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miércoles, 31 de marzo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LX). LAS INCORPORACIONES DE 1935.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 29 de marzo de 2021pág. 14.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 


Cuando el joven teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso fue destinado a finales de agosto de 1931 al Regimiento de Infantería núm. 15, procedente del Regimiento de Infantería núm. 1 de Madrid, ya no existían como tales ni el Extremadura núm. 15 de guarnición en Algeciras ni el Pavía núm. 48 de guarnición en San Roque. 

Como consecuencia de la reorganización del Ejército decretada el 25 de mayo anterior por el gobierno provisional de la República, siendo ministro de la Guerra Manuel Azaña Díaz, ambas unidades pasaron a reconvertirse en una sola. Su nueva denominación fue Regimiento de Infantería núm. 15, ubicando su primer batallón en Algeciras y el segundo en San Roque. Una compañía de éste se asentaría en La Línea de la Concepción, sustituyendo al Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9. 

Esta unidad contaba con un largo y glorioso historial. En marzo de 1925, estando en Tetuán, pasó a denominarse Batallón de Cazadores de África núm. 3. A principios de noviembre de 1928, se trasladó de guarnición a La Línea de la Concepción. En junio de 1929 retomó su anterior nombre que mantuvo hasta su extinción en mayo de 1931 como consecuencia de la mentada reorganización, pasando su personal a integrarse en el citado Regimiento de Infantería núm. 15. 

El teniente Ojanguren vivió buena parte de aquellas vicisitudes ya que estuvo destinado en dicho batallón desde abril de 1928 hasta fin de febrero de 1931, que pasó destinado a Madrid, donde le sorprendió la proclamación de la Segunda República.

Como todos los cuadros de mando que quisieron continuar voluntariamente prestando servicio activo en el Ejército, tuvo que firmar la promesa de servir fielmente a la República, conforme a lo dispuesto en el decreto de 22 de abril anterior. Él la suscribió tan sólo dos días después.

A finales de junio de 1932 cesó en los cometidos de comandante militar, oficial de transeuntes, juez eventual de causas y jefe de la comisión de custodia del Cuartel de Ballesteros que desde noviembre anterior venía ejerciendo en La Línea de la Concepción. 

Pasó a la plana mayor del 2º Batallón que estaba de guarnición en San Roque. Al producirse el 10 de agosto siguiente la frustada sublevación militar encabezada en Sevilla por el teniente general José Sanjurjo Sacanell, director general de Carabineros, marchó ese mismo día con su unidad a Cádiz. Manteniendo la lealtad al régimen republicano, permaneció allí hasta fin de mes.

Tras su regreso a San Roque estuvo desempeñando durante más de año y medio diversos cometidos, tales como los de oficial de una compañía de ametralladoras, ayudante del batallón, gestor del depósito de víveres y profesor de la academia de sargentos.

A finales de marzo de 1934 cesó en su destino de San Roque tras serle concedido el ingreso en la Guardia Civil junto a 53 tenientes más del Ejército. La real orden circular de 2 de julio de 1925, del Ministerio de la Guerra, seguía regulando entonces el ingreso de oficiales del Ejército en el benemérito Instituto.

Desde que finalizaron en 1927 las Campañas de Marruecos y se alcanzó la paz, se había ido incrementando el número de jóvenes oficiales de las Armas de Infantería y Caballería que solicitaban su ingreso en el benemérito Instituto. La vida de guarnición solía ser demasiado monótona y muchos de ellos anhelaban una mayor actividad profesional. Durante la Segunda República dicho flujo no sólo no disminuyó sino que aumentó, distribuyéndose esa savia nueva entre los Cuerpos de la Guardia Civil, Carabineros y de Seguridad, en su especialidad de Asalto.

Si bien es cierto que el decreto de 28 de julio de 1933 sobre reorganización de servicios en el Cuerpo de la Guardia Civil, había dispuesto que hasta que se normalizasen las plantillas en virtud de la amortización de plazas previstas, continuase la supresión del ingreso de oficiales procedentes del Ejército, pronto se demostró lo perjudicial que era dicha medida para el servicio. Así, por decreto de 22 de marzo siguiente, se dispuso por el Ministerio de la Gobernación que ello quedase sin efecto, admitiéndose el ingreso de los oficiales escalafonados como aspirantes que hubieran sido examinados y aprobados con anterioridad al mentado 28 de julio anterior.

En la misma orden de 24 de marzo de 1934 que se concedió el ingreso en el benemérito Instituto al teniente Ojanguren, se ascendió a dicho empleo al alférez del mismo, Valeriano Silva Franco, jefe de la linea de Jimena de la Frontera, con el que coincidiría en muchas ocasiones y que dos años más tarde sería titular de la de La Línea de la Concepción. 

En la revista de abril de 1934 Ojanguren causó alta en la Comandancia de Huesca, asignándosele el mando de la línea de Fraga. El preceptivo periodo reglamentario de prácticas que todo oficial del Ejército debía realizar durante tres meses al ingresar en la Benemérita lo cumplió precisamente en una comarca que conocía ya perfectamente. Concretamente fue a las inmediatas órdenes del jefe de la 2ª Compañía de la Comandancia de Cádiz, capitán Miguel Romero Macías, con residencia en Algeciras y cuya demarcación territorial era el Campo de Gibraltar. 

