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miércoles, 21 de septiembre de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXVII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (39).



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 19 de septiembre de 2022pág. 10.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

Al inicio de 1931 el Cuerpo de Carabineros contaba con una plantilla total presupuestaria de 16.129 efectivos. Además de sus 4 oficiales generales, incluido el director general, había 171 jefes, 598 oficiales, una fuerza de 15.292 hombres (14.482 de infantería, 350 de caballería y 460 de mar) así como 33 maestros armeros y 64 matronas.

Territorialmente estaba organizado en 14 subinspecciones, mandadas por coroneles y 32 comandancias mandadas por tenientes coroneles. No todas las provincias eran residencia de una jefatura de Comandancia pues en algunos casos dicha unidad territorial tenía por demarcación más de una provincia.

Sin embargo, en el caso de las provincias de Cádiz y Málaga ocurría lo contrario que en el resto de España. Cada una tenía dos comandancias de Carabineros. Las de Cádiz y Algeciras desde 1878 por un lado, constituyendo en 1931 la 6ª Subinspección, y las de Málaga y Estepona desde 1889 por otro lado, integrando la 5ª Subinspección. La razón de tal excepcionalidad era combatir con mayor eficacia y eficiencia el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar y que bien por vía terrestre o marítima se introducía en el estado español.

En la provincia de Cádiz, según el “Escalafón General de los Señores Jefes y Oficiales del Cuerpo de Carabineros”, correspondiente a 1º de enero de 1931 y publicado en su imprenta de Madrid, había entre ambas comandancias una plantilla que contabilizaba un total de 1.518 efectivos (706 en la de Cádiz y 812 en la de Algeciras). En la provincia de Málaga dicha cifra era de 1.180 efectivos (652 en la de Málaga y 528 en la de Estepona).

La Comandancia de Algeciras era por lo tanto, después de la Comandancia de Barcelona que tenía 813 efectivos, es decir, tan sólo uno más, la segunda de España con mayor número de personal. Ello puede dar idea de la trascendencia que tenía en el Campo de Gibraltar el contrabando procedente del Peñón. Y si se le añadieran los 528 efectivos citados de la Comandancia de Estepona, creada específicamente para el mismo fin que la de Algeciras, podría afirmarse con absoluta rotundidad que la colonia británica, al proclamarse la Segunda República, era el principal quebradero de cabeza para la Hacienda española en materia de contrabando.

La plantilla de la Comandancia de Algeciras estaba compuesta por 1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 12 tenientes, 7 alféreces, una fuerza de 727 efectivos de infantería (6 suboficiales, 41 sargentos, 44 cabos, 1 cabo de cornetas, 17 cornetas, 37 carabineros de 1ª clase y 581 de 2ª), una fuerza de 25 de caballería (2 sargentos, 2 cabos, 1 trompeta, 2 carabineros de 1ª clase y 18 de 2ª), una fuerza de 15 de mar (1 sargento, 1 carabinero de 1ª clase y 13 de 2ª), así como un maestro armero y 16 matronas. 

En relación a estas últimas mencionar que venían prestando servicio conforme a las instrucciones dictadas en una orden fechada el 13 de agosto de 1921, siendo su misión principal la del reconocimiento corporal en los recintos aduaneros a personas de su mismo sexo. Resulta muy significativo que de 64 mujeres que tenía la plantilla a nivel nacional, 16, es decir, el 25%, estuvieran destinadas en el Campo de Gibraltar y que casi práctica totalidad de ellas prestase servicio en la aduana de La Línea de la Concepción. 

Ello ponía una vez más de relieve la importancia que tenían los filtros que se establecían en el paso de la “Verja” para evitar la entrada por dicho punto de géneros de contrabando procedentes de la colonia británica, adosados al cuerpo u ocultos bajo la ropa de las transeúntes. Aunque dicha modalidad ilícita se daba también entre los hombres era superior su práctica entre mujeres. 

Por otra parte, también hay que significar que en las cifras de la Comandancia de Algeciras no se ha contabilizado al personal de la denominada “Compañía de África”, que estaba encuadrado administrativamente en la misma. Dicha unidad estaba constituida por 92 efectivos (1 capitán, 2 tenientes, 3 sargentos, 6 cabos, 2 cornetas, 4 carabineros de 1ª clase y 64 carabineros de 2ª de infantería, 5 carabineros de 2ª de caballería así como 1 sargento y 4 carabineros de 2ª clase de mar). Con cabecera en la ciudad de Ceuta estaba a su frente el capitán José de Angulo Vázquez. Sus dos secciones tenían a sus tenientes en dicha ciudad y en la de Melilla, tratándose de Manuel Riaza Marina y de Rafael Sainz Gutiérrez, respectivamente.

Respecto al teniente Riaza hay que recordar que cuando estuvo destinado anteriormente en la ciudad de Algeciras, al frente de la sección que prestaba el servicio de resguardo en la aduana de su puerto, había culminado un hecho notorio que tuvo gran repercusión en la prensa de época. Sirva como ejemplo que el diario “La Correspondencia Militar”, correspondiente al 12 de diciembre de 1927, en su portada publicaba la fotografía del joven oficial y relataba extensamente el importante servicio practicado con la falúa “General Cosidó”, cuya tripulación estaba compuesta por carabineros de mar. 

En su detallada crónica podía leerse: “Habiendo tenido noticias dicho oficial de que varios botes de pesca del poblado de Palmones, habíanse construido finos secretos, en los que introducían cantidades de tabaco de Gibraltar, concibió el proyecto de descubrir aquéllos a todo trance. Y después de obtener la venia del prestigioso y activo jefe de la Comandancia, don Alfredo Zapata Crespo, se lanzó a la empresa de hacer una redada, como él denomina a este fruto de sus actividades y entusiasmos por el servicio.

Para conseguirlo, salió con la falúa antes citada a hacer un recorrido por la bahía, acompañándoles en el mismo el cabo Basilio Mondéjar Pérez y marinos Fernando Domínguez González, José Ortega Ortega, Francisco Benítez Sena y José Vázquez Gil. Después de varias maniobras y penosos trabajos de reconocimiento de embarcaciones en el mar, no exentos de peligro y responsabilidades, logró descubrir en tres de las embarcaciones reconocidas, secretos con tabaco de contrabando, en cantidad de 46,500 kilogramos, entre las tablas de aforo y la tapa de regala, y efectuar la aprehensión de dichas embarcaciones con ocho reos, que luego condujo al puerto para los efectos prevenidos en la ley de contrabando”.

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y Alfonso XIII había partido ya para el exilio, el Cuerpo de Carabineros al igual que ocurrió con el de la Guardia Civil, el Ejército y la Marina de Guerra, acataron el nuevo régimen.

Inmediatamente, por orden circular dictada tan solo dos días más tarde, comenzaron una serie de modificaciones en uniformes, emblemas, material y atributos militares para que desapareciesen todas las insignias reales y representaciones de la monarquía.

Respecto al emblema de Carabineros se dispuso por orden circular de 21 de mayo siguiente su sustitución por uno nuevo al igual que había ocurrido el día anterior con el de la Guardia Civil.

A propuesta del director general de Carabineros, se aprobó que el nuevo emblema estaría constituido por dos carabinas cruzadas sobre un sol radiante situado en el centro.

