LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXIII). EL REPLIEGUE DEL PUESTO DE BUCEITE (1).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de junio de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 18 de julio de 1936 el comandante del puesto de la Guardia Civil ubicado en San Pablo de Buceite, barriada de Jimena de la Frontera, era el sargento Antonio Casablanca Romero, recién ascendido. Con la fuerza de su puesto terminaría replegándose, tras no pocas vicisitudes, sobre San Roque, poniéndose a las órdenes del teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso.

 

Casablanca había nacido hacía 37 años en la localidad onubense de San Bartolomé de la Torre y era hijo de un sargento del Cuerpo. Llevaba 16 años casado con Concepción Muñoz González y tenía cuatro hijos llamados Dolores, Antonia, Francisco y José, de 15, 14, 12 y 10 años de edad respectivamente. En el puesto de Algeciras estaba destinado también como cabo un hermano mayor llamado José.

 

Antonio, como cabo del Cuerpo llevaba destinado desde 1928 en el Campo de Gibraltar, primero en Tarifa y luego en Facinas, donde siendo comandante de puesto le sorprendió la proclamación de la Segunda República. Permaneció a su mando hasta marzo de 1934 que pasó a ejercerlo en el de Buceite.

 

En dicha barriada pronto se hizo acreedor de un gran aprecio y respeto entre las autoridades municipales y ciudadanos de la localidad. De hecho, la comisión gestora del ayuntamiento de Jimena, en la etapa del Frente Popular, había acordado por unanimidad en la sesión celebrada el 3 de junio de 1936, que se elevase un escrito al ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella. Como estaba próximo el ascenso de Casablanca al empleo de sargento, se solicitó que pudiera proseguir con el mando del mentado puesto, “como premio a su meritísima labor en bien de la República, del orden público y del vecindario en general”.

 

Doce días más tarde el alcalde Cristóbal Vera Saraiba cumplimentó el acuerdo municipal si bien el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, contestaría negativamente el día 30 de dicho mes por conducto del gobernador civil de la provincia de Cádiz, el comandante de Artillería Mariano Zapico Menéndez-Valdés.

 

La razón expuesta para ello era que el benemérito Instituto tenía una plantilla de sargentos fijada para cada comandancia, por lo cual cuando ascendiera el cabo Casablanca sería destinado a una unidad en la que hubiese vacante de su clase. No obstante, se daban “las gracias por los elogios que dicho ayuntamiento hace del excelente comportamiento de la clase de referencia”. Por lo tanto, ascendido a sargento el 11 de julio siguiente, el inicio de la guerra civil le sorprendería al frente del puesto de Buceite pero pendiente de un nuevo destino.

 

Al producirse la sublevación militar buena parte de los puestos de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz tardaron varios días en saber lo que realmente estaba sucediendo. Al no recibir orden alguna dimanante de la jefatura de la comandancia, impartida por conducto de sus mandos territoriales, ya que se encontraban incomunicados, la reacción preventiva más habitual fue la de acuartelarse en defensiva a la espera de conocer la situación y recibir instrucciones de la superioridad.

 

Y eso es lo que hizo el sargento Casablanca. Si bien en su hoja de servicios se detallan las vicisitudes acaecidas a partir de dicha fecha, resulta más interesante aún el relato que realizó, transcurridos ya cinco lustros, con ocasión de una instancia que elevó el 4 de diciembre de 1962 al entonces jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde. La razón de la petición realmente nada tenía que ver con la guerra civil pero quiso dejar testimonio de ello junto a otras vicisitudes profesionales. Su verdadero objetivo era de tipo asistencial ya que se encontraba aquejado de una grave dolencia y su situación económica era precaria. 

 

Eran tiempos donde la Guardia Civil no estaba acogida al régimen de la Seguridad Social ni tenía acceso a sus prestaciones sanitarias. Salvo aquellos casos que pudieran ser atendidos por la sanidad militar, eran los propios afectados quienes debían asumir los costes económicos derivados de la enfermedad que se padeciese. Las farmacias militares sufragaban sólo el 20% del coste de la medicación, teniendo que abonar el enfermo el 80% restante, y la estancia en hospitales militares no era posible en procesos de enfermedades complejas de larga duración. En aquel entonces quedaban todavía muchos años para la creación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Toda esta cuestión, relativa a la precarierad asistencial sanitaria que padeció durante muchos años el colectivo militar y sus familias sería impensable en la actualidad, si bien daría por cierto para escribir y mucho en otra clase de artículos. 