Tras superar dicho periodo de prácticas se incorporó a su destino en la Comandancia de Huesca hasta que en la revista de abril de 1935, causó alta en la Comandancia de Cádiz, siéndole adjudicado por el coronel Fulgencio Gómez Carrión, subinspector del 16º Tercio (Málaga), el mando de la línea de San Roque. Como jefe de la Comandancia de Cádiz, tras el fallecimiento por enfermedad en septiembre anterior del teniente coronel José Romero Fialo, se encontraba desde octubre el de mismo empleo, Sebastián Hazañas González, procedente del mando de la de Lugo.

Cuando el teniente Ojanguren se incorporó a mandar la Guardia Civil de San Roque, tenía 27 años de edad y estaba ya casado, siendo padre de una niña de muy corta edad llamada María del Carmen. Había contraído matrimonio en noviembre de 1933 con María Miguelina Gabriela Soulié Fraget, natural de La Línea de la Concepción. Posteriormente tendría con ella otros cinco hijos llamados Odón Oscar, María Miguelina, Antonio José, Alfredo Juan y Rosa María. Su padre, Sixto Ojanguren Albuerne, había sido obrero especializado como fundidor en la Fábrica de Armas de Trubia, pasando posteriormente a la de Toledo donde alcanzaría en abril de 1931 la categoría de maestro de taller de 2ª clase.

Otro mando del benemérito Instituto destinado al puesto de San Roque, como comandante del mismo, fue el sargento 1º Juan Colodrero Vergara, natural de la población cordobesa de Baena. Causó alta en la revista de junio de 1935, procedente del de Tarifa donde había ejercido la misma responsabilidad. Apenas dos meses después sería ascendido al empleo de brigada, siendo confirmado en el mismo cargo. Casado con Leocadia Madrigal Colodrero, tuvo cuatro hijos llamados Juan, José, Natividad y Rosario.

Otro nuevo componente del puesto, que causaría alta en la revista de agosto siguiente sería el guardia 2º José Corbacho Franco, natural de Los Barrios y procedente del puesto de Almoraima. Casado con Encarnación Alcaine Catalán, vecina de Cádiz, tuvo cuatro hijos llamados Mª del Carmen, Josefa, Mª del Pilar y Andrés Ángel.

 

 

 

viernes, 26 de marzo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LIX). LAS PRINCIPALES VICISITUDES (1933-1935).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 22 de marzo de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 


Tras los trágicos sucesos de Casas Viejas y una vez restablecido el orden y la ley en dicha pedanía, los guardias civiles del Campo de Gibraltar que habían acudido en auxilio de la casa-cuartel atacada, regresaron a sus respectivas poblaciones de procedencia.

Por lo tanto al puesto de San Roque se reincorporaron los guardias 2º Antonio Ruiz Sánchez, Rodrigo Vázquez Villalobos, José Espinosa Sánchez, José Barragán Vega y Manuel Medina Martín. 

Mientras tanto su oficial, el teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, que lo desempeñaba conjunta con el interino de la línea de Jimena de la Frontera, tuvo que presentarse en Cádiz y Málaga para informar personalmente a sus superiores de lo acaecido en Casas Viejas. Posteriormente tendría que comparecer como testigo ante la comisión de investigación parlamentaria y ante las jurisdicciones militar y ordinaria. 

Respecto al puesto de San Roque, uno de los pocos guardias civiles que habían permanecido prestando servicio allí durante aquellos aciagos días, fue José Antonio Montes Gil. Se había incorporado el mes anterior procedente del puesto de Chipiona. Su esposa Josefa Ramos Bellido era natural de Velez-Málaga y vecina de La Línea de la Concepción hasta que contrajo matrimonio.

Apenas seis meses después se inició, por decreto de 28 de julio de 1933 dimanante del Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Santiago Casares Quiroga, una importante reorganización del benemérito Instituto, la cual estaba pendiente desde la proclamación de la Segunda República. Algunos de sus objetivos eran obtener una mayor eficiencia reestructurando las unidades existentes y aumentando las retribuciones económicas. El principal problema era que ello implicaba la supresión de 9 plazas de coroneles, 15 de tenientes coroneles, 54 de comandantes, 76 de capitanes, 3 de médicos, 1 de veterinario, 2 de maestros armeros y 1.290 de guardia 2º. El propósito era amortizarlas a medida que fueran produciéndose las vacantes, cualquiera que fuese la causa que lo motivase. Dicha medida pronto se comprobaría lo improcedente que era y más adelante, como se verá oportunamente, la plantilla del Cuerpo, lejos de disminuir, tuvo que ser aumentada.

También se procedió a la supresión del empleo de alférez, siendo sustituidos en las vacantes que reglamentariamente se produjeran hasta su extinción, por los subtenientes del Cuerpo de Suboficiales que se creaba en la Guardia Civil.

Respecto al aumento de retribuciones el sueldo anual de un guardia civil, a su ingreso, pasó a ser de 3.100 pesetas; el de un cabo, 3.465; y el de un sargento, 3.530. Como bonificación del servicio se consignaron a los guardias, 275 pesetas anuales; a los cabos, 350; y a los sargentos, 500. En concepto de gratificación de efectividad se dispuso abonar a todos ellos la cantidad de 375 pesetas por cada quinquenio (todavía quedaba mucho tiempo para que se cotizasen los trienios), percibiéndose por dozavas partes de la anualidad correspondiente. Finalmente se fijaban unas asignaciones individuales anuales de 120 pesetas para vestuario; de 100 pesetas para los premios de constancia; y de otras 100 pesetas más para los cabos y guardias de caballería, como compensación al gasto de limpieza, cuidado del caballo y equipo; percibiéndose todo ello también por dozavas partes.

