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domingo, 19 de septiembre de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXIV). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (2).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 13 de septiembre de 2021, pág. 10.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

   

 

El 27 de diciembre de 1937 el inspector general de la Guardia Civil, teniente general Emilio Fernández Pérez, trasladó a la Comandancia de Cádiz una orden telegráfica procedente del cuartel general del “Generalísimo Jefe del Estado Español”, sito en Burgos. Conforme a la misma, el teniente Odón Ojanguren Alonso debía presentarse urgentemente en dicha ciudad y ponerse a las órdenes del general de división Luis Orgaz Yoldi, jefe de “Movilización, Instrucción y Recuperación” del bando sublevado.

Precisamente, por orden de 7 de mayo de ese mismo año, dicho general había dispuesto que la recién creada Academia de Sargentos provisionales de Infantería se estableciera en el cuartel “Diego Salinas” de San Roque. Una semana antes se había dispuesto su ubicación en la localidad malagueña de Antequera, desechándose finalmente dicha opción ante su falta de viabilidad. Su primer director sería el teniente coronel de Infantería Juan Soto Acosta, quien había pasado a la situación de reserva pocos meses antes de la sublevación militar y cuyo último destino en activo había sido en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán nº 1.

Volviendo al teniente Ojanguren, éste emprendió inmediatamente la marcha desde La Línea de la Concepción y el 30 de diciembre, tras presentarse en Burgos, fue destinado a disposición del jefe del Ejército del Norte, general de brigada de Estado Mayor Fidel Dávila Arrondo. Éste a su vez dispuso que marchase a la localidad zaragozana de Calatayud y se presentase al comandante militar de la plaza, “en espera de órdenes”. Así lo hizo el 2 de enero siguiente pero tras permanecer allí diez días recibió la orden de regresar al Campo de Gibraltar.

Tal y como había informado en septiembre de 1937 su gobernador militar, el coronel de Infantería Francisco de Borbón y de la Torre, dicho oficial de la Guardia Civil había desempeñado “importantísimos y valiosos servicios”. Estaba claro que quería seguir contando con él. De hecho, desde el 26 de noviembre siguiente venía desempeñando el cometido de “Jefe de las Agrupaciones de Orden Público e Información” en La Línea de la Concepción, por orden del Ministerio de Orden Público y con conocimiento de la Inspección General del Cuerpo. 

Si bien ni en su hoja de servicios ni en su expediente personal se concretan el interés y naturaleza de tan importantes servicios que venía prestando para la causa de los sublevados en dicha localidad, puede descartase que tuvieran vinculación con el servicio peculiar de la Guardia Civil. La verdadera razón estaba relacionada con la inteligencia militar y la colonia británica de Gibraltar.

Tales servicios debieron ser de marcado interés para los sublevados ya que en julio de 1938 volvió a pretenderse que Ojanguren fuese enviado al frente de Aragón y relevase en la localidad zaragozana de Caspe al teniente Antonio Vivar Sánchez, jefe de la línea de Sanlúcar de Barrameda, “por hallarse delicado de salud y faltarle dos meses para el retiro por edad”. 

Sin embargo, el inspector general de la Guardia Civil, entonces general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, dispuso que dado que Ojanguren “viene prestando servicios estimables como agregado a la Delegación de Orden Público del Campo de Gibraltar”, se designase otro oficial. En ello fue decisiva la petición formulada por el subsecretario del Ministerio de Orden Público, coronel de Infantería Juan Oller Piñol. Ojanguren no debía ser separado de La Línea de la Concepción mientras se hallase afecto a la citada Delegación, “por ser muy necesarios sus servicios”.

Un ejemplo de tales servicios sería destacado sobresalientemente ese mismo mes por el jefe del Servicio Nacional de Seguridad, teniente coronel de Estado Mayor José Medina Santamaría, al evitarse por la Guardia Civil una evasión de capitales hacia la colonia británica de Gibraltar. El capitán Eduardo Comas Añino, jefe de la Compañía de Algeciras y el teniente Ojanguren fueron acreedores a “una amplia felicitación por haber cumplimentado con todo celo y actividad las órdenes que sobre el particular recibieron”. Concretamente, con fuerza a sus órdenes, impidieron una compra-venta clandestina de libras esterlinas, siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad militar competente, “como incursos en un delito de auxilio a la rebelión, el súbdito británico Horacce Posso y Enrique Lamas Ortega, español”. 

Dicha operación no fue una actuación en materia de resguardo fiscal cuya competencia correspondía entonces al todavía existente Cuerpo de Carabineros. Éste, continuó manteniendo durante la guerra civil un importante despliegue para perseguir el contrabando procedente de Gibraltar. La actuación concreta llevada a cabo se consideró que afectaba a la seguridad nacional y fue encomendada a la Guardia Civil.

No obstante, suprimido el Ministerio de Orden Público por ley de 29 de diciembre de 1938 y creada una subsecretaría en el Ministerio de la Gobernación, el peso de las peticiones formuladas sobre dichas cuestiones cambiaría sensiblemente.

A final de enero de 1939 se recibió la orden de que Ojanguren marchase concentrado para la localidad barcelonesa de Villanueva y Geltrú, al objeto de hacerse cargo del mando de la 3ª Sección de la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil. Ésta estaba formada por personal de la Comandancia de Cádiz e integrada en el Cuerpo de Ejército Marroquí que mandaba el general de brigada de Infantería Juan Yagüe Blanco. 

Al tener conocimiento de ello el delegado de Orden Público e Inspector de Fronteras de La Línea de la Concepción, solicitó a la Subsecretaría de Orden Público del Ministerio de la Gobernación que se dejase sin efecto dicha orden, por consider a Ojanguren, “indispensable” para el servicio que venía prestando.

Trasladada dicha petición al inspector general de la Guardia Civil, éste resolvió negativamente en esta ocasión, “por imponerlo así las circunstancias del servicio y la escasez de Oficiales”. Lo cierto era que el jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García, había informado que Ojanguren había sido ya saltado varios turnos de relevo en la mentada compañía expedicionaria y que esta vez coincidía que otro oficial concentrado en la misma, había pasado a prestar sus servicios en la Sección de la Legión Cóndor alemana del Servicio de Información y Policía Militar. Concretamente se tratataba del teniente Alfredo Fernández Fernández, jefe de la línea de Rota.