 

Volviendo a la instancia del entonces capitán Casablanca, ya retirado por haber cumplido en 1957 la edad reglamentaria, solicitaba que “se habilite una fórmula para que los beneficios del Seguro de Enfermedad se hagan extensivos a los Militares activos o retirados, y de no ser ello posible por no gravar los presupuestos del Estado, sea la Asociación Mútua del Cuerpo, puesto que tiene el carácter de benéfica, la encargada de subvenir a estas apremiantes y humanas necesidades de sus socios, con lo cual se daría una gran satisfacción a los necesitados que no disponen de otros ingresos, teniendo que soportar mermas en sus haberes pasivos, consistentes en el 50%”.

 

Hay que significar que Casablanca fue comandante de puesto en San Roque entre junio de 1937 y agosto de 1940, salvo el periodo que formó parte de una compañía expedicionaria de la Guardia Civil en el frente de Aragón. Su último destino en servicio activo fue como ayudante de la 237ª Comandancia de Cádiz. 

 

La extensa instancia la iniciaba relatando las vicisitudes acaecidas en los primeros días de la guerra civil hasta completar su repliegue sobre San Roque al finalizar la tarde del 31 de julio de 1936.

 

Conforme a su exposición el inicio de la sublevación militar le sorprendió en la barriada de Buceite, “zona roja, y al verse incomunicado, trató de ponerse en contacto con sus superiores, lo que no pudo conseguir, ya que todas las comunicaciones se hallaban controladas por el flamante titulado Comité republicano, en vista de ello, ordenó a la fuerza de su puesto constituida por 6 individuos que se preparase para la defensa quedando desde ese momento acuartelados por temerse un asalto al destacamento por milicianos rojos que en gran número invadieron la barriada armados y luciendo sendos brazaletes rojos”.

 

Entre los componentes del puesto de Buceite se tiene constancia documental de que al menos formaban parte del mismo, además del sargento Casablanca, los guardias civiles Francisco Gil Herrera, José Murillo Arroyo, José Nieto Jiménez y Juan Rocha Coronil. La casa-cuartel estaba ubicada en los números 10 y 12 de la calle Jimena en la mentada barriada.

 

Se mantuvo acuartelado, familias incluidas, hasta que el 25 de julio (en su hoja de servicios consta que fue el día 24) recibió un telegrama dimanante del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ordenándole que se replegase sobre Jimena de la Frontera y se pusiera a las órdenes del teniente jefe de la sección de Carabineros cuya residencia estaba fijada en dicha población.

 

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXII). LA GRAN DUDA: ¿REPLEGARSE SOBRE SAN ROQUE? (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de junio de 2021, pág. 13.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Finalizaba el capítulo anterior refiriendo la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil, para explicar una de las razones por la cual los puestos ubicados dentro del mismo municipio, en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo, terminaron replegándose con sus familias sobre San Roque.

 

Hay que significar que dicho asunto, al desconocerse la existencia de esa normativa por historiadores e investigadores especializados en la guerra civil en el Campo de Gibraltar, ha dado lugar a que hayan hecho interpretaciones erróneas sobre la actitud y comportamiento de algunas de las pequeñas unidades del benemérito Instituto que quedaron aisladas.

 

De hecho, el desconocimiento afectó incluso a los propios mandos militares que encabezaron la sublevación de julio de 1936. Ello llegó a motivar, al replegarse la fuerza del puesto de alguna población gaditana en concreto y dejarla en manos de los “desafectos al Glorioso Movimiento Nacional”, la posterior detención, ingreso en prisión y procesamiento de su comandante por la jurisdicción militar. 