(Continuará).

 

jueves, 15 de septiembre de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXVI). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (38).



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 12 de septiembre de 2022pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

A finales del mes de diciembre de 1930 la monarquía de Alfonso XIII estaba agonizando aunque muchos, comenzando por quienes la apoyaban y sostenían, no eran conscientes de ello.

Dicho año había comenzado, concretamente el 30 de enero, con la dimisión, aceptada por el rey, del teniente general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, como presidente del consejo de ministros, “quedando altamente satisfecho de sus relevantes servicios y del acierto, celo y lealtad con que lo ha desempeñado”. Ese mismo día designó en su lugar al de mismo empleo, Dámaso Berenguer Fusté, otorgándole además la cartera del Ministerio de la Guerra.

Durante los meses siguientes, la situación política y social española, lejos de mejorar se fue deteriorando cada vez más. El año concluiría con la sublevación militar encabezada el 12 de diciembre en la localidad oscense de Jaca por el capitán de Infantería Fermín Galán Rodríguez, quien proclamaría la República. Tras ser sofocada la rebelión sería juzgado, condenado a muerte por un consejo de guerra y fusilado junto al de igual empleo, Ángel García Hernández. 

En los enfrentamientos armados que entonces se registraron, resultaron muertos y heridos diversos miembros del Ejército así como de la Guardia Civil y de Carabineros. Respecto a este último se dictó por real orden de 19 de dicho mes, “que el Gobierno ha visto con satisfacción y ha apreciado en todo su valor el alto espíritu y la actuación de las fuerzas de ese Instituto, en los tristes sucesos acaecidos recientemente en la provincia de Huesca, y la disciplina, lealtad y abnegación que pusieron de manifiesto en defensa del orden público y las Instituciones, siendo igualmente deseo de S.M. que se haga constar así en la documentación de todo el personal que intervino en aquéllos sucesos”.

Al comenzar 1931, cuyo 14 de abril se proclamaría por fin la Segunda República, se encontraba al frente del Cuerpo de Carabineros, como director general del mismo, el teniente general Antonio Vallejo Vila. El subdirector general era el general de división Eladio Soler Pacheco, natural de San Roque. El secretario de la dirección general era el general de brigada Miguel Garrote Cancelo y el inspector general era el general de brigada Eliseo García del Moral Sánchez.

Respecto a la provincia de Cádiz, según el escalafón de dicho año, la residencia de la 6ª Subinspección (Comandancias de Cádiz y Algeciras) se encontraba ya asentada en la capital gaditana tras su efímero periodo algecireño. Continuaba a su frente el coronel Mariano Adsuar Perpiñán, mientras que la Comandancia de Cádiz la mandaba el teniente coronel Ignacio Orduña del Campo y la de Algeciras, el de igual empleo, Aureliano Prieto Aguilera.

En ésta última, cuya demarcación era el Campo de Gibraltar, sus dos comandantes eran Alfonso Romay Moar y Miguel Catalá Clemente, con residencia respectivamente en Algeciras y La Línea de la Concepción. San Roque había dejado de ser la residencia del comandante jefe de servicio al considerarse su presencia de mayor interés por razones operativas en la ciudad linense. Éste era el único municipio del Campo de Gibraltar donde seguían desplegadas dos compañías de infantería de Carabineros para hacer frente al contrabando procedente de la colonia británica, tanto a lo largo de la “Verja” y la aduana como en la costa.

Los capitanes eran Eugenio Calvete Hernández, en la plana mayor de la comandancia; Aurelio Sánchez Izquierdo que mandaba la compañía de Puente Mayorga; Luis Quintero Iglesias, la de Atunara; Fidel del Pozo Herrero, la de La Línea de la Concepción; José Gata Igartúa, la de Algeciras; y Ángel Espías Bermúdez, la de Tarifa. 

Los tenientes eran Rafael Muñoz Lafuente, al frente de la sección de San Roque; Luis García Saseta, la de Palmones (Los Barrios); Florencio Conde Gacén y Alfredo Risco Gómez, las de Algeciras; Francisco Hermida Medina, la de Castillo de España (La Línea); Avelino Ballesteros Villar, la de Valdevaqueros (Tarifa); Francisco Pareja Viñas, la de La Línea; Esteban Rovira Pacheco, la de Atunara (La Línea); Ángel Martínez Ezquerro, la de Guadalmesí (Tarifa); y José de León Huete, la de Cañada del Peral (Algeciras). 

Los alféreces eran Emilio Almendral Rozas, como jefe de la sección de Paredones (Algeciras); Manuel Martínez-Mora Núñez, de la de Jimena de la Frontera; Manuel García Fernández, la de Puente Mayorga; Cristóbal Sánchez-Ocaña, la de San Felipe (La Línea); Julián Zubeldía Moreno, la de Carboneras (San Roque); Juan Porto Gallego, la de Caleta (Tarifa); y José Fajula Lloveras, la de San García (Algeciras).

El despliegue territorial de la Comandancia de Algeciras estaba estructurado sobre cinco compañías de infantería desplegadas en el Campo de Gibraltar y una sección de caballería con cabecera en San Roque, además de la fuerza de mar. También estaba encuadrada en la comandancia, pero sólo a efectos administrativos, la “Compañía de África”, con cabecera en Ceuta.

La 1ª compañía tenía su cabecera en la barriada linense de Atunara, cuya sección de Carboneras disponía de un puesto en la propia residencia y otro en Guadalquitón, mientras que la Sección de Atunara los tenía en la barriada que le daba nombre y Torrenueva. 

La 2ª compañía estaba en La Línea de la Concepción. Desplegaba la sección de Castillo de España con puestos en dicha residencia, Santa Bárbara y Zabal, así como la sección de San Felipe con puestos en la residencia, Espigón, Cachón de Jimena y la aduana de La Línea.

La 3ª compañía cuya cabecera estaba fijada en Puente Mayorga, tenía fijada la sección de la residencia con puestos en el poblado, Guadarranque, Río Guadarranque y Toril; la sección de Palmones, con puestos en la orilla del río que le daba nombre, a las afueras del poblado y en plena barriada barreña, así como en Rinconcillo (Algeciras); la sección de Jimena de la Frontera con puestos en la residencia, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo; y la sección de la Estación de San Roque, con puestos en la misma así como en las estaciones ferroviarias de Los Barrios, Almoraima, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Pablo de Buceite. La sección de caballería de San Roque tenía puestos en la residencia, Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa.

La 4ª compañía cuya cabecera estaba sita en Algeciras contaba con la sección de Paredones y sus puestos de la residencia y Ojo del Muelle; la sección de San García con los puestos de esa punta y de Las Barcas; la sección de Cañada del Peral con los puestos de la residencia y de El Tolmo; la sección de la aduana de los muelles de Algeciras con los puestos del recinto portuario y de la estación ferroviaria de la ciudad; así como la falúa “General Cosidó”.

La 5ª compañía con residencia en Tarifa tenía la sección de Guadalmesí con los puestos de la residencia, Arenillas y Oliveros; la sección de Rada de Tarifa con los puestos de marinos, Caleta, Los Lances y Boquete de la Peña; la sección de Valdevaqueros con los puestos de la residencia, Palomas y aldea de Facinas; y la sección de Bolonia con los puestos de la residencia, Torregracia y Torreplata.