Por lo tanto, el 6 de febrero Ojanguren partió para el frente y cuatro días más tarde se hizo cargo de su sección en la localidad barcelonesa de San Baudilio de Llobregat. Al finalizar la contienda continuaba con su unidad.

No regresaría a La Línea de la Concepción hasta el 8 de julio, tras un paréntesis de dos meses en la Comandancia de Murcia, haciéndose cargo de su unidad y con carácter accidental hasta el 31 de agosto de la 2ª Compañía (Algeciras). Ascendido el 19 de octubre al empleo de capitán sería destinado a fin de mes a la Comandancia de Castellón.

Su experiencia, contactos y conocimientos adquiridos durante su anterior destino en La Línea de la Concepción motivaría que en marzo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, volvieran a reclamarse sus servicios en tan estratégica ciudad. Se encontraba entonces mandando la 6ª Compañía (Marbella) de la Comandancia del Cuerpo en Málaga.

(Continuará).

 

viernes, 10 de septiembre de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXIII). VICISITUDES DURANTE LA GUERRA CIVIL (1).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 6 de septiembre de 2021, pág. 8.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

 

Fracasada la sublevación militar y degenerada la situación en una fraticida guerra civil, las vicisitudes personales y profesionales de los guardias civiles destinados en San Roque el 18 de julio de 1936, fue dispar a lo largo de la misma. 

 

Al igual que la mayoría de los destinados en el Campo de Gibraltar, todos se sumaron a la rebelión. En la provincia de Cádiz, al contrario que en otras de Andalucía y del resto de España, fueron muy pocos los que permanecieron leales al gobierno de la República. Quienes lo hicieron lo pagaron con su vida o fueron encarcelados y separados del servicio. Lo más afortunados se exiliaron al finalizar la contienda siendo dados de baja definitiva. 

 

Según el Anuario Militar de España, editado en 1936 por el Ministerio de la Guerra y cerrado a fecha 30 de abril de dicho año, la Guardia Civil tenía 34.391 hombres (1 inspector general, 5 generales de brigada, 26 coroneles, 74 tenientes coroneles, 124 comandantes, 318 capitanes, 575 tenientes, 380 alféreces, 13 médicos, 3 profesores veterinarios, 716 brigadas de infantería y 137 de caballería, 1.780 sargentos de infantería y 194 de caballería, 2.188 cabos de infantería y 438 de caballería, 531 cornetas de infantería y 167 trompetas de caballería, 1.708 guardias primeros de infantería y 238 de caballería, 21.909 guardias segundos de infantería y 3.563 de caballería. Todos ellos estaban a su vez encuadrados en la Inspección General, 5 Zonas, 24 Tercios, 59 Comandancias, 209 Compañías, 8 Escuadrones, 739 Líneas, 3.139 Puestos y el Colegio de Guardias Jóvenes. 

 

Diversos historiadores, si bien no concuerdan sus cifras con exactitud pues es tarea imposible dada la diversidad de fuentes para su contabilización, consideran que aproximadamente la mitad de los guardias civiles se mantuvieron inicialmente leales al gobierno de la República. De ellos entre tres mil y cinco mil, según autores, se fueron pasando a la zona sublevada en los primeros meses. El resto que no falleció por diversas causas durante la contienda ni se exilió al finalizar la misma, fue objeto sin excepción, de rigurosos expedientes de depuración de conducta. 

 

El resultado de ello fue que la mayoría no fue condenado ni separado del servicio pero el tiempo que sirvieron en el bando gubernamental no se les contabilizó a efectos de perfeccionar derechos pasivos para su pensión y en todos los informes que se les emitió a lo largo del resto de su carrera profesional se hizo constar, al igual que en sus hojas de servicio, que habían estado en “zona roja”. Una minoría sería juzgado en consejos de guerra y condenado a penas de muerte -siendo fusilados- o de prisión, siendo encarcelados y separados del servicio en tal caso.

 

Habida cuenta que en nuestra guerra civil 1936-1939 tuvo suma importancia el factor “lealtad geográfica”, es decir, se permanecía leal al bando que triunfó en los días siguientes en cada localidad, podría prácticamente afirmarse que los guardias civiles de San Roque si hubieran estado destinados donde inicialmente hubiese fracasado la sublevación militar, no se hubieran sumado a la misma. 

 

De hecho, en la mayor parte de los puestos donde inicialmente no se recibieron órdenes concretas, en uno u otro sentido, dada principalmente la falta de enlace telefónico, se acuartelaron y se mantuvieron a la expectativa hasta que se aclaraba la situación. Y ello, incluso a pesar de que parte de los partidos políticos y sindicatos integrantes del Frente Popular habían sido muy beligerantes y hostiles contra el benemérito Instituto durante los cinco años de régimen republicano. Realmente fueron una minoría los guardias civiles, en el conjunto del país, que se incorporaron inmediata y entusiasmadamente a la sublevación militar. Y muy escasos los que participaron en la trama conspirativa.


Como ya se relató en el capítulo correspondiente los miembros del Cuerpo que estaban en San Roque el 27 de julio de 1936 y defendieron la casa-cuartel frente a la columna procedente de Málaga, eran el teniente Odón Ojanguren Alonso, el brigada Juan Colodrero Vergara, el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez y los guardias 2º Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gámez, José Espinosa Sánchez, José Montes Gil, José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Pacheco Sánchez y José Corbacho Franco. Sus vicisitudes sobre dicho hecho ya fueron detalladas.


El teniente Ojanguren, natural de Trubia (Asturias), tenía 28 años de edad y llevaba destinado como jefe de la línea de San Roque desde abril de 1935, procedente de la línea de Fraga (Huesca). El 1º de septiembre del año siguiente pasó destinado a La Línea de la Concepción tras la muerte del teniente Valeriano Silva Franco, como consecuencia de las heridas sufridas en los combates del Guadiaro. A efectos de vigilancia de servicios pasó a agregársele la línea de San Roque hasta mediados de octubre que cesó al pasar ésta a depender de la línea de Tarifa. Se le agregó entonces la línea de Jimena de la Frontera.


En enero de 1937 cesó en tales cometidos al hacerse cargo hasta fin de noviembre, del mando accidental de la Compañía de Algeciras ya que su titular, el capitán Miguel Romero Macías, había sido nombrado cajero de la Comandancia de Cádiz y tuvo que desplazarse a la capital.


