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jueves, 22 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXIII). EL ATAQUE A LA CASA-CUARTEL (1936).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 19 de abril de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

La mayor tragedia del siglo XX que padeció San Roque fue la Guerra Civil. No sólo por los trágicos y sangrientos hechos que se vivieron en la localidad sino por todo lo posteriormente sucedido, incluida la larga represión que se padeció.

Hubo mucho dolor y sufrimiento no debiéndose jamás volver a repetir. Corresponde por lo tanto a los historiadores seguir investigando y desvelando, con objetividad y rigor, los documentos que todavía permanecen inéditos en archivos públicos y privados. Su conocimiento y estudio servirán para aportar luz y verdad sobre aquella sinrazón que fue nuestra incívica contienda.

Si bien en 2013 el cronista oficial Antonio Pérez Girón publicó con la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru, su obra “San Roque, guerra civil y represión”, de muy recomendable lectura, queda todavía mucho por seguir aportando. 

De hecho, en este capítulo se comienza a exponer un documento muy interesante que ha permanecido inédito hasta hoy. Se trata de un informe que emitió el 29 de julio de 1936 el teniente de la Guardia Civil Odón Oscar Aranguren Alonso, jefe de la línea de San Roque. Relata el ataque que sufrió dos días antes la casa-cuartel por una columna procedente de la provincia de Málaga y alguno de los sucesos acaecidos.

Iba dirigido al inspector general del benemérito Instituto de lo que había pasado a ser el bando sublevado, autodenominado “nacional”. Se trataba del general de brigada Federico de la Cruz Boullosa, jefe la 3ª Zona de la Guardia Civil, con residencia oficial en Valladolid. Fue el único de los cinco generales del Cuerpo que secundó la rebelión militar.

Tras el fracaso del golpe de estado del 18 de julio de 1936 la situación derivó en una guerra civil que duraría hasta el 1º de abril de 1939. La Guardia Civil, al igual que ocurrió en el resto de instituciones civiles y militares de la República se fracturó y dividió en dos. Inicialmente poco más de la mitad de las unidades de la Benemérita permanecieron leales al gobierno legalmente constituido, cumpliendo así la tradición del Cuerpo desde su etapa fundacional.

En el bando gubernamental el inspector general era el general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, que el 19 de julio fue nombrado ministro de la Gobernación. Le sustituyó el general de brigada de la Guardia Civil José Sanjurjo Rodríguez de Arias, hasta entonces jefe de la 4ª Zona (Madrid). Sin embargo, la Benemérita tendría un efímera vida oficial en dicho bando. Por decreto de 30 de agosto siguiente se dispuso reorganizarla, pasando a denominarse Guardia Nacional Republicana. Transcurridos cuatro meses se procedió a la disolución del mismo con motivo de crearse el nuevo Cuerpo de Seguridad.

Hasta el 19 de julio no se declaró el estado de guerra en San Roque, siendo proclamado por Fuerzas del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta, desembarcadas ese mismo día en el puerto de Algeciras. Las fuerzas locales del Ejército, de la Guardia Civil y de Carabineros secundaron la sublevación militar. El alcalde Luis Ortega López fue detenido y destituido siendo nombrado presidente de la nueva comisión gestora municipal José Sánchez Velasco, alférez de la Guardia Civil en situación de retiro por haber cumplido la edad reglamentaria. 

Tal y como relata Pérez Girón en su obra, la tragedia no se inició en San Roque hasta el amanecer del 27 de julio siguiente. Y es aquí donde enlazamos con el mentado informe inédito suscrito por el teniente Ojanguren en relación a lo acaecido aquella aciaga jornada. Dado que fue emitido tan sólo dos días después de los hechos, aporta una información de sumo interés sin contaminar por otros factores. 