 

Tal fue el caso del sargento José Cortés Camacho, comandante de puesto de Olvera. Dicha localidad era también la residencia de la cabecera de la línea de Olvera, de la cual dependían el mentado puesto de la residencia así como los de Alcalá del Valle, Torre Alháquime y Setenil de las Bodegas. Su jefe era el teniente Marcial Sánchez-Barcáiztegui Gil de Sola, ausente al no haberse incorporado todavía a su nuevo destino y que ya fue citado en un capítulo anterior al ser el primer oficial de la Guardia Civil que llegó, procedente de Ceuta, con tropas de regulares indígenas a la casa-cuartel de San Roque.

 

Resultó que no habiendo oficial al frente, el sargento Cortés tomó la decisión, por propia iniciativa, de replegarse el 27 de julio de 1936 con sus guardias y familias sobre el puesto limítrofe de Algodonales, “al tener conocimiento de que los marxistas en gran número y bien pertrechados se aproximaban”. Valoró que sus capacidades de defensa eran nulas, dado tanto la reducida plantilla de personal de su unidad como las características y emplazamiento del acuartelamiento de Olvera.

 

Posteriormente, al considerarse que había podido incurrir en el delito de abandono de destino, pues como consecuencia de dicha decisión acontecieron en dicha localidad hechos muy graves, incluido el saqueo de la casa-cuartel desalojada, fue detenido e ingresado el 18 de octubre siguiente en la prisión militar de la capital gaditana, ubicada en el Castillo de Santa Catalina. Allí permanecería como procesado en la causa núm. 346/1936 que se le instruyó por el juzgado militar eventual de Cádiz, hasta que terminó siendo puesto en libertad el 26 de enero de 1937, tras ser sobreseida sin responsabilidad.

 

Repuesto Cortés como comandante del puesto de Olvera y ascendido posteriormente a brigada, uno de los argumentos utilizados para dicho sobreseimiento fue precisamente que dicho sargento, “tuvo en cuenta las instrucciones que en copia se unen y en las que se preveen situaciones como aquella por la que atravesaba”.

 

El auto de sobreseimiento provisional, elevado posteriormente a definitivo, se refería a la mentada “Circular Muy Reservada”, núm. 278, en la que, entre otras cuestiones, se exponía que: “es preciso procurar por todos los medios que no se produzcan bajas en nuestra fuerza como consecuencia de las luchas desiguales que forzosamente se han producido y habrían de producirse manteniéndose los pequeños destacamentos en plan defensivo dentro de las Casas-Cuarteles al ser atacados a fondo por las grandes masas de perturbadores, en espera de auxilio, que al tratarse de un movimiento general y por infinidad de circunstancias pudieran tardar en llegar. Por ello, se impone la solución forzosa, de la concentración de los Puestos, de menor dotación o con peores vías de comunicación sobre aquellos otros de mayor contingente y con mayores medios de defensa.” 

 

Al igual que el contenido de dicha circular contribuyó a que el comandante de puesto de Olvera tomase la decisión de replegarse sobre el de Algodonales, donde había un oficial jefe de línea, algo similar ocurrió con la fuerza de los tres puestos ubicados en el término municipal de Jimena de la Frontera para realizarlo sobre el de San Roque. No hay que olvidar que al frente de la línea de Jimena no había tampoco destinado oficial alguno y que el más cercano era precisamente el de la línea de San Roque, teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso, en cuya residencia había además guarnición del Ejército.

 

El 18 de julio de 1936 el comandante de puesto de Jimena era el brigada Salvador Carrasco Zurita, el de Buceite era el cabo Antonio Casablanca Romero y el de Tesorillo era el cabo José León Pineda. Los tres tuvieron que tomar una decisión sin poder consultar a su superior ni recibir órdenes del mismo, actuando por propia iniciativa, ya que no tuvieron oportunidad de enlazar telefónica ni telegráficamente con San Roque ni con Algeciras, residencia del jefe de su compañía, capitán Miguel Romero Macías. Tal y como se verá más adelante la conclusión a la que llegaron no fue la misma para todos y en uno de los casos no tardaría en producirse un trágico e inesperado desenlace. 

