LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXIX). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (31).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 25 de julio de 2022, pág. 8.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Uno de los propósitos de la dictadura, autollamada “Directorio Militar”, del general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, era acabar con el contrabando y la defraudación mediante el endurecimiento de las sanciones penales y administrativas. La experiencia histórica ha dado como lecciones aprendidas que las medidas represivas, por muy justas y necesarias que sean, si no van acompañadas de medidas económicas, sociales y educativas, están abocadas al más estrepitoso fracaso.

No habían transcurrido siquiera cinco meses de su golpe de estado, cuando se dictó el real decreto de 16 de febrero de 1924, referenciado en un capítulo anterior, disponiendo que quedasen modificados determinados artículos y párrafos de la ley de contrabando y defraudación, de fecha 3 de septiembre de 1904, reformada por la de 18 de julio de 1922, es decir, hace un siglo.

El inicio de su exposición, algo retórica y rebuscada, reflejaba sin embargo la sensación real que entonces se vivía en la sociedad de la época respecto al contrabando y la defraudación. Según se hacía constar, ambas actividades ilícitas se producían “al amparo de la tolerancia de una opinión pública extraviada que sólo considera herida en sus funciones a la sociedad de que forma parte cuando se trata de delitos contra las personas o contra la propieda privada, sin alcanzar a penetrar la gravedad de unos delitos que atacan a la existencia económica misma del estado y de la industria y el trabajo nacionales”.

Era por ello que con la modificación que se introducía en la normativa vigente mencionada, se pretendía que el “castigo siga con la mayor prontitud a la transgresión penable, a fin de conseguir la máxima ejemplaridad”. Acertadas palabras pero que por sí solas no eran suficientes.

Como el proceso penal era lento se proponía potenciar la vía administrativa, aumentando la cuantía dentro de la cual la legislación entonces vigente consideraba los actos de contrabando y defraudación como constitutivos de faltas y penables por la Administración. De esa forma se reservaba la competencia judicial para aquellos actos de la indicada naturaleza que, por su gran importancia y cuantía, no era posible exceptuarlos de los procedimientos que regían la persecución de delitos y que forzosamente eran más complicados y dilatorios que los administrativos, “por la necesidad de rodearlos de las mayores garantías posibles para los inculpados”.

Consecuencia y compensación del aumento que se disponía de la cuantía de las faltas, era la agravación de las penalidades establecidas en la ley. Por otra parte, complemento de la reforma, había de ser la separación clara y terminante de las expresadas faltas de los delitos conexos que con ellas pudieran concurrir, a fin de que conocieran solamente de éstos los tribunales de lo criminal, así como “la regulación de la prisión subsidiaria en los casos de insolvencia para que sea aquélla verdaderamente eficaz e ineludible”. Es decir, que quien no pudiera hacer frente a la sanción económica impuesta, penase proporcionalmente a la cuantía con la privación de su libertad.

Respecto a la acción represora, que se consideraba necesario intensificar, se había propuesto agilizar la distribución de los premios entre la fuerza aprehensora, haciendo aquélla posible antes de que los fallos que declarasen las responsabilidades se hiciesen firmes, “por no caber contra ellos recurso alguno en vía administrativa, judicial ni contencioso-administrativa, mediante la constitución de un seguro en la Dirección general de Aduanas, para el que sirva de prima un descuento que deberán sufrir dichos premios, y con el que se responderá a los interesados de los reembolsosque puedan acordarse por resoluciones absolutorias, así como también de las indemnizaciones de perjuicios que los Tribunales acuerden, sin que en ningún caso puedan alcanzar al Estado responsabilidades civiles ni subsidiarias”.

Otra innovación para estimular la acción represora, ejercida principalmente por el Cuerpo de Carabineros, era que en los casos de aprehensiones de efectos de contrabando o defraudación, pudieran dejar de ser éstos de ser conducidos, “con las consiguientes molestias y pérdidas de tiempo para las fuerzas aprehensoras, a la capital de la provincia, depositándose y subastándose, llegado el caso, en la Aduana más proxima, si su valor no llega a 1.000 pesetas, o en el Ayuntamiento inmediato al lugar de la aprehensión, si el importe es inferior a 250 pesetas”. Significar a este respecto que el sueldo mensual de una carabinero en 1924 era poco más de esa última cifra.