Según consta en el mismo, a las 6 horas de esa jornada fue observado por los guardias civiles que estaban prestando servicio de vigilancia en la casa-cuartel, sita en la calle Herrería núm. 14, “que en dirección a la misma y por la carretera general de Málaga, se acercaban rápidamente a la población varios automóviles y camiones ocupados por bastante personal, enarbolando bandera roja”. Posteriormente se contabilizarían hasta 25 camiones además de un número indeterminado de vehículos ligeros, estimándose en unos dos mil los componentes de la columna que llegó a San Roque. 

El comandante de puesto, Juan Colodrero Vergara, avisó inmediatamente al teniente Ojanguren, quien por razones de seguridad ya no pernoctaba en su vivienda de alquiler en la localidad, haciéndolo en la casa-cuartel. En esos momentos se encontraban en el edificio el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez y los guardias 2º Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gámez, José Espinosa Sánchez, José Montes Gil, José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Pacheco Sánchez y José Corbacho Franco.

El teniente ordenó inmediatamente que dicho personal y los familiares que se encontraban en ese momento en el acuartelamiento, pasasen a ocupar los lugares que previamente se habían establecido en el plan de defensa. Los guardias fueron distribuidos por las ventanas conforme su distinción de tiradores con arma larga mientras que las familias se refugiaron en las zonas más seguras, protegidas por colchones, cestas, sacos terreros, etc. que se habían preparado desde días antes en previsión de un ataque.

Parapetados y con los fusiles preparados quedaron en espera del desarrollo de los acontecimientos. Observaron que al frente de un centenar de personas armadas que de forma bastante compacta habían tomado posiciones en las proximidades, iba un cabo del Cuerpo de Carabineros que portaba un brazalete rojo. Éste intimidó a voces la rendición de la casa-cuartel procediendo seguidamente a disparar su fusil contra una de las ventanas.

A partir de ese momento se procedió al intercambio de disparos entre atacantes y defensores. Buena parte de aquellos eran carabineros siendo el resto paisanos. El cabo mentado cayó enseguida herido, pero los atacantes a pesar del fuego que se hacía sobre ellos fueron avanzando hacia la puerta principal del acuartelamiento. Al serles lanzada por el teniente Ojanguren una granada de mano tipo Lafitte que al explosionar les ocasionó varias bajas, cesaron su progresión. 

Continuó el tiroteo desde sus respectivas posiciones durante una hora y media aproximadamente, utilizando los atacantes incluso varias ametralladoras. Una de estas quedó anulada como consecuencia de los disparos de los guardias civiles. También fueron alcanzados, resultando dañados, tres de los vehículos ligeros que habían empleado para trasladarse. 

Transcurrido el tiempo citado cesó el fuego al presentarse como parlamentario el hijo mayor del comandante de puesto. Tenía 15 años de edad y se llamaba Juan Colodrero Madrigal. La familia del brigada había sido tomada como rehén por los atacantes. Fueron capturados su esposa, Leocadia Madrigal Calderón, y sus cuatros hijos menores de edad, llamándose los otros tres José, Natividad y Rosario. Como no había pabellón disponible en la casa-cuartel ya que eran familia numerosa, habitaban una vivienda de alquiler en la localidad. Algún vecino de San Roque debió informar en dónde vivían. 

La petición que traía el adolescente para los defensores de parte de los atacantes era la “de rendirse en el término de diez minutos, y de no ser así, le darían muerte a todos y bombardearían el Cuartel”.

(Continuará).

 

domingo, 18 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXII). EL PROYECTO FRUSTRADO DE LA NUEVA CASA-CUARTEL (1935).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 12 de abril de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

Desde los inicios de la etapa fundacional del benemérito Instituto uno de los principales problemas que padeció la Guardia Civil fue el alojamiento de quienes lo integraban y de sus familias. Una muy recomendable película de 1966, cuyo título es “El primer cuartel”, dirigida por Ignacio Ferrés Iquino, da buena cuenta de ello, amén de poner en valor principios tan fundamentales del Cuerpo como son el honor y la disciplina.