 

Antes de proseguir en el ámbito general del Campo de Gibraltar y la vinculación específica de todo ello con San Roque hay que significar que los responsables de la conspiración en la provincia de Cádiz, al igual que en la mayor parte del país, no contaron en su fase de planeamiento con la Guardia Civil. Por una parte, existía una falta de confianza en sus cuadros de mando, dado su tradicional espíritu de lealtad al gobierno legalmente constituido, y por otra, los conspiradores tenían el convencimiento de que una vez iniciada la sublevación militar, las fuerzas del benemérito Instituto se sumarían al mismo, al igual que lo harían el resto de las guarniciones. Dicho propósito no se cumplió a nivel nacional y provocó una trágica contienda civil que duraría casi tres años y una muy dura represión sobre los vencidos.

 

Sin embargo, el planteamiento inicial dejaba en muy delicada situación, prácticamente a su suerte, a varias docenas de pequeños puestos desplegados por toda la provincia. Éstos no contaban con el respaldo y protección de guarnición militar alguna y realmente se trataban de un puñado de guardias civiles que vivían junto a sus familias en casas-cuarteles no aptas para la defensa. Todo ello sin olvidar además que la mayoría de los habitantes de las localidades en las que estaban enclavados eran manifiestamente afectos al gobierno de la República y por lo tanto contrarios a una sublevación militar.

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que dichos puestos quedaron sin posibilidad siquiera de enlace telefónico o telegráfico con sus superiores para pedir o recibir instrucciones, fueron sus comandantes (suboficiales o cabos) los que tuvieron que tomar finalmente una decisión. Tal y como se verá en el próximo capítulo, las decisiones de los tres jefes de puesto existentes en el municipio limítrofe de Jimena fueron diferentes, al igual que lo fueron sus consecuencias.

 

(Continuará).

 

 

 

EFEMÉRIDES: 19 DE JUNIO DE 1880. COLOCACIÓN POR S.M. EL REY ALFONSO XII DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ACTUAL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL.

Efemérides redactada por Jesús Núñez, e ilustrada con 4 fotografías en blanco y negro, para la Sección de Magacín, correspondiente al mes de junio de 2021, de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares

19 DE JUNIO DE 1880

 

El 19 de junio de 1880 se procedió por S.M. el Rey Alfonso XII a la colocación de la primera piedra para el “Asilo de huérfanas del Instituto de la Guardia Civil”. El simbólico acto, del que se hizo eco la prensa de época, tuvo lugar en la finca “El Juncarejo”, sita en el municipio madrileño de Valdemoro.

 

El terreno había sido donado a la Benemérita por Diego Fernández Vallejo, marqués de Vallejo, escriturándose el 1º de noviembre de 1878, previa autorización para su aceptación por Real Orden de 29 de octubre último. La realización de las obras había sido autorizada por una Real Orden del Ministerio de la Guerra de 2 de enero de 1879. 

 

Tan sólo diez días después, el director general de la Guardia Civil, teniente general Fernando Cotoner Chacón, marqués de La Cenia, emitía una circular en la que tras agradecer la generosidad de los marqueses de Vallejo, reconocía la necesidad de abrir en el Cuerpo, “un ancho campo de instrucción y porvenir a los huérfanos e hijos de aquél, a quienes no es suficiente la Compañía de Guardias Jóvenes, toda vez que existen 309 aspirantes varones sin poder ocupar plaza, viéndose además todas las hembras privadas de análogo recurso”. Para ello expuso seguidamente el ejemplo a imitar del Arma de Infantería, “que por la asociación general de sus individuos sostiene en Toledo dos asilos de huérfanos de ambos sexos”.

 

El día de la ceremonia, la comitiva real llegó en tren a la estación de Valdemoro, siendo recibida por el general Cotoner. Una compañía del 14º Tercio del benemérito Instituto rindió los honores de ordenanza.

 

Acompañaban a Alfonso XII, su esposa la Reina María Cristina y sus hijas, las Infantas María de la Paz y Eulalia, así como un séquito compuesto, entre otros, por el ministro de la Guerra, teniente general José Ignacio de Echavarría del Castillo, marqués de Fuente Fiel; el teniente general Francisco de Ceballos Vargas, marqués de Torrelavega; el teniente general Rafael Echagüe Bermingham, conde del Serrallo; el obispo de Areópolis, Ciriaco María Sancha Hervás; y los consejeros de Estado Emilio Cánovas del Castillo, Pedro Antonio de Alarcón Ariza y Andrés Salavert Arteaga.