(Continuará).

 

 

jueves, 8 de septiembre de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (37).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 5 de septiembre de 2022pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

Según la “Revista Técnica de la Guardia Civil”, de noviembre de 1929, en la fecha de la concesión a dicho Cuerpo, por real decreto de 4 de octubre anterior, de la Gran Cruz de la Orden de la Beneficenciacon distintivo negro y blanco, tenían ya otorgadas individualmente otras categorías de tan prestigiosa Orden, un total de 573 guardias civiles: 3 coroneles, 3 tenientes coroneles, 7 comandantes, 13 capitanes, 12 tenientes, 13 alféreces, 62 clases de 1ª categoría y 460 de 2ª.

Aunque no se ha localizado aún el número exacto de carabineros que eran miembros de dicha Orden, debía ser también una cifra muy elevada. Si bien, lamentablemente, el Cuerpo de Carabineros no ha sido objeto de tantas publicaciones como el de la Guardia Civil, sí que tenía un boletín oficial titulado “El Guía del Carabinero”, iniciado en 1851 y finalizado en 1936. Sin embargo, ninguna institución conserva la colección completa y se encuentra fraccionada y dispersa en numerosas bibliotecas públicas y privadas, constituyendo un perjuicio para historiadores e investigadores que no se encuentre digitalizada y accesible en Internet. A este respecto hay que significar que sucede lo mismo con los boletines oficiales históricos de la Guardia Civil en sus diferentes denominaciones, aunque esto parece ser que está en vías de solución.

No obstante, sirva como referencia la alusión que hizo el entonces sargento de Carabineros Joaquín Viciana Hernández, de la Comandancia de Almería, en su obra “Glorias Militares. Carabineros y Guardia Civil”, publicada en 1914 y digitalizada en Internet: “Si a relatar fuéramos cuantas heroicidades y actos de valor, en todos sentidos, han realizado y realizan casi a diario los Carabineros y Guardias Civiles, no acabaríamos nunca. Ellos son los que constantemente en las arenosas o acantiladas playas con gran exposición de sus vidas salvan a pobres pescadores cuando la furiosa tormenta estrella su débil barquilla contra las rocas o las deshace en el mar con la inmensa fuerza de sus gigantescas olas; ellos, los que sin dudas ni vacilaciones se lanzan al agua para arrancar de las garras de la muerte a los seres que ven en peligro de ahogarse; ellos, los que guían evitándole de perecer envueltos entre terribles montañas de nieve al infeliz caminante; ellos los que al ver en lóbrega noche, la rojiza llama iniciadora de algún incendio se lanzan en socorro de los que sin auxilio, probablemente serían pastos de las llamas; ellos, en fin, son siempre y en todo momento la providencia de los que a su lado corren algún peligro, y para salvarlos del cual, desprecian generosamente su vida, sin más acicate para hacerlo que la inmensa satisfacción sentida de las almas nobles al llevar a cabo un acto humanitario. Por eso es muy frecuente ver brillar en los uniformes de Carabineros y Guardia Civil la cruz de beneficencia, siendo muchísimos los que ostentan en su pecho la honrosa y preciada condecoración”. 

Su concesión, que conllevaba la realización de “actos benéficos con riesgo personal”, motivó que por el director general de la Guardia Civil, teniente general José Sanjurjo Sacanell, se dictase la Orden General de 7 de octubre de 1929. Publicada tres días más tarde en el boletín oficial del Cuerpo, terminaba concluyendo, tras felicitar a “Generales, Jefes, Oficiales y Tropa por tan señalada distinción” y mostrar su más sincera y emotiva satisfacción: “Sois dignos de los que supieron ganar para la Institución el título de Benemérita, y estoy orgulloso de mandaros”.

Hasta la concesión de dicha recompensa con carácter colectivo a Carabineros y la Guardia Civil, tal y como se resumía en el número de diciembre de 1929 de la “Revista Técnica de la Guardia Civil”, la ostentaban el Regimiento de Cazadores de Caballería Alfonso XIII núm. 24, por los actos humanitarios realizados durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918); el Primer Regimiento de Zapadores Minadores, por los extraordinarios servicios prestados por su 2º Batallón en Zeluán y Monte-Arruit en 1921 con ocasión de la recuperación e inhumación de millares de cadáveres de militares españoles abandonados a la intemperie tras el “Desastre de Annual”; y la 1ª Comandancia de Sanidad Militar, por su actuación en el territorio del Protectorado de España en Marruecos y, especialmente, por los extraordinarios servicios prestados en las dos posiciones anteriormente mencionadas. 

La concesión de una condecoración a un colectivo militar conlleva la posterior ceremonia de imposición de la corbata. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la corbata se define como “Banda o cinta guarnecida con bordadura o fleco de oro o plata, que con breve lazo o nudo, y caídas a lo largo las puntas, se ata en las banderas y estandartes en el cuello de la moharra como insignia de honor”.

En el caso de la Orden de la Beneficencia la cinta era de seda color blanco, con franjas negras estrechas a los bordes. Estaba rematada por flecos de hilo de oro y tenía bordada una venera con su estrella de ocho puntas, en cuyo centro, también bordado tenía la inscripción “Carabineros” o “Guardia Civil”, respectivamente, junto a la fecha de concesión y rodeada por una orla blanca que contenía la leyenda en latín “Fortitudo Charitas Abnegatio”, cuya traducción sería “Fortaleza Caridad Abnegación”.

La corbata de Carabineros se impuso al día siguiente de su concesión a la bandera del Colegio de Carabineros Jóvenes. La solemne ceremonia, tal y como relataba en su detallada crónica el diario madrileño ABC en su edición matinal del 10 de septiembre de 1929, tuvo por escenario la explanada del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, localidad donde se encontraba establecido dicho centro de enseñanza militar. Éste había sido creado por real orden de 22 de octubre de 1863, “con objeto de dar educación adecuada a los huérfanos e hijos de clases e individuos de tropa que hayan servido o sirvan en el Cuerpo de Carabineros, y a los de jefes y oficiales del mismo”.

La ceremonia tuvo por principales objetivos conmemorar el primer centenario de Carabineros, creado por real decreto de 9 de marzo de 1829, así como celebrar la “primera fiesta en honor de su excelsa Patrona, la Santísima Virgen de Covadonga”, proclamada como tal el 16 de enero de 1929.

La corbata de la Orden de la Beneficencia fue impuesta por la Infanta Isabel de Borbón Borbón, tía de Alfonso XIII, en presencia del ministro del Ejército, teniente general Julio de Ardanaz Crespo; del ministro de Hacienda José Calvo Sotelo; del subdirector general de carabineros, general de división Jenaro Gutiérrez Valdecara; del general de brigada inspector de la Guardia Civil Antonio Juliá Noguera; y de otras muchas autoridades civiles y militares entre los que se encontraba el general de brigada de Carabineros sanroqueño Eladio Soler Pacheco.

Respecto a la Guardia Civil, al tener concedido el derecho de uso de enseña nacional, tanto el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro como buena parte de los Tercios, las correspondientes corbatas no fueron impuestas hasta el 27 y 28 de marzo de 1930, celebrándose solemnes ceremonias. El director general del benemérito Instituto, Sanjurjo, presidiría la más antigua de todas ellas, custodiada en el 14º Tercio (Madrid).