Como ni el Estado ni los ayuntamientos disponían de edificios propios que pudieran ser utilizados para tal menester, se tuvo que acudir en la mayor parte de los casos al arrendamiento de inmuebles de titularidad privada cuya renta era sufragada principalmente por las corporaciones municipales. Mientras se mantuvo dicho sistema, los guardias civiles así como sus familias, soportaron durante décadas y décadas, en sufrido silencio, unas casas-cuarteles que con harta frecuencia no reunían las condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad y salubridad.

La sinrazón de ello era que cuando se procedía a alquilar el correspondiente edificio para su uso como acuartelamiento, se fijaban en las cáusulas del contrato una serie de compromisos de conservación y mantenimiento que con el transcurso de los años su propietario dejaba voluntariamente de cumplir. El motivo principal de tan deplorable inobservancia era que como no se procedía a la actualización de las rentas, no se cumplía por parte del arrendador su obligación contractual. Todo ello con el ánimo de forzar la elevación de la cuantía del alquiler o provocar la rescisión del contrato. De esta forma la Guardia Civil terminaba desalojando el inmueble y su propietario podía dedicarlo a otra actividad más lucrativa.

Pues exáctamente eso era lo que sucedía desde 1898 con la casa-cuartel de San Roque ubicada en el núm. 14 de la calle Herrería, edificio hoy día inexistente. Tal y como ya se relató en un capítulo anterior, el 16 de agosto de 1934, el coronel subinspector del 16º Tercio, Fulgencio Gómez Carrión, dio cuenta al inspector general del Cuerpo, que se había ordenado la instrucción del correspondiente expediente para buscar un nuevo inmueble, al objeto de habilitar su uso como acuartelamiento. Si bien, por el momento, no se ha localizado que fue de dicho expediente ni la propuesta final del instructor, lo cierto es que se continuó ocupando dicho inmueble.

En 1935 se restableció nuevamente como unidad tipo sección la línea de San Roque. Su jefatura pasó a ostentarla a partir del mes de abril el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso. Bajo su dependencia la integraban los puestos de San Roque, Algeciras y Los Barrios. Como no había disponibilidad de pabellón para él y su familia en la casa-cuartel, tuvo que alojarse de alquiler en una vivienda particular cuya renta era sufragada por la corporación municipal.

Al residir fuera de la casa-cuartel, el principal problema que ello originaba era que cada vez que acontecía alguna novedad relacionada con el servicio, al no disponerse de otro medio de enlace, tenía que desplazarse un componente del puesto hasta su domicilio para darle oportuna cuenta de lo acaecido. Por otra parte, desde el consistorio, su titular quería poder contactar rápidamente con el teniente, caso de que la situación lo demandase, pues se trataba de un periodo en el que eran habituales las alteraciones del orden público.

Es por todo ello que en la sesión ordinaria de la corporación municipal celebrada el 29 de mayo de dicho año, presidida por el alcalde Francisco Viñas Vinuesa, a la que asistieron los concejales Pedro Santillana Cruces, José Molina Sánchez, Demófilo Pérez Delgado, Andrés Pérez Velasco, José Jiménez Fernández y José Guijón Paéz, se acordó en el punto 8º, “la conveniencia de que el Ayuntamiento costee el abono de un aparato telefónico en el domicilio del Sr. Teniente de la Guardia Civil de esta Ciudad, con objeto de que esté mejor atendido el servicio”.

Por otra parte, parece ser que la solución que se había decidido dar a la casa-cuartel, dado su lamentable estado de conservación y habitabilidad, fue la de construir un nuevo acuartelamiento, encargándose por el consistorio municipal la redacción del correspondiente proyecto al perito Joaquín Almagro Fernández.