 

Entre otras autoridades y personalidades presentes se encontraban el senador José Pérez-Osorio Silva, marqués de Alcañices; el coronel de Caballería Pedro Agustín Girón y Aragón, III duque de Ahumada; el mentado marqués de Vallejo; el gobernador militar de Madrid, mariscal de campo Zacarías González Goyeneche; el alcalde de Valdemoro Facundo Fernández Catalina; el brigadier secretario de la Dirección General de la Guardia Civil José Arderius García; los coroneles del Cuerpo Carlos Denis Trueba, Francisco García Osorno y Manuel Giraldo López, así como el teniente coronel Vicente García Aguado.

 

Tras trasladarse a la iglesia parroquial donde se celebró una misa, todos los presentes se desplazaron a la finca “El Juncarejo”, en cuya parte más alta estaba prevista la construcción del edificio bajo la dirección del arquitecto Bruno Fernández de los Ronderos.

 

Allí rindió honores el Batallón de Guardias Jóvenes con bandera, banda y música, todo ello bajo el mando del comandante Romualdo Galindo Ingarriza, como jefe de la “Comandancia de Valdemoro”. 

 

En el interior de esa primera piedra simbólica se depositó un ejemplar de la “Gaceta de Madrid” del día, una copia de la escritura y veinte monedas de curso legal.

 

Esa misma fecha el director general dictó una orden general en la que además de agradecer la presencia del Rey y su Familia, destacó que “cesa el exclusivismo que existía a favor de los hijos del Cuerpo, y todos, sin distinción de sexo, serán atendidos por igual”. 

 

Terminadas las obras en 1885 el colegio comenzó su andadura bajo el cuidado de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con una capacidad inicial para cien alumnas en régimen de internado.

 

En la actualidad, dicho centro, bajo el nombre de “Marqués de Vallejo”, es el colegio de huérfanos de la Guardia Civil, donde cursan sus estudios escolares niños y jóvenes de ambos sexos que tienen aquella condición, así como quienes sin tenerla guardan vinculación con el benemérito Instituto.

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXXI). DE JIMENA A SAN ROQUE (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 14 de junio de 2021, pág. 17.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Como ya se expuso en un capítulo anterior, el municipio de Jimena de la Frontera, limítrofe con el de San Roque, fue el último en ser ocupado por los sublevados en la provincia de Cádiz. El 28 de septiembre de 1936, tras duros combates, tomaron la localidad que le da nombre. Al día siguiente fue la pedanía de San Pablo de Buceite y el 8 de octubre corrió la misma suerte San Martín del Tesorillo. 

 

A partir de esa fecha la provincia gaditana quedó en su totalidad en poder de los alzados cuyo siguiente objetivo principal sería conquistar la capital malagueña, lo cual conseguirían el 8 de febrero siguiente. 

 

Antes de continuar hay que significar que en estos capítulos no se pretende relatar las innumerables y trágicas vicisitudes que acontecieron en las primeras semanas de guerra civil, pues para ello ya hay obras publicadas al respecto más alguna que está en camino. El propósito es dar a conocer circunstancias y hechos relacionados con los guardias civiles, de los que poco se suele saber, vinculados de una u otra forma con el municipio de San Roque. Normalmente obran en los archivos del Servicio de Estudios Históricos del benemérito Instituto o en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior. En su mayor parte proporcionan información inédita y en ocasiones aclara, complementa o incluso contradice lo publicado por otros historiadores e investigadores. 

 

Dicho lo anterior hay destacar que en los tres núcleos de población existentes en el término municipal de Jimena de la Frontera había entonces puestos de la Guardia Civil y por lo tanto las correspondientes casas-cuarteles. Cuando en su momento se aborde la historia de la Benemérita en dicho municipio, ya se profundizará en las vicisitudes que de sus plantillas al inicio de la contienda. Ahora el relato sólo se circunscribirá a los principales hechos relacionados con esos tres puestos que tuvieron que evacuar sus acuartelamientos y terminaron replegándose sobre el de San Roque, pasando a reforzar sus efectivos. Todo ello bajo el mando del teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso.