(Continuará).

 

 

miércoles, 31 de agosto de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXIV). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (36).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 29 de agosto de 2022pág. 12.


El original está ilustrado con dos fotografías en color.



Continuando con el nuevo texto penal en materia de contrabando y defraudación, aprobado por real decreto-ley de 14 de enero de 1929, y que entraría en vigor a partir del 6 de febrero siguiente, hay algunas cuestiones interesantes de reseñar.

En su extensa exposición de motivos resultaba significativa la reflexión que hacía respecto a “que se prescinda de la pena subsidiaria de arresto o prisión establecida actualmente para los casos de insolvencia del reo”, ya que “sería incompatible aquel principio con la posibilidad de descontar de antemano la ineficacia de la pena, ya que en esta clase de infracciones más ha de fiarse para prevenirlas en el temor a la sanción que en la reprobación de la propia conciencia y aún de la conciencia social, mientras no lleguen tiempos en que, afinada la sensibilidad colectiva, reaccione ésta ante el agravio al patrimonio de todos con igual intensidad que ante el patrimonio de uno”. 

Es decir, si por una parte el contrabandista o defraudador era insolvente económicamente, motivo por el cual no abonaba multa alguna y, por otra parte, dejaba de haber privación de libertad sustitutoria, ello se terminaría traduciendo en impunidad, máxime cuando no existía una conciencia social de reproche hacia el contrabandista o defraudador por sus actos ilícitos.

Otra reflexión que se introducía en dicha exposición y afectaba directamente a la fuerza aprehensora, que solía pertenecer al Cuerpo de Carabineros, y más si se trataba del Campo de Gibraltar, era la controvertida cuestión de los premios económicos que en la actualidad, conforme a la normativa vigente, y desde hace unas décadas, ya no se perciben.

Conforme a la legislación existente hasta 1929 correspondía a los aprehensores, “la totalidad de las multas en los casos de contrabando, y en los de defraudación, toda la porción de las mismas que constituya multa propiamente dicha”. Ello tenía dos consecuencias. La primera era que la participación en la multa no fuese siempre “un premio al esfuerzo o al celo del titulado descubridor, sino que represente un derecho, encuadrado, en muchos casos, tan sólo por el azar”. Y la segunda, “la exagerada cuantía, en ocasiones, de semejante participación, que puede algunas veces determinar súbitos enriquecimientos notoriamente desproporcionados con la labor realizada”. Si el valor económico del contrabando aprehendido era muy elevado el premio en metálico a percibir por los aprehensores o descubridores sería entonces también muy elevado.

El propósito de la nueva normativa, entre otras cuestiones, además de reducir las cuantías de los premios, era que se recompensase económicamente con el nuevo porcentaje que correspondiese de las multas, “a los aprehensores siempre y a los descubridores cuando efectivamente deban ser calificados así, o sea, cuando el descubrimiento se deba a actos, iniciativas, o gestiones que, excediendo del mero cumplimiento de los deberes oficiales, revelen notorio celo en el servicio”. Con la nueva normativa se reducirían sensiblemente tanto las cuantías de los premios como los casos en que había derecho a los mismos.

La facultad discrecional para declarar si había lugar o no a la concesión de premio pasaba a recaer en la Administración, estableciéndose una escala progresiva decreciente para los casos en que la participación correspondiente a aprehensores o descubridores y denunciantes, en su caso, excediese de 100.000 pesetas. A tal efecto hay que recordar que el sueldo mensual de un carabinero en 1929 era inferior a 300 pesetas.

Por otra parte y coincidiendo en el tiempo con el centenario de la creación del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras por real decreto de 9 de marzo de 1829, se procedió a reconocer por fin su abnegada y meritoria labor benemérita.

Por real decreto de 7 de septiembre de 1929 se concedería al Cuerpo de Carabineros la gran cruz de la Orden de la Beneficencia, con distintivo negro y blanco. Fue otorgada por Alfonso XIII, “por los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos”. Se trató de la primera y única recompensa colectiva recibida en los cien años de existencia que acababa de cumplir dicho Instituto del Ejército.

Los orígenes de tan prestigiosa Orden se remontan al reinado de Isabel II. Fue creada por real decreto de 17 de mayo de 1856, como consecuencia de las epidemias de cólera y otras calamidades que afligieron a España durante el bienio 1854-1855. Su finalidad fue premiar a todas las clases de la sociedad que dieran señaladas pruebas de abnegación en el socorro a sus semejantes.

Dicha Orden dependía del Ministerio de la Gobernación y fue reorganizada por real decreto de 30 de diciembre de 1857. Estaba destinada, conforme se establecía en su artículo 1º, “a premiar los actos heroicos de virtud, abnegación, de caridad, y los servicios eminentes que cualquier individuo de ambos sexos realice durante una calamidad permanente o fortuita, mediante los cuales se haya salvado o intentado salvar la fortuna, la vida o la honra de las personas; se hayan disminuido los efectos de un siniestro, o haya resultado algún beneficio trascendental y positivo a la humanidad”.

Posteriormente, por real decreto de 21 de julio de 1910, se refundió con la Cruz de Epidemias, que había sido creada por real orden de 15 de agosto de 1838, pasando a ser desde entonces conocida sólo por el nombre de la Orden Civil de la Beneficencia. Su prestigio y crédito ante la Sociedad, eran tales que incluso la Segunda República, tras proclamarse el 14 de abril de 1931, la asumió y mantuvo a pesar de proceder del régimen monárquico, no desapareciendo como así le ocurrió a otras distinciones honoríficas.

Respecto al mentado distintivo negro y blanco, pues había otros distintivos de diferentes colores en función de los méritos contraídos, eran acreedores, según el texto de 1910, sólo aquellas personas o instituciones en quienes concurrieran alguna de las circunstancias siguientes: “Los que durante una calamidad permanente o fortuita hayan salvado o intentado salvar la vida, la fortuna o la honra de las personas, con riesgo de su vida propia. Los que con repetidos actos de abnegación, virtud o caridad y perjuicio positivo para ellos mismos, hayan realizado positivos beneficios para otro. Los que con cualquier motivo hayan llevado a cabo un acto que merezca la calificación de heroico. Y los que excediéndose de su deber estricto, hayan puesto en riesgo su vida para asegurar la paz y tranquilidad de sus conciudadanos, defender el orden o exigir el cumplimiento de las leyes”.

No transcurriría siquiera un mes de su concesión al Cuerpo de Carabineros, cuando por real decreto de 4 de octubre de 1929 dicha recompensa, en su modalidad colectiva, se le otorgó también al de la Guardia Civil, que desde su creación en 1844 venía siendo popularmente denominado con el sobrenombre de “la Benemérita”.

Hasta entonces dicha recompensa, con carácter colectivo, tan sólo la ostentaban muy pocas unidades, entidad regimiento, del Ejército, pero no toda una Institución. Tras integrarse Carabineros, al entrar en vigor la ley de 15 de marzo de 1940, en la Guardia Civil, ésta pasó a ser doblemente benemérita.

(Continuará)

 

 

viernes, 26 de agosto de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXIII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (35).