Durante ese periodo sus servicios prestados, además del peculiar de la Guardia Civil, debieron de ser de gran interés para el gobierno militar del Campo de Gibraltar. Su titular, el coronel de Infantería Francisco de Borbón y de la Torre, solicitó en septiembre de dicho año al inspector general del benemérito Instituto, general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, con residencia en Valladolid, que fuera habilitado para el empleo de capitán. Puso en valor que Ojanguren había prestado y seguía prestando “relevantes servicios a nuestra Santa Causa desde el primer día del Glorioso Movimiento, siendo de especial mención la heroica defensa de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de San Roque”, exponiendo que además de ser felicitado por sus superiores jerárquicos, la comisión gestora del ayuntamiento le había concedido poner su nombre a una calle. Concretamente se trataba de la calle Herrería, donde se encontraba el mentado acuartelamiento, ostentando tal denominación hasta la transición democrática.


El coronel Borbón siguió insistiendo en su escritó sobre los méritos de Ojanguren: “Como conocedor del Campo de Gibraltar, ha desempeñado importantísimos y valiosos servicios, siendo en todo momento un eficaz colaborador del mando”. Además de desempeñar el mando accidental de la Compañía de Algeciras a plena satisfacción de sus superiores, se hacía constar también que había prestado “muy buenos servicios” en la Sección del Servicio de Información Militar (SIM) del mentado gobierno militar. Sin embargo, a pesar de todo ello el inspector general resolvió no acceder a ello, habida cuenta que existían en la Guardia Civil muchos oficiales en situación similar.


A finales de diciembre fue destinado a prestar sus servicios en el Ejército del Norte, que en esas fechas operaba en el frente de Aragón. Ello fue habitual durante la contienda con la oficialidad del Cuerpo, en unos casos para integrarse en unidades de Infantería y en otros, en compañías expedicionarias de la Guardia Civil con funciones de policía militar.


(Continuará).  

 

miércoles, 1 de septiembre de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXII). LAS COLUMNAS DE SAN ROQUE (y 2).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 30 de agosto de 2021, pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


 

 

Finalizaba el capítulo anterior mencionándose la muerte del guardia 2º Cristobal Riquelme Lobato, acaecida el 5 de septiembre de 1936 en San Martín del Tesorillo. Pertenecía a la plantilla de dicho puesto, donde estaba destinado desde noviembre de 1930, procedente del puesto de Vejer de la Frontera. 

 

Había nacido en Jimena de la Frontera el 11 de marzo de 1894, por lo que tenía 42 años de edad cuando lo mataron. Ingresó tardíamente en el benemérito Instituto pues contaba 32 años cuando lo hizo en 1926, siendo su oficio el de agricultor. Si el sueldo mensual de un guardia civil entonces apenas llegaba a 300 pesetas el de un jornalero del campo no llegaba ni a la mitad. 

 

En aquella época hubo muchos miembros de la Benemérita que no quisieron continuar siendo campesinos e ingresaron en ella tras aprender a leer y escribir durante su servicio militar. Con mucha maldad fueron bautizados por algunos como “desertores del arado”, una frase despectiva y cruel que extendían a todo aquél que no quería ser un obrero del campo, el trabajo peor pagado de todos, realmente un explotado.

 

Riquelme fue uno de ellos. Había hecho el servicio militar por su quinta durante tres años como soldado de Artillería en Ceuta y participado en quince hechos de armas durante las campañas de Marruecos en el territorio de Larache, habiéndosele concedido la cruz del mérito militar con distintivo rojo entre otras condecoraciones. Se presentó a los exámenes de ingreso en la Guardia Civil que se celebraron en la comandancia gaditana. Entonces no había academias de formación. Aprobó pero su escritura era muy deficiente, razón por la cual, el entonces jefe de aquella, teniente coronel Antonio Lozano Díaz, le concedió un plazo de cuatro meses para que la mejorase y repetirle la prueba escrita. 

 

Finalmente el 1º de abril de 1926 ingresó en la Guardia Civil. Tras un primer destino en el puesto de Lesaca, en la Comandancia de Navarra, pudo pasar destinado a la de Cádiz. El 7 de octubre de 1928 contrajo matrimonio con Lucía Sánchez Sánchez, natural y vecina también de Jimena, con quien tendría dos hijos llamados Isabel y José, que en septiembre de 1936 tenían 8 y 5 años de edad, respectivamente.

 

José Riquelme Sánchez seguiría inicialmente los pasos de su padre e ingresaría en la Guardia Civil pero su verdadera pasión y vocación sería el mundo de las letras. Estudiaría la carrera de magisterio y tras de dejar el benemérito Instituto en marzo de 1968 cuando estaba destinado en la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, se entregaría a la enseñanza en La Línea de la Concepción y terminaría siendo un escritor, investigador y poeta de muy reconocido prestigio. Publicó sus colaboraciones en numerosos medios, entre los que destacan la revista de estudios campogibraltareños “Almoraima” así como los periódicos “Diario Área”, “Diario de Cádiz” y “Europa Sur”. Falleció en enero de 2001 cuando apenas le quedaban unos meses para cumplir 70 años de edad. Curiosamente su vinculación familiar y su antigua condición de guardia civil era desconocida para unos y omitida por otros.

 

De la trágica muerte de su padre dio cumplida cuenta el brigada Juan Colodrero Vergara, comandante de puesto de San Roque y jefe accidental de la línea de San Roque. El día 1º de dicho mes el teniente Odón Ojanguren Alonso, que había sido su responsable hasta entonces, había cesado al desplazarse a La Línea de la Concepción para hacerse cargo de las fuerzas de la Guardia Civil de los puestos de la residencia, Atunara y Campamento, tras el fallecimiento el 25 de agosto, de su titular. Éste se trataba del teniente Valeriano Silva Franco, herido mortalmente doce días antes en los combates de Guadiaro cuando guiaba a fuerzas de Regulares Indígenas.

 

El último hecho de armas que consta anotado en septiembre de 1936 en la hoja de servicios del malogrado guardia 2º Riquelme es el siguiente: “en la madrugada del día 5 de dicho mes, cuando prestaba servicio práctico con fuerzas de Regulares, que operaban en la barriada del Tesorillo, al pasar por la Plaza de la Iglesia y del interior de un edificio le hicieron varios disparos de escopetas, cargadas con balines y postas, que le produjeron infinidad de heridas de las cuales falleció casi instatáneamente; habiendo llegado después otras fuerzas rodearon la casa desde donde fue agredido este individuo, matando a uno de los agresores y deteniendo a cinco paisanos, poniendo en fuga a los restantes”.