 

Hasta el 30 de abril de 1936 el mando titular de la línea de Jimena de la Frontera lo habia estado ejerciendo el teniente Valeriano Silva Franco, cesando al haber sido destinado por el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio (Málaga), a mandar la de La Línea de la Concepción. Si bien el teniente Alfredo Fernández Fernández se incorporó el 20 de mayo siguiente a mandar la línea de Jimena, procedente de la Comandancia de Teruel, apenas lo ejerció ya que Ojanguren, que había estado haciéndose hasta entonces cargo accidentalmente de la misma, tuvo que volver a hacerlo también unos días más en junio. 

 

Fernández sería destinado el día 18 de dicho mes al mando de la línea de Rota, por lo que al iniciarse la sublevación militar, la línea de Jimena, que había sido reasignada al empleo de alférez, estaba vacante y agregada a efectos de vigilancia del servicio, al teniente Ojanguren desde San Roque.

 

Al inicio de julio de 1936 la plantilla del puesto de Jimena estaba constituida por un brigada, 2 guardias 1º y 5 guardias 2º de infantería así como un cabo y 2 guardias 2º de caballería; la del puesto de Buceite, por un cabo, un guardia 1º y 6 guardias 2º de infantería; y la del puesto del Tesorillo, por la misma fuerza que el anterior.

 

Tras tenerse conocimiento de la sublevación militar en el Campo de Gibraltar, estos tres núcleos de población citados permanecieron leales al gobierno de la República. En ello fue determinante la resolutiva actuación del teniente de Carabineros Manuel Martínez Mora (hijo del capitán de dicho Instituto Manuel Martínez Núñez), jefe de la 3ª Sección, con residencia en Jimena, encuadrada en la 3ª Compañía de Puente Mayorga (San Roque). 

 

Mantuvo todo el tiempo bajo sus órdenes la fuerza de su unidad, integrada por los puestos de la residencia así como los del Tesorillo y Castellar de la Frontera, a los que terminó ordenando su repliegue sobre Jimena. En completa coordinación con el alcalde de dicha localidad, Cristóbal Vera Sarabia, y el comité local del Frente Popular organizó la defensa de la localidad.

 

Según consta en su hoja de servicios, además del personal de su sección, concentró también al de los puestos de las estaciones ferroviarias de San Pablo de Buceite, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, “y al ocuparse ésta por el Ejército Nacional no fue habido”, dándosele por desaparecido. El 27 de enero siguiente sería dado de baja definitiva por abandono de destino en el Ejército, y por lo tanto también del Cuerpo de Carabineros. Junto a fuerza a sus órdenes y numerosa población civil, huyó de Jimena hacia Málaga antes de la entrada de las tropas sublevadas.

 

Hecho prisionero al final de la contienda, durante la que había ascendido al empleo de capitán por méritos de guerra, fue juzgado en consejo de guerra celebrado en Valencia. Se le condenó como autor del delito de adhesión a la rebelión militar, en sentencia firme de 17 de agosto de 1939, a la pena de 30 años de reclusión mayor, con las accesorias de pérdida de empleo, interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. Por orden ministerial de 11 de noviembre de 1943 se le concedió la libertad condicional cuando estaba cumpliendo condena en la prisión central de Burgos. El consejo de ministros celebrado el 31 de mayo siguiente le conmutaría la pena inicial por la de 6 años y un día.

 

A diferencia de la firme actitud de Carabineros la reacción inicial de los tres comandantes de puesto de la Guardia Civil en el municipio de Jimena de la Frontera, sin oficial in situ que les diera órdenes concretas, fue la de acuartelarse y permanecer atrincherados en las casas-cuarteles a la espera de recibir instrucciones de su cadena de mando. Transcurida una semana, no sin ciertas vicisitudes, se replegarían sobre San Roque, en algunos casos incluso con familiares, para ponerse a las órdenes del teniente Ojanguren.

