. Se trataban, por orden de antigüedad en el benemérito Instituto, de Antonio Ruiz Sánchez, Rodrigo Vázquez Villalobos, José Espinosa Sánchez, José Barragán Vega y Manuel Medina Martín. Algunos de sus descendientes habitan actualmente en San Roque ya que varios de aquellos, al pasar a la situación militar de retiro, fijaron su residencia en dicha localidad.

El más antiguo y también el de mayor edad era Ruiz. Nacido el 12 de junio de 1886 en Trebujena, había ingresado en la Guardia Civil el 1º de marzo de 1910. Se encontraba destinado en San Roque desde octubre de 1922, procedente del puesto de Facinas. Estaba casado con Ana Remedios Bullón Lobato, con quien tenía tres hijos llamados Antonia, José y Ana.

Vázquez había nacido el 5 de septiembre de 1890 en Grazalema e ingresado en el Cuerpo el 11 de junio de 1915. Estaba destinado en San Roque desde junio de 1929, procedente del puesto de Tarifa. Casado en primeras nupcias con Esperanza Iglesias Sánchez quedó viudo sin descendencia. Volvió a contraer matrimonio, esta vez con María Domínguez Jiménez, de quien tuvo dos hijos llamados José Antonio y Eloisa.

Espinosa, nacido el 25 de octubre de 1887 en Jimena de la Frontera, había ingresado en la Guardia Civil el 10 de octubre de 1918. Se encontraba destinado en San Roque al menos desde 1930, procedente del puesto de Los Barrios. Estaba casado con Catalina Fernández Rodríguez, con quien había tenido ocho hijos hasta 1933: Gaspara, Esteban, Francisco, Josefa, Manuel, Aurora, Amparo y Dulcenombre.

Barragán había nacido el 8 de septiembre de 1892 en Cortes de la Frontera (Málaga) e ingresó en el benemérito Instituto el 1º de septiembre de 1920. Destinado en San Roque desde diciembre de 1930, procedía precisamente del puesto de Casas Viejas, donde había prestado servicio tres años. Estaba casado desde diciembre de 1926 con Cristobalina Reyes Sánchez, natural de Cádiz, a quien había conocido cuando se encontraba concentrado en la Comandancia de Melilla. Tuvieron cinco hijos: una hembra y cuatro varones.

Medina nació el 21 de enero de 1899 en La Línea de la Concepción, habiendo ingresado en la Guardia Civil el 1º de agosto de 1923. Destinado en San Roque desde septiembre de 1929, procedía del puesto de Alcalá del Valle. Estaba casado desde enero de 1926 con Matilde Guerra Gómez, natural y vecina de Ceuta, con quien había tenido cuatro hijos hasta 1933: Manuel, Andrés que había fallecido a los seis meses de nacer, Francisco y Matilde, que entonces no había cumplido todavía un año de edad y que fallecería ocho años más tarde. Posteriormente a los sucesos de Casas Viejas tendría otros cuatro hijos más: José, Fernando, Luis y Rogelio, que fallecería a los siete meses de nacer.

Todos ellos habían participado en el restablecimiento del orden y la ley contra quienes se habían alzado en armas contra el gobierno legítimo de la República. Declarado hecho de guerra por decreto de 18 de enero de 1933, esos cinco guardias civiles del puesto de San Roque serían recompensados, por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio siguiente, con la cruz de plata del mérito militar, con distintivo rojo. La del guardia Ruiz sería la única que estaría pensionada por un plazo de cinco años, con una cuantía de 12’50 pesetas mensuales. Por aquel entonces el sueldo de un guardia civil venía a ser de unas 300 pesetas mensuales aproximadamente.

Los dos fallecidos, el sargento García y el guardia García Chuecos, fueron ascendidos a brigada y cabo, respectivamente. Los dos guardias heridos, García Rodríguez y Salvo, éste último natural de San Roque, fueron ascendidos a cabo. 

Entre el resto del personal recompensado con dicha condecoración, “por su intervención en el levantamiento del asedio del Cuartel y población de Casas Viejas”, estaban destinados en el Campo de Gibraltar los cabos Manuel Osado Labrador y Luis Cañón Pedrero (nacido en San Roque) así como el guardia 1º Pedro Velasco Durán y los guardias 2º Juan Sánchez Gómez, Antonio Rompinelli Domínguez y Agustín Troyano Moreno, todos ellos pertenecientes al puesto de La Línea; José Guerrero Rojas, al de La Atunara; y José Rodríguez Delgado, al de Los Barrios.