 

El 12 de septiembre el jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García, daba cuenta al inspector general del Cuerpo en Valladolid, general de brigada de Infantería Marcial Barro García, de los familiares que había dejado dicho guardia 2º, a efectos de percibir la correspondiente derrama de la “Asociación de Socorros Mutuos de Tropa” de la Guardia Civil. Aquella, consistente en 3.000 pesetas, sería reconocida y abonada en octubre del año siguiente. Respecto a la pensión de viudedad, tras la instrucción del correspondiente expediente, se fijaría el 10 de mayo de 1940 por el Consejo Supremo de Justicia Militar, en una cuantía anual de 3.200 pesetas. Es decir, aproximadamente el 75% del sueldo anual de un guardia civil de entonces.

 

Aquella acción, protagonizada por una de las muchas columnas que durante aquel verano de 1936 salieron de San Roque con diferentes objetivos próximos, realmente no tenía intención de ocupar todavía la barriada de San Martín del Tesorillo. De hecho sería el último núcleo urbano que se tomaría por los sublevados, concretamente el 8 de octubre siguiente.

 

Antes participarían en la ocupación de otras poblaciones de la sierra gaditana como Grazalema y El Gastor, por ejemplo. Los combates más violentos acaecidos en el Campo de Gibraltar fueron los librados el 13 de agosto en la zona sanroqueña del Guadiaro, donde según el diario de operaciones del Tercer Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares de Larache nº 4, “causan al enemigo más de 200 muertos y prisioneros”, siendo las bajas propias un muerto y 15 heridos, uno de los cuales fallecería poco después al igual que sucedió con el teniente Silva de la Guardia Civil que marchaba con ellos.

 

El 28 de septiembre dicho tabor, partiendo también de San Roque, acompañado de otras fuerzas, entre las que estaban los guardias civiles de los tres puestos del término municipal de Jimena de la Frontera que habían sido evacuados en los últimos días del mes de julio, ocuparía la localidad que daba nombre al municipio. Al día siguiente harían lo mismo con la barriada de San Pablo de Buceite y la fábrica de electricidad de la zona. 

 

En ambos núcleos urbanos, al igual que posteriormente en el Tesorillo, volverían a constituirse inmediatamente los puestos de la Guardia Civil con los mismos guardias civiles que habían estado destinados en ellas hasta su repliegue a San Roque. Las tres casas-cuarteles las encontraron saqueadas. Al llegar a Jimena conocieron que el brigada Salvador Carrasco Zurita, el único que se quedó y no se sublevó, había sido fusilado por milicianos frentepopulistas, como ya se relató en un capítulo anterior. 

 

 

 

martes, 24 de agosto de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXXI). LAS COLUMNAS DE SAN ROQUE (1).


 

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 23 de agosto de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.



El 1º de agosto de 1936 el teniente Odón Ojanguren Alonso, jefe de la línea de San Roque, tenía allí los efectivos de los puestos de la residencia, de Jimena de la Frontera, de San Pablo de Buceite y de San Martín del Tesorillo. No llegaban a una treintena de guardias civiles.

 

Al acatar el bando de guerra declarado en el Campo de Gibraltar por el máximo responsable de la sublevación, teniente coronel de Infantería Manuel Coco Rodríguez, segundo jefe del Regimiento Pavía núm. 7, quedaron bajo las órdenes del comandante militar de la plaza.

 

En San Roque dicho bando se había declarado el 19 de julio tras la llegada del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº 3, mandado por el comandante de Infantería Amador de los Ríos Cabezón que había desembarcado horas antes en el puerto de Algeciras.

 

A este respecto hay que significar la relevancia y trascendecencia que tenía para los sublevados proclamar el estado de guerra. Al contrario de lo que algunos pudieran pensar no se trataba de una cuestión estética o de escenificar el poder militar alzado sobre el civil. En absoluto, nada de eso, a pesar de que prácticamente era entregar el “poder” a los militares. 

 

De hecho, el presidente de la República, Manuel Azaña Díaz, siendo presidente del gobierno Juan Negrín López, no proclamó el estado de guerra hasta el 23 de enero de 1939, autorizando por fin a las autoridades militares gubernamentales a dictar los oportunos bandos. Ya para entonces la contienda estaba perdida. Tres días después la ciudad de Barcelona era ocupada por los sublevados. El teniente general Vicente Rojo Lluch, que fue jefe del estado mayor central del Ejército Popular de la República, en su libro “Alerta los pueblos!: estudio político-militar del periodo final de la guerra española”, hizo una dura pero muy docta crítica sobre tan tardía declaración del estado de guerra. Dicha obra, cuya primera edición se publicó en 1939 en Argentina, es de libre acceso en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y su lectura es obligada para quienes quieran conocer parte de las principales causas por las que la República perdió la contienda.

 

La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, establecía que la suspensión de los derechos y garantías ciudadanas quedaría regulada en la Ley de Orden Público. Ésta, decretada y sancionada por las Cortes, se aprobaría el 28 de julio de 1933, regulando los estados de prevención, alarma y de guerra. En los dos primeros la autoridad civil mantenía plenas competencias en el ejercicio de su jurisdicción y potestades. Sin embargo, en el tercero, se daba a la autoridad militar el principal protagonismo.

 

Ello era sólo cuando la autoridad civil hubiera agotado todos los medios que en circunstancias ordinarias disponía, y en su caso, los que para las extraordinarias le otorgaban los estados de prevención y alarma. Si no podía por si sola, ni auxiliada por la judicial y la militar, dominar en breve espacio de tiempo la agitación, ni restablecer el orden, se prevendría en un bando que se publicaría con la “solemnidad posible”. Al propio tiempo la autoridad judicial ordinaria se pondría urgentemente en contacto con la militar y el auditor de la jurisdicción castrense, disponiéndose “la inmediata declaración del estado de guerra, procediendo seguidamente la autoridad militar a la adopción de las medidas que reclame la paz pública”. 

 

Una vez declarado el estado de guerra correspondía hacerse cargo del mando a la autoridad militar, quien publicaría los oportunos bandos y edictos donde se contendrían las medidas y prevenciones necesarias. Pero en todo ello, tras la interpretación interesada e ilegítima que hicieron los sublevados de dicha ley, obviaron lo más importante: dicha declaración le correspondía hacerla a la autoridad civil, no a la militar, así como que “cuando la rebelión o sedición se declare en más de una provincia”, correspondía no ya al gobernador civil sino al gobierno de la nación.