Por otra parte, entre las diferentes medidas adoptadas en el mentado real decreto y que afectaba expresamente al Campo de Gibraltar, estaba la atribución al juzgado de instrucción de Algeciras (entonces sólo había uno en dicho partido judicial), para tramitar los sumarios de contrabando y defraudación, “puesto, que, existiendo un Abogado del Estado en destino de plantilla, no había razón alguna para que los numerosos sumarios procedentes de aquel Juzgado hubiesen de ir a la capital de la provincia”.

Por último, se incorporaba al texto, las reglas para la exacción de las multas en que incurriesen las empresas de transportes terrestres o marítimos establecidas en el real decreto de 2 de septiembre de 1922, en el cual se reglamentaban los preceptos de la ley que modificaba la legislación aplicable a los delitos de contrabando y defraudación.

Tal y como ya se expuso con anterioridad, los actos u omisiones constitutivos de contrabando se reputarían delitos, tras la entrada en vigor del real decreto de 1924, siempre que el valor de los efectos estancados o prohibidos excedieran de 5.000 pesetas. De no exceder de esa cifra se reputarían como faltas. Y serían constitutivos de delitos de defraudación siempre que la cuantía de los derechos defraudados excediera de 25.000 pesetas, siendo tipificados como faltas si no alcanzaba dicha cifra.

Dado que el Campo de Gibraltar era una de las zonas del territorio español más afectada y perjudicada por la lacra del contrabando, como consecuencia de las actividades ilícitas procedentes de la colonia británica del Peñón, también hubo el propósito de fortalecer la presencia y despliegue sobre el terreno de las fuerzas de Carabineros. Sobre éstas vale la pena recordar y lamentar que padecían unos acuartelamientos, llamados “casetas” en su argot interno, aún peores que las casas-cuarteles de la Guardia Civil de la época.

Es por ello que supuso una grata noticia la publicación en la “Gaceta de Madrid” del real decreto de 9 de febrero de 1926, mediante el cual, a propuesta del ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, se autorizó a la Dirección General de Carabineros, a cuyo frente se encontraba el teniente general José María de Olaguer-Felíu Ramírez, para anunciar a subasta pública la construcción de una casa-cuartel para las fuerzas de la Comandancia de Algeciras destacadas en “Torre-Carboneras”, enclavado en el municipio de San Roque.

El proyecto y presupuestos habían sido aprobados por real orden del Ministerio de la Guerra de 28 de enero de 1924, cuyo importe de 253.560 pesetas debía ser satisfecho en dos anualidades, la primera de 169.040 pesetas con cargo al presupuesto de 1925-26, y la segunda de 84.520 pesetas, “con cargo al crédito que para estas atenciones se figure en el presupuesto para 1926-27”. Mandaba la Comandancia el teniente coronel Rafael Mariano Montserrat.

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXVII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (29).

    Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de julio de 2022, pág. 13.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Prosiguiendo con el texto refundido de la legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudación, aprobado por el Ministerio de Hacienda en real orden de 23 de mayo de 1924, significar que dedicaba un capítulo a las personas obligadas a la persecución de delitos y faltas.

Conforme se establecía en dicho texto, tal responsabilidad correspondía a “las Autoridades, empleados e individuos de los Resguardos terrestre y marítimo de la Hacienda pública, y de los Resguardos especiales establecidos por las entidades subrogadas en los derechos de aquella, en la forma que determinen los Reglamentos respectivos”.

La principal fuerza del Reguardo terrestre y marítimo de la Hacienda pública era el Cuerpo de Carabineros. Éste, tal y como se establecía en la Ley Constitutiva del Ejército, de 29 de noviembre de 1878, formaba parte del mismo, “para la persecución del contrabando”. Posteriormente, la Ley Adicional de 19 de julio de 1889, ratificó su pertenencia al Ejército.

Conforme se disponía en su articulado, “los Institutos de la Guardia Civil y de Carabineros y cualesquiera otros armados que en lo sucesivo se constituyan militarmente, dependerán del Ministerio de la Guerra para los efectos de la organización y disciplina, y cuando por causa o estado de guerra dejasen de prestar el servicio que particularmente les está encomendado o se reconcentrasen para ejercer una acción militar, dependerán también del Ministerio de la Guerra y de las Autoridades militares como fuerzas armadas”.