 

sábado, 16 de enero de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XLIX). LAS PRINCIPALES VICISITUDES (1932-1933).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de enero de 2021, pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


El 5 de agosto de 1932, el teniente coronel Joaquín Fernádez Trujillo, jefe de la Comandancia de Cádiz, participó al director general de la Guardia Civil, que el cabo Miguel García Pérez acababa de ser destinado con carácter forzoso al puesto de San Roque, al objeto de hacerse cargo de su mando accidental.

Se había incorporado el mes anterior al puesto de Jimena de la Frontera en sustitución del cabo José Aguirre Grondona, que a su vez había causado alta en la revista del mes de junio en el puesto de Vejer de la Frontera.

El comandante titular del puesto de San Roque, brigada Jesús Mulero Pallarés, continuaba ingresado en el hospital militar de Sevilla a consecuencia de la enfermedad que padecía. Se preveía que tras ser dado de alta pasaría el resto de la convalecencia en su domicilio familiar previa concesión de la correspondiente licencia temporal. A ello se sumaba que a finales de mayo del año siguiente cumpliría la edad reglamentaria de pase a la situación de retiro, fijada entonces para su empleo a los 54 años.

Por lo tanto era necesario destinar a un cabo al puesto de San Roque para que ejerciese temporalmente su mando hasta que se incorporase otro suboficial. Al no haberse llevado consigo la familia a Jimena se consideró que García era al que menos perjuicio económico se le ocasionaba con dicho traslado forzoso, ya que los gastos derivados del mismo se los costeaba cada uno de su propio peculio.

Ningún otro cabo de la Comandancia de Cádiz había querido pasar destinado a San Roque con carácter voluntario, aún a pesar que había quedado resuelto la cuestión de la vivienda. Entonces se llegó inicialmente a considerar por la superioridad, mandar forzoso a uno de los cabos que había en los puestos de Olvera, Prado del Rey o Setenil, pertenecientes a la 9ª Compañía (Villamartín). Todos ellos tenían un sargento así como una plantilla de 8, 5 y 6 guardias respectivamente.

También se llegó a valorar detraerlo del puesto de Alcalá de los Gazules, perteneciente a la 7ª Compañía (San Fernando), que tenía un sargento y una plantilla de 10 guardias.

Sin embargo, finalmente se optó por obtenerlo de la propia 8ª Compañía (Algeciras), en la que estaba encuadrado el puesto de San Roque, ya que había dos cabos que no tenían mando. Uno era Juan Casillas Aguilera que estaba en el puesto de Algeciras pero dado que en esas fechas contaba con una plantilla de 30 guardias al mando del sargento Miguel Ruiz García, no se consideró conveniente detraerlo. El otro era el ya mentado de Jimena que además del sargento Manuel León Pasanís tenía 8 guardias.

La del cabo García no fue la única incorporación que se produjo en el segundo semestre de 1932 al puesto de San Roque. En la revista de diciembre causó alta el guardia 2º José Antonio Montes Gil, procedente del puesto de Chipiona.

Mientras tanto, a nivel nacional, el panorama económico, político y social se iba complicando cada vez más. A principios de enero de 1933 se produjeron varias insurrecciones anarquistas en diferentes puntos de España, siendo la provincia de Cádiz el escenario de la más grave y violenta de todas ellas. Llegó a conmocionar los cimientos de la propia República, haciendo caer el gobierno presidido por Manuel Azaña Díaz.

Fueron los sucesos de Casas Viejas. Resultaron muertos dos guardias civiles, un guardia de asalto y veintitrés vecinos de aquella población, entonces pedanía de Medina Sidonia. Precisamente hoy, lunes 11 de enero, se cumplen 88 años de aquella tragedia. Varios guardias civiles del puesto de San Roque serían testigos de parte de lo acaecido. 

Al amanecer de esa aciaga jornada cerca de dos centenares de paisanos, tras proclamar el comunismo libertario y cometer algunos desmanes, atacaron la casa-cuartel ubicada en una plaza de la localidad. Defendida tan sólo por su comandante de puesto y tres guardias civiles, resistiría hasta la llegada del auxilio. Como consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos efectuados contra ellos, fallecerían en los días siguientes el sargento Manuel García Álvarez y el guardia 2º Román García Chuecos. Los guardias 2º Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez, resultarían heridos leves. Este último por cierto, era nacido en San Roque, habiendo estado su padre, el cabo José Salvo Viera, destinado muchos años en dicha localidad.

En auxilio de Casas Viejas acudieron desde diferentes puestos de la provincia una treintena de guardias civiles. A su frente quedó el teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la linea (sección) de La Línea de la Concepción, auxiliado por el sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules. Entre aquellos estaban los guardias 2º José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Ruiz Sánchez, José Espinosa Sánchez y Rodrigo Vázquez Villalobos, pertenecientes al puesto de San Roque. 