 

Para entender mejor la razón de ello es imprescindible ser conscientes de la ausencia de medios de comunicación para conocer lo que realmente estaba sucediendo, de la férrea diciplina interna de la Benémérita cuyas órdenes se reciben exclusivamente por conducto de sus mandos orgánicos y las instrucciones particulares que entonces se tenían. 

 

En relación a esto último hay que significar que se encontraba entonces en vigor la “Circular Muy Reservada”, núm. 278, de 16 de diciembre de 1933, dictada por la Inspección General de la Guardia Civil, siendo su titular el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, relativa a prevenciones sobre concentración de la fuerza de los Puestos en caso de subversión.

 

La misma comenzaba su texto diciendo: “Atento el mando a las enseñanzas y experiencias que ha proporcionado el reciente movimiento anárquico en las múltiples facetas de su desarrollo y en cuanto ha tenido relación con el ataque sistemático a los Puestos Rurales de escasa dotación y adquirido conocimiento de la táctica empleada por los elementos revolucionarios, …”.

 

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXX). LA GUERRA EN EL GUADIARO (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 7 de junio de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Además de distinguirse el cabo de la Guardia Civil Manuel Gómez Rueda en los combates que se libraron el 6 de agosto de 1936 en la zona del Guadiaro, hubo más miembros del benemérito Instituto que destacaron en sucesivas acciones.

 

Así, tal y como consta en la documentación original citada por el capitán Juan Antonio Ramos Hitos, sobresale la actuación del cabo Fermín Jiménez Pelegrín, perteneciente también a la Comandancia de Málaga. Su segundo apellido realmente era Peregrina, y al igual que el cabo Gómez, también estaba destinado en la capital malagueña.

 

Tras el frustrado intento de ocupar la localidad de San Roque en la mañana del 27 de julio, las fuerzas gubernamentales se habían retirado casi en desbandada hasta la línea del Guadiaro. Los sublevados, con las unidades de regulares indígenas al frente realizaron tan sólo una corta explotación del éxito, pues no disponían de efectivos ni medios suficientes para progresar y sostener el esfuerzo. Además había ya en el lugar un indeterminado pero importante número de adversarios desplegados en una zona que no conocían. 

 

Precisamente para suplir dicha carencia, guardias civiles destinados en San Roque, La Línea de la Concepción y Jimena de la Frontera, prestarían servicio de guía sobre el terreno de las tropas africanas. Al librarse combates en el Guadiaro se producirían bajas de miembros de la Benemérita por ambos bandos. La guerra civil enfrentó guardias civiles contra guardias civiles. 

 

Una de las acciones más destacadas acaeció el 13 de agosto en la Loma de Guadiaro. El cabo Fermín Jiménez se encontraba al frente de dos ametralladoras con las que habían sido dotadas todas las Comandancias de la Guardia Civil tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

 

Tal y como figura en el parte de hechos, suscrito por el brigada Francisco Torrubia Mateos, nombrado jefe de la Comandancia de Málaga, “sobre las 7 horas comenzó de la zona rebelde un nutrido tiroteo de ametralladoras y fusilería, por lo que el citado Cabo emplazó la máquina a su cargo en un reducto construido al efecto la noche anterior, colocando al personal en sus puestos y contestando al fuego, viendo que el enemigo tenía establecida una línea de combate de 1.500 a 2.000 metros desde la desembocadura del río hasta la loma que domina el puente de la carretera en tres escalones”.

 

El informe siguió relatando lo sucedido: “El enemigo rebelde tenía establecidas seis ametralladoras y a retaguardia varios morteros que batían las alturas de San Enrique de Guadiaro e iniciaba un movimiento envolvente, por lo que el Cabo Fermín ordenaba sin cesar la variación de tiro para batir el centro y los flancos. A la acción de las ametralladoras del Cuerpo se sumó la del ejército popular que se encasquilló al momento. Ante la proximidad, a unos 50 metros del numeroso enemigo, se ordenó la retirada que fue protegida por la máquina del Cuerpo y fusiles …”.