Tal y como ya se ha expuesto en capítulos anteriores las misiones de resguardo y persecución del contrabando y fraude que ejercía el Cuerpo de Carabineros pasaron a ser asumidas por el de la Guardia Civil al entrar en vigor la ley de 15 de marzo de 1940. Sin embargo, es mucho menos conocida la cuestión de los resguardos especiales establecidos por las entidades subrogadas en los derechos de la Hacienda Pública, significándose que el más importante de ellos constituye el antecedente histórico de la actual Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Por real decreto de 30 de julio de 1921, y a propuesta del ministro de Hacienda Mariano Ordoñez García, se aprobó, en virtud de lo dispuesto en la ley de 29 de junio, un nuevo contrato entre el Estado y la Compañía Arrendataria de Tabacos. Ésta se había constituido el 25 de junio de 1887 y el presidente de su Consejo de Administración en 1921 era Juan Navarro Reverter, antiguo ministro de Hacienda durante la Restauración. 

Dicho contrato tenía prevista una duración de veinte años, es decir, hasta el 30 de junio de 1941. Poco se podía sospechar entonces todo lo que acaecería y se padecería en España durante esas dos décadas.

La razón principal del nuevo contrato era “la explotación del Monopolio de la fabricación y venta del tabaco en la Península, islas Baleares, Ceuta y demás posesiones del Norte de África y para los servicios de transporte, custodia, venta e investigación del Timbre del Estado y de las cerillas y toda clase de fósforos”.

Conforme se establecía en dicho texto, el Gobierno seguiría realizando a su costa la persecución del contrabando mientras que la Compañía no tendría intervención alguna en el régimen gubernativo que se estableciese en la represión, tanto terrestre como marítima, no pudiendo reclamar al Estado indemnización de perjuicios causados en la Renta por defraudación o contrabando. No obstante, sí quedaba autorizada “para ejercer vigilancia, con el fin de proponer a la Administración las variaciones en el servicio que estime útiles al interés de la Renta, y para reclamar del Gobierno, el auxilio que en casos determinados sea conveniente a la represión del contrabando”. 

También la Compañía podía proponer el aumento del resguardo existente, siendo de cuenta de la Renta los gastos que ese aumento originase. Quedaba además autorizada para mantener el servicio especial de vigilancia que tenía. Éste había sido creado en cumplimiento de la real orden de 16 de febrero de 1889, sobre el régimen y organización del “Resguardo especial” de la mentada Compañía. Su razón principal de ser era “la vigilancia para la represión del contrabando de tabacos, sin carácter militar en sus funciones, y sólo como auxiliar de las fuerzas armadas, a quienes en primer término, corresponde cumplir igual misión en nombre del Estado”.

Con el ánimo de que su establecimiento coadyuvase “eficazmente al fomento y desarrollo de la Renta, y que por su manera de obrar, en relación con esos mismos Institutos, no han de producirse rozamientos ni dificultades”, se aprobó por real orden de 11 de junio de 1889 el “Reglamento para el Resguardo Especial de la Compañía Arrendataria de Tabacos”.

Dicho Resguardo especial tenía por objeto “la adquisición de datos y noticias relativas a la preparación o comisión del delito de contrabando, en cuanto afecte a la Renta de Tabacos, comunicar dichos datos a las Autoridades competentes y a los Resguardos de mar y tierra; auxiliar a unas y otros cuando para ello fueren requeridos, y aprehender, en ausencia de los mismos, los géneros de contrabando, instrumentos con que se prepare o efectúe, y los reos, poniendo todo a disposición del Delegado de Hacienda de la provincia donde se realice aquél, con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 20 de junio de 1852, y el arranque de las plantas de tabaco”.

Conforme se disponía en el mentado reglamento el Resguardo especial se dividía en dos grupos: el armado, compuesto de fuerza a pie, de a caballo y de marina; y el desarmado, subdividido a su vez en público y secreto.

Poco después, según se dispuso en la ley que fijaba los gastos del Estado y los ingresos para el año económico de 1892 a 1893, aprobada el 30 de junio de 1892, se autorizó al Gobierno para confiar a la Compañía Arrendataria de Tabacos el servicio de investigación del Timbre.