 

Dicha ley establecía que una vez agotado el plazo fijado se procedería a disolver los grupos que se hubieran formado, empleando la fuerza si fuera necesario, “hasta reducirlos a la obediencia”, deteniendo a los que no se entregasen y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. 

 

Por su parte, la autoridad militar dispondría que se instruyeran inmediatamente las causas que procedieran y se formasen los consejos de guerra que debiera de entender los delitos competencia de la jurisdicción castrense. Durante el periodo que estuviera proclamado el estado de guerra las autoridades civiles continuarían actuando en todas sus competencias excepto aquellas relacionadas con el orden público, “limitándose, en cuanto a éste, a las facultades que la militar les delegare y deje expeditas”. Ésta podía adoptar las mismas medidas que la civil en los estados de prevención y alarma. 

 

A tales efectos los Cuerpos de la Guardia Civil y de Carabineros, pasaban inmediatamente a depender de las autoridades militares existentes en su demarcación. Y eso fue lo que sucedió en San Roque.

 

Dado que la sublevación militar había fracasado, dividiendo a España en dos bandos, la situación degeneró en una fraticida guerra civil, donde la ocupación del terreno al adversario era prioritario. Es por ello que entre las diversas columnas de operaciones que se organizaron y partieron en los meses de agosto y septiembre de 1936 desde San Roque, estaban las que tenían por propósito tomar la localidad de Jimena de la Frontera y sus barriadas de San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo.

 

A ésta última marcharía el 4 de septiembre desde San Roque una columna cuyo núcleo principal estaba constituido por efectivos del Tercer Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache nº 4, mandadas por el comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán. Según el extracto de su diario de operaciones, recogido en el historial de dicha unidad, publicado en 2014 por Carlos González Rosado y Juan García del Río Fernández, efectuaron un golpe de mano en dicha barriada, “haciendo prisioneros tras vivo tiroteo, regresando a San Roque”. 

 

Lo que realmente ocurrió fue mucho más trágico, exponiéndose en este capítulo y siguiente, sólo lo relativo a la Guardia Civil. Antes de proseguir hay que corregir que en el capítulo anterior se dijo por error que en la barriada del Tesorillo sólo existía como fuerza armada un puesto de la Guardia Civil, cuando ello sólo sucedía en Buceite. En Tesorillo había otro de Carabineros, encuadrado en la 3ª Sección de Jimena de la Frontera. Estaba compuesto por un sargento, un carabinero de 1ª clase y nueve de 2ª, si bien al carecer de casa-cuartel vivían en casas particulares. Practicaban el servicio denominado de “partida”, vigilando la llamada “tercera línea”, para aprehender el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar.

 

Las columnas de San Roque llevaban siempre de guía a guardias civiles como buenos conocedores del terreno y cuando fueron aquel 4 de septiembre hacia la barriada del Tesorillo, lo hicieron con varios componentes de dicho puesto que se había replegado. Entre ellos estaba el guardia 2º Cristobal Riquelme Lobato que al día siguiente resultaría muerto en enfrentamiento armado.

 

(Continuará).

 

 

viernes, 20 de agosto de 2021

EL CAÑONERO “CÁNOVAS DEL CASTILLO” EN LA EXPLOSIÓN DE CÁDIZ (1947).

LXXIV Aniversario Explosión de Cádiz (1947-2021).



 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 18 de agosto de 2021, págs. 12-13.


El original está ilustrado con tres fotografías en blanco y negro.



Mucho, muchísimo se ha escrito sobre la trágica Explosión acaecida la noche del 18 de agosto de 1947 en la Base de Defensas Submarinas, recinto hoy ocupado por el Instituto Hidrográfico de la Marina. Sin embargo, queda aún mucho, muchísimo por relatar. Entre las asignaturas pendientes están las vicisitudes de las víctimas y de los héroes anónimos, verdaderos protagonistas de aquella catástrofe.

 

También se ha escrito mucho sobre la supuesta responsabilidad de la Armada por la negligencia que supuso tener almacenada tan importante cantidad de minas submarinas en una zona urbana. Su carga explosiva era muy inestable con altas temperatura y podía ser objeto de un ataque terrorista. La certeza absoluta de lo que realmente pasó no la tiene nadie y si alguna vez alguien la tuvo se la llevó a la tumba. 

 

Lo que si es cierto, tal y como acredité en un artículo publicado el 18 de agosto de 2008 en DIARIO DE CÁDIZ, es que diferentes mandos de la Armada fueron persistentemente avisando, desde al menos cuatro años antes, del grave peligro que existía de una catástrofe.

 

Cuando aquella noche el cielo se tiñó de rojo, las dotaciones de los buques de guerra atracados en el puerto de Cádiz o fondeados en su bahía, fueron los primeros en reaccionar. 

 

Hoy recordaremos al cañonero “Cánovas del Castillo”. Su comandante era el capitán de corbeta Juan Lazaga Azcárate. Se había hecho cargo de su mando el 1º de agosto. Tenía 40 años de edad. Dos días antes había entregado el mando del destructor “Huesca” al también capitán de corbeta Ramón Liaño de Vierna. 

 

El cañonero era un veterano de las Campañas de Marruecos y de la Guerra Civil. Construido por la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena fue entregado en 1923 y modernizado en 1937 en los astilleros gaditanos de Matagorda. Tenía casi 80 metros de eslora, unos 10 de manga y un desplazamiento de unas 1.300 toneladas. Su armamento principal eran cuatro cañones Vickers de 101’6 mm. y podía alcanzar casi 15 nudos de velocidad. Según el Estado General de la Armada de 1936 su dotación era de 220 hombres pero el del año 1949 lo rebajaba a 167. Entre ambos años estuvo omitida en dicho anuario naval ese tipo de información.

 

Fueron muchos, muchísimos los miembros de la Armada que aquella noche dieron anónimamente lo mejor de sí en auxilio de las víctimas. Gracias a la Orden General nº 236, de 23 de agosto de 1947, de la Capitanía General del Departamento Marítimo de Cádiz, mandada por el almirante Rafael Estrada Arnáiz, pudo saberse lo que hizo cada buque y unidad.