 

Precisamente ese 13 de agosto y en esa misma zona resultaría herido grave el teniente de la Guardia Civil Valeriano Silva Franco, jefe de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, de la que dependía entre otros el puesto sanroqueño de Campamento. Según consta en su hoja de servicios el hecho sucedió “en la mañana del 13 de agosto y hallándose operando la columna que al mando del comandante de Regulares Enrique García de la Herrán, sobre el río Guadiaro y Tesorillo, en la que iba como práctico del terreno”. Falleció doce días más tarde en el hospital civil de La Línea, a donde había sido evacuado. Fueron baja también otros dos regulares indígenas.

 

Por parte gubernamental esa misma fecha, el informe de la Benemérita republicana daría cuenta del fallecimiento en acción bélica de otro guardia civil más, así como de dos heridos, pertenecientes todos ellos a la Comandancia de Málaga: “Al iniciarse la retirada fue herido en el pecho el Guardia segundo Antonio Rueda Rodríguez, el que fue transportado hasta Guadiaro donde falleció teniendo que abandonar su cadáver, asimismo resultó herido en el brazo izquierdo el Guardia segundo Francisco Ruiz León y lesionado por caída el de la misma clase José López Gil.”

 

Finalmente se concluía que “la fuerza actuó en el encuentro con gran valor, elevadísimo espíritu, serenidad y pericia que no sólo contribuyó a castigar muy considerablemente al enemigo, originándole muchas bajas vistas, sino también a que en la precipitada retirada de las irregulares milicias no se produjesen sensibles pérdidas como así lo ha participado el Capitán Jefe de la columna a la que pertenecía nuestra fuerza de la que ha hecho los mejores encomios y la prensa ha recogido el caso que ha enaltecido con toda clase de elogios”.

 

El guardia 2º Rueda sería ascendido de forma póstuma al empleo inmediato, junto a otros 154 componentes más petenecientes a diversas comandancias, en una orden suscrita el 5 de marzo de 1937 por el subsecretario del ministerio de la Gobernación, Carlos Rubiera Rodríguez. Todo ello, “en atención a las circunstancias que concurren en el personal del Instituto de la Guardia Nacional Republicana que ha resultado muerto en combates sostenidos en los diferentes frentes de operaciones durante la campaña actual, o como consecuencia de heridas adquiridas en la lucha”.

 

Respecto al cabo Fermín Jiménez, y en la misma resolución ministerial que el cabo Manuel Gómez, “de acuerdo con la Comisión de Ascensos del Comité Central de la Guardia Nacional Republicana”, le sería conferido el empleo de sargento el 23 de octubre de 1936. Finalizada la contienda se le aplicaría la Ley de 9 de febrero de 1939, sobre Responsabilidades Políticas. Habría que esperar hasta el 10 de febrero de 1945, para que se resolviese, siendo Alejandro Moner Sánchez, presidente de la Audiencia Provincial y del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Málaga, el archivo del expediente núm. 792/1940 que se le venía instruyendo. Consecuente con dicha resolución, publicada en el BOE núm. 254, de 11 de septiembre siguiente, el propio interesado o sus herederos en su caso, recobraban “la libre disposición de sus bienes quedando sin más requisitos levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieren llevado a efecto en los mismos.

 

Sobre el guardia 2º Francisco Ruiz, que había resultado herido, en otra orden ministerial de 22 de octubre de 1936, además de ser citado previamente en orden de su unidad como “muy distinguido”, fue ascendido al empleo de cabo. El resto de guardias 2º de la Comandancia de Málaga que fueron igualmente citados como muy distinguidos por los combates librados en la zona del Guadiaro el mentado 13 de agosto, eran Antonio Reyes Perea, Leoncio Hernández Alberca, Manuel Jurado Centurión, Rafael Cañete García, Joaquín Rodríguez León, Francisco Bélmez Carrasco, José Rueda Rodríguez, Francisco Guerrero Molina, José García Sanz, Mateo Sánchez Román y Cristóbal Lara Gómez.

 

Tras la toma de la ciudad de Málaga el 8 de febrero de 1937, serían detenidos y fusilados días después como guardias 2º Antonio Reyes y Francisco Guerrero, ya que los ascensos obtenidos con posterioridad al 18 de julio anterior, como consecuencia de resoluciones del gobierno de la República, no serían reconocidos por los sublevados.

 

(Continuará).