A todo ello habría que añadir tres lustros más tarde los cometidos del “Servicio especial de Vigilancia con destino a la represión del contrabando de cerillas y fósforos”, dependiente del administrador general del monopolio de fabricación y venta de cerillas y fósforos. Sus cometidos fueron regulados en la instrucción provisional aprobada por real orden de 20 de junio de 1908, “sin perjuicio de las facultades y deberes que incumban a la Inspección de la Hacienda pública, y de las funciones propias del Cuerpo de Carabineros y de los buques guardacostas”.

A estos efectos hay que precisar que fue con ocasión del mentado contrato de 1924, cuando se dispuso que la Compañía Arrendataria de Tabacos se iría haciendo cargo de los servicios de transporte, custodia, investigación y venta de cerillas y toda clase de fósforos, que hasta entonces constituía otro monopolio. 

Dos décadas después se aprobaría, por decreto de 3 de marzo de 1945, el proyecto de contrato para la explotación y administración del “Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos”, que supuso la creación de “Tabacalera S.A.”. El 11 de septiembre siguiente se aprobaría el “Reglamento provisional para la práctica de los Servicios de Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera S.A.”, que sería desempeñado por un cuerpo de inspectores y por una corporación de vigilantes especiales.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXVI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (28).

    Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de julio de 2022, pág. 8.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Una de las medidas que se tomaron durante el primer periodo de la Dictadura del general Primo de Rivera fue refundir en un solo texto la legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudacción. 

La producción normativa española en dicha problemática era muy profusa y cuando hay tanta abundancia legislativa sobre algo concreto suele ser señal evidente de que además de ser muy compleja no termina de acertarse en su solución. Y eso es lo que pasaba entonces en España desde al menos dos siglos antes.

Con tal propósito se dictó desde el Ministerio de Hacienda la real orden de 23 de mayo de 1924. Todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el real decreto de 25 de abril anterior, y en uso de la autorización otorgada a su subsecretaría, se verificó la refundición de las leyes penales y procesales de 3 de septiembre de 1904 y 18 de julio de 1922, con las reformas contempladas en los reales decretos de 16 de febrero y 25 de abril de 1924.

Tal y como se disponía en su artículo 1º, “es objeto de la presente ley la represión del contrabando y de la defraudación que se cometa por los preceptos tributarios de la renta de Aduanas, renta del alcohol, impuesto sobre azúcar e impuesto sobre la achicoria y otras sustancias”.

Seguidamente se definía que debía entenderse por contrabando y defraudación. Por contrabando debía entenderse “la ilícita producción, circulación, comercio o tenencia de géneros o efectos estancados o prohibidos”, mientras que la defraudación suponía “la fabricación, comercio, tenencia o circulación de los géneros o efectos sometidos a pago de derechos a que se refiere esta ley, cuando fuere con infracción de las disposiciones que aseguran la percepción del impuesto”.

Los actos u omisiones constitutivos de contrabando serían calificados como delitos siempre que el valor de los efectos estancados o prohibidos excedieran de 5.000 pesetas, es decir 30 euros. Para que el lector se haga idea de la correlación de precios entre entonces y la actualidad, significar que el sueldo mensual de un carabinero en 1924 no alcanzaba los 2 euros.

Entre las diferentes modalidades delictivas que se tipificaban en dicho texto había varias que se daban entonces con habitualidad en el Campo de Gibraltar, principalmente por contrabando procedente de la vecina colonia británica.

La primera era la importación de tabaco en rama o elaborado, cigarrillos de papel o picadura, “cualquiera que sea su clase, origen y procedencia” sin haberlo presentado en aduana habilitada para su despacho y satisfecho los correspondientes derechos. Podía rebajarse a infracción administrativa o falta reglamentaria si el tabaco aprehendido lo era durante la “visita de fondeo” o en el reconocimiento de equipajes o bultos de mercancías presentados al despacho de importación.

La segunda en la que también se incurría con frecuencia era la de “conducir en buque español o extranjero, de porte menor que el permitido por los Reglamentos, efectos estancados o géneros prohibidos de cualquier especie, ora sea en puerto no habilitado, bahía, cala o ensenada de las costas españolas, aún cuando la carga vaya consignada al extranjero; o por bordear dichos sitios dentro de la zona de seis millas (equivalente a 11.111 metros) desde la costa”.