 

Lazaga en su declaración firmada el 26 de agosto, manifestó que en el momento de la Explosión se encontraba en su otro destino (compatibilizaba el mando del cañonero con la jefatura del Detall del Cuartel de Instrucción de Marinería en San Fernando). Solicitó un vehículo a su jefe, capitán de fragata Adolfo Baturone Colombo, y marchó enseguida a Cádiz. Al llegar a San José ya no pudo proseguir en automóvil pues le fue requerido para evacuar heridos graves. Pasada medianoche consiguió llegar al puerto de Cádiz donde estaba atracado su buque. 

 

Al subir a bordo comprobó que la Explosión no había afectado al cañonero ni al personal embarcado, procediendo inmediatamente a alistar la nave para salir al fondeadero que tenía ordenado. A la una y media de la madrugada tenía ya presión para una caldera y comenzó la maniobra de desatraque, pero como no tenía marineros para largar las estachas desde el muelle, éstas lo fueron por unos guardias civiles que estaban allí de servicio fiscal. A pesar de su buena voluntad no estaban habituados a ello y las lanzaron de golpe en vez de hacerlo poco a poco, y “como las máquinas estaban en el balancín, se lió el seno a la hélice”. Ello obligó a detener la maniobra y “tras varios intentos de avante y atrás se consiguió que la estacha escapolase de la hélice”, pudiendo desatracar a las 2’15 horas.

 

Media hora más tarde se fondeó frente a la “Machina” de Astilleros, alumbrando inmediatamente con el proyector la zona siniestrada que estaba a oscuras. Al amanecer mandó un bote a tierra con un oficial al frente, por si era necesaria ayuda, contestándose negativamente por el jefe de las Defensas Submarinas, capitán de fragata Miguel Ángel García-Agulló Aguado. Para entonces fuerzas de Infantería de Marina, Marinería, Ejército de Tierra y Guardia Civil se afanaban en seguir rescatando supervivientes. Al día siguiente volvieron a iluminar durante toda la noche la zona con su potente proyector. Sobre mediodía del 20 recibió la orden de atracar en el muelle pesquero. 

 

Muy interesante resultó el parte que el 19 de agosto dio a Lazaga el teniente de navío Gabino Aranda Carranza, 2º comandante del cañonero, relativo a lo acaecido en ausencia de aquél. Tenía 26 años de edad y llevaba destinado unos cinco meses.

 

Tras producirse la explosión, “el Oficial de Guardia ordenó tocar Babor y Estribor de guardia, se alistaron los kinstons y preparó a todo el mundo en estado de alarma”. Se activó una caldera y comunicó la otra. Se mandó un marinero a tierra para avisar telefónicamente al comandante pero resultó infructuoso al no haber enlace. También se envió a un contramaestre a la Comandancia de Marina, cuyo titular era el capitán de navío José Dueñas Ristori, para informarse de lo sucedido, siendo entonces cuando se enteraron. El personal franco de servicio se incorporó casi en su totalidad, excepto unos pocos que se quedaron prestando auxilio donde les sorprendió la catástrofe.

 

Aranda se presentó a bordo a las 22’20 horas y tras ser informado de donde fue la explosión ordenó preparar un pelotón de socorro bajo su mando, compuesto por 10 marineros armados y 18 sólo dotados de linternas, camillas y herramientas, auxiliándole el contramaestre 2º Miguel Martos Rodríguez, de 33 años de edad. Al llegar a tierra se dirigieron al lugar del siniestro y se pusieron a las órdenes del 2º comandante de Marina, capitán de fragata José Palomino Blázquez, prestando auxilio en el rescate de víctimas.

 

Pasada medianoche recibió la orden de volver al cañonero, donde ya estaba su comandante. Regresó sólo con 15 marineros, dejando el resto en tierra para seguir auxiliando a las víctimas.

 

Antes de hacerse a la mar estuvieron atendiendo en la enfermería del buque al alférez de navío Eduardo Velarde Díaz del dragaminas “Guadalete”, un marinero del “Grupo de Lanchas” y doce paisanos entre hombres, mujeres y niños.

 

Respecto a los daños causados a bordo por la onda expansiva se limitaron a la inversión momentánea del tiro de una de las calderas que dejó conmocionado unos minutos al fogonero de guardia así como la rotura de unos prismáticos y vajilla al caerse.

 

El “Cánovas del Castillo” causó baja en la Armada en 1959. Lazaga lo hizo al cumplir la edad reglamentaria en 1971, siendo capitán de navío y comandante de Marina de Ceuta. Aranda alcanzó el empleo de vicealmirante y fue jefe de la base naval de Rota y posteriormente del arsenal de La Carraca, pasando a la reserva activa en 1985.

 


jueves, 19 de agosto de 2021

HACE 175 AÑOS: LAS CARRERAS DE CABALLOS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA (1846). LA GUARDIA CIVIL GARANTIZÓ SU SEGURIDAD.


 


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 17 de agosto de 2021 en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 18; "EUROPA SUR", pág. 14; y "DIARIO DE JEREZ", pág. 18.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.

 

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda celebra el segundo ciclo de su 176 edición, los días 18, 19 y 20 del presente mes de agosto. Fechas que coinciden con las organizadas hace 175 años por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de Sanlúcar de Barrameda. Concretamente se celebraron con un esplendor nunca antes visto los días 18 y 19 de agosto de 1846, coincidiendo con la feria local iniciada el día 15.

 

Desde el año anterior Sanlúcar se había incorporado “a esos espectáculos tan útiles y provechosos, que recientemente han protegido y premiado SS.MM. y el Gobierno”. Las carreras de caballos se habían convertido en todo un acontecimiento social. Así, por ejemplo, la “Gaceta de Madrid”, antecesor histórico del Boletín Oficial del Estado, recogía entonces las celebradas en la madrileña Real Casa de Campo y en El Puerto de Santa María.

 

Sin embargo, no habría parangón con las que, en su segunda edición, se iban a celebrar en Sanlúcar. La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar estaba dispuesta a que fueran las más espectaculares de todo el territorio nacional. Para ello aprobó el 20 de julio un programa de lujo que sería difundido por la “Gaceta de Madrid” el 31 de dicho mes. 

 

Conforme al mismo, a las once horas del 18 de agosto, “los señores que componen la junta directiva central, directivas de los diferentes pueblos de que consta la sociedad”, se reunirían en el gran patio del edificio de Santo Domingo, al objeto de abrir el registro, “para rectificar las reseñas de los caballos, potros y yeguas matriculados que han de optar a los premios de exhibición y carrera, conforme al reglamento formado al efecto”. El acto se cerraría a las dos de la tarde y durante ese tiempo la banda de música de la sociedad tocaría piezas escogidas.