 


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 22 de agosto de 2022pág. 8.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

Quien pueda creer que el problema de la droga es algo relativamente reciente en el tiempo y que se remonta a tan sólo cuatro o cinco décadas, se equivoca, pues constituye una lacra más que centenaria.

Desde principios del siglo XX, el aumento de la circulación y consumo de las “drogas eufóricas” fue aumentando de tal forma, y originando tales estragos entre la población, con la consiguiente preocupación de todas las naciones, que comenzaron a promoverse acuerdos internacionales. El primero fue el Convenio de la Haya, suscrito el 23 de enero de 1912. En él, se fijaron pautas generales para la legislación sobre el tráfico del opio, cocaina, morfina y demás sustancias análogas.

Doce años más tarde, en 1924, la Sociedad de Naciones, convocaría en Ginebra una nueva conferencia para seguir trabajando en ello. Sin embargo, la situación mundial, lejos de mejorar, fue empeorando. La desigual regulación legal en cada país y la falta de coordinación en las medidas conjuntas que se precisaban terminó por desembocar en un escenario internacional realmente preocupante.

En España, con el propósito de hacer frente a la situación, cuya agravación era notable, se dictó, a propuesta del ministro de la Gobernación, teniente general Severiano Martínez Anido, con dictámenes favorables de la “Asamblea Nacional Consultiva” y el consejo de ministros, el real decretro-ley de 30 de abril de 1928.

El inicio de su exposición no podía ser más explícito, claro y contundente: “Conocidos son del público los graves males que el empleo abusivo de las drogas tóxicas, llamadas estupefacientes, ocasiona. Su consumo aumenta y se generaliza en tal proporción que lo que antes eran casos aislados, constituye en nuestros días una verdadera plaga, Son millares de individuos, de uno y otro sexo, que habituados al uso de los agentes eufóricos, pierden la salud, aniquilan sus actividades, cometen, impelidos por el vicio, actos criminosos y, lo que es peor, transmiten a sus hijos estigmas indelebles de ruina física y degeneración moral”.

En dicho real decreto-ley se aprobaron las bases para la restricción del Estado en la distribución y venta de estupefacientes. Su finalidad era evitar que el tráfico libre hiciera posible la aplicación de dichas sustancias sin prescripción médica justificada, procurar el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales así como que el Estado, en defensa de la salud pública, luchase eficazmente contra el mal social de la toxicomanía.

La “Restricción de Estupefacientes” sería, según se establecia en el texto citado, un servicio público que radicaría en el Ministerio de la Gobernación, dependiendo de la Dirección general del Instituto Técnico de Comprobación. Ésta estaría encomendada a una “Junta social y administrativa”, auxiliada de una “Inspección Técnica” dependiente de la primera. 

Los miembros de dicha junta serían el director del mentado Instituto como presidente nato de la misma, el jefe del Negociado de Farmacia de la Dirección de Sanidad, un delegado de la Dirección General de Seguridad, un delegado de la Dirección General de Aduanas, un vocal del Tribunal Supremo de Hacienda, un vocal del Ministerio de Hacienda, un vocal del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, un vocal representante de los Colegios Médicos, un vocal representante de los Colegios Farmaceúticos y dos vocales pertenecientes a “entidades sociales dedicadas, específica o genéricamente, a la lucha contra la toxicomanía”.

El ámbito competencial territorial alcanzaría “a todo el territorio del Estado español, al de sus colonias y al de sus posesiones del Norte de África”.

Respecto a la “Inspección Técnica”, estaría formada por los subdelegados de Farmacia y por inspectores regionales que debían ser licenciados en Farmacia, “que no tengan oficina ni laboratorios propios, ni intervención interesada en otra oficina ni laboratorio”. De esa forma se garantizaba que no hubiera conflicto alguno de intereses.

La Dirección General de Seguridad, por su parte, debía destinar a la Inspección del tráfico y represión del contrabando de las sustancias sujetas a la restricción, “una brigada especial de Agentes, que, sin perjuicio de su servicio ni perder su relación con el organismo citado, dependerá de la Restricción de estupefacientes, recibiendo una instrucción especial, favorable al fin que se persigue”. Tales agentes percibirían, además de los emolumentos de su profesión, la retribución extraordinaria que les correspondiese en función de los resultados de sus trabajos.

Con independencia de dicha brigada, “ejercerán escrupulosa vigilancia respecto del comercio clandestino de estas sustancias los Carabineros, Agentes de vigilancia en general y Guardia Civil, conforme a lo que se establezca en la reglamentación”. Para estos se instituirían premios en metálico para los que anualmente hubieran prestado mejores servicios.

Los productos y especialidades que estaban sometidos a la mentada “Restricción de estupefacientes” serían los comprendidos en el real decreto-ley que se aprobaría casi siete meses después, concretamente el 13 de noviembre de 1928. Del extenso listado que se detallaba en su texto ya que se detallaban numerosas sustancia de uso sanitario, habían de significarse el opio, sus extractos, tinturas, electuarios, polvos y píldoras; la morfina y sus sales; las hojas de coca y sus extractos; la cocaina y sus sales; así como el cáñamo indiano, su resina y extractos.

Posteriormente, prosiguiendo con la intensa producción normativa de la época, un real decreto de 26 de julio de 1929, procedente también del Ministerio de la Gobernación cuyo titular continuaba siendo el general Martínez Anido, aprobó el “Reglamento complementario de los Reales decretos estableciendo la Restricción de Estupefacientes y la forma de evitar su comercio y empleo abusivo”.

Ya para entonces había comenzado a regir “como ley del Reino”, el nuevo Código Penal, aprobado por real decreto-ley de 8 de septiembre de 1928 y entrado en vigor el 1º de enero siguiente. Suscrito por Alfonso XIII y de acuerdo con el parecer del consejo de ministros, había sido propuesto el proyecto por el titular de la cartera de Gracia y Justicia, Galo Ponte Escartín. 

Hay que significar que éste, cuyo ministerio pasaría a denominarse a partir de noviembre de 1928, “de Justicia y Culto”, había sido presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz durante un par de años. Concretamente entre 1919 y 1921, tras haber sido titular del juzgado de primera instancia del distrito de la Lonja en Barcelona. 

Si bien continuaba al frente del gobierno el jerezano y teniente general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, hacía ya más de tres años que había concluido el llamado “Directorio Militar” y se estaba en la última fase del denominado “Directorio Civil”, aunque ello todavía no lo sabían ni los propios interesados.

La publicación del nuevo Código Penal, que venía a sustituir al de 1870, “tenía forzosamente que ser seguida de una inmediata revisión de la legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudación”, al objeto de acomodarla, en lo posible, a la nueva ley común.

Consecuente con ello, el 14 de enero de 1929, siendo ministro de Hacienda José Calvo Sotelo, se aprobó mediante real decreto-ley, la nueva ley penal relativa a dicha materia que entraría en vigor a partir del 6 de febrero siguiente.

Se encontraba entonces como jefe de la Comandancia del Cuerpo de Carabineros en Algeciras el teniente coronel Francisco Maldonado García.

(Continuará).

 

 

miércoles, 24 de agosto de 2022

LA SANIDAD DE LA ARMADA EN LA CATÁSTROFE DE CÁDIZ (1947).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 18 de agosto de 2022 en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 15.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.