Éste pertenecía a una familia muy ligada a la construcción en San Roque. En esa época estaba al frente de la fábrica de baldosas hidráulicas “Santa Isabel”, un negocio familiar que había sido fundado en 1920 y con razón social en el núm. 19 de la calle Vallecillo Luján. Durante la monarquía de Alfonso XIII, concretamente en ese año, fue nombrado concejal en la etapa del alcalde Bernardo Souza González. Posteriormente, a fin de julio de 1928, tras superar la correspondiente oposición, había ingresado en los Cuerpos Subalternos de Ingenieros del Ejército como ayudante de obras militares (asimilado a teniente), pasando a prestar su servicio a la Comandancia de obras, reserva y parque de Ingenieros de la 2ª Región. Curiosamente, su padre, Antonio Almagro Benítez, ya fue mencionado en un capítulo anterior cuando en el año 1898 había sido designado por el ayuntamiento como maestro de obras para reconocer el estado del inmueble de la calle Herrería núm. 14 como futuro acuartelamiento de la Benemérita.

El caso es que en el acta levantada por el secretario del ayuntamiento de San Roque, Emilio Cano Linares, relativa a la sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 1935, presidida por el alcalde Viñas, se hizo constar que el concejal Santillana dirigió una pregunta relacionada con la presentación del expuesto para la construcción de una casa-cuartel de la Guardia Civil en la localidad, contestándosele que aún no había sido aportada por Almagro. 

Casi dos semanas después, con ocasión de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 bajo la misma presidencia, fue el concejal Guijo Páez quien preguntó si había sido ya presentado por Almagro el estudio requerido para la construcción del mentado acuartelamiento, contestándosele también negativamente. Ello motivaría que se acordase entonces encargar a otro técnico la redacción del proyecto. Por el momento, no se ha localizado que fue de todo aquello, pero lo cierto es que el inicio de la Guerra Civil en julio del año siguiente abortó, como tantas otras cosas que eran muy necesarias, cualquier proyecto que estuviera en fase de planeamiento. A la casa-cuartel de la calle Herrería le quedaban todavía unos cuantos años más, tal y como se verá en próximos capítulos.

Mientras tanto, sin perjuicio de que los tiempos se fueran tornando cada vez más convulsos, rumbo hacia la terrible tragedia que supondría la guerra civil, era también patente la preocupación de los mandos de la Guardia Civil por el mal estado generalizado de las casas-cuarteles en la provincia.

Prueba de ello es la providencia del coronel Gómez Carrión el 6 de diciembre de 1935 en el libro de la Comandancia de Cádiz mandada por el teniente coronel Sebastián Hazañas González: “Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible prosmicuidad las familias con gran detrimento del decoro y moralidad necesarias e imprescindibles. En la provincia existen varias casas-cuarteles en esas lamentables condiciones …”.

 

 

viernes, 16 de abril de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXI). ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL HOMENAJE A LA BENEMÉRITA (1935)


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 5 de abril de 2021pág. 14.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 


El 29 de abril de 1935 la comisión gestora de la Diputación de Cádiz acordó, según palabras de su presidente Pedro Icardi Blanca, rendir un homenaje a la Guardia Civil por todos los municipios de la provincia, “donándole una bandera con su vitrina, como tributo de simpatía a los indiscutibles merecimientos de dicho Cuerpo que con una abnegada labor y espíritu de sacrificio viene constituyendo en todos los instantes de la vida pública de los pueblos, el sostén y base firmísima del mantenimiento del orden y la paz social”. 

Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad con el apoyo de los vocales, Manuel Caramé Pineda, alcalde de San Fernando y representante del distrito de San Fernando-Chiclana de la Frontera, de quien partió la iniciativa; Pedro Porras Jurado, alcalde de Setenil y representante del distrito de Olvera-Grazalema; y José Soto Revolo, representante del distrito de Algeciras-San Roque, por el Campo de Gibraltar, habiendo excusado justificadamente su ausencia el vocal Manuel Narváez Ortega, alcalde de Jerez de la Frontera y representante de dicho distrito. 

La razón del homenaje era la misma que había concurrido en otras muchas provincias españolas. El movimiento insurreccional contra la legalidad republicana vigente que se había producido en octubre del año anterior en buena parte del país, principalmente en Asturias y Cataluña, causó 111 muertos y 182 heridos entre los componentes de la Guardia Civil, así como el ataque a numerosas casas-cuarteles.