Al objeto de poner en práctica dicha reorganización se dictó el 31 de agosto siguiente una orden del Ministerio de Gobernación. Relativa a la nueva estructura de las Zonas, Tercios, Comandancias, Compañías y Líneas, introdujo una nueva modificación como consecuencia del traspaso de los servicios de la Guardia Civil a la Generalidad, acordado por la Junta de Seguridad de Cataluña, que había sido sancionado por decreto de día 8 de dicho mes.

En lo que afectaba al puesto de San Roque, quedaría encuadrado junto a los puestos de La Línea de la Concepción, Atunara y Campamento, en la línea (sección) de La Línea de la Concepción; dependiente de la 2ª Compañía de Algeciras, junto a las líneas de Jimena de la Frontera (puestos de Jimena, Almoraima, Buceite y Tesorillo, así como la de Tarifa (puestos de Tarifa, Algeciras y Los Barrios); perteneciente a la Comandancia de Cádiz, del 16º Tercio de Málaga y 2ª Zona de Córdoba. Hay que significar que la Comandancia de Cádiz pasaba a ser de primer orden al tener cinco compañías. Su jefe era el teniente coronel José Romero Fialo, buen conocedor de la provincia y que en su anterior empleo ya había estado destinado en Cádiz. El subinspector del 16º Tercio continuaba siendo el coronel Ricardo Salamero Ortiz.

Respecto a la casa-cuartel de San Roque seguía ubicada en el edificio alquilado en el número 14 de la calle Herrería, si bien su mal estado de conservación y la falta del debido mantenimiento por su propietario, terminaría motivando que el 16 de agosto de 1934, el nuevo subinspector, coronel Fulgencio Gómez Carrión, ordenase la instrucción del correspondiente expediente para buscar un nuevo inmueble.

Paralelamente a ese progresivo deterioro del acuartelamiento de San Roque se produciría a principios del año siguiente una nueva reorganización del Cuerpo que afectaría muy directamente a su despliegue en el Campo de Gibraltar, al objeto de atender con mayor eficacia las necesidades del servicio. La 2ª Compañía de Algeciras pasó a estar constituida por una nueva línea más, cuya cabecera, al mando de un oficial se establecería en San Roque. Dependerían de la misma los puestos de San Roque, Algeciras y Almoraima. La línea de Jimena de la Frontera pasaría a tener los puestos de Jimena, Buceite y Tesorillo; la línea de Tarifa los de Tarifa y Facinas; y la de La Línea de la Concepción, los de la Línea, Atunara y Campamento.

En la revista de abril de 1935 se incorporó como jefe de la línea de San Roque el joven teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso. Natural de la localidad asturiana de Trubia era sin embargo buen conocedor del Campo de Gibraltar. A finales de agosto de 1931 había sido destinado al Regimiento de Infantería núm. 15, cuya plana mayor se encontraba entonces en Algeciras. Dado que estaba en posesión del curso correspondiente fue nombrado inmediatamente profesor de educación física del primer batallón, cesando a principios de noviembre siguiente al asignársele la responsabilidad de la instrucción de los nuevos reclutas. Apenas estaría un par de semanas desempeñando dicho cometido ya que fue nombrado comandante militar de La Línea de la Concepción, haciéndose cargo también de los cometidos de oficial de transportes, juez eventual de dicha plaza y jefe de la comisión de custodia del Cuartel de Ballesteros.

Dado que puede llamar la atención que un teniente de Infantería fuese el comandante militar de dicha plaza hay que significar que tras la proclamación de la Segunda República se produjo también una importante reorganización militar que afectó al Campo de Gibraltar, disminuyendo el número de unidades y su entidad. Hasta entonces había una brigada de Infantería con residencia en Algeciras cuyo general, Joaquín de la Torre Mora, era a su vez el gobernador militar, cargo que fue suprimido. Dicha brigada tenía dos regimientos de Infantería, el Extremadura núm. 15 de guarnición en Algeciras y el Pavía núm. 48 de guarnición en San Roque.

(Continuará).

 

EL YIHADISMO Y EL NARCOTRÁFICO EN EL MEDITERRÁNEO


La Asociación Española de Militares Escritores (AEME) comienza este año la serie de Ciclos dedicados a la Seguridad y Defensa con el Ciclo 1/21 dedicado a la Seguridad en el Mediterráneo.

El Mare Nostrum, en  términos de seguridad, se caracteriza por ser una región donde los conflictos presentan una dimensión multidireccional, la línea de fractura más evidente es la norte-sur, en la que coexisten unos países con un notable aislamiento internacional, otros con guerras o conflictos civiles junto a algunos más que se pueden considerar como países “fallidos”.

En la Directiva de Política de Defensa 2020, del pasado mes de agosto se señala al Mediterráneo como una región de especial interés para España, donde la estabilidad continúa amenazada por los desafíos del terrorismo, la criminalidad y la debilidad de algunos estados.

Artículo escrito por Jesús Núñez para dicho Ciclo de AEME y publicado en su Página el 19 de marzo de 2021.


 

El yihadismo y el narcotráfico son dos de las amenazas más importantes que tienen España y el resto de la Unión Europea en el Mediterráneo.

 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 es el marco de referencia vigente para nuestra política de Seguridad Nacional. El pasado julio desde el Departamento de Seguridad Nacional se difundió que arrancaba la renovación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

 

Con ello se daba cumplimiento a la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que prevé la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. El escenario creado por la actual pandemia del Covid-19 y otros factores, ha hecho necesario que no se vaya a agotar el plazo establecido de 2023 y se vuelvan a evaluar los ámbitos definidos en la Seguridad Nacional así como su interrelación. 

 

Pero hasta que se apruebe la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 sigue vigente la mentada de 2017, donde aparecen precisamente las palabras “Mediterráneo”, “narcotráfico” y “terrorismo yihadista”. Y bien seguro que continuarán, incluso más fortalecidas en el nuevo marco de referencia.

 

Por otra parte, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, ya se contemplaba la seguridad marítima como uno de los ámbitos de la Seguridad Nacional. Consecuente con ello, el Consejo de Seguridad Nacional, acordó aprobar la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, cuyo objetivo era “impulsar una política amplia de seguridad con la finalidad de proteger los intereses marítimos nacionales”.

 

En la primera categoría de riesgos y amenazas (“actos ilícitos contra la seguridad marítima”), contemplaba los tráficos ilícitos, sustentados en redes de crimen organizado, y el terrorismo. 

 

Respecto a los primeros, destaca la gravedad del tráfico de estupefacientes, se afirma que constituye uno de los más graves riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional, tanto por sus consecuencias para el Estado, que debe dedicar numerosos recursos para su prevención y represión, así como para la vida de los ciudadanos.

 

Respecto al segundo se exponía que las características del medio marino lo convertían en un espacio particularmente favorable no sólo para la comisión de atentados, incluidos los de vector suicida, contra objetivos marítimos en movimiento, civiles y militares, infraestructuras bajo el agua o en el litoral, etc., sino también para su utilización como medio de infiltración de recursos humanos y materiales con fines terroristas. 

 

Diversos sucesos ya acaecidos lo acreditan. De hecho, hay que recordar la activación en Mediterráneo durante más de una década, de la Operación de la OTAN “ACTIVE ENDEAVOUR”, iniciada al invocarse el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (compromiso de “defensa colectiva”), tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Consistió en el establecimiento de medidas que contribuyeran a disuadir e impedir cualquier actividad terrorista así como proteger el tráfico mercante y las líneas de comunicación.

 

A dicha Operación le sucedió, a partir de 2016, la Operación “SEA GUARDIAN”, que tiene entre otros objetivos, las actividades de lucha contra el terrorismo, en particular mediante la interceptación y el abordaje de buques sospechosos. No es una operación del mentado artículo 5 y al igual que en la operación anterior, España también participa.

 

Regresando a nuestro contexto, el Consejo de Seguridad Nacional, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, constituido en 2014, aprobó en 2019, diseñado con base en la mentada Estrategia de Seguridad Nacional 2017, el Plan de Acción de Seguridad Marítima. 

 

En su análisis de riesgos y amenazas a la seguridad marítima destaca, además de la intensidad con que se viene manifestando la inmigración irregular (no hay que olvidar las elevadas cifras del año anterior que motivó la creación de la “Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes”, liderada por un general de la Guardia Civil) y el tráfico de flujos ilícitos (narcotráfico) en un área de gran importancia estratégica como la citada. Ello, a su vez, dio lugar a la creación por el Ministerio del Interior, del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, cuyos pilares fundamentales son los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional. 

 

En relación al narcotráfico en un escenario tan amplio como es el Mediterráneo, puede afirmarse que continuará siendo una amenaza durante los próximos años.

 

A este respecto hay que destacar que por la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX) viene desarrollándose la Operación “INDALO”, liderada por la Guardia Civil y que desde junio pasado se han incorporado nuestras Fuerzas Armadas. Participan varios países y sus principales objetivos son controlar los flujos de inmigración irregular y luchar contra el crimen transfronterizo, entre el que se encuentra el tráfico marítimo de drogas, que tiene lugar en las costas y fronteras exteriores del sur de la península ibérica.

 

Las drogas, principalmente hachís y sus derivados, son transportadas desde el continente africano, vía marítima por el Mediterráneo, con destino Europea. Para ello las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, utilizan medios de todo tipo, poseyendo importantes estructuras dotadas de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo sus actividades delictivas.

 

En el caso de la droga que llega a los puertos, aprovechando el movimiento de buques de pasaje y mercantes, las cantidades de mayor importancia suelen transportarse principalmente ocultas en dobles fondos de vehículos de toda clase y contenedores de mercancías o bien disimulada entre su carga o equipaje. Cuando el punto de desembarco es la costa, bien playas o pequeños puertos pesqueros o deportivos, suelen utilizar principalmente embarcaciones recreativas, deportivas, pesqueras o de alta velocidad.

 

Para la ejecución de dicha actividad delincuencial, y en función de la modalidad de transporte o alijo utilizado, las organizaciones criminales están convenientemente estructuradas y coordinadas entre sí, contando con los recursos necesarios. Así, en origen tienen el personal que facilita y prepara convenientemente los medios de transporte a emplear, los que van a cargar la droga, los que vigilan para evitar ser sorprendidos, los encargados de su transporte, adquisición del combustible necesario para las embarcaciones y su traslado, etc. En destino, disponen también del personal necesario para vigilancia, proporcionar nuevos medios de transporte, descargar la droga y cargarla en los medios citados, transportarla a su destino o a “guarderías” que cuentan a su vez con personal para su vigilancia, adquisición del combustible necesario para las embarcaciones y su transporte, etc. 

 

Por otra parte, la desestabilización que han venido padeciendo diversos países del norte de África, a partir de las revueltas árabes, el avance del yihadismo al norte y al sur del Sahel así como la aparición de escenarios donde se han producido conflictos armados, todo lo cual conlleva potenciar la amenaza terrorista, ha obligado a analizar la vinculación de grupos terroristas, principalmente yihadistas, con el narcotráfico.

 

En relación a ello hay que decir que existen principalmente dos teorías, fruto del estudio realizado por los analistas. Unos aseguran que a través del narcotráfico procedente de África con destino Europa, a través del Mediterráneo, el terrorismo yihadista se viene financiando, siendo ésta una de sus fuentes de ingresos. Otros consideran que realmente son meras organizaciones criminales que utilizan la cobertura del yihadismo para amparar y justificar su lucrativo negocio del tráfico de drogas. 

 

Lo cierto es que narcotráfico y yihadismo son dos graves amenazas. 

 

 

miércoles, 17 de marzo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LVIII). LA LAUREADA QUE NUNCA SE CONCEDIÓ.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de marzo de 2021, pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 


Tal y como se relató, el 18 de julio de 1935 se acordó por el Consejo Director de las Órdenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, proponer la anulación del expediente de juicio contradictorio para la concesión de la cruz laureada de San Fernando al guardia civil sanroqueño Pedro Salvo Pérez, instruido “por los méritos contraídos por el mismo en la defensa de la Casa Cuartel del puesto de Casas Viejas”.


La única razón que se valoró para dicha anulación fue, “sin entrar de momento en más examen del expediente”, que su apertura fue ordenada por una autoridad no competente. 


En vez de ordenarlo el 5 de abril de 1933 el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavalleria, debió hacerlo el entonces general jefe de la 2ª División Orgánica, Miguel Núñez de Prado Susbielas, en cuya jurisdicción habían acaecido los hechos. Poco podían sospechar ambos el fin que les esperaba. Al primero le sorprendería la sublevación militar de 1936 en situación de reserva sin destino, reincorporándose al servicio del gobierno de la República y exiliándose al final de la Guerra Civil, falleciendo en Argentina en 1953. El segundo también permanecería leal, siendo detenido y fusilado al inicio de la contienda. 


Volviendo al expediente, tras diversos trámites, el subsecretario del Ministerio de la Guerra comunicó el 19 de septiembre siguiente, al presidente del Consejo, que el sargento Manuel García Álvarez y los guardias 2º Román García Chuecos, Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez, debían solicitar de nuevo, mediante instancia, su apertura a la autoridad militar competente. Como los dos primeros habían fallecido las peticiones fueron formuladas por sus viudas, Ramona González Milán e Ignacia López de la Calle Palacios.


Sin embargo, como habían transcurrido los plazos reglamentarios, debían solicitar previamente que se acreditase “la existencia de una causa legítima que impidió a los recurrentes en absoluto, formular su petición en los plazos prevenidos”.


Superado el desconcierto de que tras dos años que duró la instrucción de los expedientes, fuesen anulados por falta de competencia de quien ordenó su incoación, tanto el ya cabo Salvo como el resto procedieron a elevar nueva instancia. En esta ocasión iba dirigida a la autoridad militar que se les había comunicado en sendos escritos fechados en noviembre de 1935. Se trataba del general jefe de la 2ª División Orgánica, José Fernández de Villa-Abrille Calivara, con residencia en Sevilla. En julio del año siguiente sería detenido por no secundar la sublevación militar así como juzgado y condenado a prisión por ello. 


Una vez cursada la nueva instancia de Salvo, que entonces estaba destinado en el puesto de Algeciras, mientras que el también cabo García lo estaba como comandante de puesto en Paterna de Rivera, fue informada favorablemente por el coronel Fulgencio Gómez Carrión, subinspector del 16º Tercio, con cabecera en Málaga, y del que dependía la Comandancia de Cádiz. Éste, al fracasar la sublevación militar sería detenido y fusilado junto a buena parte de sus oficiales.


Desde el punto de vista institucional y militar nadie había cuestionado la propuesta inicial que estaba más que justificada. La heroica defensa de la pequeña casa-cuartel, por los cuatro componentes del puesto, frente a un muy numeroso grupo de insurrectos armados que causaron la muerte a dos de aquellos y heridas leves a los otros dos, había sido declarado hecho de guerra por decreto de 18 de enero de 1933. 


Muy interesante e ilustrativo de lo que fue aquel ataque que sufrieron esos cuatro guardias civiles, acompañados de sus familias, es la diligencia de inspección ocular redactada por el capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, como juez militar instructor de la causa núm. 12/1933 contra los autores materiales de aquello. Fueron procesados un total de 26 vecinos de Casas Viejas, siendo el número de atacantes muy superior si bien no pudieron ser identificados.


Facilitada por el hijo de dicho capitán al periodista Tano Ramos, autor del libro “El caso Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936)”, no llegó a incluirla pero tuvo la gentileza de compartirla. Está fechada en dicha población el 14 de enero de 1933, asistiendo los guardias 2º Salvo y García así como testigos los vecinos Juan Sánchez Cornejo y Manuel Vera Moya. Éste, posteriormente sería procesado y condenado por su implicación en el ataque. Al iniciarse la sublevación militar huyó a Málaga de donde regresó en febrero de 1937 tras su caída, siendo detenido y condenado por tal motivo así como por su significación política. Falleció en agosto de 1939 cuando se encontraba encarcelado en Medina Sidonia.


En dicha diligencia, acompañada de un croquis para hacer más clara la descripción del lugar y explicar desde dónde se efectuaron los disparos contra la casa-cuartel, al describir la parte trasera, se hizo constar que sobre esa fachada: “se observan en esta parte posterior numerosos impactos sobre las paredes, los tejados (que son bastante bajos) y muy principalmente sobre las ventanas, que son del pabellón de uno de los guardias, y sobre una puerta falsa de la casa, que da a un corralillo”. Respecto a la fachada principal se dice: “sobre las paredes, puertas y ventanas de los dos pisos (la parte posterior sólo tiene uno), se observan numerosos impactos, muchos de los cuales han atravesado las maderas y cristales de las puertas y ventanas, y han producido nuevos impactos en el interior del cuartel”. 


Una vez que el general jefe de la 2ª División Orgánica recibió la instancia del cabo Salvo y del resto, ordenó al capitán de Infantería Cipriano Briz González, juez eventual de la Base Naval de Cádiz, la correspondiente instrucción de los expedientes mencionados. Sería auxiliado por el brigada de Infantería Ángel Rodríguez García, en calidad de secretario.


Tras realizar los trámites oportunos durante los meses de enero y febrero de 1936, confirmó la circunstancia de que el peticionario hizo su primer escrito de solicitud dentro del plazo prevenido y que la culpa fue debida a una errónea interpretación del reglamento por la Inspección General de la Guardia Civil.


El 9 de marzo siguiente, el general de brigada Julio Mena Zueco, subsecretario del ministerio de la Guerra, comunicó al presidente del Consejo, que el ministro, general de división Carlos Masquelet Lacaci, había dispuesto la remisión del expediente instruido a Salvo. Mena sabía muy bien lo acaecido en Casas Viejas ya que era entonces el comandante militar de Cádiz. Tanto él como Masquelet, permanecerían leales ante la sublevación militar. El primero sería detenido en Burgos, juzgado y separado del Ejército, mientras que el segundo se exiliaría a Francia al finalizar la contienda.


El vocal ponente del Consejo, vicealmirante José Núñez Quixano, tras estudiar el expediente, informó favorablemente el 21 de abril siguiente que procedía proponer  al ministro de la Guerra, “la autorización para iniciar el juicio contradictorio que el interesado solicita”.


El 18 de julio comenzó la Guerra Civil y nunca se instruyó ese expediente ni los otros tres, archivándose la documentación en el Consejo. Sin errores ni retrasos, ni tal vez otros intereses, el benemérito Instituto hubiera tenido cuatro caballeros laureados más.

 

 

 

miércoles, 10 de marzo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LVII). ANULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LAUREADA AL GUARDIA CIVIL PEDRO SALVO PÉREZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de marzo de 2021pág. 10.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

El final de la historia que se ha venido relatando en los últimos capítulos, donde uno de sus principales protagonistas era el guardia civil Pedro Salvo Pérez, natural de San Roque, nunca antes se había contado debido principalmente a tres razones. 


La primera, es que desde que se tuvo conocimiento de que una docena de vecinos de Casas Viejas habían sido asesinados por disparos de un grupo de guardias de Asalto cuando se encontraban detenidos, el ataque a la casa-cuartel de la Guardia Civil quedó relegado a un muy lejano segundo plano. El heroismo de sus cuatro defensores, la muerte de dos de ellos y el terror que vivieron sus familias entre aquellas paredes, quedaron muy pronto sepultados en el olvido. 


La segunda, es que el inicio de la Guerra Civil paralizó el procedimiento que todavía se estaba instruyendo, en averiguación de los méritos contraidos el 11 de enero de 1933 en la defensa de la casa-cuartel, por si aquellos cuatro guardias civiles eran acreedores a la concesión de la cruz laureada de San Fernando. 


La tercera, es que la documentación inédita relativa a esta historia permanecía “dormida” desde julio de 1936. A pesar de llevar investigando y publicando desde hace más de dos décadas sobre la Guardia Civil en los sucesos de Casas Viejas, el autor ha tenido reciente acceso a aquella. Gracias a la inestimable colaboración de Antonio Prieto Barrio pueden aportarse una riqueza de detalles que antes no hubiera sido posible.


Además de todo ello, ha surguido otra sorpresa durante el estudio de dichos documentos. Resulta que el vocal ponente del procedimiento que a principios de julio de 1936 todavía se estaba tramitando en la Asamblea de la Orden Militar de San Fernando, era el vicealmirante José Núñez Quixano. Éste, fallecido en Madrid durante la Guerra Civil, era hermano del bisabuelo paterno del autor que se llamaba Francisco, contralmirante de la Armada. La vida tiene a veces estas casualidades. 


Por cuatro órdenes generales del Cuerpo, fechadas el 5 de abril de 1933 y dictadas por el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, inspector general de la Guardia Civil, se había ordenado la apertura del juicio contradictorio en averiguación de los méritos citados. Fueron instruidos inicialmente por el capitán Pablo Incera Vidal y concluidos por el de mismo empleo, Federico Montero Lozano, ambos pertenecientes al benemérito Instituto.


El 11 de abril de 1935 el instructor remitió un extenso resumen de lo actuado en cada uno de los cuatro procedimientos al general de división Miguel Cabanellas Ferrer, inspector general de la Guardia Civil. Éste, conforme lo dispuesto en el entonces vigente Reglamento de la Orden Militar de San Fernando, aprobado por real decreto de 5 de julio de 1920, dispuso su publicación mediante  nuevas órdenes generales fechadas el 25 de abril de 1935. Exhortó a todos los generales, jefes, oficiales e individuos de tropa del Ejército, Marina e Institutos o Cuerpos armados que supieran algo en contrario o capaz de modificar la apreciación de los hechos citados, a que se presentasen a declarar ante el juez instructor, de palabra o por escrito, en el plazo de diez días a contar desde su publicación en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y Boletín Oficial de la Guardia Civil.