En este LXXV aniversario de la catástrofe que supuso para la ciudad de Cádiz y sus habitantes, la explosión en la noche del 18 de agosto de 1947 de una importante cantidad de minas almacenadas en la Base de Defensas Submarinas, es de justicia recordar, no solo a sus víctimas, sino también a los servicios sanitarios, apenas reconocidos.

 

Desde hace muchos años historiadores e investigadores especializados en aquella terrible tragedia venimos publicando nuestros trabajos que tratan principalmente sobre las posibles causas, las víctimas, los daños materiales, las fuerzas militares y de seguridad que auxiliaron, etc, pero apenas alguna referencia a los servicios sanitarios. Después de toda catástrofe y ser rescatadas y evacuadas las víctimas, lo más importante, sin perjuicio de la investigación y depuración de responsabilidades, es la atención sanitaria, cuestión trascendental de la que se suele hablar poco y se olvida pronto.

 

Es por ello que este aniversario es de justicia recordar, con nombres, apellidos y hechos, a algunas de aquellas personas que esa fatídica noche hicieron noble ejercicio de su vocación humanitaria. La benemérita actuación de la sanidad civil y militar gaditana daría para varios libros. Todavía quedan por contar muchas historias y vivencias personales. En esta ocasión honramos los servicios sanitarios de nuestra Armada, que desde el primer momento de la catástrofe acudió, desde el capitán general hasta el último marinero e infante de marina al inmediato auxilio de las víctimas. En la milicia suele decirse que en unos pocos se reconoce el mérito de muchos y en esta ocasión hay que precisar que ni ello se cumplió, pues hasta un héroe como el capitán de corbeta Pascual Pery Junquera fue insuficientemente reconocido.   

 

Gracias a la documentación inédita que supuso el cumplimiento de la orden general núm. 236, de 23 de agosto de 1947, dictada por el almirante Rafael Estrada Arnáiz, capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, puede saberse quienes fueron aquellos hombres del Cuerpo de Sanidad de la Armada y que es lo que hicieron la noche de la explosión. Por razón de espacio, en esta ocasión, solo se puede rememorar a unos pocos. 

 

El 26 de agosto el capitán de corbeta Juan Lazaga Azcárate, comandante del cañonero “Cánovas del Castillo”, adjuntó a su informe el parte que el día 19 le había emitido su segundo, el teniente de navío Gabino Aranda Carranza. En él se daba cuenta que en la enfermería del buque (estaba destinado el sanitario 1º José Carrión del Río) se había atendido a una docena de hombres, mujeres y niños heridos así como un marinero del “Grupo de Lanchas” y al alférez de navío Eduardo Velarde Díaz, del dragaminas “Guadalete”, que durante las labores de auxilio se atravesó un pie con un hierro. 

 

También el día 26 el coronel Vicente Juan Gómez, jefe del Tercio Sur de Infantería de Marina, en su informe, donde daba cuenta de la actuación de sus fuerzas bajo el mando del teniente coronel Antonio Ristori Fernández (otro que no fue reconocido), hacía constar que el “capitán médico Pujazón” (tal vez fuera un lapsus ya que Manuel Pérez Pujazón que había estado destinado en el Cuartel de Instrucción de Marinería en San Fernando había ascendido el año anterior a comandante siendo destinado a Cartagena), prestó servicio en el puesto de socorro, “contiguo al lugar del fuego”, ordenándose “que reanudase los trabajos de cura, tomando nota de nombres, residencia y demás datos de todo el herido que pudiera hablar”.

 

Igualmente, también el 26, el capitán de fragata Adolfo Baturone Colombo, comandante del citado cuartel de instrucción, informó, además del masivo número de voluntarios para donar sangre para las transfusiones, que el comandante médico Antonio Ruiz Lara se había presentado en capitanía general para recibir instrucciones. También adjuntó informe del capitán médico José Luis de Cózar González-Aledo, que prestó auxilio en el propio lugar de la explosión, atendiendo a la evacuación de heridos y prestando atención sanitaria en los hospitales de San Carlos y de Mora.

 

Respecto a la actuación del servicio sanitario del Arsenal de La Carraca en San Fernando, a cuyo frente se encontraba el vicealmirante Fausto Escrigas Cruz, se detalla en un extenso informe que los capitanes médicos Jaime Guerrero Castro y Marcelino Ruiz Armendáriz, trasladados por el conductor José Caro, acudieron junto a personal sanitario de la Armada y material de curas de urgencia al Hospital de Mora en Cádiz. Allí les solicitaron más material ante el ingente número de heridos así como luces pues la ciudad se había quedado sumida en la oscuridad de la noche.

 

El material de cura fue inmediatamente peticionado al Hospital de Marina de San Carlos en San Fernando y las luces al Arsenal. El capitán Ruiz regresó a La Carraca para recoger en el crucero “Méndez Núñez”, donde estaba destinado, todo el suero posible para trasladarlo a San Carlos. Según relata en un informe suyo, suscrito el día 25, se presentó inmediatamente, junto al sanitario 1º Alejandro Verdera Martínez, en la enfermería del Arsenal. Ambos marcharon junto al capitán Guerrero para presentarse en el estado mayor de la Capitanía General en San Fernando, donde recibieron órdenes de ir al ayuntamiento de Cádiz, “para prestar servicio donde fuese necesario”. Una vez allí, el propio alcalde, Francisco Sánchez-Cossío Muñoz, les indicó que acudieran al Hospital de Mora, donde al hacerlo, el decano de la Facultad de Medicina (Tomás Sala Sánchez) les manifestó que disponía de personal médico suficiente, pero “le interesaba que regresaran a San Fernando para de acuerdo con el Jefe de Sanidad del Departamento (teniente coronel Rafael Abengochea Laita que lo desempeñaba con carácter interino en plaza de superior categoría tras el ascenso del coronel Rafael Berenguer Cagigas), proceder a la evacuación para San Fernando y pueblos cercanos de los heridos y que se enviasen urgentemente material sanitario, sueros, etc, así como ambulancias”.

 

Mientras tanto, según proseguía el informe de La Carraca, el teniente de Sanidad Manuel Prieto González procedió a organizar en el Arsenal, con ayuda de marinería y del personal sanitario que estaba a sus órdenes en la enfermería, un total de 80 camas para los heridos que pudieran llegar. Finalmente no fue necesario su empleo.

 

A su vez, el conductor Francisco Andrade, con el autobús matrícula FN-3032, y cumpliendo las órdenes del capitán Guerrero, procedió al reparto de las luces solicitadas en los puestos de socorro que se habilitaron en la barriada de San Severiano y en los hospitales de San Juan de Dios y de Mora.

 

Por otra parte, los sanitarios mayores Francisco de Paula Benítez Santos y Cristóbal Moreno Enríquez se desplazaron inmediatamente a prestar apoyo a Cádiz y San Fernando. El primero en diversos establecimientos benéficos de la capital y el segundo en el de Marina de San Carlos.

 

En otro informe, fechado el 31, el capitán de navío José María Villena Pando, director del “Polígono de Tiro de Fusil”, en San Fernando, dio cuenta que su único sanitario mayor, Celestino García Castaño, había estado “toda la noche hasta el día siguiente por la mañana” en la Cruz Roja para ayudar en lo que fuese necesario. 

 

Y así, uno tras otro informe …

 

 

jueves, 18 de agosto de 2022

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CXXXII). LA ABSORCIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS (34).