 

Los caballos, potros y yeguas de exhibición deberían presentarse sin ninguna clase de adorno, siendo conducidos del diestro, excepto los de escuela que debían traer montura y brida “a gusto de sus dueños”. Todos los que se presentasen a exhibición por la mañana tenían la obligación de concurrir también por la tarde para la adjudicación de premios.

 

A las tres y media de la tarde estaría situada “en la playa de esta ciudad”, una línea de 800 varas de longitud y 40 de latitud. Teniendo en cuenta que una vara medía 0’866 metros, se trataría de un respetable espacio de casi 700 metros de largo por casi otros 35 de ancho. A la derecha habría una grada de tres varas de alto, al precio de 4 reales de vellón por asiento, mientras que a la izquierda habría otra, “de cómodos bancos con alzapiés para evitar la humedad del piso a los que los ocupen”, siendo su precio cinco veces superior.

 

Ambas gradas tendrían a su frente, “un barandal de madera, pintado de blanco, en cuya extensión se hallarán colocados simétricamente en astas, también pintadas, un considerable número de vistosas y variadas banderolas, marcando las extremidades de esta línea grandes banderas españolas, en cuyos puntos estarán colocadas las mesas de arranque y parada, preparadas con gusto y comodidad para el uso de los señores jueces”.

 

La cabeza de dicha línea estaría formada por un palco de 40 varas de frente, “perfectamente entoldado y adornado”, donde tendrían asiento las autoridades civiles y militares, provinciales y locales, así como las juntas directivas. Las carreras podrían verse también en la orilla desde carruaje o caballo propio a razón de 20 reales de vellón por persona y animal. 

 

Al costado derecho del palco presidencial se colocarían dos grandes pilares pintados, con remates en sus proximidades, formando la entrada general del público, y en su frente otros dos iguales que marcasen la de los caballos para exhibición, carrera y paseo.

 

A las cuatro de la tarde todas las autoridades y juntas directivas saldrían en comitiva hacia la playa desde el ayuntamiento en carruajes lujosamente enjaezados. Primero la junta directiva del Puerto de Santa María, seguida de la de Cádiz, de Jerez de la Frontera, de Las Cabezas de San Juan, jueces de arranque y parada, comisiones inspectoras de exhibición y adjudicación de premios, junta directiva central, junta de ornato y mejoras públicas, autoridades locales, de marina y provinciales. Todo ello precedido y cerrado de una escogida escolta de Caballería del Ejército con su banda de música. Recorrerían las calles Ancha, de Muleros, plaza de la Aduana y Calzada, en cuyo paseo estaría formada la fuerza de Infantería que despejaría la línea de carreras.

 

Éstas se celebrarían entre caballos españoles y extranjeros, realizándose las apuestas particulares correspondientes. Una vez concluidas, el presidente de la comisión de adjudicación de premios diría en alta voz los nombres de los caballos, dueños y premios obtenidos. Seguidamente se organizaría una comitiva que realizaría un recorrido triunfal por las calles de Isabel II, Barrameda, Santo Domingo Alta y Baja, y Ancha, hasta el ayuntamiento.

 

Encabezaría la banda de clarines de la sociedad, “en caballos blancos ricamente enjaezados, con penachos, adornos y monturas gravina y oro”, que irían anunciando con escogidas marchas la entrada de los caballos vencedores, “conducidos por lujosos palafreneros”. Abriría a estos el paso una sección de batidores del Ejército, seguidos de un piquete de Infantería, precedidos de tiradores y cornetas y la banda de música de la sociedad. La retaguardia de los anteriores sería cubierta por caballería de la Guardia Civil que a su vez precedería a los caballos y yeguas premiados por exhibición así como el de escuela. Los costados del desfile de los animales galardonados serían custodiados por guardias civiles de infantería.

 

Cerrarían el desfile los gastadores, banda de tambores y música de Infantería del Ejército seguidos de los carruajes, correspondiendo el último lugar al resto de fuerza de Caballería con su banda de música a la cabeza. Las calles del tránsito estarían completamente engalanadas con vistosas banderas, “y para mayor lucimiento, un número considerable de aldeanos, vestidos con exactitud y gusto, alumbrarán con hachas esta marcha triunfal”.

 

Al llegar al ayuntamiento y situada la comitiva en su balcón, volvería a leerse el nombre de animales y dueños galardonados, recogiéndose los premios en el salón de plenos. Inmediatamente, y en presencia de la comisión correspondiente, un niño de corta edad, extraería un número de un “globo” que se colocaría en un tablado, conteniendo igual cifra de contraseñas al de billetes vendidos para el sorteo durante el evento, a razón de 4 reales de vellón siendo el premio de 1.000. Con ello se darían por terminadas las carreras y exhibición de ese día.

 

A la mañana siguiente habría exhibición de tiros de caballos y por la tarde se volvería a repetir el ceremonial de la comitiva desde el ayuntamiento, con la diferencia de que estaría encabezada por cinco batidores de la Guardia Civil y cerrada por un piquete de Caballería del benemérito Instituto.

 

En la “gran carrera general” sólo se permitirían caballos españoles y el premio al vencedor era un talego de terciopelo carmesí con adornos de oro que contendría 6.000 reales de vellón en plata. 


El programa previsto no defraudó.

 

miércoles, 18 de agosto de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXX). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 16 de agosto de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.



 

El 18 de julio de 1936 el comandante del puesto de la Benemérita establecido en la barriada de San Martín del Tesorillo, entonces perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, era el cabo José León Pineda. Éste había nacido en la localidad malagueña de Casares, tenía 45 años de edad y estaba casado con una vecina de San Roque. 

 

Antes de ingresar en la Guardia Civil había prestado servicio como carabinero durante tres años en la Comandancia de Algeciras. Al cumplir su compromiso no quiso reengancharse y se licenció con la conceptuación de “buena conducta”. Posteriormente se presentó a los exámenes de ingreso en la Benemérita, aprobándolos. A este respecto hay que significar que su caso si bien no era habitual, tampoco fue excepcional. La vida de un guardia civil de aquella época era muy dura y difícil pero más aún lo era la de un carabinero dada la penosidad del servicio de vigilancia de costas y fronteras. De hecho, la de Algeciras era una de las comandancias denominadas “de fatiga”. 