Lo que se inició como una huelga general convocada por los partidos políticos y sindicatos de izquierda para protestar por la entrada de varios ministros derechistas en el gobierno presidido por el radical Alejandro Lerroux García, se convirtió en una intentona revolucionaria extremadamente violenta. Ello provocó la declaración del “Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española”, así como una durísima represión gubernamental para restablecer el orden y la ley en la que se emplearon incluso fuerzas del Ejército de África.

La magnitud de la tragedia, dado el elevado número de bajas sufridas por ambas partes, impactó profundamente en el seno de la sociedad de la época. En la parte que afectó al benemérito Instituto se proyectó desde el gobierno una estrategia de potenciación de sus capacidades humanas y materiales, así como de fortalecimiento moral. Esto último se materializó a través de solemnes homenajes y reconocimientos, institucionales y públicos, por toda la geografía nacional.

La primera medida efectiva que tuvo proyección normativa fue la creación de la “Corbata de la Orden de la República”, mediante decreto de 30 de octubre de 1934: “con ocasión del último movimiento revolucionario se han registrado en los Institutos y Cuerpos armados, casos de verdadero heroísmo, no sólo de alguno de sus individuos, sino de sus unidades en masa, contribuyendo con ello de manera eficacísima a la defensa de la Patria y a la mayor exaltación y gloria de la República”.

Hay que significar que la Orden de la República había sido creada por decreto de 21 de julio de 1932, “con el propósito de que puedan recibir honrosa recompensa por sus especiales merecimientos los ciudadanos que más se distingan en el servicio de España y de la República”. 

Como era una recompensa civil de carácter individual, se creó la categoría de la Corbata, a similitud de algunas órdenes militares, “destinada a premiar, como recompensa colectiva, los actos heroicos de institutos armados o de colectividades civiles en el cumplimiento de su deber, o que hayan prestado excepcionales y especialísimos servicios de carácter cívico, humanitario, etc.”

En realidad, dicha ampliación se realizó, en palabras de Eduardo Benzo Cano, subsecretario del ministerio de la Gobernación, “para premiar de manera relevante los grandes servicios que la Guardia Civil ha prestado”, estando incluso “en proyecto la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cuyas condecoraciones premiarán los servicios distinguidos dentro de los peculiares del Instituto”. No obstante, para que esto último fuera una realidad, habría que esperar cuatro décadas, concretamente hasta 1976.

Por decreto de 11 de febrero de 1935 el gobierno dispuso “conceder la corbata de la Orden de la República al Instituto de la Guardia Civil, para premiar como recompensa colectiva los innumerables actos heroicos llevados a cabo por el personal del mismo y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que ha rendido a España y a la República en el cumplimiento de sus deberes”. Se trató de la primera y única Corbata de la Orden de la República que se concedió. Si bien nunca fue expresamente abolida, tras la Guerra Civil cayó en un profundo y oscuro silencio en el que todavía continúa sumida.

Por otra parte, como hasta entonces poco más de una docena de unidades de la Guardia Civil tenían concedido el derecho de uso de enseña nacional, se dispuso a partir de 1935, su concesión a tercios y comandancias, estando entre estas últimas la de Cádiz. Y es aquí donde surgió la iniciativa de la comisión gestora de la Diputación gaditana.

Consecuente con ello se solicitó la participación de todas las corporaciones municipales de la provincia. Así, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 1935 en la casa consistorial de la “Ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar”, tal y como se citaba en el acta correspondiente, se trató la propuesta de la Diputación en el punto 7º del orden del día. 

Fue presidida por el alcalde Francisco Viñas Vinuesa y asistieron los concejales Pedro Santillana Cruces, José Molina Sánchez, Demófilo Pérez Delgado, Andrés Pérez Velasco, José Jiménez Fernández y José Guijón Paéz. También estuvo presente el interventor municipal interino, José Reathy Rendón, levantando acta el secretario Emilio Cano Linares:

“Leído oficio del Sr. Presidente de la Diputación provincial de Cádiz invitando a este Ayuntamiento a sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia, al benemérito Instituto de la Guardia Civil, donándole una bandera con su vitrina, se acuerda por unanimidad adherirse cordialmente a dicho homenaje y contribuir con veinticinco pesetas a la realización del mismo.” Para que el lector tenga una referencia, dicha cantidad equivalía aproximadamente a cinco jornales agrícolas. 

El 5 de julio siguiente, el alcalde dirigió una carta al presidente de la Diputación comunicándole que se “acordó por unanimidad sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia al benemérito Instituto de la Guardia Civil”.

Finalmente, el emotivo homenaje a la Guardia Civil se celebró el 8 de diciembre siguiente en la plaza de España de la capital gaditana, ante el monumento a la Constitución de 1812, asistiendo junto a numerosísimo público las autoridades civiles y militares de toda la provincia. Entre ellas se encontraba el alcalde de San Roque

Los padrinos de la bandera fueron Carmen Oliver Cobeña, esposa del gobernador civil, Luis de Armiñán Odriozola, y el filántropo gaditano Elías Ahuja Andría, gran benefactor de los huérfanos de la Guardia Civil. La enseña fue entregada al teniente coronel Sebastián Hazañas González, jefe de la Comandancia de Cádiz, acompañado del general de brigada Federico de Santiago Iglesias, jefe de la 2ª Zona en Córdoba.

 

lunes, 5 de abril de 2021

ORÍGENES HISTÓRICOS DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES (1853).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 1º de abril de 2021 en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 44; "EUROPA SUR", pág. 24; "DIARIO DE ALMERÍA", pág. 35; "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 33; "DIARIO DE JEREZ", pág. 36; "DIARIO DE SEVILLA", pág. 40; "EL DÍA DE CÓRDOBA", pág. 24; "GRANADA HOY", pág. 26; "HUELVA INFORMACIÓN", pág. 28; y "MÁLAGA HOY", pág. 30.

El original contiene una fotografía en blanco y negro.


 

Fue creado por Real Orden de 1º de abril de 1853

 

Andalucía ha aportado tradicionalmente el mayor porcentaje de alumnos

 

  

 

El 26 de enero de 1853, el inspector general de la Guardia Civil, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, II duque de Ahumada, elevó por conducto del Ministerio de la Guerra una propuesta para crear una “Compañía de Guardias jóvenes, que a la edad de 12 años reuniesen la circunstancia de ser hijos de subalternos y clases de tropa del Cuerpo de Guardias Civiles”.

 

Dicha institución de seguridad pública y naturaleza militar había recorrido ya más de ocho años desde su fundación en 1844. Durante es breve periodo no sólo se había afianzado como uno de los instrumentos más eficaces y prestigiosos del Estado sino que además, gracias a su espíritu benemérito, se había hecho acreedor al afecto y gratitud de todos los españoles de bien.

 

Ello había supuesto a su vez un coste humano irreparable entre sus filas. En ocasiones, sacrificando la vida en el cumplimiento del deber y en otras, quedando impedido para seguir ejerciéndolo como consecuencia de las lesiones sufridas en acto de servicio.

 

Es por eso que el duque de Ahumada tuvo desde el inicio de la andadura del benemérito Instituto, el propósito de premiar en los hijos, las virtudes de sus padres, dándoles la oportunidad de poder tener un futuro profesional y continuar la carrera militar en la Guardia Civil si así lo deseaban y acreditaban los requisitos exigidos. 

 

El presidente del consejo de ministros era entonces el teniente general Federico Roncali Ceruti, conde de Alcoy y el ministro de la Guerra era el teniente general Juan de Lara Irigoyen. Éste, con el beneplacito y apoyo del primero, tras realizar el correspondiente estudio sobre la motivación y viabilidad, despachó la propuesta del duque de Ahumada con Isabel II.