 


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de agosto de 2022pág. 9.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

  

Tal y como se expuso en un capítulo anterior, una reorganización interna del Cuerpo de Carabineros realizada a principios de 1927, respecto a sus fuerzas de caballería, supuso en el caso de la Comandancia de Algeciras que su escuadrón, con cabecera en la ciudad de San Roque, se viera reducido a una unidad entidad sección. 

Su mando se mantuvo en dicha localidad, pero en vez de un capitán fue a partir de entonces un oficial subalterno, que a elección de la superioridad podía ser teniente o alférez. Dicha sección de caballería tenía una plantilla muy reducida en personal. Tan sólo estaba constituida, según una real orden de 18 de enero de 1927, por 26 hombres (1 oficial, 1 sargento, 3 cabos, 1 trompeta, 2 carabineros de 1ª y 18 carabineros de 2ª). Estaban encuadrados y desplegados en los puestos de caballería de San Roque, Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa, siendo todos ellos independientes de los puestos de carabineros de infanteria que pudieran existir en las poblaciones mencionadas.  

Hasta finales de 1927 el oficial al mando de dicha sección y la fuerza del puesto de San Roque tenían su casa-cuartel en el número 3 de la antigua calle Alameda. Dicho nombre fue sustituido precisamente ese mismo año por el de la benefactora Mercedes Huertas, denominación que hoy día sigue manteniendo.

Se trataba de un inmueble arrendado. El contrato de inquilinato, fechado en San Roque el 9 de enero de 1922, fue suscrito por una parte, por el capitán Luis Ferrando Freitas, jefe del escuadrón de caballería de San Roque, en representación del jefe de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, teniente coronel Manuel García del Moral Sánchez. Y por otra parte, por el propietario del edificio, Manuel Rodríguez López. 

Sin embargo, tras la mentada reorganización, la reducción de plantilla y la necesidad de un nuevo acuartelamiento que tuviera mejores condiciones de habitabilidad y salubridad, así como rentado en las mejores condiciones económicas posibles para el Estado, conllevó a la búsqueda de un nuevo inmueble.

Tras numerosas gestiones practicadas se decidió que el que mejor condiciones reunía era el edificio ubicado en el número 7 de la calle Tintorero. Hoy día ya no existe dicho inmueble y en su lugar se encuentra levantada actualmente otra edificación dedicada a viviendas particulares.

Gracias a una de las copias del contrato de inquilinato suscrito en San Roque el 1º de julio de 1928, y que se conserva en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior, podemos saber algunas curiosidades y detalles de dicho arrendamiento.

El inmueble era propiedad del vecino de San Roque, Juan J. Megina Guigueras, de 47 años de edad y estado civil casado, firmando en concepto de arrendatario. En representación del jefe de la Comandancia de Algeciras, que por aquél entonces era Francisco Maldonado García, firmó el teniente Diego Martín Prieto, jefe de la sección de caballería de San Roque, también de 47 años de edad, natural de la localidad granadina de Calahonda, y estado civil casado.

El alquiler se fijó por tres años, “prorrogable por la tácita de año en año”, y un precio anual de 2.820 pesetas, a pagar por meses. Es decir, 235 pesetas mensuales. Conforme a lo dispuesto en el real decreto de 28 de diciembre de 1920, dimanante del Ministerio de Hacienda, mediante el que se regulaba la celebración de los contratos de arriendo de locales para cuarteles de las fuerzas de Carabineros, firmaron como testigos los vecinos de San Roque, Rafael Japón Guinot y Pascual Molina Benavente, mayores de edad. Todo ello en presencia de José Fernández López, alcalde de la ciudad.

El edificio destinado a ser casa-cuartel de Carabineros constaba de ocho pabellones para personal casado, sala de armas para alojar en ella cuatro solteros, una cuadra con capacidad para once caballos, dos pajeras, dos pozos de agua, un pilar abrevadero para los caballos, oficina para la sección de caballería y un retrete. Hay que destacar que el inmueble disponía de un amplio patio interior de 35 metros de largo por 12 de ancho.

Conforme a lo dispuesto en sus cláusulas para dar por terminado dicho contrato debía avisarse con una antelación de cuatros meses. No obstante, caso de que concluyese el mismo, “no podrá obligarse al Estado a desalojar el local en tanto no pueda disponer de otros en condiciones adecuadas para la instalación del servicio que se trate”.

El propietario debía entregar el edificio en buenas condiciones así como realizar, mientras lo usufructe el Estado, las obras necesarias para su buena conservación e higiene, un blanqueo anual de sus fachadas y limpieza de pozos negros, “con la frecuencia que lo exija ésta”.

Caso de que el dueño no pudiera cumplir con lo pactado, en el plazo de un mes y en el de dos días para la limpieza de pozos negros, podían realizarse por orden del jefe de la Comandancia de Algeciras, las obras necesarias de reparación, revocarlo, blanquear sus fachadas o proceder a su limpieza. Los gastos que ello originase serían por cuenta del dueño de la finca. Se anticiparía de fondos del Cuerpo de Carabineros, “la cantidad necesaria y se resarcirá con el importe de los recibos de alquiler correspondiente”.

Para todo ello era preceptivo la autorización previa del director general de Carabineros que por aquel entonces era el teniente general Ventura Fontán Pérez de Santa Marina. El subdirector general era el general de división Genaro Adolfo Gutiérrez Valdecara, siendo el secretario general el general de brigada Eladio Soler Pacheco, quien por cierto había nacido en 1867 en San Roque. Al frente de la 6ª Subinspección, con residencia en Algeciras, continuaba el coronel Mariano Adsuar Perpiñán, único jefe de Carabineros que en dicho empleo estuvo destinado en el Campo de Gibraltar. 

Continuando con algunos de los detalles que figuraban en las cláusulas del contrato de inquilinato significar que se hacía constar expresamente que cuando se abonase al propietario por la caja de la Comandancia de Algeciras, la renta mensual del alquiler del inmueble, se le deduciría “de la cantidad estipulada el impuesto de Utilidades que determinan las disposiciones vigentes”. 

 

Dicho tributo, tal y como nos recuerda el profesor José-Vidal Pelaz López, había sido creado por ley de 27 de marzo de 1900, bajo el nombre de “Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria”. Su reglamento provisional de aplicación fue aprobado tres días más tarde y hasta 1928 había sido objeto de diversas modificaciones, siendo entonces la última, por real decreto de 15 de diciembre de 1927. Este impuesto estuvo en vigor hasta que la ley de 26 de diciembre de 1957 no solo aprobó los presupuestos generales del Estado para el bienio económico 1958-1959, sino también una importante reforma tributaria que daría lugar a nuevos tipos de contribuciones impositivas. 

 

También se hacía constar en otra de las cláusulas que una vez aprobado el contrato, el propietario no podía pedir “aumento de precio, auxilio o indemnización alguna”, así como que si por cualquier causa cambiase la propiedad del edificio, el nuevo titular estaba obligado a respetar el contrato.

