Retomamos por tanto en estas líneas la interesante, peculiar y hasta lamentable historia que marcó significadamente la vida del comandante Fernández-Hermosa.
La Guerra Civil.
Todo aquel ilusionado proyecto por dotar de un armamento moderno y eficaz a la Guardia Civil quedó truncado como tantas otras cosas, entre ellas su brillante carrera militar, como consecuencia de la Guerra Civil. Al igual que le ocurrió a otros muchos españoles, terminó siendo repudiado por ambos bandos.
Sus vicisitudes fueron recogidas en boletines oficiales de la zona gubernamental y en la sentencia condenatoria dictada el 20 de julio de 1938, en la causa 363/1938 del Juzgado Eventual Militar núm. 6 de Valladolid.
El inicio de la sublevación militar le sorprendió el 18 de julio de 1936 en su destino de la Inspección General, ubicada entonces en la sede del ministerio de la Gobernación, a cuyos sótanos fueron trasladados por guardias de asalto del Cuerpo de Seguridad (antecedente histórico de la actual Policía Nacional), los oficiales del Regimiento de Artillería Ligera nº 1 detenidos en Getafe.
Según se hace constar en la sentencia, se preocupó de visitarlos y que se les proporcionara agua y comida así como que convenció al general de Caballería Sebastián Pozas Perea, inspector general de la Guardia Civil en esa fecha, para que los detenidos fueran custodiados por miembros de la Benemérita para mayor garantía de sus vidas mientras permanecieran en ese edificio.
Tras reconvertirse la Guardia Civil en Guardia Nacional Republicana por decreto de 30 de agosto siguiente, cesó poco después en su puesto de asesor técnico de armamento, siendo destinado en diciembre a Menorca. Ésta se encontraba casi sin oficiales ya que la mayoría, alrededor de un centenar, habían sido asesinados cuando estaban detenidos en la fortaleza de La Mola.
Sin embargo, no llegó a incorporarse ya que al pasar por Valencia se quedó adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, desde donde estuvo colaborando con los sublevados. Ayudó a perseguidos y facilitó información sobre la existencia de depósitos de municiones en Villarejo de Salvanés (Madrid), gracias a lo cual pudieron ser destruidos. También pasó información sobre una fabrica de dinamita en Alumbres, de Cartagena (Murcia).
El 2 de febrero de 1937 fue ascendido a teniente coronel continuando en el mismo puesto y a finales de octubre marchó a Barcelona, junto el resto del ministerio, al trasladarse el gobierno de la República. Destinado el 14 de diciembre siguiente al parque de Artillería del Ejército de Andalucía, fingió que se incorporaba en Linares pero desertó y cruzó la frontera con Francia.
El 1º de enero de 1938 volvió a cruzarla pero por Irún (Guipúzcoa) y se presentó a las autoridades de la llamada zona nacional. Tras ser detenido y trasladado a Valladolid fue juzgado el 8 de abril siguiente en consejo de guerra y condenado inicialmente a la pena de 6 meses y 1 día como autor de un delito de auxilio a la rebelión.
Sin embargo, revisada la sentencia por instancia superior, al considerar que había tardado mucho tiempo en pasarse de zona y prestado mientras tanto servicio al enemigo, fue revocada y se le condenó a la pena de 12 años y 1 día de reclusión con las accesorias de pérdida de empleo e inhabilitación absoluta durante la condena.
Mientras tanto en la otra zona, el juez especial de Espionaje y Alta Traición de Cataluña nº 2, lo había puesto en requisitoria, siendo finalmente dado de baja del Ejército Popular de la República, por abandono del servicio.
En enero de 1939 el jefe del Estado nacional acordó conmutarle la condena que ya estaba cumpliendo por la de 3 años y 1 día de prisión correccional y accesorias correspondientes. Aunque no consta en la documentación consultada es muy probable que tras la finalización de la contienda se le volviera a aplicar alguna nueva medida de gracia que redujera la condena.
El triste epílogo.
Una vez en libertad su situación personal y laboral debió ser muy dura y más si había estado encarcelado por pertenecer al bando de los vencidos, aún a pesar de que la sentencia le reconociera “sus buenos antecedentes” y “su probada ideología derechista.”
Tenía ya casi 50 años de edad, viudo sin hijos y con su único cuñado muerto en 1937 en Madrid como consecuencia de los sufrimientos padecidos durante el tiempo que había permanecido detenido en una checa del Frente Popular.
Su hermana falleció en 1946 quedándole sólo sus tres sobrinos, que habían servido como oficiales en el bando nacional: José Luis, que falleció siendo teniente coronel de Artillería en Barcelona en 1960, Rafael que fue ingeniero técnico agrícola, y Carlos, arquitecto, con el que conviviría los últimos años de su vida.
Si bien la pena accesoria de pérdida de empleo le había supuesto la expulsión del Ejército, la entrada de vigor del decreto de 26 de mayo de 1945, le permitió en julio del año siguiente conseguir conmutarla por la de suspensión de empleo. Gracias a ello pudo reintegrarse al Ejército pero pasando inmediatamente a la situación de retirado como comandante.
Dada su titulación de ingeniero industrial pudo trabajar en la factoría gaditana de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares S.A., donde permaneció hasta su jubilación.
Seguramente uno de los momentos más emotivos que vivió en esa época debió ser el 2 de noviembre de 1959 cuando participó en la Academia de Artillería, junto a sus antiguos compañeros de promoción, para celebrar las bodas de oro de su ingreso como cadetes. Entre ellos el general Jorge Vigón Suero-Díaz, ministro de Obras Públicas.
En el ayuntamiento le hicieron segoviano honorario, renovó juramento a la bandera y se rindió homenaje a los caídos de la promoción en dos de los más significados: los capitanes Federico y Miguel de La Paz Orduña, muertos en julio de 1921. El primero en defensa de la posición de Igueriben y le concedieron la cruz laureada de San Fernando, mientras que el segundo lo fue cuando acudía con un convoy en su auxilio.
Durante la Transición democrática se promovió el reconocimiento de nuevos derechos a los militares condenados por su pertenencia al bando vencido. De haber continuado en el servicio activo se hubiera retirado el 19 de octubre de 1955 como coronel, por lo que la aplicación del real decreto-ley 6/78 de 6 de marzo, tuvo el efecto de fijarle un nuevo haber pasivo como tal.
Al jubilarse regresó a vivir en Madrid donde falleció el 26 de diciembre de 1981, con 90 años de edad. Tres años después se promulgaba la Ley 37/1984 que le hubiera reconocido el empleo de coronel a todos los efectos y no sólo económicos. Bien seguro que hubiera sido lo que más hubiese deseado en su vida.
Nota. Se agradece la inestimable colaboración del coronel de Infantería Luis García San Miguel Arniches, sobrino-nieto del comandante Rafael Fernández-Hermosa Melchor; de José Cobreros Aranguren, nieto del general de brigada de la Guardia Civil José Aranguren Roldán; del coronel de Artillería José Ignacio Vázquez Montón y del capitán de Artillería Juan Álvarez Albarrán, del Archivo General Militar de Segovia, en las fechas de consulta de la hoja de servicios de nuestro protagonista; del teniente coronel Javier Alonso Herranz, actual jefe de estudios de la Academia de Artillería de Segovia; así como de los investigadores Carlos Engel Cellier y Javier Sánchez Regaña.