 

Si bien la reina no se pronunció inicialmente de forma expresa sobre dicha propuesta, ya que fue necesario peticionar algunos informes complementarios, sí dejó entrever anticipadamente “su inagotable piedad”, en palabras del propio duque de Ahumada. Resultó que aprovechando una real orden de 6 de marzo, dimanante del Ministerio de la Guerra, mediante la que se aprobó la distribución de la fuerza del Cuerpo que se había propuesto el 24 de febrero anterior, Isabel II accedió a que se dejase de cubrir una plaza por compañía de infantería, “con el objeto de que con la economía que produzca puedan cubrirse los gastos de la creación de una Compañía de Guardias jóvenes”.

 

Aunque todavía no estaba autorizada formalmente su creación sí se confirmaba tácitamente con tal disposición que la reina accedía a la propuesta del duque de Ahumada para “la formación de una Compañía-Colegio de jóvenes, donde serán admitidos, mantenidos, vestidos y educados militarmente en los términos que designe el reglamento que se formará, los hijos de los Guardias, Cabos y Sargentos de este Cuerpo, a quienes pueda corresponder y aspiren a disfrutar esta gracia, con tal que a su buena conducta no adolezcan de imperfección o defecto físico”. 

 

A tal efecto, y para ir preparando la selección de los aspirantes, el duque de Ahumada dictó el 16 de marzo siguiente, una circular dirigida a los coroneles y tenientes coroneles jefes de Tercio. Los Tercios eran unidades orgánicas del despliegue territorial de la Guardia Civil que comprendían varias provincias. Así, por ejemplo, Andalucía contaba con dos Tercios: el 3º, con cabecera en Sevilla y del que dependían las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; y el 7º, con cabecera en Granada, que encuadraba las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

 

En dicha circular se impartían instrucciones sobre el derecho de preferencia a ingreso de esos jóvenes. Al objeto de que llegase a conocimiento de todos los que considerasen que tenían derecho a solicitar plaza en la Compañía-Colegio, se ordenó que además de su publicación en la correspondiente orden general de cada Tercio, se difundiera también a través de los boletines oficiales de cada provincia.

 

Conforme a las mentadas instrucciones se establecían tres categorías. La 1ª correspondía a los hijos de guardias, cabos y sargentos, que desde la creación del Cuerpo, “hubiesen muerto de heridas, golpes u otro accidente, recibidas aquellas u ocurridos estos en función del servicio, o que de sus resultas hubiesen fallecido”. En tal caso los huérfanos debían tener al menos la edad de 8 años cumplidos y ser solicitado por sus madres o tutores.

 

La 2ª categoría comprendía a los hijos del personal de los empleos citados, “que estuviesen separados del servicio por inutilidad adquirida en el que presta la Guardia Civil”. En este caso los aspirantes debían contar con 14  años y no ser mayores de 16, ya que la edad de 18 era la prefijada para dejar de pertenecer a la Compañía-Colegio y ser alta en el Cuerpo. Las peticiones debían ser elevadas por sus padres.

 

Y finalmente, la 3ª categoría comprendía a los de 14 años de edad que siendo hijos de los que ostentaban los referidos empleos, estuvieran sirviendo en la Guardia Civil, o que en adelante lo hicieran. En tal caso, los padres debían solicitarlo expresamente y proceder de la clase de voluntarios o de contingentes reenganchados, teniendo preferencia los que contasen con más años de servicio en el Cuerpo. 

 

Los aspirantes de la 1ª categoría tenían preferencia para ocupar la totalidad de las plazas. Si no se ocupasen se completaría con los jóvenes de la 2ª categoría, y si aún resultasen vacantes, se terminarían de cubrir con los de la 3ª.


Las solicitudes, dirigidas al inspector general del Cuerpo, debían de cursarse por conducto del comandante de la línea (sección) de la Guardia Civil más próximo al lugar donde residiera el aspirante, con objeto de emitir los correspondientes informes. Además de cumplimentarse el formulario que se adjuntaba en la circular, debían documentarlas con la fe del bautismo del interesado, la partida de casamiento de sus padres y en su caso, el certificado de defunción del padre o la copia de su licencia o cédula de retiro.