 

El cabo León era buen conocedor de la barriada del Tesorillo pues ya había estado destinado en ese puesto como guardia 2º en los últimos años del reinado Alfonso XIII si bien la proclamación de la Segunda República le había sorprendido destinado en el puesto sanroqueño de Campamento. Tras ascender al empleo de cabo en septiembre de 1932, ser destinado a Barcelona y destacado a Badajoz, regresaría al Campo de Gibraltar en abril del año siguiente, siendo asignado al puesto de Los Barrios. A partir de febrero de 1934 pasó a mandar el puesto de El Tesorillo.

 

Dicha unidad había sido creada el 20 de julio de 1886 y la casa-cuartel, cincuenta años después, estaba ubicada desde 1927 en los números 17 y 19 de la calle Larga. El edificio, cedido su uso con carácter gratuito, pertenecía a la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro, cuyo propietario era en 1936 el banquero mallorquín Juan March Ordinas, muy implicado en la sublevación. Dicha sociedad había sido creada en 1887 por la marquesa de Larios, Margarita Larios Martínez, sus dos hijos Manuel Domingo y Martín Larios Larios, así como por Ricardo Larios Tashara. Cuando se aborde la historia de la Guardia Civil en dicha barriada desde sus orígenes ya se profundizará en la razón de su implantación y la vinculación con esa familia de procedencia malagueña. 

 

La plantilla de dicho puesto en julio de 1936 estaba integrada, además de un cabo como comandante del mismo, por un guardia 1º y seis guardias 2º de infantería. Hasta el momento se tiene constancia de que al menos estaban destinados en esa fecha los guardias 2º Joaquín García Moya, natural de Gaucín (Málaga); José Mondéjar Gutiérrez, natural de Algeciras; Andrés Pérez González, natural de Gaucín; Cristóbal Riquelme Lobato, natural de Jimena de la Frontera; y Manuel Valenzuela Cubillo, cuya naturaleza concreta no se ha podido acreditar pero familiarmente muy vinculado con el Campo de Gibraltar, especialmente La Línea de la Concepción.

 

Cuando se tuvo conocimiento en la barriada de que se había producido una sublevación militar contra el gobierno de la República, la reacción inicial del cabo León fue idéntica a la que tuvieron los comandantes de puesto de Jimena y Buceite, ubicados en el mismo municipio. En capítulos anteriores se expusieron las circunstancias por las que la línea de Jimena, de la que dependía también el puesto de El Tesorillo carecía de oficial al mando. Por tal motivo, a efectos de vigilancia de servicio, su teniente era Odón Oscar Ojanguren Alonso que se encontraba en San Roque. Es decir, a poco más de veinte kilómetros pero el puesto de El Tesorillo carecía de telefono, motivo por el cual no tenía enlace directo con dicho oficial.

 

Así, una vez acuartelados en defensiva, transcurrieron los primeros días en espera de recibir instrucciones de su superior jerárquico, tener noticias sobre lo que realmente estaba sucediendo y conocer el verdadero alcance de la situación. En la barriada, al contrario que en Jimena y Buceite, no había puesto de Carabineros por lo que la Guardia Civil era la única fuerza armada que existía. (Nota posterior del autor del artículo: por error involuntario se afirma en este texto que no había puesto de Carabineros en San Martín del Tesorillo cuando realmente sí existía, tal y como se hizo constar expresamente en el Capítulo LXXIV, pues donde no lo había era en San Pablo de Buceite, razón por la cual se hará la oportuna aclaración/rectificación en el Capítulo LXXXI).

 

Se desconoce si al igual que ocurrió con Jimena y Buceite, recibió el comandante del puesto de El Tesorillo la orden de concentrarse sobre la primera población citada para ponerse a las órdenes del teniente jefe de la sección de Carabineros allí establecida. Pero si la recibió, el cabo León no la cumplió y actuó, por propia iniciativa, conforme disponía la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil y ya mencionada en capítulos anteriores. Su propósito fue el de replegarse con personal y familiares sobre San Roque.

 

Si bien no se cuenta con un relato similar al que dejó escrito el sargento Antonio Casablanca Romero sobre su repliegue desde Buceite hasta San Roque, pasando por Jimena, si hay constancia en el expediente personal del cabo León que ello se llevó a efecto el 29 de julio.

 

Concretamente se trata de un parte suscrito el 24 de noviembre de 1936 por el segundo jefe de la Comandancia de Cádiz, comandante José Enríquez Ramírez, dirigido al inspector general del Cuerpo en Valladolid. Éste se trataba entonces del general de brigada de Infantería Marcial Barro García, quien lo ejercía con carácter interino y sin perjuicio de su destino al frente de la décimo tercera Brigada de Infantería con cabecera en dicha plaza. Había sido nombrado a principios de septiembre por el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general de división Miguel Cabanellas Ferrer, con residencia en Burgos. 

 

En dicho oficio daba cuenta de que dos días antes, el jefe de la 2ª Compañía, capitán Miguel Romero Macías, con residencia en Algeciras, había informado que, “al verse la fuerza del puesto del Tesorillo, en la necesidad de evacuar aquella casa-cuartel, el día 29 de Julio último, la que posteriormente fue saqueada por las turbas marxistas, han desaparecido de la misma, donde las dejaron inopinadamente, las tarjetas de identidad que se consignan al margen”. Concretamente eran las correspondientes al cabo León y a los guardias 2º García Rey, Pérez González y Valenzuela Cubillo.

 

De su lectura se desprende que la salida de la casa-cuartel de San Martín del Tesorillo debió de ser en unas condiciones similares a las ya relatadas en el caso de Jimena. Es decir, prácticamente sólo con el uniforme y por supuesto con la dotación de armamento y munición reglamentarias. 

 

La población de la barriada, mayoritariamente favorable al Frente Popular y por lo tanto al gobierno de la República, debió desconfiar desde el primer momento de la actitud del cabo León y sus guardias civiles, estableciendo al igual que sucedió en Jimena la oportuna vigilancia sobre sus movimientos. 

 

Muy probablemente debieron abandonar la casa-cuartel en la madrugada del 28 al 29 de julio y realizar la marcha a pie durante varias horas hasta San Roque. Aquí pasaron a prestar servicio hasta que recibieron la orden de incorporarse a la columna que tomaría El Tesorillo el 8 de octubre siguiente.