 

(Continuará).

miércoles, 17 de agosto de 2022

LA BENEMÉRITA EN EL SINIESTRO AÉREO DE CHICLANA DE LA FRONTERA EN 1976


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado el 14 de agosto de 2022" en "DIARIO DE CÁDIZ", pág. 28 y "DIARIO DE JEREZ", pág. 22.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

“El Guardia Civil procurará ser siempre un pronóstico feliz para el aflijido”. Así reza el artículo 6º de la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845, redactada por el II duque de Ahumada.

Ese carácter benemérito, mucho más que humanitario, ya que su cumplimiento entrañaba habitualmente el riesgo de sacrificar la propia vida en auxilio del necesitado, fue reconocido por el pueblo español a la Guardia Civil desde su creación. 

El reconocimiento institucional llegó con el real decreto de 4 de octubre de 1929. Alfonso XIII concedió “la Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco, al Instituto de la Guardia Civil, por los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos.”

En esa fecha, tal y como recordaba entonces la “Revista Técnica de la Guardia Civil”, habían ingresado ya en dicha Orden, 3 coroneles, 3 tenientes coroneles, 7 comandantes, 13 capitanes, 12 tenientes, 13 alféreces, 62 clases de 1ª categoría y 460 de 2ª. Es decir, 573 guardias civiles.

Desde la creación del Cuerpo en 1844 hasta la actualidad, han sido millares de ocasiones en los que sus componentes han acreditado su carácter benemérito. Uno de esos hechos, rescatado del olvido, gracias a la infatigable labor del escritor y documentalista Miguel Gilaranz Martínez, fue el siniestro aéreo acaecido en Chiclana de la Frontera el lunes 9 de agosto de 1976.

Pasado ya mediodía de esa trágica fecha, un avión de transporte del Ala 35 del Ejército del Aire, que prestaba servicio de “estafeta” entre la base madrileña de Getafe y la canaria de Gando, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en la finca “Las Laderas”.

El aparato que transportaba una treintena de miembros y familiares del Ejército del Aire, incluidos mujeres y niños, había sufrido el incendio de uno de sus cuatro motores, tras hacer escala en la base sevillana de Morón de la Frontera. Gracias a la pericia de su piloto, comandante Ramón Morell Sarrión, se evitó que la tragedia que aconteció seguidamente hubiera sido aún mucho mayor de lo que desgraciadamente fue. 

Mención especial merece el brigada mecánico Agustín Gonzalo Ciruelo. Cuando el Douglas DC4 inició la maniobra y los pilotos se aferraron a los mandos para intentar dominar el cuatrimotor, dicho suboficial, tal y como el coronel del Ejército del Aire Adolfo Roldán Villén recordó hace un par de años en un artículo sobre la aeronaútica en Cádiz, publicado en la revista “Aeroplano”, renunció a atarse los atalajes para así poder manejar las manecillas del motor. Tras el siniestro, malherido, estuvo auxiliando a sus compañeros.

Lamentablemente hubo doce muertos entre hombres, mujeres y niños así como dieciséis heridos de diversa consideración, algunos de ellos muy graves. Entre los fallecidos, además del capitán Juan Manuel Martínez-Pardo Casanova, teniente Evaristo Pila Balanza y sargento José Campos Campos, se encontraba también el brigada Ciruelo. Se le concedió a título póstumo, la “Medalla Aérea” el 25 de agosto de 1978, entregada a su viuda por el rey y el ascenso de teniente honorario el 15 de agosto de 1980.

El Ejército del Aire reconoceria también al resto de víctimas militares del avión T.4-352-11 (denominación militar española). Entre ellas, al comandante Monrell (25 de mayo de 1977) y al teniente Miguel Pujals Pena (22 de junio de 1977), con la “Medalla de Sufrimientos por la Patria”, con cinta de color verde claro, al haber resultado heridos graves, tardando varios meses en curarse. 

Dado que el accidente sucedió a plena luz del día y que al realizarse el aterrizaje forzoso se originó un importante incendio, no sólo del aparato sino en la propia finca, fue rápidamente visualizado y alertados los servicios de auxilio y emergencia existentes entonces, contándose con el inestimable apoyo de la Armada de la base de Rota así como de numerosos paisanos.

En esa trágica fecha mandaba el 24º Tercio de la Guardia Civil, cuya cabecera estaba ubicada en la capital gaditana, el coronel Rafael Serrano Valls. Como teniente coronel mayor se encontraba Ángel Marín Zamora y el comandante ayudante era Rufino Mohedas Gómez. Éste se había incorporado recientemente con ocasión de la vacante dejada por Casimiro Plaza Céspedes que había marchado destinado a Madrid.

Dicho Tercio estaba integrado por la 241ª Comandancia de Cádiz, a cuyo frente se encontraba desde hacía una década, el teniente coronel Teodoro Castro Cano; y la 242ª Comandancia de Algeciras, mandada, también desde hacía una década, por el teniente coronel Manuel Lafuente Martín.

El 2º jefe de la Comandancia de Cádiz era Javier González de Lara Urbina. Al frente de la Compañía de San Fernando estaba el capitán Damián Ruiz Gallardo, de la cual dependía la Línea de Chiclana de la Frontera, cuyo jefe era el teniente Rafael Pineda Hernández. El puesto de la residencia estaba mandado por el brigada José Rodríguez Pérez.

Cuando la noticia del siniestro llegó a la casa-cuartel de Chiclana, sita entonces en el número 10 de la calle Rivero (hoy día denominada Arroyuelo), donde estaba ubicada la cabecera de la línea y el puesto citados, todos los guardias civiles que se encontraban allí, estuvieran o no de servicio, a excepción del que estaba “de puertas”, se montaron en toda clase de vehículos disponibles y marcharon inmediatamente al lugar del accidente.

Las parejas de servicio de dicho puesto y de los limítrofes de Medina Sidonia, San Fernando y Vejer de la Frontera fueron igualmente enviadas allí. El primero en llegar al avión, todavía ardiendo, y prestar auxilio, fue el entonces guardia 2º, hoy sargento 1º retirado, Agustín Lucena Butrón, que ese día se encontraba libre de servicio y al enterarse se dirigió allí en su moto “Montesa”. A pesar de que los vehículos del Cuerpo habían salido con anterioridad, al ser buen conocedor de los carriles y el terreno consiguió llegar antes.

Otro de los primeros en llegar, junto al teniente Pineda, en un Dyane 6 oficial, fue el guardia 2º José Morán González, que acudió con su mono de trabajo como mecánico. También llegaron el sargento 1º Miguel Lorenzo de la Higuera, el cabo 1º José Carballo Álvarez que estaba concentrado en Vejér de la Frontera, y muchos más guardias civiles de los puestos citados. Dirigidos in situ por el comandante González de Lara no comenzaron a ser relevados hasta el amanecer del día siguiente. Lo más duro fue los cuatro niños fallecidos.

Finalmente, como siempre sucede en la Milicia, en unos pocos se reconocieron los méritos de muchos. El 8 de octubre de 1976, “en atención a los méritos y circunstancias” que concurrían en el teniente coronel Castro, cabo 1º Carballo y los guardias 2º Morán y Lucena, se les concedía por el ministro del Aire, Carlos Franco Iribarnegaray, la “Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco”, de 1ª clase al jefe de la comandancia gaditana, y de 4ª clase al resto. La orden de concesión no pudo publicarse en el “Boletín Oficial del Ministerio del Aire” en fecha más señalada para la Benemérita: el 12 de octubre, festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar.