CLXXV Aniversario Fundación Guardia Civil (1844-2019).
Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR", pág. 12, el 30 de diciembre de 2019.
El original contiene una fotografía en color.
La creación de un nuevo puesto de la Guardia Civil siempre fue algo que requirió tiempo, constancia y paciencia, dados los numerosos trámites a seguir. Aunque algunas cuestiones hayan ido variando en función de la normativa vigente en cada momento, los pasos principales han permanecido prácticamente inalterables desde la fundación del benemérito Instituto en 1844, hace ya 175 años.
Primero tenía que existir una necesidad real del servicio que justificase su creación, asunto que debía ser avalado, informado y adecuadamente motivado por los diferentes escalones de mando, tanto de la unidad superior inmediata en la que iba a quedar encuadrado como de las sucesivas superiores de las que fuera a depender.
En segundo lugar debía existir el correspondiente edificio que iba a ser usado como casa-cuartel o bien el proyecto firme y presupuestado para su construcción. Esto último siempre fue lo ideal, teniendo su propio recorrido administrativo que en este capítulo no va a ser abordado ya que no se dio en ningún caso durante el primer siglo de existencia de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, aún a pesar de los frustrados intentos de varios de sus ayuntamientos que incluso ofertaron terrenos gratuitamente a tal efecto.
El problema fue siempre el mismo, ni el Estado ni las corporaciones locales podían asumir su coste económico ni tampoco ello estaba entre sus prioridades. Por tal motivo lo habitual durante ese periodo fue recurrir, bien a la cesión gratuita por el consistorio o un particular, o bien a su alquiler, sufragando el gasto las corporaciones locales, y en ocasiones con aportación de un porcentaje por parte del Estado.
En estos casos había que comprobar que reunía las condiciones mínimas exigidas de seguridad, habitabilidad, higiene y salubridad, conforme a la normativa de régimen interior vigente, tanto para las dependencias oficiales como para los pabellones que era la denominación militar que se le da a las viviendas donde residen los guardias civiles con sus familias. A tal efecto la Guardia Civil instruía el correspondiente expediente previo.
En tercer orden, pero no menos importante, era necesario determinar de qué otras unidades podía detraerse el número de efectivos que se había fijado para conformar la nueva plantilla del puesto a crear. Dicha cuestión tampoco era sencilla ya que suponía el consiguiente perjuicio para el resto de puestos afectados.
Y finalmente, una vez conforme todo lo anteriormente expuesto, incluida la cuestión presupuestaria, por el director general se elevaba la oportuna propuesta, contrato firmado incluido, que caso de ser aceptada era aprobada en el periodo que nos ocupa, mediante real orden dimanante del ministerio de la Gobernación, al objeto de darle la debida carta de naturaleza.
Es por todo ello que cuando el 26 de junio de 1919 el coronel José González Hernández, subinspector del 18º Tercio, con cabecera en la capital gaditana, elevó su informe favorable de creación por razones de servicio, todavía habría de pasar mucho tiempo para que el puesto del Campamento de Benalife y su casa-cuartel fueran una realidad.
De hecho, tres años después se seguían todavía realizando los correspondientes trámites, tal y como daba cuenta el 19 de septiembre de 1922 al director general de la Guardia Civil, el comandante Francisco Amat García. Éste ocupaba el destino de mayor del 16º Tercio, con cabecera en la capital malagueña, al cual había pasado a depender la Comandancia de Cádiz, tras una reorganización aprobada por real orden circulardel ministerio de la Guerra, de 30 de abril de 1920.
Dicho informe lo elevaba por ausencia y orden de su coronel, Rafael Bernal Pastor, subinspector del referido 16º Tercio. Daba cuenta de que el teniente coronel Antonio Lozano Díaz, jefe de la Comandancia de Cádiz, había participado que el jefe de la línea de La Línea de La Concepción, teniente Enrique Benito Gómez, se hallaba instruyendo el preceptivo expediente para la instalación de un nuevo puesto en el Campamento de Benalife, conforme lo ordenado el 9 de agosto de 1922.
Como consecuencia de ello el día 27 de ese mismo mes, dicho oficial, acompañado de los peritos albañiles Francisco Mateo y José López, había procedido a reconocer el inmueble ofrecido gratuitamente por el marqués de Casa Vargas-Machuca, que estaba ubicado en la calle entonces denominada Cuartel. Tras su inspección se determinó que necesitaba una serie de obras previas a su ocupación y uso como casa-cuartel.
Concretamente consistían en ampliar el edificio, construyendo más habitaciones para pabellones, una sala de armas y una cuadra para los caballos, ya que aunque el puesto a crear sería con fuerza de infantería estaba previsto dotarle de algunos equinos para prestar servicio con mayor eficacia. El plazo de finalización se estimaba inicialmente en unos cuarenta días, comprometiéndose el marqués a realizarlas con cargo a su peculio y en avisar una vez conclusas, “para la terminación del expediente y contratos”.
La Guardia Civil procedió seguidamente a crear el puesto del Campamento de Benalife, que junto a los de La Línea de la Concepción, El Zabal y San Roque, sería encuadrado en la línea de la Línea de la Concepción, perteneciente a la 8ª Compañía, con cabecera en Algeciras, del 16º Tercio, integrado a su vez por las Comandancias de Cádiz y de Málaga.
Sin embargo, las obras no se finalizaron en el plazo previsto y tras llevarse a cabo con gran lentitud y diversos parones que supusieron otro retraso de casi tres años más, se pudo realizar por fin la inspección final, concluyéndose el correspondiente expediente. El 30 de mayo de 1925 se suscribió el oportuno contrato para su definitiva aprobación por la superioridad.
Como representante legal del marqués firmó el abogado Arturo Patrón Campos (pudiera ser Canepa pues los dos apellidos aparecen en documentos diferentes) y por la Guardia Civil el teniente José Quintana Acuña, jefe de la línea de La Línea de la Concepción, así como los testigos José Pérez y José Mauricio.
Dicho contrato, acompañado de cuatro copias del mismo, fue elevado el 13 de junio siguiente, junto al expediente instruido, al director general de la Guardia Civil por el coronel Bernal, comprobándose que se habían practicado finalmente todas las obras propuestas y reuniendo la casa-cuartel, “las debidas condiciones de seguridad, higiene e independencia que son necesarias”.
Según se informaba, el edificio constaba en la planta baja de cuatro pabellones para casados compuestos cada uno de sala, un dormitorio y cocinas independientes, cuarto para el guardia de puertas, sala de armas, dos retretes comunes para todos y un patio sin pozo. En la planta alta se había construido otro pabellón para casado compuesto de sala, un dormitorio y cocina independiente.
Se concluía afirmando que el edificio había sido reformado por completo y que era de sólida construcción, “llenando con excepción de la falta de agua, las necesidades para alojar una clase y cuatro guardias de que ha de componerse su dotación.”
Sin embargo, al recibirse todo ello en la Dirección General de la Guardia Civil sería devuelto con una serie de reparos y solicitud de explicaciones …