En tal caso sólo estaba justificado cuando se encontrase dentro de esa zona, “por razón del temporal, temor fundado de enemigos o piratas o accidente en el buque que le imposibilite para navegar”.

La tercera modalidad en nuestras costas era la de “alijar o transbordar de un buque clandestinamente, o sea sin el necesario permiso e intervención de las Autoridades llamadas a otorgarlo, antes o después de presentado el manifiesto, efectos estancados o géneros de cualquier especie cuya importación se encuentre prohibida, aún cuando el buque se halle en puerto habilitado”.

Eran géneros estancados el tabaco y cualquier sustancia o artículo similar preparado al mismo uso que aquél; los efectos comprendidos y clasificados en la ley del impuesto de timbre y sello del Estado; los billetes de la lotería nacional y las rifas de todas clases, excepto las particulares que estuvieran autorizadas por la Administración; las cerillas fosfóricas o cualesquiera otros objetos similares que se destinasen al mismo uso. Mientras subsistiese el monopolio; las pólvoras de todas clases y las sustancias o mezclas explosivas compendidas en la ley que estableció el monopolio, mientras substiese éste; y todos los artículos o sustancias cuya producción, elaboración, fabricación o venta se hubiera reservado o tuviera monopolizado el Gobierno.

Los artículos prohibidos eran, además de los estancados, los comprendidos en el real decreto de 28 de diciembre de 1899. Es decir, las armas de guerra, proyectiles y sus municiones así como las pistolas, revólveres, fusiles y carabinas que superasen el calibre de 7 milímetros (entonces reglamentario en España para Fuerzas Armadas y de Orden Público) y no contasen con el correspondiente permiso del Gobierno; las reproducciones de las cartas hidrigráficas publicadas por el Depósito de la Marina; las cerbatanas y bastones-escopetas de viento; los libros e impresiones en castellano así como los mapas y planos de autores españoles en los casos contemplados en la ley de propiedad industrial; los misales, breviarios, diurnos y demás libros de la Iglesia católica cuya importación no estuviese autorizada por el Ministerio de Gracia y Justicia; las “palomas vivas procedentes de Gibraltar”, igual que lo estaban en las posesiones españolas del Norte de África, islas Baleares y Canarias, las de cualquiera procedencia extranjera; los “ochavos morunos” (monedas marroquíes acuñadas durante los siglos XVIII y XIX); las pinturas, figuras y “cualesquiera otros objetos que ofendan a la moral”; las preparaciones famaceúticas o “remedios secretos de composición desconocida o cuya fórmula no hubiese sido publicada”; “los rosarios, santuarios y demás objetos piadosos de los Santos Lugares que se introduzcan por el comercio o por los particulares”; el tabaco en la forma y casos prescritos por los reglamentos de su estanco, la semilla y el jugo del tabaco, conforme la real orden de 22 de agosto de 1893; y las cerillas fosfóricas y toda clase de fósforos, cuya fabricación y venta constituían un monopolio del Estado. También se incluían los artículos y objetos cuya entrada se prohibiera por otros ministerios para “evitar daños a la salud pública o perjuicios a la agricultura o la industria”.

De singular interés era la referencia a los delitos conexos que eran aquellos que tenían por ojeto “preparar, perpetrar o encubrir el contrabando o la defraudación”. Destacaba “la seducción, soborno o resistencia” contra la autoridad o sus agentes.

Dichos delitos se consideraban distintos e independientes de los actos de contrabando o defraudación que con ellos se relacionasen, conociendo por lo tanto los tribunales de justicia competentes con acción separada y aparte. Si la seducción o resistencia se realizase respecto a miembros de Carabineros, Guardia Civil, Ejército, Marina u otra fuerza armada que gozase de fuero militar, se estaría entonces a lo determinado en las leyes y disposiciones especiales, juzgándose entonces a los reos de dichos delitos por los tribunales castrenses o consejos de guerra. Todo ello independientemente del procedimiento que se instruyera por los delitos de contrabando o defraudación.

(Continuará).