Consecuente con lo anterior, el ministro de la Guerra, José María Gil-Robles Quiñones, dictó el 10 de mayo siguiente la correspondiente orden, publicándose dichos resúmenes. Como nadie se presentó a testificar se dieron por conclusos los cuatro expedientes. El abierto a favor del guardia 2º Pedro Salvo Pérez fue elevado el 3 de junio al teniente general José Rodríguez Casademunt, presidente del Consejo Director de las Órdenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo. Lo remitió el coronel de la Guardia Civil Gonzalo Delgado García, jefe de la secretaría militar de la Inspección General. Ambos serían asesinados en noviembre del año siguiente en Paracuellos del Jarama.


Tras recibirse el expediente, que había tardado dos años en instruirse, resultó que el mentado Consejo acordó, en sesión celebrada el 18 de julio de 1935, proponer su anulación al ministro de la Guerra. Lo mismo ocurrió con los procedimientos de los otros tres defensores de la casa-cuartel de Casas Viejas.


La razón que se argumentó para ello fue que el inspector general de la Guardia Civil no era la autoridad militar competente para ordenar la apertura del expediente. Hasta entonces nadie había objetado nada. Conforme al mentado reglamento, tal facultad correspondía “al jefe más caracterizado del ejército, escuadra, distrito o apostadero donde se realice el hecho meritorio”. Es decir, tenía que haberlo dispuesto el general jefe de la 2ª División Orgánica con residencia en Sevilla.


Se tomó como referencia para ello la reciente resolución de un expediente remitido al Consejo el 24 de mayo de 1935 por la Inspección General del Cuerpo. El propuesto era el guardia 2º Manuel Corchete Álvarez, destinado en la Comandancia de Zaragoza. El 5 de octubre anterior, estando destinado en el puesto de Uncastillo, había protagonizado junto a otro, la defensa heroica durante diez horas de la casa-cuartel atacada por numerosos revolucionarios. Resultaron muertos dos guardias así como heridos graves el sargento y otros dos guardias más del puesto. Dado que el inspector general había ordenado la apertura del procedimiento se anuló el expediente instruido por falta de competencia.


Al igual que en este caso se concluyó que tenía que haberse ordenado la incoación por el general jefe de la 5ª División Orgánica (Zaragoza), se dispuso lo mismo respecto a los expedientes de Casas Viejas, pero por el de la 2ª División Orgánica (Sevilla). 


Sin embargo, dicha solución no podía resolverse inmediatamente. Surgió una nueva complicación. El mentado reglamento disponía que la autoridad militar competente tenía un plazo de cinco días para ordenar su apertura, contados a partir del recibo del parte de los hechos. Si transcurridos diez días de la acción meritoria, el interesado no había recibido notificación de haberse abierto el juicio contradictorio, podría entonces solicitarlo en un plazo de cinco días más. 


Una vez transcurrido ese tiempo sólo podía admitirse y tramitarse la solicitud de la cruz laureada de San Fernando cuando así se dispusiera expresamente en la correspondiente orden ministerial. Todo ello previa formación de un expediente en el que quedase plenamente demostrado, a juicio de la Asamblea, la existencia de una causa legítima que hubiera impedido en absoluto al interesado formular su petición antes de la fecha en que hubiese presentado la correspondiente instancia.


El presidente del Consejo informó de ello al ministro de la Guerra el 24 de julio de 1935. A su vez, el 19 de septiembre siguiente, el subsecretario del ministerio, general de división Joaquín Fanjul Goñi, que sería condenado a muerte y fusilado casi un año después por encabezar la sublevación militar en Madrid, le comunicó que el sargento Manuel García Álvarez y los guardias 2º Román García Chuecos, Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez, debían solicitar apertura de expediente previo al general jefe de la 2ª División Orgánica. Al estar fallecidos los dos primeros debían peticionarlo sus viudas.


(Continuará).

 

 

 

jueves, 4 de marzo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LVI). LOS TESTIMONIOS SOBRE EL GUARDIA PEDRO SALVO PÉREZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1º de marzo de 2021pág. 18.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


 

En el expediente instruido al guardia civil de San Roque Pedro Salvo Pérez por Orden General del Cuerpo, de 5 de abril de 1933, “en averiguación de los méritos contraidos por el mismo, el día 11 de Enero de 1933, con motivo del movimiento revolucionario de Casas Viejas, en la defensa de la Casa-cuartel”, declararon otros miembros del benemérito Instituto y algunos vecinos del pueblo. Su contenido fue difundido en una orden circular de 10 de mayo de 1935 firmada por el ministro de la Guerra, José María Gil-Robles Quiñones.


Después del testimonio del guardia 2º Manuel García Rodríguez, recogido en un capítulo anterior, el siguiente fue el sargento Rafael Anarte Viera, comandante de puesto de Alcalá de los Gazules y concentrado en esa fecha en Medina Sidonia, en previsión de ateraciones de orden público. Relató como cumpliendo órdenes del teniente Manuel Martín Pedré, al tenerse noticias de que algo grave estaba sucediendo, marchó a Casas Viejas al frente de once guardias civiles en dos vehículos. 


Al llegar observaron que “parecía existir gran agitación, circulando bastantes grupos de individuos por las calles del mismo armados en su mayoría con escopetas, por lo que dividiendo la fuerza que le acompañaba en varios grupos y procurando aprovechar los accidentes del terreno, que el declarante conocía perfectamente por haber estado mandando aquel Puesto varios años, fueron avanzando lentamente, teniendo necesidad de repeler con las armas las agresiones de que eran objeto por parte de los revoltosos”. Tras diseminarse éstos, pudieron llegar a la plaza donde estaba el acuartelamiento. 