Todos ellos participaron en el restablecimiento del orden y la ley contra quienes se habían alzado en armas con la pretensión de derrocar el régimen republicano. Fueron recompensados por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio de 1933, con la cruz de plata del mérito militar, con distintivo rojo.

Pero todo aquello quedó empañado en la mañana del 12 de enero por el atroz asesinato de catorce vecinos que se encontraban detenidos y esposados. El responsable de tan terrible crimen fue el capitán Manuel Rojas Feigespán, destinado en el Cuerpo de Seguridad, perpetrado por él mismo y varios de sus guardias de asalto, que desde Madrid habían sido enviados a Casas Viejas para sofocar la insurrección.

Los guardias civiles del puesto de San Roque que estuvieron allí no participaron en la matanza pero declararían como testigos en el procedimiento judicial que se instruyó contra dicho oficial y durante la vista oral que se celebró en la audiencia provincial de Cádiz en mayo de 1934. Sus testimonios y otros datos de interés protagonizarán el próximo capítulo.

Otro hecho de trascendental importancia pero afortunadamente de muy diferente corte, acaecido también en 1933, protagonizado por todos los componentes del puesto de San Roque, fue la firma de la promesa de fidelidad a la República. 

Dicho acto se llevó conforme a lo dispuesto en el decreto de la Presidencia del Gobierno provisional, de fecha 22 de abril de 1931, que comenzaba diciendo: “La revolución del 14 de abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las instituciones hoy desaparecidas. No se entiende en modo alguno que las fuerzas de mar y tierra del país estaban ligadas en virtud de aquel juramento, por un vínculo de adhesión, a una dinastía o una persona.” 

Por tal motivo, en su exposición continuaba: “Respetuosa la República con la conciencia individual, no exige la promesa de adhesión. Los que opten por servirla, otorgarán la promesa; los que rehusen prestarla, será que prefieren abandonar el servicio. La República es para todos los españoles; pero sólo pueden servirla en puestos de confianza los que sin reservas y fervorosamente adopten su régimen”.

 

domingo, 10 de enero de 2021

LA HISTORIA DEL GUARDIA CIVIL JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ.

LXXXVIII Aniversario de los Sucesos de Casas Viejas (1933-2021).

 


 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 10 de enero de 2021, pág. 36; en "MELILLA HOY" el 13 de enero de 2021, págs. 14 y 15; y en "EUROPA SUR" el 15 de enero de 2021, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 



Los trágicos sucesos de Casas Viejas, acaecidos el 11 y 12 de enero de 1933, transcurridas casi nueve décadas, siguen siendo objeto de interés. Historiadores e investigadores han realizado en los últimos años importantes y trascendentales aportaciones sobre los hechos y las personas vinculadas con lo que nunca debió ocurrir. Pero lamentablemente sucedió y hoy día continúa dando para escribir, porque por mucho que se haya publicado quedan todavía muchas historias por contar.

 

Gracias a libros como los del periodista Tano Ramos (“El Caso Casas Viejas: Crónica de un insidia, 1933-1936)” y del recientemente fallecido profesor Salustiano Gutiérrez (“Los sucesos de Casas Viejas: Crónica de una derrota”), todos sabemos mucho más.

 

Por vinculación corporativa siempre me interesó conocer la intrahistoria de los más olvidados: los guardias civiles que se vieron envueltos y arrastrados en aquellos hechos, habiendo aportado mis conocimientos tanto a Tano como a Salustiano.

 

En su momento, y vamos ya para casi veinte años, comencé recuperando como historiador, la memoria de las primeras víctimas de los sucesos de Casas Viejas: los cuatro guardias civiles del pequeño puesto que existía en lo que entonces era una pedanía de Medina Sidonia. Resultaron muertos, a consecuencia de los disparos recibidos, el sargento Manuel García Álvarez y el guardia Román García Chuecos, así como heridos leves los guardias Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez.

 

Ello no me hizo olvidar a los campesinos que fueron asesinados cuando se encontraban detenidos y esposados, ni dejar de investigar al principal responsable de aquel atroz crimen: el capitán de Artillería Manuel Rojas Feingespán, destinado en el Cuerpo de Seguridad y responsable de los guardias de asalto que fueron enviados a Casas Viejas para sofocar la revuelta anarquista.

 

Posteriormente, junto a Tano, descubrimos y pusimos en valor la figura del guardia civil Juan Gutiérrez López, uno de los miembros del benemérito Instituto que acudieron en auxilio del puesto atacado. Llevaba detenidos, en unión del guardia de asalto Luis Menéndez Álvarez, a Salvador Barberán Romero y José Rodríguez Calvente. El guardia Gutiérrez al apercibirse que ambos paisanos iban a ser asesinados como el resto, convenció a Menéndez para que los dejasen escapar, asegurándole que se trataban de buenas personas. 