Dicha circular concluía ordenando que los mandos a través de los cuales se elevasen las peticiones, debían informar “si el joven, para quien se pide la gracia, es digno de ella por su conducta, y en los que no sean hijos de los muertos en acción de guerra, si adolecen de algún defecto físico, tal que por él no puedan pertenecer a la milicia, cuando en su día puedan pertenecer al Cuerpo.”


Finalmente, por real orden de 1º de abril de 1853, dimanante del Ministerio de la Guerra, se aprobó la creación de una Compañía de Guardias Jóvenes, “regulando su fuerza a la de dos plazas por cada una de las Compañías que componen el Cuerpo de su cargo, cuyas plazas deberán proveerse con jóvenes que reúnan las precitadas circunstancias o la de haber muerto su padre en acción de guerra o función del servicio del Cuerpo, y los cuales disfrutarán sólo del haber de soldados de infantería del Ejército”.


Este fue el origen histórico del actual Colegio de Guardias Jóvenes, sito en Valdemoro (Madrid), constituyendo tradicionalmente los andaluces el mayor porcentaje del alumnado.

 

 

EFEMÉRIDES: 1º DE ABRIL DE 1853. CLXVIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA-COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES (1853-2021).

Efemérides escrita por Jesús Núñez, e ilustrada con 2 fotografías en blanco y negro, para la Sección de Magacín de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares




1º DE ABRIL DE 1853


Creación de la Compañía de Guardias Jóvenes.

 

Por Real Orden de 1º de abril de 1853, dimanante del Ministerio de la Guerra cuyo titular era el teniente general Juan de Lara Irigoyen, se aprobó la creación de una compañía de “Guardias jóvenes” en el benemérito Instituto de la Guardia Civil. Ello constituye el origen histórico del actual Colegio de Guardias Jóvenes, sito en Valdemoro (Madrid).

 

El 26 de enero anterior, el inspector general de la Guardia Civil, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, II Duque de Ahumada, había elevado por conducto del Ministerio de la Guerra una propuesta para crear una “Compañía de Guardias jóvenes, que a la edad de 12 años reuniesen la circunstancia de ser hijos de subalternos y clases de tropa del Cuerpo de Guardias Civiles”.

 

Su propósito era premiar en los hijos, las virtudes de sus padres, dándoles la oportunidad de poder tener un futuro profesional y continuar la carrera militar en la Guardia Civil si así lo deseaban y acreditaban. 

 

Si bien Isabel II no se pronunció inicialmente de forma expresa sobre dicha propuesta, sí dejó entrever “su inagotable piedad”, en palabras del propio Duque de Ahumada. Resultó que aprovechando otra real orden de 6 de marzo, donde se aprobó la distribución de la fuerza del Cuerpo que se había propuesto el 24 de febrero anterior, S.M. accedió a que se dejase de cubrir una plaza por compañía de infantería, “con el objeto de que con la economía que produzca puedan cubrirse los gastos de la creación de una Compañía de Guardias jóvenes”.

 

Aunque todavía no estaba autorizada formalmente sí se confirmaba tácitamente con tal disposición que Isabel II accedía a “la formación de una Compañía-Colegio de jóvenes, donde serán admitidos, mantenidos, vestidos y educados militarmente en los términos que designe el reglamento que se formará, los hijos de los Guardias, Cabos y Sargentos de este Cuerpo”. A tal efecto, y para ir preparando su selección, el Duque de Ahumada dictó el 16 de marzo siguiente una circular dirigida a los jefes de Tercio, impartiendo instrucciones sobre el derecho de preferencia a ingreso.

 

Finalmente, la Reina mediante la mentada Real Orden de 1º de abril aprobaba la propuesta formulada, creando la referida Compañía y, “regulando su fuerza a la de dos plazas por cada una de las Compañías que componen el Cuerpo de su cargo, cuyas plazas deberán proveerse con jóvenes que reunan las precitadas circunstancias o la de haber muerto su padre en acción de guerra o función del servicio del Cuerpo, y los cuales disfrutarán sólo del haber de soldados de infantería del Ejército”.