Los dos supervivientes abrieron la puerta y le informaron del ataque sufrido en el que les “habían hecho gran número de disparos (cosa que pudo comprobar el dicente)”. Comprobó el estado del sargento comandante de puesto y el tercer guardia 2º, “ambos sin conocimiento y arrojando sangre por la cabeza”. Dispuso que se avisara a un médico para que les hiciera una primera cura y fueran evacuados al hospital. Seguidamente, y al frente de sus hombres, prosiguió en el “restablecimiento del orden en el pueblo”.


A continuación prestó declaración el guardia 2º Juan Sánchez Gómez, destinado en el puesto de La Línea de la Concepción y anteriormente en San Roque. Además de manifestarse en términos similares al sargento Anarte, precisó que cuando llegaron al cuartel, “todavía disparaban contra éste por la parte posterior”. También dijo que quien les abrió la puerta de la casa-cuartel fue el guardia 2º Salvo y que acompañó a éste a casa del médico para que atendiera a los heridos. 


En términos similares declaró el guardia 2º Salvador Rodríguez Serón, también destinado en La Línea, afirmando que Salvo había demostrado “un gran espíritu y un valor sobresaliente”. Poco podía sospechar entonces que tres años después, una vez triunfó la sublevación militar en su localidad, desertaría y huiría a la colonia británica de Gibraltar para desde allí pasar vía marítima a Tánger y después a Málaga, con el fin de incorporarse a las filas leales al gobierno de la República. En febrero de 1937, tras ser ocupada dicha ciudad, sería detenido, juzgado y condenado a muerte en consejo de guerra, cumpliéndose dicha pena y dejando dos huérfanos de corta edad.


En términos parecidos se expresó el guardia 2º José Vázquez Soler. El teniente Martínez Pedré, que era el jefe de la línea de Medina Sidonia, a la cual pertenecía el puesto de Casas Viejas, si bien no llegó a presenciar los hechos, estimó por la información recabada que el guardia 2º Salvo, “procedió como lo requería el cumplimiento de su deber y demostró al propio tiempo una decisión y un arrojo merecedores del más alto premio”.


También prestó declaración el capitán Enrique Reula Gómez, jefe de la Compañía de San Fernando, que encuadraba a las dos unidades anteriores, manifestó que tampoco había estado presente pero respecto a Salvo quiso “hacer constar el buen concepto que el mencionado guardia le ha merecido durante el tiempo que a sus órdenes ha estado”.


Seguidamente declararon algunos vecinos. El primero fue José Vela Morales, uno de los principales terratenientes del lugar. Relató “que la fuerza a su juicio no pudo portarse mejor de lo que se portó, pues estuvo resistiéndose toda la mañana, manteniendo a raya a los revoltosos, por lo que se comprende que lo que querían era acabar con los guardias por la tenacidad de no dejar de tirar sobre el cuartel, y como sólo eran cuatro y el numero de revoltosos era muy superior, no podían salir del cuartel y desde luego con su resistencia tuvieron entretenidos a los revoltosos toda la mañana, dando tiempo a que viniesen las fuerzas de Medina en su auxilio y del pueblo, pues si los revoltosos hubieran tomado el cuartel, no se sabe lo que hubieran hecho con el resto del pueblo”.


El segundo paisano al que se tomó manifestación fue al médico Federico Ortiz Villaumbrales, a cuya casa fue a buscar el guardia 2º Salvo para que atendiera a los heridos. Declaró que al escuchar los primeros disparos se asomó a la ventana, viendo “numerosos grupos que, armados con escopetas y otros con palos, hacían disparos sobre el cuartel desde donde los guardias se defendían y tiraban desde las ventanas, y como corría el declarante peligro, no pudo observar más en los primeros momentos”. 


En relación a la atención facultativa que prestó, “curó de primera intención al sargento Manuel García Álvarez de una herida de arma de fuego en la región frontal, sin orificio de salida; al guardia Roman García Chuecos, de una herida en un ojo, con pérdida del mismo, ambos de gravedad, tanta, que fallecieron días después en el Hospital de Cádiz; al guardia Pedro Salvo Pérez, de una herida leve en una pierna, de posta, y al guardia Manuel García Rodríguez, de ligera contusión en una mejilla”. No pudo concretar la intervención de cada uno de ellos, pero que, “en conjunto, la apreció todo el pueblo, pues si ellos no hubieran resistido como lo hicieron en el cuartel, porque no podían salir dado el número de revoltosos, nadie sabe lo que hubiera pasado en Casas Viejas, pues ya habían asaltado las tabernas, encontrándose algunos embriagados y su empeño era el de dominar y hacerse dueños del cuartel”. 


El siguiente en prestar declaración en el expediente de Salvo fue el alcalde pedáneo de Casas Viejas, Juan Bascuñana Estudillo. Puso en valor al difunto sargento ya que cuando los insurrectos le obligaron a ir a la casa-cuartel para que se rindiera le contestó “que no se entregaba mientras tuviera vida”. Dicho suboficial también le pidió que llamara a Medina para pedir refuerzos pero no fue posible ya que habían cortado la línea telefónica del pueblo.


El último al que se tomó manifestación eraun vecino muy respetado en la población llamado Juan Pérez-Blanco Estudillo, comerciante y copropietario de la fábrica de electricidad. Vivía en la misma plaza donde estaba la casa-cuartel y al iniciarse el tiroteo se encerró con una escopeta hasta que finalizó. De los guardias civiles dijo que “se defendieron de un pueblo levantado y en revolución, lo que considera de un mérito extraordinario”.


(Continuará).