 

Continué investigando las vicisitudes del grupo de guardias civiles que llegó a Casas Viejas y descubrí la historia de Juan Sánchez Gómez, destinado en el puesto de La Línea de la Concepción. En esa época sólo había una Comandancia de la Guardia Civil para toda la provincia. Su jefe era el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo.

 

Sánchez era uno de la treintena de guardias civiles que acudieron desde diferentes puestos bajo el mando del teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, así como del sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules.

 

El interés inicial por Sánchez vino motivado porque cuando se estaba celebrando la vista contra el capitán Rojas en la Audiencia Provincial de Cádiz, diversos periódicos publicaron que había declarado como testigo, que le había escuchado dar la orden de disparar contra los detenidos. “La Voz de Aragón”, “El Heraldo de Zamora”, “El Día de Palencia” o “El Ideal Agrario”, entre otros, así lo recogieron en sus ediciones correspondientes al 24 de mayo de 1934.

 

En cambio, otros diarios le dieron un perfil más bajo a su testimonio, calificándolo como similar al de otros guardias civiles y guardias de asalto que también habían prestado declaración. Esa diferencia en las crónicas se debía a que procedían de distintos corresponsales de las numerosas agencias y medios que siguieron in situ la celebración del juicio.

 

Lo que realmente dijo Sánchez al tribunal lo reflejó Tano en su libro. Declaró que patrulló y confiscó seis escopetas así como que los detenidos fueron llevados junto a la corraleta de la choza de Seisdedos. Allí estaban los restos de aquél y otras siete personas más junto al cuerpo inerte del guardia de asalto Ignacio Martín Díaz, muertos la madrugada del 11 al 12. 

 

El capitán les preguntó si reconocían los cadáveres, respondiendo uno de los detenidos que allí estaba su hija. Los guardias de asalto le respondieron que el uniformado era su hermano. Durante ese breve y tenso diálogo algunos detenidos lloraban y otros hacían ademanes agresivos a Rojas o lo miraban amenazadoramente. 

 

De repente, Sánchez escuchó primero un disparo de pistola y seguidamente una descarga, pero no la voz de fuego, cayendo todos los detenidos. Impresionado por lo sucedido, tuvo que replegarse sobre la pared de la choza para evitar que le alcanzara uno de los disparos. Ante el juez instructor había manifestado anteriormente que el capitán les señaló a los detenidos el guardia de asalto muerto y les dijo que lo habían hecho ellos; que en ese momento, con la pistola que tenía en la mano, Rojas disparó y también lo hicieron los guardias de asalto, pero no los guardias civiles. También declaró que vio como los guardias de asalto le quitaban las esposas de las manos a los muertos.

 

¿Pero quien era el guardia civil Sánchez y qué fue de él?. Había nacido en la localidad malagueña de Estepona el 3 de marzo de 1895. De oficio marinero y residiendo en Ceuta fue filiado como soldado voluntario el 11 de febrero de 1914 en la Compañía de Mar. Casado con Encarnación Canto Muñoz se presentó a los exámenes de la Guardia Civil, ingresando el 13 de abril de 1919. Destinado a la Comandancia de Cádiz fue encuadrado en el puesto de Jimena de la Frontera.

 

El 18 de diciembre de 1922 pasó al puesto de San Roque donde protagonizaría el 25 de noviembre siguiente un heroico acto benemérito por el cual sería condecorado con la cruz de 3ª clase de la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco. El 7 de abril de 1927 le sería impuesta por el alcalde, José Fernández López, siendo sufragada por el consistorio municipal. 

 

La prensa de la época se hizo amplio eco de ello. En unión del guardia 1º Antonio Gallardo Galván, había salvado la vida a la menor Teresa Galán Ríos que se había caído al interior de un pozo de agua que tenía nueve metros de profundidad por tres de ancho. Inicialmente se arrojó Gallardo para rescatarla pero como él solo no podía, Sánchez se tiró también y fue éste prácticamente quien terminó salvando a los otros dos.

 

Desde julio de 1925 hasta febrero siguiente marchó concentrado a Melilla, participando en las campañas de Marruecos. Continuaría en San Roque hasta fin de julio de 1932 que pasó a La Línea de la Concepción. Con motivo del ataque anarquista sufrido por la casa-cuartel de Casas Viejas el 11 de enero siguiente, formó parte del contingente que acudió en su auxilio.

 

Por su actuación se le concedió el 5 de junio de 1933 la cruz de plata del mérito militar con distintivo rojo, pensionada con 12’50 pesetas mensuales, por cinco años. Apenas llegó a disfrutarla ya que falleció de neumonía el 27 de octubre de 1934 en el hospital militar de Algeciras.